A raíz del Corona Virus desde muchos lugares del mundo -hasta un editorial del NYT-, desde países ricos y pobres, se está levantando una voz: la urgencia de una renta básica incondicional para toda la población. En Alemania, una petición para una renta básica de entre 800 a 1.200 euros durante 6 meses, en tres días ha sido firmada por casi 250.000 personas. Son solamente dos ejemplos. Reproducimos aquí una pequeñísima selección de los artículos que esta semana ha publicado la prensa del reino de España.
Una renta básica universal que inmunice ante la pandemia de precariedad vital
Sarah Babiker
Quienes llevamos tiempo reclamando una renta básica universal e incondicional estamos hoy volteando la mirada al cielo, no puede ser que en una sociedad como la nuestra el derecho a una seguridad económica sea siempre objeto de regateo.
Entre amigas y conocidos, en las redes sociales y las redes afectivas virtuales que estos días están en efervescencia, empiezo a diferenciar dos ámbitos de discurso. El primero tiene que ver con aprovechar el tiempo de pronto liberado para hablar con nuestra gente, para ver películas sin fin, hacer limpiezas generales, reflexionar sobre la aceleración vacua en la que se desarrollan nuestras existencias, apostarle al decrecimiento, conversar sobre utopías mientras te tomas un vino ante la pantalla con alguien a quien te gustaría abrazar.
El otro ámbito de discurso ahonda en el miedo a la intemperie, la certeza de no poder permitirse meses sin trabajo para quien aún lo tenga, un horizonte de crisis para quien lo estuviera buscando. Logística familiares frágiles que zozobran ante un huracán incierto. Autónomos haciendo números, partes de guerra económicos que me llegan en angustiadas conversaciones de teléfono o irónicos whatsapp.
Ambos campos discursivos pueden brotar y brotan de las mismas personas, todas hemos caído en las mismas aguas, todas braceamos como podemos, pero cada vez habrá más gente a quien le cueste mantenerse a flote. Ayer sábado, mientras esperábamos que el presidente saliese a anunciar qué iba a hacer el gobierno ante esta situación de inédito colapso, pensaba en esto. Luego leí algunos artículos de periódicos serios. Hablaban de un choque dentro del gobierno.
Decían que desde Unidas Podemos se peleaba por medidas económicas que amortiguasen el impacto que tiene sobre las personas que dependen de su trabajo, quedarse sin el mismo. Decían que desde el PSOE se temía el coste que esto pudiese suponer. Coste. Leí mucho esa palabra, asociada a lo que implicaría proteger a la gente de la inseguridad económica. Coste. Somos un coste a modular, a racionalizar, a ponderar. Todo no se puede.
Es muy bonita esta contención emocional que nos estamos dando, estas redes de preocupación por las otras y de reconocimiento para quienes están enfrentando al Coronavirus desde quirófanos, con sus batas de limpiadoras, con sus uniformes de supermercado. Son muy bonitos los hashtag que apelan al ánimo y la responsabilidad colectiva, las píldoras de optimismo que nos vamos lanzando. Todo es muy bello, pero sin base material que sostenga esos ánimos, sin dinero en la cuenta con el que acudir a los centros de alimentación, los chistes sobre la escasez de papel higiénico pierden toda su gracia.
No hace mucho que regalamos miles de millones de euros a la banca, no falta nada para que se le dan cariñitos a las grandes empresas, pero para que quien se quede sin trabajo reciba un triste subsidio, para que las familias accedan a una mínima ayuda, vamos a necesitar horas de negociaciones a cara de perro en el gobierno, porque hoy, en este estado, la supervivencia material de la población no es un derecho.
Quienes llevamos tiempo reclamando una renta básica universal e incondicional estamos hoy volteando la mirada al cielo, no puede ser que en una sociedad como la nuestra el derecho a una seguridad económica sea siempre objeto de regateo. Podemos lo supo también, como lo sabe gran parte de su militancia, y aunque agradecemos el pulso que están dando en el gobierno, no podemos dejar de lamentar sus renuncias pasadas.
De haber seguido peleando por esa renta básica que defendieron en sus orígenes, quizás estaríamos más cerca hoy de un escenario totalmente distinto. Muy probablemente hubiesen fracasado, pero rendirse por adelantado a defenderla —como ayer salimos a defender una sanidad pública y universal a nuestros balcones— como un derecho innegociable, nos ha dejado una vez más negociando burbujitas de aire, mientras otros acapararán para sí todo el oxígeno.
Es domingo, primer día de confinamiento. Hoy siguen en la atmósfera los dos ámbitos discursivos, el que parte de lo que podemos hacer con tiempo para nosotras, lo que hacemos cuando nos sentimos juntos ante un mismo desafío, lo que podemos pensar en común cuando al capitalismo le obliga a pararse una pandemia. Y también el otro, el del terror económico, el miedo a ser abandonados por una gobierno que va a movilizar todo los recursos posibles para que nos quedemos responsablemente en casa, pero que aún no nos ha dicho cómo van a comer millones de personas en los próximos meses.
