Inversión en el sector agropecuario en el proyecto presupuesto general de la nación (PPGN) 2019

El Gobierno nacional debe revisar el Proyecto de Presupuesto General de la Nación 2019, ya que se observa un sobre ajuste en inversiones importantes para el país de tal manera que el Índice de Orientación Agropecuaria del Presupuesto General de la Nación (Relación de la participación del Presupuesto Agropecuario en el PGN y del sector agropecuario en el PIB total) alcanza un valor cercano al que existía a principio de la década del 2000. Por: Jorge Espitia / Semanario Caja de Herramientas El presidente de la República, Dr. Iván Duque Márquez, en su discurso de Posesión señaló: Espero que “Colombia sea un país con las mejores condiciones regionales para la creación de nuevos emprendimientos donde la agroindustria y el sector rural sean jalonadores del crecimiento”; de ver “un campo con inversión dinámica, detonada por incentivos a la generación de empleo permanente, un campo respaldado por una política de comercio exterior que abra mercados y donde podamos aplicar instrumentos efectivos a las prácticas depredadoras de muchos competidores. Un país que confía en sus campesinos, en sus productores y les permite abrirse al mundo, no solo logra la seguridad alimentaria, sino que convierte su campo en un motor de transformación social”.  El Proyecto de Presupuesto General de la Nación crece un 10.9% al pasar de $233.6 billones en 2018 a $259.0 billones en 2019 (Cuadro 1). Sin servicio de la deuda, el Proyecto tan sólo crece un 3.7% (la inflación esperada para 2019 es 3%). El presupuesto esperado en el año 2019 para el sector agropecuario asciende a $2083 mil millones y representa el 1.08% del PPGN sin deuda y el 0.80% con deuda. En términos de los proyectos y programas de inversión, el sector agropecuario corresponde al 0.81% del total del PGN de 2018 y, para 2019, este valor asciende al 0.57%. En otras palabras, la participación del presupuesto de inversión para el sector agropecuario viene en declive, “lo que muestra que el sector ha perdido importancia relativa dentro de la programación anual de inversiones del gobierno”1, lo cual va en contravía con los anuncios de política pública hechos por la nueva administración, por las recomendaciones de la Misión para la Transformación del Campo, así como del peso del sector agropecuario en la economía. Si se calcula el Índice de Orientación Agropecuaria del Presupuesto General de la Nación (Relación de la participación del Presupuesto Agropecuario en el PGN y del sector agropecuario en el PIB total) se tiene que los niveles que esperan se encuentran a los que había a principios del 2000, un valor entre 0.14 y 0.10. Cabe recordar, que, en los últimos 6 trimestres, el PIB agropecuario ha representado cerca del 6.32% del PIB total. La reducción de la inversión del Estado en el sector agropecuario, que presenta el Proyecto de Presupuesto General de la Nación para el año 2019, no le permitirá a la nueva administración cumplir con su promesa de construir un futuro mejor con justicia social donde se cierre la brecha entre la ciudad y el campo. Con estos niveles de inversión, el anuncio será una más de las promesas incumplidas al campo colombiano. La inversión esperada para el sector agropecuario agregado, para el año 2019 es inferior en un 21.4%. Al observar cada uno de los componentes por entidades se observan reducciones significativas en varios de ellos, por tal razón se hace un llamado urgente para que el Gobierno nacional revise el Proyecto de Presupuesto General de la Nación 2019, que cursa en el Congreso de la Republica, para el sector agropecuario, pues el deterioro presupuestal que presenta el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en sus niveles de inversión es altamente preocupante en proyectos y programas de inversión tales como el Inclusión Productiva de Pequeños Productores Rurales, o el de Infraestructura Productiva y Comercialización, o en Ciencia, Tecnología E Innovación Agropecuaria (Cuadro 2) A continuación, se presenta los valores esperados para el 2019 y los asignados en el Presupuesto General de la Nación para el 2018 de las entidades del sector agropecuario. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural presenta una reducción del 65.06% entre el Presupuesto de 2018 y el que se propone para 2019, para el agregado, y amplias reducciones en cada uno de los proyectos de inversión, tal y como se muestra en el Cuadro 2. El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) presenta una reducción del 50.4% entre el Presupuesto de 2018 y el que se propone para 2019, a nivel agregado, y en 2 de los 3 proyectos de inversión (Cuadro 3). La Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP) tiene una reducción del 57.97% de su presupuesto entre el 2019 y el 2018 (Cuadro 4). La Unidad de Restitución de Tierras presenta una reducción en el programa de restitución de tierras a víctimas del conflicto armado en un 3.9% y aparece un programa nuevo de Fortalecimiento de la Gestión y Dirección del Sector Agropecuario por 32 mil millones de pesos (Cuadro 5). La Agencia Nacional de Tierras (ANT) es otra de las entidades del Sector donde se presenta una reducción importante, de 62.97% en su presupuesto para el periodo 2018 – 2019 (Cuadro 6), la reducción es en todos sus proyectos de inversión. La Agencia de Desarrollo Rural (ADR) presenta un crecimiento de su presupuesto de 88.11% al pasar de $262.5 mil millones de pesos en 2018 a $493.9 mil millones en 2019. Este crecimiento lo explica en lo fundamental el proyecto de inversión “Inclusión productiva de pequeños productores rurales” que presenta un aumento de 329.8% al pasar de $103.8 mil millones en 2018 a $446.3 mil millones en 2019 (Cuadro 7). Los otros proyectos de inversión presentan reducciones significativas. La Agencia de Renovación del Territorio (ART) presenta un crecimiento de su presupuesto de 227.49% al pasar de $81.4 mil millones de pesos en 2018 a $266.6 mil millones en 2019. Este crecimiento lo explica en lo fundamental la inclusión del proyecto de inversión denominado “Renovación territorial para el desarrollo integral de las zonas rurales afectadas por el conflicto armado” que presenta presupuesto para el 2019 de $265.8 mil millones (Cuadro 8). En suma… El Gobierno nacional debe revisar el Proyecto de Presupuesto General de la Nación 2019, ya que se observa un sobre ajuste en inversiones importantes para el país de tal manera que el Índice de Orientación Agropecuaria del Presupuesto General de la Nación (Relación de la participación del Presupuesto Agropecuario en el PGN y del sector agropecuario en el PIB total) alcanza un valor cercano al que existía a principio de la década del 2000; pues el Índice alcanzará un valor entre 0.14 y 0.10; si se tiene presente que en los últimos 6 trimestres, el PIB agropecuario ha representado cerca del 6.3% del PIB total. Adicionalmente, con estos niveles de inversión, es imposible hacer realidad las promesas planteadas por el presidente Iván Duque Márquez en su discurso de posesión.

La guerra de Trump contra la comida

¿Qué consecuencias para la agricultura a pequeña escala y para la soberanía alimentaria pueden tener las políticas de Donald Trump en EE. UU.? ¿Su rechazo a acuerdos comerciales como el TTIP pueden significar algún giro respecto a las políticas anteriores?

Por: Revista Soberanía Alimentaria

Una buena forma de comprobarlo es a través de los hechos. A finales de mayo se presentó la propuesta de presupuestos para el año 2018 y la fuerte reducción, del 21 %, de los fondos del Departamento de Agricultura (USDA), entre otras cosas, ha puesto en alerta al sector agrario y a grupos ecologistas.

