Un entramado de impunidad,
corrupción y extractivismo confronta a los líderes indígenas en el suroccidente
de Colombia.
Por: Robin Llewellyn / Intercontinental Cry
Cuando el gobierno colombiano firmó
el acuerdo de paz con la guerrilla de izquierdas, Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC), en junio de 2016, le puso un fin tentativo
a más de cinco décadas de violentos conflictos armados. Pero desde que se firmó
el acuerdo de paz, los líderes sociales de toda Colombia han sido amenazados y
asesinados con alarmante regularidad. La provincia de Cauca se encuentra en el
epicentro de esta nueva ola de violencia.
El 5 de marzo de este año, una
amenaza de muerte fue colocada anónimamente bajo la puerta del consejo de
Yanacona, en Rioblanco, una reserva indígena en el municipio de Sotará, en lo
alto de las montañas del suroeste de Colombia. La amenaza de muerte apuntaba
directamente al gobernador y vicegobernador de Yanacona, así como a un guardia
de seguridad. El mensaje era tan oscuro como amenazador: sólo había una pista
de quien estaba detrás de ella. La carta fue firmada por “los asesinos de
Popayán".
Un año antes, el 2 de marzo de 2016,
el joven gobernador de Rioblanco, William
Alexander Oime Alarcón, fue abaleado y muerto en el centro histórico de la
capital caucana, Popayán. Las imágenes de CCTV muestran a
un atacante que lucha con el gobernador por su maleta, la que contenía los 20 millones de pesos (US $
6.500) que acababa de retirar de un banco para usar en programas sociales en la
reserva. En el video el asesino le dispara al gobernador en la cabeza, huyendo
en una moto conducida por un cómplice. Aunque nadie intentó intervenir, el
atacante no tomó el maletín.
El gobernador murió esa misma noche.
Era conocido por su nula tolerancia con la corrupción. Se había opuesto a la
expansión de cualquier forma de minería en la zona. Había concertado una cita
con el Defensor del Pueblo para la mañana siguiente para discutir una serie de
amenazas de muerte contra él.
El gobernador había sido acompañado
al banco por dos jóvenes de su reserva. Inmediatamente después del ataque, uno
de ellos tomó silenciosamente el teléfono de Oime Alarcón de su cuerpo:
pasarían dos semanas para que lo entregara a los investigadores.
Durante ese tiempo, el gobernador
asesinado ocasionalmente parecía estar disponible en su cuenta de Facebook,
como si su teléfono fuese accesado por un tercero.
Los otros jóvenes que estuvieron
presentes fueron escoltados a una oficina de la SIJIN, donde se ve, en una
oficina contigua, al atacante y su cómplice. Inmediatamente intentó atacarlos
físicamente fue detenido y guiado para dar su versión del ataque. Cuando salió,
los dos atacantes se habían ido. No están entre las ocho personas más tarde
arrestadas por el crimen (y rápidamente liberadas bajo fianza). La próxima
etapa del proceso judicial contra ellos se iniciará en octubre próximo.
El gobernador iba a ser acompañado
al despacho del Defensor del Pueblo por su primo Alexis Barahona, quien había
compartido su lugar de vivienda con el gobernador, en Rioblanco, antes de
trasladarse a la ciudad de Cali para encontrar trabajo. Sería en una visita a
Cali que, en octubre de 2015, Oime Alarcón le confesaría a su primo, tomando cerveza,
las amenazas que recibía.
"Me
dijo que lo amenazaban a cada rato", recordó Alexis. “Me
dijo nombres y todo. Las amenazas seguían llegando a la casa, y él simplemente
me contaba todo esto sonriendo. Dos personas le estaban amenazando por algunos recursos,
por algunas diferencias que existían en el consejo: por un dinero que mi primo
no quería que usaran. Al mismo tiempo me dijo que había diferencias entre él y
los que querían usar la tierra para la minería ".