Queda mucho confinamiento por delante, mucha angustia, mucha intemperie. Una forma de conciliar ambos ámbitos de discurso: el de usar el tiempo que tenemos para pensar en común otros horizontes y el de la urgencia de garantizar nuestra supervivencia en tiempos de colapso —y en general siempre— como un derecho, podría desembocar, quien sabe, en que acabemos saliendo a nuestros balcones a reclamar como un derecho esa Renta Básica Universal que nos inmunice a todas contra la precariedad vital que vemos estallar en estos tiempos.
Si quedarse en casa es incondicional, la renta básica también
Nuria Alabao
Quizás estemos a tiempo para dar un paso más hacia un nuevo mundo donde todos tengamos garantizado un mínimo para vivir en condiciones. Queremos seguir vivas, pero no de cualquier manera.
No llevamos ni una semana encerrados en casa y el mundo parece ser otro. El orden se ha trastocado. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais: neoliberales pidiendo que el Estado gaste, Vox aplaudiendo al Gobierno por la cuarentena y hasta rentistas ávidos de una moratoria de alquileres cerca de la puerta de Tannhäuser. Quizás porque esta vez no nos pueden culpar por hipotecarnos y lo único que intentamos es no morir o que no mueran los nuestros. No, no es culpa de nadie, pero como no lo es ¿por qué tendrían que pagar los de siempre? Hoy parece más transparente que nunca: no solo queremos vivir, queremos vivir bien. La Renta Básica parece incluso posible, parece casi la única posibilidad.
Me dice una amiga de la PAHC del Bages que se les ha muerto una compañera y que no han podido ir al entierro. También me dice que no saben qué van a hacer con la crisis que viene, que la gente que les llega no tiene ya que ver con las hipotecas, que les desahucian por impago de alquileres o directamente porque están ya en la “puta calle”. Así lo dice: “En la puta calle”. ¿A dónde va la gente que desahucian en una cuarentena? ¿A dónde va un día normal?
Las medidas de emergencia que ha presentado el Gobierno son importantes, pero están pensadas fundamentalmente para preservar un mundo de empleo estable e hipotecas. Un mundo que hace años que se está diluyendo. Las dos reformas laborales impuestas en la crisis precarizaron el empleo, de manera que muchos de los que hoy tienen uno de esos contratos temporales sin derechos –uno de cada cuatro– en este contexto de parón económico simplemente no van a ser renovados. Y a la calle –a la cuarentena–. Todo el empleo del sector turístico al que la pandemia ha hundido está pavimentado con estos contratos, que pueden llegar a ser el 40% de las contrataciones. Para ellos y para ellas –es un sector muy feminizado– no hay ayudas especiales si no tenían ya derecho a paro; sus condiciones no han cambiado, simplemente no van a recibir nada. Esta es la principal diferencia con los que provienen de un ERTE –con contratos más estables–, que además de conservar el puesto de trabajo tienen condiciones especiales para acceder a la prestación de desempleo. De nuevo nos olvidamos de los precarios y precarias, la masa de trabajadores que sostienen los servicios –y muchas de las tareas de cuidados remuneradas– y ya estructuralmente fuera de un sistema de prestaciones pensado para un mundo de empleo estable en claro retroceso.
Las medidas de emergencia que ha presentado el Gobierno son importantes, pero están pensadas fundamentalmente para preservar un mundo de empleo estable e hipotecas
Muchas de estas personas, además, viven en hogares donde hay otras situaciones difíciles desde antes de la crisis. Recordemos: esta recesión vírica se monta sobre una situación que ya era intolerable. 2,5 millones de personas ya sufrían “privación material severa”, según el lenguaje de los informes. 12 millones estaban en riesgo de pobreza o exclusión social. Y más de la mitad de los españoles ya tenía alguna dificultad para llegar a final de mes. Podemos estar hablando también de un 23% de paro real si se cuenta a los desanimados –los que no buscan más– y las jornadas parciales.
A todas estas personas las ayudas de emergencia casi ni les rozan: lo que han anunciado son medidas, como la prohibición de cortes de luz y gas, que ya existían. Han puesto dinero para garantizar el cumplimiento de las leyes autonómicas que ya existen. Pero que ya antes de esta crisis no estaban garantizando un mínimo a la mayoría de personas que lo necesitan, las mismas que hoy, en una situación de parón económico y con menos posibilidades de encontrar trabajo, siguen teniendo que pagar el alquiler, comprar comida y enfrentar muchos otros gastos básicos que no tenían cubiertos en momentos de “normalidad”. No lo hacen en cuestión de vivienda y no lo hacen a partir de los sistemas de rentas mínimas existentes –con la excepción de Euskadi–, que no están funcionando por las altísimas trabas burocráticas. Llegan solo a un pequeño porcentaje de gente que la necesita. (Como ejemplo, hay más de 200 mil personas que por nivel de ingresos podrían optar a la renta garantizada catalana pero solo la reciben 32.000, según un estudio de Lluís Torrens.) ¿Va a mejorar eso en caso de encierro, en caso de alarma?