A pesar de que los sectores que rechazan estos presupuestos opinan que no progresarán, para el Instituto Cornucopia, el presidente Trump ha rematado definitivamente la ya de por sí débil relación con la agricultura de EE. UU., pero especialmente con la pequeña agricultura y la ecológica.

Friends of the Earth/Amigos de la Tierra ha puesto en marcha una campaña de presión al senado para que durante los siguientes cuatro meses, en los que se discutirán estos presupuestos, pueda cambiarse el rumbo que parece que van a tomar las políticas agrarias y alimentarias. Concretamente, exigen que se mantenga el apoyo a la agricultura ecológica y la financiación para los modelos de agricultura que conservan los suelos y las fuentes de agua, y que se integran en zonas de alto valor ambiental como humedales y bosques, favoreciendo su conservación.

Scott Faber, de la organización para la protección de la salud y el medio ambiente Environmental Working Group, afirma que hasta ahora nada había conseguido unir tanto a consumidores y productores como estos presupuestos. «Donald Trump está dirigiendo una campaña de amplio alcance para echar abajo décadas de avances en seguridad alimentaria, comida sana y claramente etiquetada. Si le sale bien, la administración Trump habrá hecho más para aumentar el hambre, la obesidad y las enfermedades de origen alimentario que cualquier otra administración de la historia de América». Faber llega a esta conclusión a partir de las medidas que el nuevo presidente de los EE. UU. ya ha presentado o difundido desde que llegó al gobierno, recopiladas en su artículo «Trump’s Full-Scale War on Food», publicado el 2 de junio en el sitio web de su organización:

- Ha debilitado las nuevas leyes diseñadas para eliminar de los centros escolares la comida basura (aperitivos, bebidas azucaradas, etc.).

- Ha propuesto eliminar varios programas del Departamento de Agricultura que apoyaban los circuitos de venta directa entre producción y consumo, a los que acceden de forma habitual el 10 % de las personas productoras en EE. UU.

- Ha propuesto eliminar la financiación de una sección del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades que trabaja para reducir la obesidad, que en EE. UU. afecta a 1 de cada 5 niños y a 1 de cada 3 adultos, aproximadamente a 98 millones de personas.

- Ha propuesto reducir la financiación relacionada con seguridad alimentaria de la Food and Drug Administration (FDA) en 117 millones de dólares. En un país donde la normativa higiénico-sanitaria ya es muy laxa, este recorte podría suponer más riesgos para la salud de la población.

- Ha propuesto cancelar el presupuesto para el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) en un 25 % y suspender el programa de ayuda humanitaria internacional Food For Peace, que lleva funcionando desde 1954.

- Ha retrasado la aprobación de nuevas leyes relacionadas con el etiquetado de menús y comida envasada que ampliaría la información acerca de las calorías y azúcares añadidos. De momento tampoco se ha publicado el borrador para poner en marcha una nueva ley que obligue a identificar los OMG en los alimentos, como estaba previsto.

- Ha retirado nuevas leyes que protegían las fuentes de agua potable de la contaminación y ha propuesto reducir el presupuesto de la EPA (Agencia de Protección Ambiental) en un 31 %, lo que también afectará a programas para preservar la calidad del aire y del agua.

- Ha propuesto eliminar dos de los programas más importantes de administración de tierras, el Conservation Stewardship Program, que ayuda a los productores a manejar sus tierras de forma sostenible y el Conservation Reserve Program, que trabaja para impedir la producción en tierras ambientalmente sensibles.

- Ha aplazado nuevas leyes diseñadas para fortalecer los parámetros de bienestar animal en granjas ecológicas y ha propuesto eliminar subvenciones que apoyan la transición a producción ecológica.

- Ha revertido la prohibición de los pesticidas relacionados con el daño cerebral infantil.

- Ha propuesto eliminar los fondos de asistencia y formación para migrantes y jornaleros.

Para Marion Nestle, del Departamento de Nutrición, Estudios alimentarios y Salud pública de la Universidad de Nueva York: «Es una lista impresionante que hace un llamamiento a la resistencia. ¿Cómo? Esa es la pregunta».

El mundo rural tras los acuerdos: institucionalidad y viabilidad complejas

A los grandes capitales les quedará el reto de si le apuestan a una nueva forma de entender la economía, la vida rural y decidir fortalecer las economías campesinas, permitiendo hacer política y económicamente viable el proceso, o hacer que el país sucumba nuevamente ante los designios de la guerra y la acumulación.

Por: Jaime Alberto Rendón Acevedo  / Revista Sur

El gobierno nacional ha expedido los decretos que empiezan a reglamentar y a trazar las rutas requeridas para la implementación de los acuerdos con las FARC, en particular algunos que tienen que ver con el mundo rural, tal y como se pueden leer en el cuadro adjunto. 

Se trata de un gran esfuerzo, sin duda, que va a requerir no solo de todo el empeño institucional sino de la decisión política del país que no ha podido resolver sus apuestas por lo rural, por la tenencia de la tierra, por la formalización, la calidad de vida de sus gentes y en especial por la producción, la seguridad y la soberanía alimentaria.

La normativa expedida solo muestra algo que ya se presagiaba: los acuerdos si bien no ponen en discusión el modelo de desarrollo ni tampoco la propiedad privada, comunal o de los grupos étnicos, si se constituyen en el comienzo de la sensatez con el mundo rural, por décadas olvidado, marginado, y dejado al arbitrio de los grupos armados enfrentados por el control territorial y de los recursos naturales.

La formalización no solo de la propiedad sino de las actividades rurales, así como de la vida cotidiana, es un proceso imprescindible en el camino de resignificar el campo colombiano para hacerlo viable y proyectarlo como una opción de vida digna para residentes y no residentes. En este sentido la normativa expedida cumple con los propósitos de facilitar la institucionalidad necesaria así como un camino posible para darle una alternativa al campo y a sus pobladores.

No obstante, al observar el detalle, la madeja se va volviendo tan complicada que se torna factible que todo esto, sin la debida decisión política de la que se hablará luego, termine en un proceso kafkiano, en un penoso laberinto que podrá hacer gala de Lampedusa: “Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie”.

Y es que hay un elemento que podría marcar la diferencia pero que está quedando como la fresa en el pastel, que a lo último terminará retirándose: Se trata de la economía solidaria. Todo el proceso tiene en la cooperación y en la solidaridad los fundamentos para intentar otras economías y otras relaciones posibles. La reconstrucción del tejido social en el campo pasa por las confianza de las personas, por una nueva relaciones entre ellas y con la naturaleza, y es la economía solidaria quien desde sus principios permite opciones para este entretejer, para lograr la cohesión humana, unas relaciones virtuosas con lo natural, con lo rural.