Los nombres mencionados por Oime Alarcón a su primo
fueron Mesias Chicangana y Ancizar Paz, ex gobernadores de la reserva. Según
Alexis Barahona el gobernador no tomó en serio sus amenazas, creyendo que este "cartel de los gordos", no
tenía el poder de lastimarlo. El gobernador asesinado le dijo entonces a su
primo que un mensaje de texto amenazador lo señalaba como guerrillero y que
cuando el coltán había sido descubierto por encima de la reserva, había
empezado ya la presión hacia la comunidad para permitir la exploración y
explotación de este mineral.
Alarcón también mencionó que un representante de la
empresas minera en cuestión se acercó una vez fuera de la reserva para pedirle
que firmara una carta de consentimiento para permitir la entrada en el
territorio de la compañía, una petición que él rechazó. Según Alexis, los dos
miembros del "cartel de los
gordos" fueron investigados en relación con el asesinato de Oime
Alarcón, pero fueron exonerados de toda participación.
En todo este escabroso caso existía una cosa más que el
gobernador había dejado entre líneas, sin mencionarlo del todo: "Estoy haciendo algo importante, estoy
tratando de evitar que algo grande le suceda a Rioblanco", le diría a
Alexis, sin decirle lo que era. Sólo se lo diría al defensor del pueblo. "No quería hablar con nadie más, ni con
la Policía ni con el Consejo Regional Indígena del Cauca", agrega
Barahona.
Inmediatamente después del asesinato de Oime Alarcón,
mientras el suceso seguía reseñado como un simple robo, la líder indígena Aida
Quilcué dijo que los investigadores deberían considerar si las actividades
recientes, que la comunidad Yanacona había llevado a cabo en el Páramo de
Barbillas, habían sido una causa. El ecosistema de páramo de los territorios de
Yanacona es altamente vulnerable a una serie de amenazas ambientales, y allí la
minería ilegal de oro estaba en el ojo del huracán de la guardia y autoridades indígenas, quienes
buscaban cerrar estas minas.
"Ellos
ejercían el control territorial allí sólo ocho días antes", dijo sobre el gobernador muerto y sus colegas. "Consideramos que estos actos podrían
estar relacionados con el caso ... No creo que haya sido un simple robo; Es una
persecución ", afirma Quilcué.
Pero la hermana del gobernador, Elizabeth Alarcón, se
muestra escéptica sobre la conexión automática de la muerte de su hermano con
la minería. Para descartarlo señala la muerte en 1995 de otro líder que luchó
contra la corrupción en la reserva, Dimas Onel Majin. "Los dos hombres compartieron muchas características y los
responsables de ambas muertes nunca han sido identificados ... Si nos fijamos
en el origen de las amenazas que han llegado recientemente, fueron al interior
de la comunidad".
En Ríoblanco, agregó, "ha
habido un número de personas que han estado en la autoridad, en el control del
territorio, y él [Oime Alarcón] llegó con un tipo diferente de liderazgo, mucho
más cerca de la gente ... Él Quería hacer las cosas de manera diferente y se
encontró con la corrupción, y en el Cauca hay corrupción, y en su propia
comunidad hay corrupción".
Ante el fracaso de los investigadores estatales para
revelar a los autores del asesinato, Elizabeth Alarcón se ha quedado frente a
una serie de preguntas relacionadas con el ataque: "Se podría decir que es extraordinario porque lo asesinaron en el
centro mismo de Popayán donde se supone que hay mucha seguridad, pero no hubo
una respuesta de la policía a tiempo, no hubo una respuesta de la ambulancia a
tiempo ... la gente me ha dicho que estuvo tumbado en la calle durante 15
minutos. Y es relativamente cerca de los hospitales. Le dispararon aquí y ahí
está la clínica. Para organizar un asesinato de la manera que los
investigadores describieron por primera vez, ellos [los autores del ataque]
utilizaron a muchas personas, seis u ocho, y cada persona tenía su función: una
para hacer esto, otra para hacerlo. Así que creo que detrás de esto hay mucho
dinero y mucho poder ".
Las autoridades de Yanakona y el CRIC respondieron a la
amenaza "de los asesinos de
Popayán" convocando una reunión pública en Rioblanco que denunciaba
amenazas y ataques alrededor de sus dominios.