El Gobierno ha intentado apuntalar una realidad de trabajo estable, y a los propietarios. Un mundo que cada vez se parece menos a este país. Ya había muchas personas que se quedaban fuera de esta situación y que ahora verán empeorar sus expectativas, quizás por mucho tiempo. La duración y profundidad de la crisis es difícil de valorar hoy. La apuesta es a salir rápidamente por la vía de la reactivación de la demanda postcuarentena, pero hay dudas. Para algunos, esta recesión se produce en una situación inestable previa. Por eso decimos que las medidas que se han presentado son insuficientes.
Se nos pide un esfuerzo, ¿qué se nos da a cambio?
La sanidad lleva infrafinanciada desde la crisis del 2008. La que fue un ejemplo mundial de gestión pública de la salud estaba también en decadencia, al menos, no estaba lista para los retos que teníamos delante. Los contratos que la propia administración ofrecía a los sanitarios eran precarios, a veces de unos meses, y demasiados se jubilaban sin cubrir sus puestos. En muchas comunidades, muchos servicios estaban externalizados, o parcialmente privatizados –sobre todo Cataluña y Madrid–. No, la sanidad no estaba preparada. Tampoco hubo previsión de recursos extras por si un caso así se presentaba. Hoy los sanitarios trabajan sin los equipos necesarios en jornadas imposibles.
Se ha organizado una gran campaña cívica para que nos 'unamos' contra el virus. Pero el encierro no implica lo mismo para todos; para algunos supone un altísimo coste
Nos han pedido que nos encerremos para controlar el virus. Y lo hacemos. Se ha organizado una gran campaña cívica para que nos “unamos” contra el virus. Pero el encierro no implica lo mismo para todos; para algunos supone un altísimo coste: personas con niños que habitan casas en situación de hacinamiento, a veces sin calefacción, mujeres y menores que sufren violencia en sus hogares. Otras son obligadas a trabajar en medio de la pandemia en lugares sin medidas de seguridad cuando tienen personas a su cargo que quizás son población de riesgo. Buena parte de ellas no pueden elegir. Muchas no pueden teletrabajar o no saben qué hacer con sus hijos sin cole y sus trabajos basura que no se han suspendido. Algunas dicen también: y menos mal, porque las facturas no se pagan solas. ¿Y qué reciben a cambio por echarse encima por igual los problemas derivados del encierro?
Hoy nos preguntamos, ¿podría haber habido una gestión diferente de la crisis que no implicase tanto sufrimiento social, el sacrificio del encierro? Ahora ya es tarde y esta es la única opción, se nos dice. Aceptamos pues por el bien colectivo. Aceptamos el encierro y que no todas llegamos a él en las mismas condiciones. Aceptamos quedarnos en casa aunque muchos no saben hasta cuándo tendrán casa. Asumimos, por inevitable, bajar la persiana, dejar de trabajar, de buscar trabajo, de hacer chambas, de recibir salarios, ¿pero toleramos no tener derecho a ninguna ayuda?
Hoy, se percibe ese rumor, que es casi clamor por un reconocimiento de todos esos trabajos invisibles. Un reconocimiento en forma de Renta Básica de Cuarentena
Hay también hoy una gran retórica de relegitimación del Estado. Pero esta crisis sanitaria –que es también de cuidados– está siendo salvada fundamentalmente por las personas que se cuidan mutuamente y a los suyos. ¿Hay un reconocimiento de esta situación por parte el Estado? Más bien se sigue ignorando en los discursos públicos, se militariza las relaciones sociales –en la calle tienes que justificar a un policía si quieres ir a atender a una amiga–. Ahora todo va de número de enfermeros, camas y doctores. Expertos que saben lo que tenemos que hacer y control de nuestras relaciones. Pero es nuestro comunismo de la vida el que sigue haciendo funcionar el mundo. Queremos un reconocimiento en dinero –en facilidad para seguir funcionando– porque cuando todo se pone jodido seguimos charlando, limpiando y alimentando a los nuestros con amor y no dejamos que se nos mueran entre las manos. Porque sin eso no hay sistema institucional de salud ni Estado del bienestar.
Hoy, se percibe ese rumor, que es casi clamor por un reconocimiento de todos esos trabajos invisibles. Un reconocimiento en forma de Renta Básica de Cuarentena. Hay todo tipo de ayudas a las empresas que quizás sean necesarias para mantener los puestos de trabajo –¿también las de aquellas que tienen beneficios millonarios?–. Es tiempo también de ayudar a todos los que se han quedado fuera del sueño fordista –que aquí ni siquiera sabemos si existió o si todas las partes de este contrato son deseables–: trabajo estable, casa en propiedad, la mujer encargándose de la casa, los niños y personas dependientes. Ese mundo revienta hoy por las costuras de las realidades materiales del trabajo precario, el altísimo paro estructural, los alquileres inciertos por las nubes, las mujeres que no queremos y no podemos quedarnos a cuidar. La pandemia hace eso más cristalino. La renta de cuarentena vendría a obturar la emergencia social y se podría hacer de manera urgente, por lo menos unos meses, por mucho menos de lo que cuesta todo el paquete de ayudas que está implementado. Después de la pandemia, seguiremos hablando, quizás se demuestre como la mejor manera de sostener la vida en su nuevo marco de inestabilidad que es la nueva normalidad.