Pero hay algo que no se toca: la economía de mercado. La propuesta de formalizar, titular y legalizar los derechos de propiedad, va de la mano de la constitución de grupos solidarios y cooperativas, apoyados con algunos instrumentos que posibilitarán los accesos a financiamiento, a créditos y asistencia técnica.  Hasta allí todo se ve muy bien. Pero tal y como ha sucedido con otros proyectos como Carimagua, Agroingreso Seguro o las Zidres, la prevalencia de grandes capitales hace que las relaciones entre estos y los campesinos, solos o asociados, no sea clara. Los planes de familias campesinas, de promoción solidaria y cooperativa se construyen como si estos capitales no existieran, como si la solidaridad, si las relaciones de confianza se construyeran solo por el acto administrativo o que se den en el corto plazo. Desafortunadamente esto no es así, se trata de procesos largos, tal vez de una década por lo menos, donde se corre el riesgo que los campesinos terminen por fracasar y quedar solo como peones de los grandes proyectos agrarios.

Por esto, la nueva ruralidad, aquella que trasciende las meras relaciones agropecuarias e identifica un sin número de hechos, acciones y actores rurales, requiere hoy más que nunca de concepciones integrales, de reconocer la vida en el campo más allá de las actividades primarias, de potenciar la vida de las familias campesinas reconociéndolas como agentes de derechos y deberes, pero incluidas en procesos innovadores, modernos y ante todo pertinentes cultural y territorialmente.

Así, los decretos expedidos y los que se deben presentar a la siguiente legislación, aún con limitaciones  y carencias, representarán una oportunidad para el mundo rural, un hito histórico que tal y como ha sucedido en anteriores oportunidades corre el peligro de terminar enredado en los desafíos o mejor en las posiciones inflexibles de una élite conservadora  y terrateniente que ha preferido el conflicto a ceder parte de su poder a las familias campesinas y a otras formas de entender las relaciones económicas en la ruralidad.

Mal momento entonces, un año electoral largo y complicado, que está dejando la unión de las élites conservadoras en torno a posiciones en contra no solo de los acuerdos, sino, en especial, del punto uno, del tema rural, génesis sin duda de una guerra de décadas, no sólo por propiedad de la tierra, sino que de allí se han derivado otras luchas y contrapoderes que van desde las mafias comerciales (léase intermediarios), multinacionales y grandes empresas, hasta drogas ilícitas o simplemente el control y la tenencia de la tierra como argumento esencial del poder económico y político.

No será fácil, el gran cambio institucional y las promesas de restructuración y resignificación del campo llegan en una aparente fractura de la élite económica y política del país, pero en realidad han sido los momentos coyunturales de alto riesgo para la ruptura del Estado y de la Nación, donde esta élite ha depuesto sus contradicciones y unida se ha enfrentado al pueblo, excluyéndolo, marginándolo de la condiciones requeridas para tener una vida digna y en democracia.

Esa solidaridad que pregonan las normas, esas contribuciones desde la participación comunitaria y desde el fortalecimiento de las economías campesinas (con ejemplos significativos como en la industria cafetera, láctea, entre otras), deben ser la base para hacer de estas nuevas apuestas la oportunidad para reruralizar al país, pero también el aliciente para que la sociedad civil, las poblaciones rurales y urbanas, reivindiquen lo rural como parte esencial en la construcción de un nuevo país.

A los grandes capitales les quedará el reto de si le apuestan a una nueva forma de entender la economía, la vida rural y decidir fortalecer las economías campesinas, permitiendo hacer política y económicamente viable el proceso, o hacer que el país sucumba nuevamente ante los designios de la guerra y la acumulación. Parece paradójico pero no lo es, los grandes grupos económicos tienen  hoy la palabra: Le apuestan a un país distinto o siguen permitiendo y financiando una clase política corrupta donde unos y otros han tenido en la guerra los beneficios necesarios para salvaguardar su poder.

Es la economía y es la política, es la necesidad de una nueva ruralidad para un país posible, y estas nuevas normativas son una oportunidad inaplazable, un camino recorrido donde el desandarlo probablemente sea el acto más costoso e irresponsable que como sociedad podamos hacer, pero para lograrlo se necesitará de la voluntad decidida de los diferentes actores, una decisión colectiva que viabilizará la economía y la propia vida.

Colombia: Campesinos del Siglo XXI

Ese campesino que se pintaba en la mitad del Siglo XX y que algunos todavía imaginan con su finca o su pedazo de tierra, trabajando con toda la familia, perros, caballo, marrano, gallinas, huerta, platanera con maíz y frijol, sembrando de sol a sol, hoy es difícil de encontrar. 

Por: Camilo González Posso / Indepaz

También es difícil de encontrar como modelo de paisaje rural un mosaico de fincas, al estilo de las cafeteras de la primera colonización. Y ni siquiera la foto de la nueva ruralidad es la constelación minifundio – latifundio de la que hablaron Antonio García y Orlando Fals Borda.

Los campesinos del Siglo XXI tienen más diversidad de formas de subsistencia que los de hace un siglo y su trabajo ha sido transformado por el impacto brutal del desplazamiento, con abandono forzado de más de 10 millones de hectáreas, y por la violencia que ha acompañado la generalización del modelo extractivista y de la agroindustria capitalista. Ese pequeño campesino equivale a 1.5 millones de familias y se suman a los microfundistas para llegar a 70% del total de predios rurales: producen el 75% de la canasta nutricional de los colombianos en menos del 15% del total de la tierra que figura en Catastro. (ver http://centromemoria.gov.co/wp-content/uploads/2016/03/macrofundio-y-territorios-indigenas.pdf).

Lo mismo puede decirse cuando se intenta hacer la definición de pequeño productor campesino: La base de sus ingresos sigue siendo el trabajo familiar, pero la cabeza de familia, hombre o mujer, transforma productos en su predio, jornalea a veces o mezcla su actividad con otras de comercio, transporte o rebusque en la vereda o en el municipio.

El joven campesino vive más en la comunidad que en la finca y cada vez trabaja menos al lado de sus padres. Eso hace que el pequeño productor campesino tenga que recurrir más al trabajador asalariado y deje de ser cierta como definición central de pequeño campesino el que hace todo con la familia y solo acude a trabajadores externos de manera ocasional.

La pequeña producción en comunidades indígenas o afros merece un capitulo aparte, pero está aún más lejos de ese imaginario que siguen tomando como referencia algunos técnicos de gran ciudad que pretenden decidir sobre políticas rurales o de erradicación forzada o forzosa de matas de coca. 

La caracterización del campesino que tiene la mayor parte de sus ingresos del cultivo de hoja de coca es aún más distante de las definiciones de escritorio. Las modalidades de esta producción prohibida son muchas y cambian según la región y las áreas de colonización. Basta recordar que el 50% de las hectáreas registradas está en territorios colectivos o ambientales y en zonas de colonización. La huella de sembrados de coca en los últimos 20 años y de las fumigaciones, supera los 2 millones de hectáreas y ha impactado a más de 400.000 familias.

El gobierno, en cabeza del nuevo Vicepresidente de la República y del Ministro de Defensa han anunciado en Tumaco que una comisión va a sustentar la diferenciación entre pequeño productor de hoja de coca y el inversionista narcotraficante de escala industrial. Es la pieza que les falta para completar la absurda política de erradicación forzada y militar que se ha puesto en marcha en conflicto con los Acuerdos de La Habana.

