S.O.S por la vida y el territorio: los peligros de la extracción petrolera en la provincia de Sugamuxi.

Después de reflexionar seriamente al respecto es necesario plantearnos la siguiente pregunta ¿Que le ha dejado la actividad petrolera a la Provincia de Sugamuxi?

Por: Dianna Camila Dávila / Democracia en la Red.

Mucho se ha comentado sobre la suspensión de la audiencia pública del 29 de septiembre, a realizarse en el municipio de Pesca (Boyacá). El encuentro, tenía como objetivo socializar la intención de la multinacional francesa Maurel & Prom de explorar y explotar petróleo en inmediaciones de la Laguna de Tota. Finalmente esta fue aplazada para el domingo 6 de noviembre.

La misma empresa transnacional en cuestión lleva más de cinco años intentando extraer crudo del suelo de la Provincia de Sugamuxi. En 2011, Maurel & Prom, anunció la puesta en marcha del proyecto, mal llamado Muisca 3D, que pretendía sacar petróleo de 6 municipios de la región. En alianza con la Compañía Geofísica Latinoamericana, CGL, en su momento socializaron ante las comunidades de Betania, Tota, Pesca, Firavitoba, Iza y Sogamoso un engañoso proyecto de sísmica y extracción petrolera, que atenta gravemente contra la zona adyacente a la cuenca del Lago de Tota.

El peligro latente para la región, y para el futuro de una de las lagunas más emblemáticas del país, en palabras de Oscar Vanegas, ingeniero de petróleos y docente de la Universidad Industrial de Santander es evidente. El mismo Vanegas advierte, en entrevista reciente al respecto lo siguiente: “no podemos arriesgar un ecosistema tan frágil como este porque según el mismo Ideam, la zona más débil con el cambio climático es Boyacá y casi toda la cordillera oriental, los páramos no son capaces de adaptarse a este cambio y va a haber menor lluviosidad y está propensa a que el cambio climático la convierta en un desierto por lo que no se puede permitir que esta zona sea explotada”.[1] 

A un centenar de kilómetros de la Provincia de Sugamuxi, en el Departamento de Casanare, permanecen vivas las imágenes, en la retina de miles de compatriotas, del agotamiento de las fuentes hídricas que ese territorio experimentó producto de la extracción de petróleos con la técnica de fractura hidráulica o fracking , la cual requiere de ingentes cantidades de agua para la exploración y explotación. 

Los daños ambientales de este método para Casanare, no solo significaron la extinción del agua subterránea, el desecamiento de lagos y ríos sino la muerte de miles de aves, babillas, chigüiros, vacas y peces.

Estas externalidades ambientales se repiten a lo largo y ancho del territorio nacional; los proyectos de Cerrejón en la Guajira; de La Colosa en el departamento del Tolima; Camaranta y Marmato (Caldas); Cerromatoso (Córdoba) y la intención de explotar oro a cielo abierto en el páramo Santurban (Norte de Santander) son algunos de los ejemplos que reflejan como la degradación ambiental y social que el extractivismo trae consigo es más preponderante que los réditos económicos que esta actividad trae para las finanzas nacionales.

La minería y la extracción de hidrocarburos es una actividad que produce millones de dólares en dividendos para las compañías multinacionales que la llevan a cabo. Y es precisamente su connotación de lucro o interés particular, por encima de cualquier contemplación moral y ética, la que termina convirtiendo a esta actividad en antagonista del interés y bienestar de las comunidades y de la suerte del país en general.

Lo inverosímil del caso es que dichas empresas terminan pagando impuestos casi nulos al fisco nacional; evaden gravámenes; transfieren miles de millones de dólares sin ningún control tributario; desplazan comunidades; amenazan líderes que se oponen a los proyectos minero-energéticos en las regiones, hasta llegar al punto en que dichas advertencias se han traducido en asesinatos.

Boyacá no es la excepción a la regla ya que sufre de manera agresiva los efectos devastadores de la minería y los hidrocarburos. El enfrentamiento de las comunidades con los proyectos extractivitas se han agudizado y multiplicado en los últimos 10 años.