Esta crisis ha sido un golpe inesperado y supone un enorme experimento. ¿Vendrán más? No sabemos. “Todos estos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia”. Pero quizás estemos a tiempo para dar un paso más hacia un nuevo mundo donde las crisis ya nunca más las paguemos los de abajo, donde todos tengamos garantizado un mínimo para vivir en condiciones. Queremos seguir vivas, pero no de cualquier manera. La pandemia nos deja un aprendizaje: queremos renta –y repartir el trabajo– para poder atender a los nuestros en condiciones.
El coronavirus, para una reflexión republicana
Carlos Fernández Liria
Parece ya cosa segura que, tras los efectos sanitarios, que pueden llegar a ser muy graves si terminan de colapsarse los hospitales, vendrán unos efectos económicos devastadores. La crisis laboral ha comenzado ya de manera dramática para gran parte de la población. Muchos han perdido el trabajo o lo tienen suspendido. A otros se les incita a utilizar sus días de vacaciones para pasar la cuarentena. Los pequeños negocios están al borde del abismo. Todo hace pensar en una gran crisis económica más grave aún que la del 2008. Irónicamente, un nuevo 15M para presionar contra los recortes que se avecinan es más imposible que nunca, habida cuenta de que estamos en cuarentena recluidos en nuestras casas. Estamos, sin duda, ante una crisis social sin precedentes desde la segunda guerra mundial.
Por ahora, sólo nos queda aprovechar para reflexionar. Y creo que uno de los artículos que mejor han marcado la línea para esta reflexión ha sido el de Guy Standing (autor del libro La Renta Básica), Coronavirus, crisis económica y renta básica, un texto estremecedor que es imprescindible leer. La crisis que se avecina será letal si no tomamos medidas políticas de carácter republicano, y, en especial, la más urgente sería la implantación de una renta básica que amortigüe el shock que caerá sobre la población. Guy Standing se ha explicado perfectamente. Por mi parte, quisiera aprovechar este artículo (un poco extenso, lo siento) para contribuir a esta reflexión con algunas precisiones respecto a lo que tenemos que entender por República y por qué, en efecto, la cuestión de la renta básica es en la actualidad una de las pocas cartas que nos quedan para pensar en clave republicana.
Para el filósofo Inmanuel Kant, el concepto de república apuntaba a la meta más irrenunciable de cualquier proyecto político: un sistema en el que los que obedecen la ley son al mismo tiempo colegisladores, de tal modo que obedeciendo a la ley no se obedecen más que a sí mimos, es decir, un sistema en el que obedecer la ley y ser libre son en el fondo la misma cosa. Hace meses, el presidente Pedro Sánchez afirmó que el rey Felipe VI encarnaba los valores más propios de la Segunda República. Un auténtico disparate, pero no por lo que plantearon muchas de las protestas de la izquierda. No se trataba de una contradicción clamorosa. En la tradición filosófica, es verdad que “república” no se opone a “monarquía”, sino a despotismo. Y no sería imposible considerar una monarquía constitucional de carácter republicano. Inglaterra o Bélgica no son menos republicanas que Francia o Argentina por ser una monarquía.
El problema está en otro sitio y tiene que ver con cómo pensemos la condición de lo que llamamos “ciudadanía”. La tradición republicana, como bien demostró Antoni Domènech, siempre insistió en que para acceder a la condición de “ciudadano”, no bastaba con ser Libre e Igual ante la ley. Era necesario, también gozar de “independencia civil”, es decir, de medios materiales propios y suficientes para no tener que pedir permiso a otro para existir. Eso es lo que se llamó “fraternidad”. Un revolución hecha en nombre de la “fraternidad” exigía un reparto de la propiedad que permitiera a la población alguna suerte de “emancipación”.
Ser ciudadano es no tener que pedir permiso para existir, tal y como los menores de edad tiene que hacerlo respecto de sus progenitores. Por eso, Robespierre planteó que la Revolución Francesa tenía que operar en términos de “fraternidad”. Ser ciudadano es no ser ya hijo de un padre, siervo de un señor, esclavo de un amo, vasallo de una religión, señora de un marido. Pero la igualdad y la libertad no bastan para ello. Cualquiera puede entender que sería absurdo que un padre echara a sus hijos de casa el día en que cumplen 18 años, alegando que ya son tan libres y tan iguales ante la ley como él. Sin medios materiales para subsistir por nosotros mismos, la libertad y la igualdad se escriben en un papel mojado e incluso pueden convertirse en una broma de mal gusto. El pensamiento republicano se distingue del liberalismo por no haber perdido nunca de vista el problema de las condiciones materiales que son necesarias para ejercer la ciudadanía.