El presidente del CRIC, Carlos Maca, comenzó por
desacreditar la presencia de "nuevos
actores armados reunidos en los territorios [indígenas], bandas
criminales". Dichas “bandas
criminales", que se asemejan a grupos paramilitares anteriores o
actuales como Los Gaitanistas, Los Urabeños, Las Aguilas Negras o Los
Rastrojos, incursionan en los territorios violando sistemáticamente los
derechos humanos.
“Nunca cesan
de amenazar a nuestros líderes, llevan a cabo asesinatos selectivos y
extrajudiciales de líderes sociales, no sólo contra indígenas sino también
contra líderes afrocolombianos y campesinos. Pero el gobierno no quiere aceptar
esta realidad, ni las comisiones de derechos humanos que, de manera similar,
descuidan la organización de estos nuevos actores armados " denuncia con vehemencia Maca.
Fuera del salón de reuniones, vastas nubes oscurecían las
montañas circundantes, sólo ocasionalmente rompiéndose para permitir una vista
de las laderas color verde esmeralda, ubicadas más allá. En todo el Cauca, las
tasas de impunidad penal se ubican en más del 90%, disimulando las identidades
no sólo de quienes estuvieron involucrados en el ataque contra el Gobernador
Alarcón, sino también de las identidades de los grupos armados que han surgido
en toda la región. Pero como el número de amenazas y el número de asesinatos de
líderes sociales en el Cauca han superado el de todas las demás provincias de
Colombia, los analistas señalan varias dinámicas clave.
En mayo de 2017 el sitio web Pacifista! reseñó que "Diez de los 35 líderes asesinados en
Colombia desde principios de diciembre de 2016 murieron en el Cauca, casi todos
a plena luz del día y en zonas pobladas". Encontraron que entre las
causas principales de las muertes estaba la entrada de nuevas estructuras de
poder criminal en las áreas abandonadas por las FARC, después de su
desmovilización. Estos grupos incluían a los guerrilleros del ELN, así como
grupos de lo que ellos llamaban "paramilitares
post-desmovilización" - organizaciones que habían crecido a partir de
la disolución oficial de las AUC ("Autodefensas Unidas",
paramilitares de derecha que habían apoyado la represión del Estado contra la
guerrilla mientras, paralelamente, también robaban grandes extensiones de
tierra).
Los autores del mencionado artículo recurrieron a un
informe del Defensor del Pueblo titulado “Violencia
y amenazas contra líderes sociales y defensores de los derechos humanos”, que
denuncia como estos nuevos grupos armados han "amenazado particularmente a líderes comunitarios y habitantes que
se oponen tanto a la minería ilegal como a la de gran escala".
El sitio web también mencionó la prevalencia en el Cauca
de la industria de la coca, la continuación mortal del conflicto de tierras entre
las comunidades nativas de la NASA y la industria azucarera y la
estigmatización, y subsecuentes ataques contra activistas vinculados al CRIC y
al Movimiento de Marcha Patriotica, visible en los numerosos panfletos
producidos bajo la autoría de las Aguilas Negras.
Otros señalan la connivencia del sector minero en el
crecimiento de la violencia. El equipo de derechos humanos del CRIC asistió a
la reunión en Rioblanco, y María Ovidia Palechor reiteró que los líderes
sociales asesinados en la nueva oleada de asesinatos han sido "hombres y mujeres que han dicho “No a la minería”. Han dicho "no a los mega-proyectos".
Sigue siendo difícil atribuir, con total certeza, la
responsabilidad por las muertes o ver más allá de las nubes de incertidumbre
que ha creado la extrema tasa de impunidad criminal en Colombia. Sin embargo es
necesario preguntarnos ¿La dinámica explorada anteriormente no explica por sí
sola cómo los asesinos de Oime Alarcón sabían que estaba a punto de declarar
ante el Defensor del Pueblo? ¿O que estaría retirando dinero de un banco
específico en ese mismo momento específico? ¿Y todo esto solo no explica por
qué le quitaron el teléfono mientras él yacía moribundo en la calle?
