A las mujeres y niñas les llegó la hora de organizarse y empezar a movilizarse en las calles masivamente por sus derechos para que no siga habiendo “ni una menos” y así avanzar en materia económica, jurídica, social y política como país.
Por: Juliana Herrera / Democracia en la Red
Una política pública se genera cuando se identifica una inequidad que debe ser solucionada para generar bienestar a la población; lo anterior no es del todo cándido; las sociedades más avanzadas han comprendido que, entre más derechos se les garanticen a sus gentes, estas vivirán mejor, se minimizará la brecha, habrá una mejor convivencia y, por ende, aumentará la productividad, propiciando el desarrollo de la nación. Así pues, las políticas de bienestar terminan siendo, más que un lujo, una necesidad imperativa para el progreso.
Históricamente la mujer ha sido la cenicienta del baile; por un lado, es la que sostiene con una mano la mitad del cielo y con la otra la mitad del mundo, pero a la vez, la más golpeada por el sistema. El grueso de la población femenina se ve limitada a la llamada “economía del cuidado” -que son, en otros términos, labores del hogar-, impidiéndole independencia económica. En el caso de Colombia las cifras son preocupantes: 5 millones de amas de casa, con una tasa de desempleo mayor a la de sus compañeros en un 4,9%, participación estancada en el mercado laboral desde hace 10 años y aquellas que logran vincularse a la vida laboral, pese a tener en promedio más años de educación que los hombres (10,5 años ellas, respecto a 10,2 años de ellos), ganan un 7% menos que sus pares, sin mencionar que, de acuerdo al ranking de equidad realizado por la consultora Aequales, solamente el 58,7% de las empresas en Colombia cuentan con un protocolo de prevención y acompañamiento ante casos de acoso sexual o laboral y tan sólo el 29,8% cuentan con políticas de equidad de género y diversidad. Teniendo en cuenta a lo anterior, se creería que un cúmulo de políticas públicas en salud, género y trabajo se estarían gestando desde los gobiernos para solucionar la brecha, pero la realidad es otra: Colombia, al igual que buena parte de los países en desarrollo alrededor del mudo, se ha anquilosado en la garantía de derechos civiles y más aún en derechos de género.
“Educación sexual para decidir; anticonceptivos para no abortar; aborto legal para no morir”
Con la aprobación de la despenalización del aborto en la cámara de representantes argentina –la cual se logró producto de la presión política ejercida por las masivas movilizaciones de hombres y mujeres en las diferentes ciudades del país austral-, el asunto de las políticas públicas en materia de género está moviendo los titulares de prensa en América Latina, siendo el detonante preciso para que los países de la región vuelvan a poner las cartas sobre la mesa y se genere una agenda seria respecto al tema.
De acuerdo a los estudios presentados por la OMS y por el instituto Guttmacher (2017), el 93% de los países en los que se restringe el aborto total o parcialmente, son países en desarrollo, contrario a los países con altos ingresos de la OCDE, cuya legislación es más liberal. Sin embargo, la restricción del procedimiento contraría las cifras: de los 44 millones de abortos anuales que en promedio se practican a nivel global, cerca de 19 millones se consideran abortos inseguros y si se tiene en cuenta que la proporción de abortos practicados en países con restricciones respecto a los países sin restricciones es de 37 – 34 abortos por cada 1000 embarazos, no es de extrañar que el 68,8% de los abortos inseguros a nivel mundial se localicen en los países con restricciones al procedimiento, demostrando que la legalización de este lo que hará será dar garantías a las mujeres que lo requieran, más allá de incentivar su práctica.
En el mismo informe del instituto Guttmacher se consigna: “Una reforma legal no es suficiente por sí sola. Esta debe ser acompañada de políticas públicas y de una implementación total de la legislación para que todas las mujeres –independientemente de la capacidad de pago o del estigma social- puedan buscar un aborto legal y seguro (…) decidir cuándo y cuántos hijos se tendrán es un derecho humano fundamental”.
De este modo se entiende también que la legalización del aborto no es suficiente, se precisa un conjunto de políticas públicas en los diversos ámbitos sociales que atiendan a todas las mujeres en sus diferentes edades, estratos y regiones generando real educación sexual para la prevención y el cuidado; acceso democrático a métodos anticonceptivos, programas de atención en salud efectivos, entre otros aspectos que evidencian la necesidad de un cambio de modelo.
Para las niñas y adolescentes el escenario es aún peor: entre 2008 y 2014, el 23,4% de los embarazos fueron adolescentes, un 4% de ellas entre los 10 y los 14 años, teniendo la desigualdad de género y la falta de garantía de derechos humanos producto de la pobreza como factores preponderantes (UNFPA, 2013) y así, constituyéndose el embarazo adolescente como un serio problema en salud pública con alto impacto socioeconómico. “Adicional a los efectos en la salud –las muertes prenatales aumentan en un 50% cuando la madre es menor de 20 años-, el embarazo en adolescentes también ocasiona múltiples problemas sociales, tales como: conflictos familiares, deserción escolar, cambio de proyectos de vida, discriminación, matrimonio servil o a temprana edad, reducción de ingresos y pobreza, al tiempo que desestimula la productividad y el crecimiento económico de una sociedad (ONU, 2010, p. 6)”.
En la actualidad Colombia se encuentra entre los países con restricción parcial del aborto (sentencia C 355 de 2006), adicional a un acceso precario a anticonceptivos, falencias en sus políticas de salud sexual y reproductiva, preocupantes indicadores en violencia de género y exclusión, entre otros tantos aspectos que se acentúan por el modelo económico imperante. A las mujeres y niñas les llegó la hora de organizarse y empezar a movilizarse en las calles masivamente por sus derechos para que no siga habiendo “ni una menos” y así avanzar en materia económica, jurídica, social y política como país.
• “Abortion worldwide 2017. Uneven progress and unequal Access”. Guttmacher institute.
• “Safe abortion: technical and policy guidance for health systems”. Second edition.
World Health Organization, Department of Reproductive Health and Research.
• “¿Por qué es importante la despenalización del aborto en Argentina para Colombia y América Latina?” El Espectador. 15 de junio de 2018. [Tomado: 15 de junio de 2018, 7:15 pm]. https://www.elespectador.com/cromos/maternidad-y-bienestar/por-que-es-importante-la-despenalizacion-del-aborto-en-argentina-para-colombia-y-america-latina-articulo-794603
• “Mercado laboral por sexo. Trimestre móvil febrero-abril de 2018”. Boletín técnico. Gran Encuesta Integrada de Hogares, DANE.
• “Embarazo en adolescentes. Generalidades y percepciones”. Observatorio del bienestar de la niñez. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (2015).
• “La despenalización del aborto en Colombia: diez años de un derecho no realizado”. Observatorio Dejusticia. Mayo 11, 2016. [Tomado: 15 de junio, 2018. 6:30 pm]. https://www.dejusticia.org/la-despenalizacion-del-aborto-en-colombia-diez-anos-de-un-derecho-no-realizado/
• KAUFFMAN, Celeste. “¿Por qué tantas mujeres latinoamericanas aún se someten a abortos inseguros?”. Observatorio Dejusticia. Diciembre 2, 2015. [Tomado: 15 de junio 2018. 6:40 pm] https://www.dejusticia.org/column/por-que-tantas-mujeres-latinoamericanas-aun-se-someten-a-abortos-inseguros/
• LIBERTAD M., REYES Z. “Conducta sexual, embarazo y aborto en la adolescencia. Un enfoque integral de promoción de salud”. Revista Cubana Salud Pública v.29 n.2 Ciudad de La Habana abr.-jun. 2003