En este sentido, “ciudadanía” se opone a “minoría de edad”. Y hay que comenzar reconociendo que, en esta nueva Edad Media que habitamos, nunca hemos tenido amos, señores y dioses tan caprichosos y enloquecidos como esos a los que suele llamarse “los mercados”. Nunca hemos necesitado tanto como ahora pedir permiso a otro para existir. Hasta los parlamentos, supuestas sedes de la soberanía popular, tienen que consultar a estos dioses para legislar, esperando atemorizados sus designios económicos. La humanidad nunca ha estado tan lejos de una consistencia política republicana. Y no especialmente por el pintoresco asunto de las monarquías, sino por el despotismo económico que nos atenaza.
¿Qué sería preciso para avanzar por un camino republicano? Hagamos un poco de memoria, intentando aclarar algunos malentendidos fatales a la hora de diagnosticar el problema fundamental que atravesó la Segunda República española. En especial, circula cada vez más un relato muy desencaminado sobre lo que aconteció por aquel entonces. No solo en los medios revisionistas de la extrema derecha; también en los ambientes intelectuales más progres empieza a imponerse el relato de que la legalidad republicana se vio atenazada entre dos extremismos políticos que pretendían subvertirla. Por un lado, el fascismo golpista de las derechas y, por otro, los socialistas, anarquistas y comunistas que, en el fondo, pretendían otra cosa que un orden republicano: lo que buscaban era una revolución social.
Al final, se nos dice, los que estaban de verdad con la república fueron unos pocos pobres diablos que creían en el orden constitucional y que se vieron asediados por la violencia revolucionaria de ambos signos. Así pues, la república fue el escenario de una batalla entre dos extremismos no republicanos. Por una parte, el revisionismo sostiene, así, que la Guerra Civil la provocaron los anarquistas y los socialistas de Largo Caballero, en 1934, con su llamado a la revolución. Por otro lado, se nos dice que tenemos que aprender de una sensatez de centro izquierda, que huya de los culpables anhelos revolucionarios.
La realidad es muy otra. Esos supuestos extremismos de izquierda, anarquistas, comunistas y socialistas, luchaban en realidad por tomarse en serio el concepto de república. Sin duda que lo harían mejor o peor, pero el hecho es que son los únicos que se habían creído de verdad que el lema republicano y las exigencias de la ciudadanía no podían “eclipsar el asunto de la fraternidad”. Lo que pusieron sobre la mesa es que no habría ningún orden republicano auténtico hasta transformar las condiciones materiales de existencia de la población, lo que, en esos momentos, exigía para empezar una contundente reforma agraria.
Es el mismo problema que se planteó en la Revolución Francesa y esto es muy significativo. Robespierre y los jacobinos han pasado a la historia como el paradigma del extremismo, al contrario que el ala girondina, que pasa por ser el prototipo de la moderación. Mirando la cosa más de cerca, a lo que se negaba Robespierre era a prescindir del asunto de la “fraternidad” (sustentado en la primacía del “derecho a la existencia”), dejando cojo el programa republicano. Los jacobinos habían liberado a los esclavos de las colonias, habían iniciado una auténtica reforma agraria y, mientras tanto, habían intervenido los precios del trigo para que la población no muriera de hambre.
Los mucho más moderados y mucho más liberales girondinos que los guillotinaron estuvieron siempre a favor de la esclavitud (que no se tardó en restaurar) y de la liberalización de los precios del trigo. Para hacer posible esta hazaña liberal, siempre habían abogado por declarar la ley marcial, militarizando a la población para reprimir las revueltas del hambre provocadas por el alza de los precios. Ya por aquel entonces, se imponía la ley del hierro que en el siglo XX Eduardo Galeano resumió con una contundente sentencia: para dar libertad al dinero, se encarcela a la gente. Domènech, de acuerdo con Florence Gauthier, solía resumir la cosa en pocas palabras: la Revolución Francesa no fue una revolución burguesa, lo único que tuvo de burguesa fue la contrarrevolución. Una contrarrevolución “liberal”, en efecto, que exterminó el proyecto republicano, eclipsando el problema de la fraternidad y de la emancipación ciudadana.
Esos moderados girondinos tan idolatrados por la versión de la Revolución Francesa que se nos ha contado (la que escribieron los vencedores), habían metido a Francia en una aventura bélica de conquista, absurda y criminal, a la que también pusieron fin los jacobinos al llegar al gobierno. La ley marcial, que la Montaña había abolido, fue restaurada por estos mismos girondinos tan supuestamente moderados. En palabras de Florence Gauthier: “La nueva Constitución de 1795 se deshizo de la Declaración de los derechos naturales del hombre y del ciudadano, que fueron expulsados del derecho constitucional francés ¡y por mucho tiempo! (hasta 1945). Una nueva aristocracia de ricos excluyó a los pobres y las mujeres, puso fin al principio de la soberanía popular enunciado en 1789 y restauró la ley marcial”.