Es posible que nunca lo sepamos, pero volver al tema de
la dinámica general de la delincuencia puede ser al menos útil para comprender
la ola de violencia que ha cobrado la vida de otros líderes sociales. En medio
de esta problemática, colmada de sozobra emergen otro par de interrogantes ¿Qué
participación tiene en todo esto el sector minero ilegal en el Cauca que muchos
han visto como responsable de la muerte del gobernador?, y ¿cómo este hecho se
relaciona con otros intereses políticos y económicos en la región?
En la reunión pública de Rioblanco, los gobernadores de
cada comunidad se sentaron en la primera fila de la asamblea con su personal de
oficina, rodeando una chakana, una
cruz precolombina extendida en el suelo que simboliza la filosofía y la
espiritualidad de Yanacona. En los otros asientos y alrededor de la vasta
entrada se reunieron miembros de la comunidad, uno de los cuales anunció su
preocupación por el retraso en el avance
de la investigación de Oime Alarcón. Esta persona recomendó que otro investigador estatal tomara
el control del caso.
Otros hablaron de manera más amplia sobre la historia del
conflicto violento que estaba afectando a la región y condenaron a las
instituciones estatales por su falta de interés y compromiso, visible
nuevamente en la negativa de los
funcionarios estatales en asistir al evento.
Casi todos los asistentes llevaban pesadas ruanas de
lana, para amainar el frío, entre ellas el gobernador jefe del pueblo Yanacona,
Ferley Quintero, quien presentó a la audiencia las medidas que se tomaron para
avanzar en su seguridad: "El Pueblo
Yanacona, sus autoridades y la comunidad, han podido avanzar en acciones de paz
que nos permitan vivir en armonía como pueblo en nuestro territorio y exigir
que seamos respetados por los grupos armados. Estamos fortificando la posición
de los guardias indígenas en la defensa de nuestro territorio, en la prevención
del consumo de alcohol en el territorio, en la prevención del cultivo de coca y
marihuana y en el desarme de los miembros de la comunidad. Pero hemos visto
nuestros esfuerzos contrarrestados por la violación de nuestro derecho al
consentimiento libre, previo e informado mediante la instalación de un Batallón
de Alta Montaña en nuestro territorio que representa un desequilibrio social y
territorial y además estamos amenazados por la minería y la política energética
que el gobierno está forzando en nuestros territorios”
Fuera del recinto, Inter Continental (IC) le preguntó a
un miembro del equipo de derechos humanos del CRIC ¿de que forma la minería
representaba una amenaza para sus comunidades?. Esto nos respondió: "En los territorios indígenas existe
un problema de minería ilegal, y otro en forma de minería legal, realizado por
Las multinacionales. El gobierno nacional está facilitando esta dinámica a
través de la provisión de títulos mineros. En relación con las multinacionales,
el gobierno no quiere aceptar que el paramilitarismo esté activo hoy en
Colombia, y lógicamente estas amenazas vienen de ese lado porque las BACRIM y
los paramilitares están regresando. Ellos, como antes, están protegiendo la
riqueza y propiedad de los ricos. La otra minería ilegal está muy bien
organizada, y está llegando a los ríos y montañas donde hay evidencia de oro, y
amenazan a las comunidades, las autoridades indígenas y los guardias indígenas
".
Nelson Cuspián Jiménez, Vicegobernador del consejo
indígena de Frontino, La Sierra, también estuvo presente, y le dijo a IC: "En el año 2006 Anglo Gold Ashanti
llegó a la comunidad, pero gracias al CRIC y al Gran Consejo de El Pueblo
Yanacona, se organizaron acciones para proteger el territorio y sus
comunidades. AngloGold había iniciado sus trabajos sin ejercer la consulta
previa exigida por las normas legales. Pero la semana pasada entraron
nuevamente "con toda" (con todo). Nos preocupa que como comunidades
indígenas, afrocolombianas y campesinas nos vayamos desplazando de nuestros
territorios, poniendo en peligro a los ancianos, los niños y las mujeres. Esto
equivaldría a la terminación de la comunidad indígena. El Estado debe afirmar
la relevancia de la consulta previa ".