El departamento es percibido en el imaginario colectivo nacional como una región pacífica, colmada de verdes paisajes, con una cultura y raíces bastante intrincadas y ancestrales que se caracteriza por el peso superlativo de la agricultura en la economía departamental. Mientras el agro representa el 13,9% del PIB boyacense, en el orden nacional esta cifra solo alcanza un 5,8%.

La gran cantidad de páramos que se extienden por todo el departamento la convierte en una de las regiones, sino la más prolífica del país, que más cuencas hidrográficas abastece. Por citar algunas podemos enumerar las de los Ríos Magdalena, Suarez, Chicamocha, Arauca y Meta.

Y después de reflexionar seriamente al respecto es necesario plantearnos la siguiente pregunta ¿Que nos ha dejado esta actividad petrolera?

En el caso del ecosistema que rodea el Lago de Tota, este ha visto como 210 cuerpos de agua han desaparecido debido a las actividades de sísmica iniciales realizadas por la empresa Maurel & Prom. En palabras de la misma compañía se develan más facilmente sus verdaderas intenciones: “sea como sea, vamos a hacer la explotación asi se violen los derechos de las comunidades”..

El ejemplo del municipio de Pesca es escabroso: la actividad de Maurel & Prom desplazará aproximadamente a 7000 habitantes del municipio y de las dos veredas de la población de Tota. De las 21 veredas de Pesca, 15 estarán expuestas a la exploración y explotación petrolera, salvándose solamente 6.

Daisy y Romero, dos de las once veredas del municipio de Tota, han venido siendo invadidas por la multinacional. En su territorio esta compañía ha venido comprando terrenos de forma vertiginosa. Casualmente estas son las dos zonas más montañosas de la región, bordeando la línea de páramo. Su paisaje, sus recuerdos y su memoria ancestral, de persistir esta dinámica depredadora, solo quedará consignada en fotos, que el tiempo se encargará fríamente de borrar.

El comienzo de esta “mentiro-sísmica” data de 5 años atrás, cuando los ingenieros engañaban a las comunidades diciéndoles “estos son unos aparaticos que no les van a afectar”.

El tiempo se encargó de corroborar de que dichos “aparaticos”, en realidad detonadores, con su cableado respectivo, si han afectado la vida de las comunidades. Se han tomado denuncias que demuestran que tiempo después de haber sido instalados, los habitantes se vieron perturbados por fuertes ruidos, al igual que víctimas del progresivo desecamiento de nacimientos de agua, pozos comunales, múltiples agrietamientos de sus hogares y deslizamientos de tierra contínuos. Al profundizarse las aguas superficiales, empezaron los inconvenientes de las comunidades con esta compañía.

La dimensión del engaño, contra los campesinos, incluye frases como "nosotros vamos a ingresar a su predio una carga de Sismigel, que explota pero no explota". El sismigel es un explosivo de nivel 6 de riesgo, según información obtenida de la ficha técnica suministrada por la Industria Militar Colombiana, Indumil, en la ciudad de Sogamoso.

Para realizar su actividad, Maurel & Prom pagó a los habitantes de la zona, valores irrisorios por dejar pasar los cables de activación del explosivo, a través de sus predios, los cuales se vieron gravemente afectados.

Muchas viviendas de la región son elaboradas con adobe y tapia pisada, estructuras frágiles que colapsaron como consecuencia de las múltiples explosiones. Los afectados han recibido respuestas como el ofrecimiento, a manera de indemnización, de 80 mil pesos por cada vivienda dañada así como promesas de vacantes laborales para los habitantes de la zona.

Desde nuestro tejido organizativo, en defensa de la vida y el territorio local, denominado Colectivo por la Protección de la Provincia de Sugamuxi, en relación a la problemática de la exploración y explotación petrolera en la región, hemos establecido, recolectado información e inferido lo siguiente:

1. Esta afectación sísmica ha generado un impacto directo en el recurso hídrico que hace parte del rio chicamocha, afluente de agua que atraviesa gran parte del país y cuya cuenca esta afectando a uno de los municipios en cuestión, como lo es Pesca.

2. Como colectivo hemos registrado cuántos son los nacimientos de agua que han desaparecido, entre los que se encuentran 210 aljibes.