Quizás sorprenda lo de “las mujeres”, porque tampoco se suele recordar que éstas tuvieron voz y voto durante el periodo jacobino, a través de las “asambleas comunales de ciudadanos y ciudadanas” que el gobierno jacobino había institucionalizado como el lugar natural para el ejercicio de la soberanía popular. Todo ello fue barrido del mapa por un golpe de estado encabezado por “una alianza de propietarios y colonos esclavistas” (que contaba con sus voceros economistas, partidarios de la irrestricta libertad de comercio). Allí donde los manuales señalan el fin del “terror” jacobino, los hechos se sucedieron con rapidez: se desencadenó otra nueva guerra de conquista, se envió al ejército a sofocar la revuelta popular del 20-23 de mayo de 1795 y, finalmente, en 1802, se restableció el colonialismo y la esclavitud.
No es solo que la historia se repita. También se repite la historiografía oficial cuando tiene que enfrentarse a problemas parecidos. En la Guerra Civil española se planteó el mismo problema y se interpretó (y se interpreta) de la misma manera y con los mismos prejuicios. Los que defendían el orden republicano pasaban a convertirse en peligrosos extremistas tan pronto como intentaban tocar el asunto de la propiedad. Y, en cambio, los “liberales” pasan por ser (todavía hoy en día) el paradigma de la moderación y la sensatez constitucionalista.
En verdad, como demostró Antoni Domènech y ha documentado ampliamente Florence Gauthier, la tradición “liberal” no dejó nunca de combatir, durante todo el siglo XIX, la “ideología” de los derechos humanos, a la que identificaron desde el primer momento (mucho antes del gobierno jacobino, ya en 1789) como “el Terror”, el terror para los colonos, los esclavistas, los propietarios más ricos y los economistas que defendían la liberalización de los precios del grano (al tiempo que la ley marcial).
Resumido por Gauthier: “Lo que desde luego no se ve, mírese como se mire, es que el advenimiento de la democracia y los derechos humanos haya corrido en paralelo con el capitalismo”. Es todo lo contrario: todas las conquistas del orden constitucional social y de derecho, fueron impuestas por victorias populares y socialistas, con las que el liberalismo no tuvo más remedio que tragar. No hay más que ver cómo, en estas últimas décadas en las que liberalismo económico ha logrado volver a ser hegemónico, el Estado Social de Derecho ha tendido más y más a disolverse como un azucarillo en un café caliente. Pero ahí van los autoproclamados “defensores del Régimen del 78”, hablando en nombre del liberalismo y considerando extremistas a todas las tradiciones que contribuyeron precisamente a apuntalar esos derechos y libertades constitucionales. El Estado Social de Derecho, la Escuela Pública, la Sanidad Pública, el derecho laboral, las libertades civiles en general, fueron conquistas de esos extremistas que tanto denigran. Pero los defienden en nombre de los que más los atacaron. Así se escribe la historia, poniéndolo todo patas arriba.
Es preciso comenzar por darle la vuelta a este relato histórico. El problema en España, entre 1931 y 1936, no fue que algunas izquierdas extremistas optaran por una revolución social contra la República. Lo que ocurrió es que algunas izquierdas se empeñaron en tomarse en serio la idea de república y exigieron una revolución social que hiciera realidad la ciudadanía. Era preciso una transformación de la propiedad. Y eso era el límite republicano que la oligarquía no estaba dispuesta a permitir. Como hemos intentado explicar en nuestro libro, ¿Qué fue la Segunda República?, hay mucha gente interesada en que no se distinga entre una revolución y un golpe de estado, aunque ello es un buen indicativo sobre de qué lado están. El revisionismo de extrema derecha lleva décadas machacando con la idea de que el llamamiento de las izquierdas a la revolución del 34 fue ya una ruptura del orden republicano y, como a veces se dice, un verdadero golpe de estado, previo al que perpetró Franco en el 36. Pero la cosa tampoco se arregla con las alegaciones por parte de la izquierda, que aluden al peligro del fascismo y, también, más moderadamente, al comprensible descontento y la impaciencia de la población más pobre.
El problema era que sin una revolución social no había forma de tomarse en serio el proyecto republicano. Habría sido magnífico, desde luego, que se hubiera podido llevar a cabo por vía constitucional y parlamentaria. Pero no sé quién se puede creer que eso era posible, viendo quién tenía las armas y cómo planeaban utilizarlas. Se puede ser moderado, centrista, legalista y un buen tipo, como lo fue sin duda Manuel Chaves Nogales, el gran icono de todos esos veteranos del Grupo Prisa, como Andrés Trapiello, Antonio Muñoz Molina o Javier Cercas. Pero no se puede ser tan ingenuo.
Desdichadamente, la ley de hierro del siglo XX, la resumió ya en los años 20 el eminente jurista Carl Schmitt, un futuro nazi que no tenía nada de ingenuo: “Seguramente ya no queda nadie en Europa dispuesto a renunciar a las libertades parlamentarias y constitucionales. Pero no creo tampoco que haya nadie tan ingenuo de pensar que estas van a seguir existiendo en caso de que algún día lleguen a servir para algo y osen enfrentarse a los dueños del poder real”. Es decir, a tocar el asunto de la propiedad. Y así fue a lo largo de todo el siglo XX. Todos los intentos parlamentarios de enfrentarse a los poderes económicos fueron seguidos de una guerra o de un golpe de estado. En España, habría sido mucho pedir que se plantase cara a esa realidad desarmados y agitando en el aire el papel mojado de una Constitución. Qué hacemos con esto, eso es ya otro cantar. Pero, por lo menos, no cambiemos el sentido de las palabras y lo confundamos todo políticamente. No contemos la historia al revés.