Mientras despejan semejante zona gris de ignorancia de lo que distingue un pequeño productor de un narcotraficante, sería oportuno que se retomarán definiciones de las normas vigentes como la que establece el Acuerdo 202 del 2009 adoptado por el Incoder (q.e.p.d.) y las definiciones de microfundio y pequeña producción establecidas por el IICA y asumidas por el Programa de Protección de Tierras de la Presidencia de la República, hoy Unidad Nacional de Restitución de Tierras. (ver, PPTP, Presidencia de la República (2012), Unidades Agrícolas Familiares, despojo y concentración de Tierras, Edición de Indepaz).

Las normas mencionadas dicen que un pequeño productor es el que tiene entre 0,5 UAF y 2 UAF y se denomina microfundista el que está por debajo de la media UAF. Traducida esa escala a ingresos mensuales se concluye que el pequeño productor es el que tiene ingresos menores a 8 salarios mínimos mensuales vigentes –smlv. Con lo que logra la remuneración de los miembros de su familia y un excedente capitalizable para la continuidad de la actividad económica. A precios de hoy eso equivale a un ingreso neto máximo, después de costos de producción, de 6 millones de pesos, de los cuales 4 smlv es remuneración salarial familiar. Es lo que dice hoy la norma. (ver http://www.indepaz.org.co/7112/coca-no-es-cocaina-ni-el-cocalero-narcotraficante/ . pág. 98).

Esa referencia normativa vigente, y el estimativo de ingreso neto de un millón de pesos por hectárea de coca, puede sustentar que pequeño productor de coca es el que tiene menos de 6 hectáreas sembradas y trabaja personalmente en el predio, en las diversas modalidades de propiedad del cultivo. Con los estimativos de ingreso por hectárea de un salario mínimo, el máximo de extensión cultivada en la categoría de pequeño cultivador sería de 10 hectáreas.

Desde la norma vigente y los estudios que han respaldado decisiones como la contenida en el mencionado Acuerdo 202/2009, se pueden definir políticas y dar un tratamiento diferenciado al pequeño productor. Siempre es mejor tener referencias objetivas ante la tentación de la arbitrariedad y el uso compulsivo de la fuerza en contra del eslabón de los más débiles.

Los campesinos en el post acuerdo

Los cambios para el campesinado no pueden circunscribirse simplemente a bienvenidos programas de desarrollo social si este sigue siendo sometido al imperio del gamonal o del politiquero local. La aspiración es más amplia y es convertirse en sujeto de derechos que lo conduzcan a ser parte de cualquier coalición de poder que consulte sus intereses.

Por: Alfonso Cuéllar Solano / Semanario Caja de Herramientas 

Los campesinos como la tercera parte de la población colombiana enfrentan el gran reto del post acuerdo para alcanzar derechos políticos y una ciudadanía efectiva y no de papel como hasta ahora. Esa aspiración hace parte de la gran reforma política que requiere Colombia y que reconozca al campesino productor de alimentos como sujeto de derechos. El campo sigue siendo el eslabón débil del estado colombiano. Sin que esto quiera decir que la tesis que muchos violentólogos sostienen en cuanto a que Colombia tiene sitios vedados para el poder, porque, no tienen fin los ejemplos de cómo las autoridades institucionales desde concejales, alcaldes, inspectores, personeros, gobernadores, notarios, fuerzas armadas y de policía, así como ministros, senadores y representantes y el aparato judicial, de alguna manera se aliaron o apoyaron toda clase de actividades delictivas y conformaron un poder territorial que copó diversas instancias institucionales. 

Esa alianza ha alcanzado su punto culminante en los acuerdos de paz y merece una refrendación contundente en tanto que se desmonta el principal factor de intimidación y terror sobre los habitantes rurales de una guerra que nunca fue suya y que podría ser de duración infinita mientras esté sostenida con recursos del narcotráfico y del juego perverso de liderazgos políticos territoriales. Es así como, el paramilitarismo entre otros actores se hizo al 30 % o más del parlamento. 

Los cambios para el campesinado no pueden circunscribirse simplemente a bienvenidos programas de desarrollo social si este sigue siendo sometido al imperio del gamonal o del politiquero local. La aspiración es más amplia y es convertirse en sujeto de derechos que lo conduzcan a ser parte de cualquier coalición de poder que consulte sus intereses, esta sería la verdadera idea de la nueva ruralidad y la manera de construir el desarrollo político, social, económico y cultural de los territorios y que pueda gozar de una circunscripción especial que garantice una representación de acuerdo con su proporción poblacional que le permita un entrenamiento parlamentario y administrativo de la cosa pública para poder competir luego abierta y libremente en la contienda política.

La primera tarea de este nuevo poder es dotar de tierra y agua de regadío a la población rural de campesinos productores directos de alimentos, que no la tiene o la tiene muy escasa de manera que como mínimo se garantice a las familias pobres un ingreso siquiera de tres salarios mínimos mensuales vigentes. Los campesinos deben ser ejecutores y no espectadores de esta política. Lo segundo es el tema del saneamiento de los derechos de propiedad sobre la tierra que ya ocupan, pero que están carentes de títulos legales. Tercero, contribuir positivamente al incremento de la producción de alimentos y dotarlos de un sistema moderno y red del mercadeo agropecuario con los excedentes, luego de alimentar a su familia, en que el campesinado pueda ser actor directo productor-consumidor y no sujeto de especulación perpetua.

Cuarto, se requiere ejecutar programas de desarrollo rural para incrementar la productividad agropecuaria y contribuir a reducir la pobreza rural que en su forma multidimensional alcanza un 46%, esto es, que en las zonas rurales de cada dos personas del país una es pobre. El reciente censo nacional agrario demostró que la economía coquera tampoco es una solución para los campesinos. Por ejemplo, una población del Catatumbo, como El Tarra, es el municipio de Colombia con los mayores índices de pobreza, este alcanza el 92,6% de la población.

De los dos millones y medio de productores agrícolas, los campesinos carecen de infraestructura productiva, de instalaciones adecuadas, de vías terciarias, de electricidad, de maquinaria adecuada, de sistemas de riego y asistencia técnica, carecen de recreación y cultura y todos estos bienes están concentrados en los agricultores ricos, que disponen de ejecutores directos de las políticas desde el gobierno. El conjunto de los medianos y pequeños productores agrícolas son los principales productores del país, pues de 8 millones de hectáreas en uso agrícola, cinco millones, un 60 % están cultivadas por campesinos tradicionales y 3,4 millones de hectáreas tienen un uso agroindustrial.

Es significativo entonces que, un 40% del área cosechada que está en predios menores de 50 hectáreas se genere un poco más del 43% de la producción agrícola nacional, particularmente de alimentos de la canasta básica de los colombianos.

Por otra parte, Colombia requiere una actualización del catastro, dando prioridad a que se contrate a hijos de campesinos con un nivel medio de educación y el debido entrenamiento, para efectuar tareas con la dirección de expertos de IGAC. Y acometer la tarea de actualizar los avalúos catastrales pues las sumas irrisorias que pagan los grandes fundos y la ineficiencia del recaudo son el perjuicio principal para los campesinos en cuanto los entes municipales carecen de recursos propios para el desarrollo rural.