En Frontino, el vicegobernador continuó "hay minas ilegales, los gold-panners
han usado mangueras de presión que han causado daños ambientales por varios
años, es necesario abolir la "minería artesanal". La minería legal e
ilegal es llevada a cabo por personas de afuera, pero también por algunos
miembros de las comunidades campesinas de la región. Pero las amenazas relacionadas
con la minería siempre vienen del exterior ".
La explosión de la minería ilegal se ha extendido a lo
largo y ancho del Cauca. Sólo en la última década, según el periodista Moritz
Tenthoff: "La fiebre del oro,
despertada en 2008 por la crisis financiera del capital especulativo,
quintuplicó el precio del metal entre 2002 y 2010. Aunque en el Cauca no hubo
empresas explotando oro hasta esa fecha, la producción de oro ha aumentado,
según el Sistema de Información Minero Colombiano (Sistema de Información de la
Minería Colombiana - Simco), de manera vertiginosa, pasando 621.54 kilos en
2008 a 3.544,39 kilos en 2013."
El gobierno, según el escritor colombiano Alfredo Molano,
ha exacerbado el problema. La Resolución 0045, ley aprobada por la Agencia Nacional
de Minería en junio de 2012, creó vastas "áreas estratégicas" para la
minería, que sin duda causaría que, según Molano: "miles de mineros grandes y pequeños preparen expediciones para
tomar posesión de las áreas de reserva 'ubicadas en las pocas regiones que aún
conservan las culturas indígenas, negras, bosques, ríos y humedales”. Luego
añade el mismo autor “¿Quién va a impedir
que esa masa de mineros invada los 22 millones de hectáreas y contamine ríos y
arroyos con mercurio y cianuro y compre autoridades indígenas y municipales?
Además, cuando lleguen les darán consejos a los guerrilleros y a los
comandantes paramilitares para proporcionarles a los mineros un servicio de
seguridad ".
Las amenazas, después de 2012, se sucedieron rápidamente,
algunas de las cuales corresponden a la entrada del sector minero en varias
comunidades: El Comité de Integración del Macizo Colombiano anunció que en 2013
y 2014: "Ambientalistas, autoridades
y organizaciones sociales del macizo colombiano denunciaron cómo en las
últimas semanas han sido víctimas de continuos seguidores, amenazas y
hostigamientos por defender su territorio y los ríos de la minería ilegal y en
gran escala que se está desarrollando en el Cauca ".
El sucesor de Oime Alarcón, como gobernador de Rioblanco,
es Juan Buenaventura Yangana. Este afirmó que la comunidad sigue sin conocer la
identidad real de los asesinos: "No
podemos confirmar cuáles son las fuentes de la acción criminal que acabó con la
vida de nuestro gobernador el año pasado".
IC le consultó sobre su posición acerca de la minería: "No participamos en proyectos mineros
porque destruyen nuestra Madre Tierra: la llenan de contaminación, con cianuro,
con todos los químicos que uno tiene que usar en la minería. La minería también
crea violencia porque genera mucho dinero, crea violencia y prostitución. Lo
que uno tiene que ver en relación a los recursos de dinero es que generan
muertes. Para los pueblos indígenas, los lugares donde se han detectado metales
preciosos tienen que ser respetados como sitios sagrados como los hemos
determinado, y no están allí para enriquecernos sino para mantenerlos como algo
sagrado en nuestra Madre Tierra ".
Con estas palabras, se pueden percibir los elementos
vitales de un conflicto, ya sea que tales dinámicas estuvieran o no relacionadas
en el caso específico de la muerte del ex gobernador: la ola de minas ilegales presumiblemente
están entrelazadas con muchas de las amenazas y ataques que han llevado a la
región a ser epicentro de la actual epidemia de violencia.
La ola también ha abarrotado muchas de las riberas del
departamento con movimientos de tierra amarillos, no obstante la ilegalidad de
su presencia, y su proximidad a las principales carreteras a lo largo de las
cuales pasan diariamente funcionarios de las instituciones de Estado.
Según un miembro del CRIC, que pidió no ser identificado,
esta cohabitación ejemplifica no sólo los sobornos y la intimidación que han
disuadido a los alcaldes y gobernadores de imponer estrictos controles legales
sobre el transporte de excavadoras, sino también a un apoyo tácito del Estado y
las multinacionales con el sector minero ilegal.