Lo que sí que es cierto es que los socialistas, los comunistas y los anarquistas no podemos seguir cumpliendo nuestro papel de benefactores de la Humanidad por vía revolucionaria, sencillamente porque la correlación de fuerzas es demasiado desigual y ya no tenemos dos hostias. En verdad, no veo otra posibilidad que la de fiarnos de los que mejor han recordado lo que es un planteamiento verdaderamente republicano y sumarnos a sus aspiraciones políticas, que en este país son precisamente los discípulos de Domènech, al que venimos citando en este artículo.
Renta Básica
Acabo de leer un libro de David Casassas, Libertad incondicional. La renta básica en la revolución democrática, y pienso que tiene toda la razón, junto con todos los que actualmente están defendiendo la reivindicación de una Renta Básica. Y ya no tanto porque crea que esa batalla se puede ganar (aunque quién sabe) sino, sobre todo, por su carácter clarificador. No hay “república” más que sobre la base de la independencia civil de la ciudadanía. Eso exige una transformación profunda de las relaciones de propiedad. Ahora bien, esta “transformación” podría llegar a ser muy radical si la ciudadanía recuperara su poder de negociación, en el mercado y fuera de él. Algo que una Renta Básica (junto con una defensa a ultranza de las instituciones republicanas que aún se mantienen en pie, como la escuela y la sanidad públicas) podría apuntalar eficazmente sin presuponer ninguna suerte de estallido revolucionario a la antigua usanza. Creo que es la única carta que nos queda por jugar.
Se trata, como bien resume Casassas, de pensar las condiciones materiales que serían necesarias para que la ciudadanía pudiera “sostener la mirada en el espacio público”. Algo que no se logra, evidentemente, con la actual maquinaria del parlamentarismo, en la que la población vota bajo el chantaje de unos poderes económicos sobre los que no puede ejercer ningún control. La separación de poderes no resulta muy eficaz en unas condiciones en las que el poder económico tiene mucho más poder que el político. El orden constitucional entero se tambalea cuando la soberanía de los poderes económicos está por encima de cualquier legislación.
Lo intenté explicar en mi reciente artículo sobre el Coronacapitalismo. Pero quizás puede resumirse mejor con la genial noticia publicada hace poco en El Mundo Today: “Que toda la humanidad esté en peligro de muerte podría no ser bueno para la economía, alertan los expertos”. Pues, en efecto, los problemas de la economía hace mucho tiempo que tienen poco que ver con los problemas de los seres humanos. Excepto por la sencilla razón de que dependemos del metabolismo económico como jamás los siervos o los esclavos dependieron de sus señores y de sus amos. El problema político de fondo sigue siendo el mismo: ni la democracia ni el imperio de la ley pueden funcionar en condiciones de vasallaje. La “ciudadanía” necesita de tres pilares, como los taburetes. Y sin independencia civil, todo se convierte en farsa.
Más nos vale recordarlo a las puertas de la crisis económica que se nos viene encima. Si no recuperamos nuestro poder de negociación, la población volverá a pagar los platos rotos y esta vez será mucho peor aún que en el 2008. Pero, además, la emergencia sanitaria que está destruyendo las condiciones laborales de tantas y tantas personas, hace que la exigencia de una Renta Básica esté más que nunca sobre la mesa. A corto plazo es una cuestión de supervivencia elemental. A la larga, es la gran ocasión para poder plantar batalla y empezar a recuperar la sensatez republicana.
¿Medidas extraordinarias ante una situación extraordinaria? ¿Hablamos en serio?
Julen Bollain y Daniel Raventós
La pandemia del coronavirus está en un momento álgido en la Unión Europea. Y el Reino de España es de los focos principales. Muchos países han decretado medidas extraordinarias. Incluso cierre de fronteras. Pocos precedentes pueden encontrarse si algunos. Quizás lo que más se asemeje es el caso de la llamada “gripe española” que en realidad se inició en Fort Riley (Arkansas) durante la I Guerra Mundial y afectó a un tercio de la población mundial con índices de mortalidad, según las zonas, del 10 y del 20%. A finales de 1920, cuando ya se acabó la pandemia, habían muerto más de 40 millones de personas. El coronavirus puede estar activo hasta principios de verano, es decir más de tres meses aún.
Según la fuente, se auguran caídas de 2 y hasta 3% del PIB mundial a causa de la situación económica previa a la pandemia y el agravamiento que la misma está suponiendo. De momento. Cuando la mayor parte de la población no rica aún no ha conseguido niveles de existencia material de antes de la crisis de 2008, una nueva crisis golpeará a esta población.