Si los campesinos no se apersonan y se les brinda la seguridad a sus reclamos y derechos para promover la formalización y la restitución de tierras a la población desplazada, está será letra muerta de los programas gubernamentales como hasta hoy lo ha sido. Las instituciones por si solas no son suficientes para garantizar el éxito de los programas donde están en juego intereses que tienen que ver con la verdadera democracia. Deben contar con el respaldo del trabajo mancomunado de autoridades locales alineadas en la solución de los problemas y no en la captura del presupuesto y con los sectores de campesinos por siempre marginados de las decisiones y no se diga de su ejecución. Las instituciones locales –arena política donde se mueve el campesinado– están copadas por intereses politiqueros y clientelistas que son una talanquera al desarrollo y que puede ser sobrepasada con la acción colectiva como fuerza creadora y transformadora de las instituciones. Hasta hoy se entiende que el campesinado de Colombia no ha delegado en nadie en particular, la representación de sus intereses y no practica la arrogancia para alcanzar sus fines.

Los cambios para superar la crisis rural comprenden reglas de juego propuestas por los propios actores que configuren instituciones equitativas donde las organizaciones sean jugadores centrados en el cambio institucional y no en intereses personales o de grupo y en la modificación de las restricciones que generan inequidades que junto con las restricciones económicas cotidianas son las que determinan el conjunto de las oportunidades en la sociedad.

La agricultura quiere ser una solución al cambio climático

Además de sufrir las consecuencias del cambio climático, la agricultura también es una de sus causas.

Por: AFP

Víctima y culpable del cambio climático mundial, la agricultura también querría demostrar que puede ser una solución al calentamiento global, gracias a un mejor uso de los suelos y tierras agrícolas.

Este año, Marruecos vio cómo sus cosechas de trigo caían un 70% por la sequía. Francia también recolectó un 30% menos de trigo respecto al año pasado, tras una primavera de lluvias e inundaciones. En América Latina, el fenómeno de El Niño ha provocado drásticos recortes en las cosechas.

Además de sufrir las consecuencias del cambio climático, la agricultura también es una de sus causas, al ser responsable de al menos un cuarto de las emisiones mundiales de gas con efecto invernadero. Contribuye directamente al calentamiento global al menos en un 17%, sobre todo por la ganadería, al que se suma de 7% a 14%, relacionados con las modificaciones de las tierras (deforestación...), según la OCDE.

Un desafío colosal

La Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) lo dijo el 17 de octubre. La agricultura y los sistemas alimentarios requieren una "profunda transformación" para enfrentarse a un desafío colosal y a la vez paradójico: reducir las emisiones y conseguir alimentar cada vez a más gente.

De 3.700 millones de habitantes en 1970, la población mundial pasará a 9.700 millones en 2050.

Para ello, los proyectos se multiplican, especialmente en África, donde no está asegurada la autonomía alimentaria.

Un grupo de científicos franceses propone un proyecto llamado "4 por 1000" o “agro-ecología”. Según ellos, si se utilizan cada año un poco más los prados y los campos para bombear carbono, al mismo tiempo que se cultiva de otra forma, se podría conseguir almacenar 0,4% más de carbono por año en los suelos, y frenar así el aumento de la concentración de CO2 en la atmósfera.

El uso de las tierras agrícolas se ha convertido en un tema central en las negociaciones sobre el clima que se están llevando a cabo en Marrakech esta semana, bajo los auspicios de la ONU.

Plantar leguminosas

Además de reducir los fertilizantes y los productos fitosanitarios, hay otras muchas medidas que se pueden aplicar. Entre ellas, luchar contra la erosión y restaurar suelos agrícolas desaparecidos o plantar más leguminosas (lentejas, garbanzos...) que tienen la doble virtud de captar el nitrógeno del aire, un fertilizante natural, y de depositarlo en la tierra para el próximo cultivo.

“En los sitios donde las tierras son ya muy pobres, quizás será necesario recurrir a los fertilizantes”, admite sin embargo un responsable gubernamental, haciendo alusión al continente africano.

Todos estos esfuerzos tienen que aplicarse en paralelo de una mejora de la selección genética de las especies vegetales, para que resistan a la sequía o a las enfermedades.

'“El problema más importante será conseguir estabilizar las producciones”, considera Sebastien Abis, investigador asociado del Instituto de Relaciones Internacionales y Estratégicas (IRIS) en París, y autor del estudio “Agricultura y clima”, junto a Mohammed Sadiki, profesor de genética del Instituto Agronómico Veterinario de Rabat.

Según él, con el aumento de la población mundial es “peligroso tener un discurso de decrecimiento de la producción agrícola a escala mundial”.

Pero todo el mundo no está de acuerdo.

“Hoy el planeta produce el doble de lo que necesita en materia de alimentación: 4.600 calorías por día y por habitante, aunque sólo necesitamos 2.300 calorías”, afirma a la AFP Hans Herren, presidente del centro Millenium en Washington, responsable de establecer modelos matemáticos para la ONU en materia de desarrollo sostenible.

Los campesinos en el postacuerdo.

Si los campesinos no se apersonan y se les brinda la seguridad a sus reclamos y derechos para promover la formalización y la restitución de las tierras de la población desplazada, esta será letra muerta de los programas gubernamentales como hasta hoy lo ha sido.

Por: Alfonso Cuéllar Solano / Semanario Caja de Herramientas

Los campesinos como la tercera parte de la población colombiana enfrentan el gran reto del postacuerdo para alcanzar sus derechos políticos y una ciudadanía efectiva y no de papel como hasta ahora. Esa aspiración hace parte de la gran reforma política que requiere Colombia que reconozca al campesino como sujeto de derechos. El campo sigue siendo el eslabón débil del estado colombiano. Sin que esto quiera decir que la tesis que muchos violento logos sostienen que Colombia tiene sitios vedados para el poder, porque lo que no se acaba de demostrar es que todo tipo de autoridades institucionales desde concejales, alcaldes, inspectores, personeros, gobernadores, notarios, fuerzas armadas y de policía, así como Ministros, senadores y representantes de alguna manera se aliaran o apoyaron toda clase de actividades delictivas y conformaron un poder territorial que copó diversas instancias institucionales. Esa alianza ha alcanzado su punto culminante en los acuerdos de paz y merece una refrendación contundente en tanto que se desmonta el principal factor de intimidación y terror sobre los habitantes rurales en una guerra que nunca fue suya y que podría ser de duración infinita mientras estuviera montada sobre los recursos económicos del narcotráfico y del juego perverso de liderazgos políticos territoriales. Es así como, el paramilitarismo entre otros actores se hizo al 30 % o más del parlamento colombiano.

Los cambios para el campesinado no pueden circunscribirse simplemente a programas de desarrollo que como es obvio son bienvenidos, si este sigue siendo sometido al imperio del gamonal o del politiquero local. La aspiración es más amplia y es convertirse en sujeto de derechos que lo conduzcan a ser parte de cualquier coalición de poder que consulte sus intereses, esta sería la verdadera idea de la nueva ruralidad y la manera de construir el desarrollo político, social y económico de los territorios y pueda gozar de una circunscripción especial que garantice una representación de acuerdo con su proporción poblacional que le permita un entrenamiento parlamentario y administrativo de la cosa pública para poder competir luego abiertamente en la contienda política.