La violencia y la contaminación causadas por los mineros
ilegales debilitan el tejido social de las comunidades, las cuales se vuelven
menos capaces o menos inclinadas a resistir la entrada de las multinacionales.
El activista afirmó que las personas en las zonas afectadas siguen desesperadas
y están más inclinadas a creer en la promesa de reducir la contaminación
ambiental que está implícita en el eslogan que comparten y difunden el gran
lobby minero y el Ministerio de Minas de Colombia: "minería
bien hecha".
La gran mayoría del oro del Cauca se produce hoy en minas
sin título y luego se vende a través de empresas de comercialización para
entrar en los mercados "legales" en Cali y Medellín. Moritz Tenthoff
consiguió una entrevista con uno de los capos del sector minero ilegal del
Cauca, Alexander Duque Builes, quien atribuyó el nacimiento del sector a la
política del ex presidente Álvaro Uribe Velez: "Cuando llegó la política de 'seguridad democrática' [la
persecución de Uribe que consistía en una represión militar contra la guerrilla
en la cúal existía una participación de grupos paramilitares] vimos una
oportunidad para crecer y fortalecernos. Cauca tiene un inmenso potencial minero,
las zonas mineras son grandes, solo el tema del orden público ha sido la causa
del lento crecimiento que ha tenido Cauca ".
La mayoría de las áreas que hoy producen oro en el Cauca
son frecuentadas por grupos armados ilegales, entre ellos el ELN y las BACRIM
(paramilitares, que cobran dinero para proteger a los mineros que a veces han
sido desplazados de secciones fallidas de la economía rural. Estos pagos
alimentan otros intereses de los actores criminales, incluido el narcotráfico y
la extorsión, que sirven para cuestionar el control territorial ejercido por
las autoridades indígenas).
Miller Hormiga, abogado del CRIC, representa a las
víctimas del asesinato de Oime Alarcón. En pocas palabras intentó explicar por
qué la tasa de impunidad en el Cauca es tan alta: "El sistema de justicia colombiano carece de herramientas sólidas
necesarias para guiar sus investigaciones. A veces pasamos por alto el aspecto
tecnológico de las agencias de investigación, de la policía judicial, que
todavía no está en un buen estándar internacional. Todavía tenemos muchas
deficiencias, una gran carencia de personal, la imposibilidad de llegar a todos
los territorios. A su vez el contexto de riesgo que provoca el testimonio de no
participar de manera oportuna, la gran acumulación de casos a los que se
enfrentará un abogado y un juez ... todas estas cosas generan un clima que
favorece la impunidad: en muchos casos no se logra establecer quiénes fueron
los autores materiales e intelectuales de los actos. Eso en sí es una enorme
dificultad”.
Cuando se le preguntó a Hormiga sobre el impacto que la
minería ha tenido en el Cauca, este señaló que "Una de las cosas que siempre hemos visto con desconfianza es que
las actividades de minería ilegal preceden a los intereses o actividades de
minería legal de carácter nacional o internacional. Esto nos preocupa. Y lo que
sí sabemos es que hay interés desde el exterior en perseguir la minería en
territorios indígenas. También hemos visto que la minería representa
verdaderamente un riesgo potente para la vida de los pueblos indígenas ".
Las amenazas siguen sucediendo
en el Cauca indígena. Hace sólo unos días, Intercontinental trató de utilizar
una grabadora de voz, la cual no se utilizó porque la víctima, a lo cual
buscamos entrevistar, no quiso hablar los medios de comunicación. ¿Hubo
involucramiento del sector minero en esta impasse? Probablemente.
Sin poder realizar
entrevistas, las nubes de incertidumbre siguen ocultando detalles vitales. En
relación con la justicia, la impunidad que Hormiga describió podría ser una
amenaza tan poderosa para las vidas de los pueblos indígenas como el auge de la
minería ilegal. Podría existir una sinergia entre estas dos dinámicas que
pueden estar detrás de las acciones de los "Asesinos
de Popayán".