3. Inicialmente el territorio otorgado por el ANLA a la multinacional, para la exploración y explotación petrolera, fue de 35.000 hectáreas que se redujeron a 8.033 hectáreas, al hacerse efectivas algunas denuncias en un comunicado emitido por la Contraloría, el cual estableció que en esa zona no es posible hacer actividad petrolera por las “irreversibles afectaciones que se generan en el Lago de Tota y comunidades aledañas”. El perímetro actual ha sido alejado de la cuenca del lago. Sin embargo, la cuenca del río sigue siendo vulnerada al extenderse el impacto más allá de las comunidades rurales, llegando a afectar a los habitantes de la ciudad de Sogamoso, quienes consumen las aguas de esta zona de recarga hídrica.

4. Frente a este panorama, las comunidades decidieron organizarse para impedir la exploración petrolera en sus territorios. Desde diferentes organizaciones ambientales se hizo posible la realización de una Audiencia Pública donde se evidenciaron las afectaciones y denuncias puntuales de las comunidades sobre el tema hídrico, las remociones en masa y el desplazamiento. Esa información fue enviada al Ministerio de Medio Ambiente, la Procuraduría, la Contraloría, Corpo-Boyacá y la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Sin embargo, hasta el momento, los pobladores no han obtenido respuesta o solución alguna.

5. Lo sucedido en la región ha servido de oportunidad perfecta para que personas inescrupulosas, algunas financiadas por agentes políticos locales, y la misma Maurel & Prom, hayan querido usufructuar el proceso de lucha ambiental para beneficio propio. Estos “falsos ambientalistas” han intentado tomar la vocería de las comunidades para frenar cualquier tentativa de la población por enfrentar a quienes actúan en contra de sus intereses, en este caso los organismos públicos cooptados por la multinacional.

Notas

[1] "La explotación en Boyacá es más grave que en Caño Cristales", entrevista a Oscar Vanegas. Periódico Entérese, octubre 23 de 2016. 

Un desastre forestal llamado Quimbo.

Los escándalos ambientales y sociales que han rodeado al proyecto del Quimbo están lejos de llegar a su fin. 3.000 hectáreas de bosque seco pueden haber sido taladas de manera ilegal al no haberse tomado en cuenta una veda sobre especies en el proceso de licenciamiento.

Por: María Lourdes Zimmermann – Alberto Castaño / Sostenibilidad Semana.

El proyecto hidroeléctrico El Quimbo desarrollado por Emgesa, que entró en funcionamiento a finales de 2015 prometía generar el 5 por ciento de la energía eléctrica del país. Sin embargo, el desarrollo del proyecto carga con el presunto aprovechamiento forestal ilegal de más de 3.000 hectáreas de bosque seco.

Esta historia de incumplimientos y permisividad inició en 2009 cuando el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, otorgó licencia ambiental a Emgesa para desarrollar el proyecto sobre la cuenca alta del río Magdalena al sur del departamento del Huila en 8.500 hectáreas ubicadas en la Reserva Forestal de la Amazonia. La zona en la que se llevaría a cabo el proyecto tendría un impacto directo sobre ecosistemas de bosque seco, muy seco y premontano con más de 324 especies de flora registradas según el Estudio de Impacto Ambiental desarrollado por Ingetec.

Pero el aprovechamiento forestal de las 3.230 hectáreas de bosque aprobadas en la licencia ambiental, tenía una delicada particularidad que no fue incluida: el área a intervenir, tenía una veda de aprovechamiento, transporte y comercialización de especies epífitas (plantas como musgos, líquenes, quiches, lamas y orquídeas que crecen sobre otras plantas usándolas como soportes para su desarrollo) declarada por el Inderena desde 1977, resolución aún vigente.

Para aprovechar un bosque con especies protegidas había que pedirle al Ministerio de Ambiente que levantara la veda. El primer paso para hacer el aprovechamiento era sustraer del área de reserva forestal 95 por ciento de los terrenos donde estaría ubicado el proyecto. Para lo anterior, el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, por medio del ministro de Minas Mauricio Cárdenas, declaró los predios como “utilidad pública” para favorecer la construcción y operación de El Quimbo.