La primera tarea de este nuevo poder es dotar de tierra a la población rural que no la tiene o la tiene muy escasa de manera que como mínimo se garanticen a las familias pobres un ingreso siquiera de dos salarios mínimos mensuales vigentes. Los campesinos deben ser ejecutores y no espectadores de esta política. Lo segundo es el tema del saneamiento de los derechos de propiedad sobre la tierra que ya ocupan, pero que están carentes de títulos. Tercero, contribuir positivamente al incremento de la producción de alimentos dotado de un sistema moderno y red del mercadeo agropecuario en el que el campesinado pueda ser actor directo productor-consumidor y no sujeto de especulación perpetua.

Cuarto, se requiere ejecutar programas de desarrollo rural para incrementar la productividad agropecuaria y contribuir a reducir la pobreza rural que en su forma multidimensional alcanzan un 46%, esto es, que en las zonas rurales de cada dos personas del país una es pobre.

El reciente censo nacional agrario demostró que la economía coquera tampoco es una solución para los campesinos, pues una población del Catatumbo, El Tarra es el municipio con los mayores índices de pobreza que alcanza el 92,6%. De sus más de dos millones y medio de productores agrícolas, los productores campesinos carecen de una infraestructura productiva de instalaciones adecuadas, vías terciarias, electricidad, maquinaria adecuada, sistemas de riego y asistencia técnica, todos estos bienes que están concentrados en los agricultores ricos, que sí disponen de ejecutores directos de las políticas desde el gobierno. El conjunto de los medianos y pequeños productores agrícolas son los principales productores del país, pues de 8 millones de hectáreas en uso agrícola, cinco millones, o sea, un 60% están cultivadas por campesinos tradicionales y 3,4 millones de hectáreas tienen un uso agroindustrial. Es significativo entonces que, en un 40% del área cosechada que está en predios menores de 50 hectáreas, se genere un poco más del 43% de la producción agrícola nacional.

Por otra parte Colombia requiere que el catastro sea actualizado para lo cual podrían dar prioridad a contratar a hijos de campesinos con un nivel medio de educación para efectuar la tarea bajo la dirección de los expertos de IGAC. Y acometer la tarea de actualizar los avalúos catastrales pues las sumas irrisorias que pagan los grandes fundos y la ineficiencia del recaudo son el perjuicio principal para los campesinos en cuanto los entes municipales carecen de recursos para el desarrollo rural.

Si los campesinos no se apersonan y se les brinda la seguridad a sus reclamos y derechos para promover la formalización y la restitución de las tierras de la población desplazada, esta será letra muerta de los programas gubernamentales como hasta hoy lo ha sido. Las instituciones por si solas no son suficientes para garantizar el éxito de los programas donde están en juego intereses que tienen que ver con la verdadera democracia. Tienen que estar respaldadas por trabajo mancomunado de autoridades locales alineadas en la solución de los problemas y no en la captura del presupuesto con los sectores de campesinos por siempre marginados de las decisiones y no se diga de su ejecución. Las instituciones locales –arena política donde se mueve el campesinado– están copadas por intereses politiqueros y clientelistas que son una talanquera al desarrollo la cual puede ser sobrepasada con la acción colectiva como fuerza creadora y transformadora de las instituciones. Hasta hoy se entiende que el campesinado de Colombia no ha delegado en nadie en particular la representación de sus intereses y no practica la arrogancia para alcanzar sus fines.

El acaparamiento de tierras: tácticas utilizadas por actores europeos en el exterior

La investigación “El acaparamiento de tierras y los derechos humanos; El rol de las entidades financieras y corporativas europeas en el acaparamiento de tierras fuera de la Unión Europea” (Land grabbing and human rights: The involvement of European corporate and financial entities in land grabbing outside the European Union), elaborado por el subcomité del Parlamento Europeo sobre los Derechos Humanos, analiza la fiebre mundial por la tierra en el marco de los derechos humanos.

Por: Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales / Boletín 224

(1) Entre las actuales prácticas de acaparamiento de tierras figura el control de extensiones de tierra relativamente grandes a través de una serie de mecanismos. En este proceso, el uso de la tierra adquiere un carácter extractivo, independientemente de si el acaparamiento de tierras está motivado por presiones internacionales o nacionales (seguridad alimentaria), por inversionistas de capital a la búsqueda de nuevas inversiones con rápida rentabilidad, por políticas vinculadas al cambio climático, o por otros propósitos. Para los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales y campesinas para quienes la tierra y los bosques proporcionan un medio de vida, ese acaparamiento de la tierra a gran escala provoca una pérdida del control o del acceso a los alimentos, el agua, las medicinas, el refugio y muchos otros usos locales del bosque y de las tierras. Esta pérdida del control o del acceso pone en riesgo los medios de vida y sustento, las culturas y/o la autonomía de las comunidades en su condición de pueblos tradicionales o indígenas, y a menudo las destruye. El acaparamiento de tierras implica el uso de violencia directa y/o indirecta para con las poblaciones locales que se oponen a la inevitable pérdida de la tierra y los bosques que conllevan tales acaparamientos de tierras a gran escala.

La investigación “El acaparamiento de tierras y los derechos humanos; El rol de las entidades financieras y corporativas europeas en el acaparamiento de tierras fuera de la Unión Europea” (Land grabbing and human rights: The involvement of European corporate and financial entities in land grabbing outside the European Union), elaborado por el subcomité del Parlamento Europeo sobre los Derechos Humanos, analiza la fiebre mundial por la tierra en el marco de los derechos humanos. El estudio examina las consecuencias que tienen determinadas transacciones de tierras que involucran a inversionistas radicados en la Unión Europea y su impacto en las comunidades que viven en las zonas donde tienen lugar las inversiones.

El estudio también analiza el papel que le cabe al Estado, en cooperación con empresas y con organismos internacionales de desarrollo, en la creación de la imagen de que tanto el uso del suelo como los regímenes de propiedad de las tierras codiciadas por los acaparadores, son ineficientes, destructivos, o ambos. Es así que estos acaparamientos de tierras a gran escala suelen tener como objetivo los territorios utilizados tanto por los campesinos que realizan agricultura de rotación y agricultura a pequeña escala, como por los pastores, los pescadores artesanales y los pueblos de los bosques que dependen de éstos para su sustento.

Actores de la Unión Europea y mecanismos clave del acaparamiento de tierras

Las entidades comerciales y financieras de la Unión Europea (UE) que participan en el acaparamiento de tierras podrían estar implicadas en una serie de violaciones de los derechos humanos. Los agentes – financieros y empresariales, públicos y privados – que participan en el acaparamiento de tierras están vinculados entre sí y con la Unión Europea de diferentes maneras. Es importante conocer las principales tácticas utilizadas por estas entidades:

1. Cómo las empresas privadas con sede en la UE asumen el control de la tierra

Una empresa que tiene su sede o su principal actividad comercial en un estado miembro de la Unión Europea puede intervenir en una transacción de tierras en diferentes puntos de la red de inversión. Puede ser una institución financiera o una empresa que proporcionó un préstamo o adquirió acciones en una transacción de tierras. Puede ser una empresa que participa en la ejecución de un determinado proyecto (haciendo la coordinación o llevándolo a cabo), o puede ser un cliente principal de los bienes producidos. En algunos casos, las operaciones sobre el terreno se gestionan y/o se llevan a cabo por una compañía registrada localmente, por lo general una filial de la empresa con sede en la Unión Europea (la filial puede tener otros accionistas), pero las operaciones comerciales son coordinadas desde la sede de la empresa o por la empresa matriz. La tierra puede haber sido adquirida por la compañía local o por la empresa radicada en la Unión Europea mediante la compra, el arrendamiento o la concesión. La empresa con sede en la Unión Europea puede llegar a beneficiarse del apoyo que brinde su país de origen a través de la embajada, o del apoyo financiero o técnico brindado por organismos de desarrollo para la adquisición de tierras.