Por supuesto que los muy ricos perderán, están perdiendo ya, mucho dinero por la caída en picado de las bolsas. Por supuesto que también tendrán pérdidas por la caída del valor de muchas de sus acciones y del cierre de fábricas. Por supuesto. Pero los millones de personas que se han quedado o van a quedarse sin trabajo, sea de forma provisional o a más largo plazo, no solamente tendrán “pérdidas”, sufrirán también una degradación muy grande de sus condiciones materiales de existencia. Muchas patronales del mundo no han dejado de aprovechar la ocasión para reivindicar que los impuestos sean recortados y que se facilite el despido. No es de extrañar que se haya comparado su actitud con los buitres que sobrevuelan los animales heridos esperando que caigan para que les sirvan de alimento. En la crisis desatada en el 2008 en la Unión Europea se impusieron políticas de austeridad criminal que golpearon a estados enteros, como Grecia, y a toda la población no rica. Ahora, distintas medidas económicas y sociales se han propuesto con el inicio de la pandemia que se ha desencadenado justo en unos momentos en los que ya la situación económica mostraba extremas debilidades y anunciaba una recesión. Como no podía ser de otra forma, el Gobierno del Reino de España puso en marcha unas medidas para hacer frente a esta crisis social, económica y sanitaria.
“Un Consejo de Ministros histórico”, así se calificó la sesión del 17 de marzo del Gobierno español. “Inyección de 117.000 millones de dinero público” decía la portada de un diario de gran tirada al día siguiente, y casi todos abrían con palabras parecidas. Palabras más o menos rimbombantes para una situación excepcional. Sánchez anunció que se va a llevar a cabo la “mayor movilización de recursos públicos de la historia” en el Estado español. De momento, una exageración. Para el rescate bancario, se destinó más dinero público. Aunque la cantidad exacta sea diferente según las fuentes, en todo caso representó mucho más de 117.000 millones.
El presidente del gobierno español declaró que “el gobierno hará lo que haga falta para frenar la crisis del coronavirus”. Las declaraciones grandilocuentes hay que tomarlas con precaución, como las grasas y el azúcar.
Más del 90% del total de los recursos son avales e inversión privada. Solo alrededor del 7% de los recursos representa gasto directo hacia la ciudadanía. Si observamos lo que están haciendo otros países, vemos cómo el gasto directo está siendo mayor. Ayer mismo, Donald Trump declaró que el Gobierno de Estados Unidos destinará 2,5 billones de dólares en transferencias en efectivo (cash-transfer). Pero no solo es Estado Unidos, otros países avanzan ya en la línea de las transferencias en efectivo para hacer frente a esta crisis: Australia, China, Hong-Kong, Irlanda, Italia, Japón, Portugal o Singapur, entre otros. En Hong-Kong, por ejemplo, se ofrece un pago único a todos sus ciudadanos de 10.000 dólares locales per cápita, algo más de 1.100 euros. Como recientemente escribía el teórico del precariado, Guy Standing, “sería mucho más apropiado aprovechar la situación para introducir un sistema de renta básica, para empezar, al menos, mientras se prolongue la pandemia, que dé a cada residente del país una modesta retribución mensual sin condiciones, como derecho.”
Efectivamente, esta propuesta de Standing no está aislada. Son multitud las voces, los artículos, las redes sociales, los activistas sociales o los académicos que demandan una asignación monetaria incondicional a toda la población. Si un Gobierno tiene el objetivo de “rescatar a las personas” tiene más sentido que nunca que las personas cuenten con recursos, tengan o no empleo, para poder hacer frente a la difícil situación actual y la peor que se avecina.
“Rescatar a las personas”, sí. Pero en serio. Que toda la población tuviera modestamente la existencia material garantizada… ¿hasta fin de año? ¿Es mucho pedir? ¿Se trata de una propuesta escandalosa? Una renta básica de 1.000 euros mensuales para toda la población hasta final de año, por ejemplo. ¡Hasta final de año! ¿Es pedir mucho? Esto es menos dinero que lo que sirvió para rescatar a la banca española. Y que no se haga, para no castigar demasiado a la inteligencia, el cálculo de “economista de servilleta”, como Guy Standing ha calificado esta burda operación, de multiplicar los 1.000 euros por los meses que faltan para acabar el año y por los habitantes, para acabar concluyendo que este total es el “coste de la renta básica”. Esto sería el coste bruto, no el coste neto. Se han hecho proyectos de financiación de una renta básica desde hace tiempo para tener que repetir una vez más lo obvio. Por supuesto que la renta básica, que algunos la han rebautizado ante la situación actual como “renta de cuarentena”, debería ir acompañada de más medidas, esto se da por supuesto. Y algunas de las proyectadas por el Gobierno del Reino de España son aceptables. Pero aquí sólo queremos apuntar la necesidad urgente de una renta básica. Se repite insistentemente que ante una situación extraordinaria se trata de ofrecer medidas extraordinarias. Propósito encomiable que desgraciadamente no se condice demasiado con los hechos. La renta básica sí sería una medida extraordinaria ante una situación extraordinaria. Pero garantizar la existencia material de toda la población quizás parezca demasiado extraordinario a muchos gobernantes. Y cuando recordamos lo rápido, fácil y contundente que resultó salvar a la banca, nadie puede acusarnos de hacer la comparación. Y sacar conclusiones.