Después de cinco años de aprobado el proyecto y más de ocho modificaciones de licencia, Emgesa adelantó el aprovechamiento forestal de las 3.230 hectáreas de bosque seco sin tener en cuenta que la veda de epífitas que estaba vigente.

La Corporación Autónoma del Alto Magdalena (CAM) solicitó a la Anla la suspensión temporal del aprovechamiento forestal en junio de 2014, hasta tanto no se tramitara el permiso de levantamiento de veda ante la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, en cabeza de María Claudia García Dávila. Pero la Anla respondió que “la realización del levantamiento de la veda no era una obligación de la licencia ambiental”, dejando al descubierto que la licencia nunca contempló una veda de epífitas. Sin más, Emgesa inició el aprovechamiento del bosque en agosto de 2014.

Meses más tarde, la CAM emitió nueva orden a Emgesa, a través de la resolución 2134 del 20 de octubre de 2014, para suspender el aprovechamiento forestal hasta tanto se diera cumplimiento al trámite de levantamiento de la veda. La Anla permitió que la empresa desacatara la medida y erradicara el bosque a pesar de contener especies en veda.

En medio de entidades públicas que nunca se pusieron de acuerdo y en un país en donde se cree que pedir perdón es mejor que pedir permiso, Emgesa solicitó en mayo del 2015 el levantamiento de veda ante el Ministerio de Ambiente cuando ya no había nada que hacer, pues el 92 por ciento del bosque seco ya se había aprovechado.

La Dirección de Bosques consignó en la resolución de levantamiento de la veda que los terrenos en donde se encontraban las epífitas solo correspondían al 0,06 por ciento, equivalente a 193 hectáreas de las 3.230 sobre las que se debía aplicar la medida.

La Resolución 1526 del 23 de junio de 2015 especificó que la empresa aprovechó el 99 por ciento del bosque del área mientas aún estaba en veda. Tres días más tarde, la Anla levantó la medida preventiva que le había impuesto la CAM a Emgesa y con ello permitió que se usara el material para llenar la represa.

El director de Emgesa, Lucio Rubio, afirmó que 15 días antes del llenado de la represa la compañía retiró 250.000 metros cúbicos de biomasa gracias a un trabajo desarrollado durante los 18 meses anteriores. Según Rubio, “con respecto a las epífitas, la obligación es solicitar el permiso del levantamiento de veda y una vez levantada hacer el monitoreo y el manejo de estas, cosa que también hemos cumplido”.

Durante 18 meses se acumuló la biomasa, pero el permiso de levantamiento de veda se otorgó solo siete días después de la entrevista y cinco antes del llenado. Es decir, 18 meses haciendo aprovechamiento forestal sin cumplir con la ley.

Según Hilda Dueñas, el inventario para el levantamiento de la veda no incluyó, por considerarse de difícil acceso, el área que alberga el mayor número de especies amenazadas.

“El levantamiento de veda no es claro o por lo menos es dudoso: no se especifican las especies por sus nombres científicos, no hay una identificación a nivel de especies e incluso, en el caso de las orquídeas, es necesario identificar subespecies y variedades pero el inventario no lo contempla así”.

Un mes después de iniciar el llenado de El Quimbo, Anla abrió una investigación preliminar contra Emgesa por no aprovechar la totalidad del material vegetal del vaso de la represa tal y como lo impuso la licencia ambiental. No se habla, sin embargo, del presunto aprovechamiento ilegal del bosque seco ni del peligro sobre las especies epífitas de inmensa importancia para la salud del bosque.

¿Y las epífitas qué?

Las categorías de epífitas incluyen musgos, líquenes, bromelias y orquídeas. Son plantas que no son parásitas pero crecen sobre otras para aprovechar su luz, agua y soporte. Según Andrea Barrera, experta de la Universidad de los Andes, su función en el ecosistema es fundamental: “proveen refugio y alimento a insectos, arácnidos, aves y anfibios pequeños que habitan en el dosel, especialmente en la época seca, ya que actúan como reservorios de agua. Sirven como nichos reproductivos para muchas de esas especies y contribuyen en el ciclaje de nutrientes en ese estrato del bosque”.