Ejemplo: El caso de la empresa Socfin, con sede en Luxemburgo

Socfin (Société Financière des Cauchos), cuyo principal accionista es el grupo francés Bolloré, es un grupo agroindustrial especializado en plantaciones de palma aceitera y de caucho. El grupo Socfin es una red muy compleja de inversiones y participaciones cruzadas. Las sociedades financieras del grupo tienen su sede en Luxemburgo; las empresas operativas están radicadas en Luxemburgo, Bélgica y Suiza; y las filiales para la gestión de las plantaciones están establecidas en una docena de países subsaharianos y del sudeste asiático. Aunque Socfin es una empresa muy antigua cuyas actividades se remontan al dominio colonial belga en lo que se llamaba el Congo Belga, la compañía ha experimentado una importante expansión de sus operaciones en los últimos años, beneficiándose de la creciente demanda mundial de aceite de palma para la alimentación industrial y los agrocombustibles. Para la expansión de sus operaciones Socfin depende en gran medida de la auto-financiación y de préstamos comerciales, si bien en varias ocasiones se ha beneficiado del apoyo financiero y técnico de instituciones financieras de desarrollo como la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés) del Grupo del Banco Mundial, o la Sociedad Alemana de Inversiones y Desarrollo (DEG, por sus siglas en alemán). Se han denunciado graves impactos ambientales, sociales y humanos producto de las inversiones en tierras de Socfin. En varios países esto ha generado conflictos, malestar social y la criminalización de líderes locales (véase el reciente Pedido de Acción).

2. Empresas de capital financiero de la UE involucradas en el acaparamiento de tierras:

Entre las empresas de capital financiero figuran instituciones tan diversas como bancos, compañías de corretaje, compañías de seguros, proveedores de servicios financieros, fondos de pensiones, fondos y firmas de inversión y fondos de capital de riesgo. Desde el inicio de la crisis financiera y la subida de precios de los alimentos en 2007-2008, las empresas de capital financiero se han involucrado cada vez más en transacciones de tierras. Desde entonces, la tierra se ha convertido en un objetivo para los inversores de capital financiero que necesitaban encontrar nuevas oportunidades de generación de ganancias rápidas de sus inversiones, o encontrar inversiones seguras para el dinero que no podía ser invertido en otros lugares de forma más lucrativa. Esta tendencia aumenta la importancia de los mercados financieros, los móviles financieros, las instituciones financieras y las élites financieras en las adquisiciones de tierras. Es posible que los agentes financieros no siempre estén muy visibles en una transacción de tierras, ya que pueden estar financiando los acaparamientos de tierra de manera indirecta: los bancos pueden conceder créditos a las empresas implicadas en las transacciones de tierras, o los fondos de pensiones o los inversores privados y empresariales pueden ser parte de un fondo de inversión que no revela de dónde proceden sus inversiones.

3. El acaparamiento de tierras a través de las asociaciones público-privadas: 

En las asociaciones público-privadas (APP), la financiación pública se utiliza para reducir el riesgo de la inversión o para facilitar la inversión del sector privado, por lo general, agentes empresariales. La asociación puede implicar la intervención de uno o más gobiernos, y de una o más empresas del sector privado. En el contexto de las transacciones de tierras a gran escala, el sector público garantiza – a través de determinadas medidas políticas – un entorno que facilita la adquisición de tierras y las consiguientes actividades comerciales por parte de las empresas privadas. Las APP desdibujan los límites entre los agentes públicos y privados y mezclan sus respectivas funciones y responsabilidades, con lo cual conllevan el riesgo de que el Estado abdique de sus responsabilidades y obligaciones públicas. De hecho, las APP permiten que las empresas eludan numerosos riesgos involucrados en las inversiones en tierras, ya que los gobiernos bajan los riesgos de inversión o acomodan las normas y reglamentaciones para beneficio de dichas empresas.

Ejemplo: El oleoducto Chad-Camerún

Iniciado en 2000, el oleoducto de 1.000 kilómetros para transportar el petróleo crudo producido en el sur de Chad hasta la costa atlántica de Camerún es una de las mayores asociaciones público-privadas de África. La propiedad del proyecto corresponde a un consorcio de tres empresas petroleras (Exxon/Mobil 40%, Petronas Malaysia 35% y Chevron EEUU 25%) y los gobiernos de Chad y Camerún, que detentan una participación conjunta de 3% en el sector de tubería del proyecto. Los fondos utilizados para asegurar la participación en la inversión de los dos países se dieron en forma de un préstamo concedido por el Banco Mundial (2). Como argumenta Samuel Nguiffo, de CED-AT Camerún, en su artículo re-impreso en este boletín (“Infraestructura, desarrollo y recursos naturales en África: algunos ejemplos de Camerún”), es evidente que los gobiernos se endeudan y que quienes se benefician son las empresas multinacionales.

4. La financiación para el desarrollo de la UE en el acaparamiento de tierras:

Las Instituciones Financieras de Desarrollo (IFD) son importantes actores del acaparamiento de tierras e intervienen en especial como facilitadoras de las transacciones de tierras y los proyectos de inversión. Las IFD son bancos de desarrollo especializados que por lo general son de propiedad mayoritaria de gobiernos nacionales, y contribuyen a la aplicación de sus políticas de desarrollo y cooperación exterior. Sin embargo, la información sobre las actividades de las IFD no siempre es fácilmente accesible. En gran medida las IFD invierten el dinero que recaudan en los mercados de capitales; algunas pueden obtener capital adicional de los presupuestos nacionales o internacionales destinados al desarrollo. La escala de la financiación del sector privado proveniente de las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) y de las IFD europeas ha aumentado drásticamente. En algunos casos, la participación de diferentes IFD puede dar lugar a que la mayoría de las acciones de una empresa esté en manos de este tipo de instituciones.