Estas plantas son muy apetecidas para su uso ornamental, por lo que desde 1977 el Inderena estableció una veda nacional sobre ellas. Las autoridades ambientales exigen medidas de protección y conservación a los proyectos que contemplen talar los árboles que habitan.

Los movimientos del agua: Boyacá se sacude y salpica.

El pasado 14 de febrero, en Arcabuco marcharon más de 500 personas desde el casco urbano hasta una mina localizada sobre la vía que conduce a Tunja. La movilización fue convocada por el Movimiento Ambiental Arcabuqueño y en ella participó masivamente la población de ese municipio, así como representantes de las diferentes organizaciones y movimientos cívicos de la región y del departamento.

Por: Clara Ángel Ospina/ Periódico El Turbión

Hace ya más de una década que comenzó la feria de las concesiones mineras en Colombia y el mundo. Solamente en el gobierno de Uribe se entregaron 8.000 títulos. Boyacá, un departamento central del país que cuenta con una localización privilegiada cerca de la capital, donde están la industria y los mercados, y se encuentra habitado por familias campesinas minifundistas que, en su mayoría, viven en condiciones de atraso y bajo nivel educativo, reúne las condiciones óptimas para el establecimiento de empresas dedicadas a las actividades extractivas.

Casi sin percatarnos al comienzo, de repente nos dimos cuenta de que aparecieron personas ‘raras’ en nuestros territorios, comprando tierras con el cuento de que era para ‘hacerme una cabañita’. Después, trajeron a otros con equipos para hacer exploraciones o tomar datos, y hacer reuniones con la gente ofreciéndoles proyectos fabulosos. Cuando todo el país se pellizcó, cuando el continente y los continentes del sur nos pellizcamos, ya el problema era grave.

Y ahora está enfrentada la población civil, muchas veces aliada con los gobiernos locales, contra un Gobierno Nacional aliado casi siempre con las empresas transnacionales y nacionales. Pero, en pelea larga hay desquite. Y, ahora, con hechos como el pronunciamiento reciente de la Corte Constitucional sobre la ilegalidad de la minería en los páramos, la balanza empieza a ponerse de nuevo en su lugar. Así, recuperamos el aire y nuevos bríos para seguir esta, que sabemos justa e inaplazable, tarea de cuidar la madre tierra. Y lo estamos sintiendo.

De Boyacá en sus campos

El Colectivo del Alto Ricaurte e Iguaque logró que Ecopetrol retirara su proyecto de establecer una planta de rebombeo en los límites entre Sutamarchán y Villa de Leyva, y luego se opuso también con resultados positivos a que la cadena Éxito montara un supermercado en Villa de Leyva que afectaría a la población local que vive de sus pequeños negocios.

Hace pocos años, como respuesta al problema de los títulos mineros en el municipio, se formó el Movimiento Cívico por el Agua y por la Vida de Gachantivá, que comenzó a trabajar junto con el Colectivo del Alto Ricaurte en la propuesta de hacer declarar la región como patrimonio cultural de la humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y apoyó la oposición al proyecto de Ecopetrol. Este movimiento ha seguido consolidándose y creciendo y ya está terminando la campaña ambiental “Sí a la vida, no a la minería” que comenzó en el mes de julio del año pasado.

En este tiempo, realizó varias actividades buscando informar de manera seria y responsable a la población gachantivense sobre los títulos solicitados y las actividades que planean desarrollar varias empresas mineras. Igualmente, se propuso difundir a través de medios de comunicación, en los municipios vecinos, el departamento, el país e internacionalmente esta grave amenaza para buscar solidaridad y apoyo. Visitas casa a casa, afiches, una exposición de fotografía, cuñas radiales, camisetas, talleres, reuniones y vídeo foros fueron las actividades realizadas.

Estos títulos cobijan cerca del 50% del área del municipio. Solamente el de Cementos Tequendama cubre la cuarta parte del área del municipio más cercana al pueblo y está localizado alrededor del casco urbano. Es fácil imaginar el grave impacto sobre el medio social y ambiental que su implementación provocaría.