Ejemplo: Las plantaciones de palma aceitera de Feronia en la República Democrática del Congo

Feronia Inc., una compañía que cotiza en la bolsa de Toronto, tiene plantaciones industriales de palma aceitera en la República Democrática del Congo (RDC). En enero de 2016, CDC, la Institución Financiera de Desarrollo del Reino Unido y varios otros fondos europeos de desarrollo pasaron a tener la propiedad mayoritaria de Feronia, a través de sus inversiones en el Fondo Agrícola Africano (en inglés African Agricultural Fund). Este Fondo es un fondo de capital privado con sede en Mauricio, financiado por instituciones bilaterales y multilaterales de financiación para el desarrollo de África. Su Fondo de Asistencia Técnica (TAF, por sus siglas en inglés) está financiado principalmente por la Comisión Europea y administrado por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA). El TAF es co-patrocinado por “la Corporación Italiana para el Desarrollo, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) y la Alianza para una Revolución Verde en África (AGRA, por sus siglas en inglés)”. Además, los bancos de desarrollo de Alemania, Bélgica y los Países Bajos también participan como inversores. Ver el artículo en este boletín: “RDC: las comunidades se movilizan para liberarse de cien años de plantaciones colonialistas de palma aceitera”.

5. El acaparamiento de tierras a través de las políticas de la UE:

Las siguientes políticas de la UE son especialmente pertinentes para el contexto del acaparamiento de tierras: Las políticas de inversión:

El actual régimen de inversión internacional tal como es promovido por los estados miembros de la Unión Europea y por Estados Unidos contribuye, entre otras graves violaciones de los derechos humanos, a habilitar un entorno internacional propicio para el acaparamiento de tierras. Los tratados de inversión son por naturaleza de carácter unilateral, y sólo los inversores pueden invocar las protecciones del tratado y anteponer reclamaciones contra los estados, e incluso demandarlos. Las políticas de desarrollo:

En los últimos años, la UE se ha desplazado cada vez más hacia un enfoque del desarrollo dirigido por el sector privado, con el argumento de que la participación y la financiación del sector privado es un complemento indispensable para la asistencia de la UE en temas de desarrollo.

Las políticas bioenergéticas y la Directiva Europea de Energías Renovables:

La Directiva Europea de Energías Renovables fue adoptada en 2009 y entró en vigor en 2010. Tiene como objetivo reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero a través de un importante incremento de formas de energía clasificadas como renovables, entre las que se incluyen los agrocombustibles. Diversas organizaciones de la sociedad civil han señalado reiteradamente la relación directa entre el acaparamiento de tierras, las documentadas violaciones de los derechos humanos y la política de la Unión Europea en materia de agrocombustibles, así como la participación de empresas europeas como importantes agentes del acaparamiento de tierras en este contexto. (3)

Las políticas comerciales:

Con respecto al acaparamiento de tierras, una preocupación central se refiere a los acuerdos comerciales de la UE para la adquisición de tierras a gran escala en países fuera del bloque europeo para la producción de cultivos destinados al mercado de la UE.

Las políticas, acuerdos y tratados climáticos:

Los acuerdos emanados de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y otros eventos relacionados tienen efectos directos sobre las legislaciones nacionales. Numerosos gobiernos de países industrializados y organismos multilaterales han iniciado programas y fondos para poner en marcha los mercados de carbono en los países del Sur global, especialmente en aquéllos con bosques tropicales. La Iniciativa Internacional sobre el Clima y los Bosques de Noruega, por ejemplo, que está presionando para la implementación de los programas REDD+ en la región de la Cuenca del Congo, y los gobiernos alemán y francés, así como el Banco Mundial, son algunos de los actores destacados. Se planean proyectos de REDD+ a gran escala en la República del Congo y en la República Democrática del Congo, pero existe una gran preocupación acerca de la falta de consultas adecuadas a las comunidades locales ya que, al parecer, en ambos casos dichos programas podrían terminar expoliando aún más a estos pueblos. Ver artículo en este boletín: “Áreas Protegidas en la Cuenca del Congo: no protegen ni a las comunidades ni a la biodiversidad”.

6. El acaparamiento de tierras a través de la conversión de bosques:

La conversión de bosques a otros usos de la tierra que sirven a intereses empresariales es otra forma del acaparamiento de tierras. En la última década, la Cuenca del Congo ha experimentado un aumento sin precedentes de la demanda de terrenos para establecer plantaciones a gran escala de productos básicos, en particular de cultivos tales como la palma aceitera. Esta demanda continúa creciendo a un ritmo veloz. Una proporción considerable de las tierras destinadas a la producción agrícola a gran escala en la región, en particular para la obtención de aceite de palma, está siendo deforestada. Las empresas de plantaciones de palma aceitera han puesto la mira en los bosques para además obtener ganancias de la madera que pueden vender, lo cual aumenta aún más la amenaza para los bosques tropicales y las poblaciones que dependen de ellos. A esto se suma que la conversión de los bosques en curso exacerba las tasas de deforestación regional y está muy correlacionada con violaciones de los derechos a la tierra y una serie de otros impactos sociales (4). Como resultado de estos nuevos procesos, es posible que la agro-conversión industrial se haya convertido en el mayor factor de deforestación en la Cuenca del Congo en 2013 (5).

Ejemplo: Expansión de la palma aceitera en Gabón

El grupo SIAT, una empresa agroindustrial belga, tiene negocios en Nigeria, Ghana, Gabón y Costa de Marfil. Los principales banqueros internacionales del grupo son: Grupo KBC (Bélgica), BMI/SBI (Bélgica), DEG (Alemania), el Banco Africano de Desarrollo y la Corporación Financiera Internacional (CFI) del Banco Mundial. Como resultado de medidas de privatización aplicada por el gobierno de Gabón en 2003, SIAT adquirió las empresas (hasta entonces estatales) Agrogabon, Hévégab y Ranch of Nyanga. En 2004 se firmó el convenio de la toma de posesión de estas empresas y se creó SIAT Gabon. La compañía posee plantaciones de palma de aceite y de caucho, e industrias de transformación afines, tales como molinos de procesamiento del aceite de palma, y refinerías de aceite de palma. Gran parte de las zonas elegidas para los planes de expansión de la empresa están casi totalmente cubiertas de bosques (6).

Una lucha fundamental de las comunidades del bosque y las comunidades campesinas es la lucha contra el acaparamiento y la concentración de la tierra, que afecta profundamente a estas comunidades en cuanto a sus medios de supervivencia y su forma de vida. Esta lucha se ha vuelto aún más difícil no sólo debido a la expansión del agronegocio, la minería, el petróleo y el gas, los monocultivos de árboles, las centrales hidroeléctricas, los proyectos relacionados con el clima, etc., sino también a un mayor interés de los agentes financieros en la adquisición de tierras.

(1) Este artículo, salvo declaración en contrario, se basa en el estudio “Land grabbing and human rights: The involvement of European corporate and financial entities in land grabbing outside the European Union”, encomendado por el subcomité del Parlamento Europeo sobre los Derechos Humanos (http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/578007/EXPO_STU(2016)578007_EN.pdf)

(2) http://www.columbia.edu/itc/sipa/martin/chad-cam/overview.html#project

(3) http://wrm.org.uy/es/articulos-del-boletin-wrm/seccion3/carta-abierta-sobre-la-politica-de-la-ue-para-los-biocombustibles/

(4) http://eia-global.org/blog/eia-leads-discussions-on-illegal-commodity-driven-forest-conversion-in-cong

(5) http://www.forest-trends.org/documents/files/doc_4718.pdf

(6) http://wrm.org.uy/wp-content/uploads/2013/04/Etude_sur_limpact_Plantations_palmiers_a-_huile_et_hevea-_sur_les_populations_du_Gabon.pdf