Podemos decir que la campaña fue un éxito. El hecho de que coincidió con una buena parte de la campaña para las elecciones municipales y departamentales influyó en que el tema ambiental se volviera central, obligando a los candidatos y candidatas a pronunciarse e incluir propuestas concretas en sus programas de gobierno al respecto, y determinara, en buena medida, el resultado en las urnas.

La población ganó bastante conciencia sobre la importancia de cuidar los bosques, la biodiversidad, el agua, los valores culturales. Comprendió que lo que estaba en juego era importante, irremplazable. Y que su tierra, sus tradiciones, su conocimiento del territorio y sus recursos, sus familiares, vecinos y amigos, son una riqueza más valiosa que el dinero. Hoy sólo unas pocas personas de Gachantivá piensan que la minería los puede beneficiar.

En Gachantivá, al igual que en el país y en el mundo entero, la resistencia civil contra la minería crece. Para el gobierno central y las empresas es cada día más difícil encontrar argumentos para convencer a la población de las bondades de esta alternativa económica.

La minería deja sin medios de subsistencia a miles de campesinos y en compensación genera una cantidad ínfima de empleo. Los precios de los minerales que se extraen son ridículos en comparación con el costo de reparar los daños ambientales. Los dineros por concepto de la minería le dejan déficit a las finanzas públicas. Incluso dentro de la lógica capitalista cuesta trabajo entender que los gobiernos de los países ‘en vías de desarrollo’ sigan empeñados en promover el modelo extractivista.

Solamente puede comprenderse como un acto desesperado del gobierno por ‘agarrar’ lo que haya a la mano, lo que sea fácil de quitarle a quienes más sencillo quede, en este caso las poblaciones de pequeños campesinos, indígenas y afrocolombianos. También puede verse como el resultado de políticas internacionales en las que las empresas transnacionales, hoy más poderosas incluso que los gobiernos de los países ricos, obligan a nuestros estados a aceptar estas condiciones clara y severamente negativas para nuestro desarrollo.

El pasado 14 de febrero, en Arcabuco marcharon más de 500 personas desde el casco urbano hasta una mina localizada sobre la vía que conduce a Tunja. La movilización fue convocada por el Movimiento Ambiental Arcabuqueño y en ella participó masivamente la población de ese municipio, así como representantes de las diferentes organizaciones y movimientos cívicos de la región y del departamento: hasta allí llegaron de Villa de Leyva, Ráquira, Tunja, Gachantivá, Sogamoso y Tinjacá. También estuvieron presentes muchos de los veedores ciudadanos que se formaron recientemente en un diplomado de la Contraloría Departamental. Fue una marcha pacífica, organizada, con un ambiente amable que nos mostró la fuerza que esta posición ha ido cobrando. Mientras recitábamos consignas, la Policía nos escoltó los cinco kilómetros del recorrido. La logística se encargó de proveer aguapanela y agua con pan.

Múltiples pancartas elaboradas por los participantes con mensajes alusivos al cuidado del agua y la naturaleza y contra la minería sirvieron para hacer conocer a los observadores el motivo de la protesta. Desde los carros que circulaban por el carril libre recibimos pitos y palabras de aprobación, lo que nos mostró que este tema tiene vigencia nacional, que no es solamente del campo, que también la gente en las ciudades ha ido despertando y se han dado cuenta de que lo que pase aquí les afecta y tiene que ver también con sus vidas.

Al final quedaron planteadas acciones concretas para el caso de Arcabuco. Aunque, gracias a un plantón que hizo la comunidad Arcabuqueña en Corpoboyacá, se logró que se suspendiera temporalmente la licencia a la empresa minera. Así las cosas, la comunidad decidió establecer un campamento junto a la entrada de la mina para impedir que esta vuelva a funcionar y va a exigir a Corpoboyacá que revoque la licencia, para lo cual ya tienen dos abogados estudiando la documentación y preparando la demanda.

Y quedaron hechos los acuerdos y compromisos entre las organizaciones y movimientos participantes para seguir trabajando conjuntamente y apoyarnos, porque sabemos que no es fácil y que tomará tiempo. Es necesario. Es para cuidar nuestra “casa común”, como la llama el Papa, la tierra generosa que nos da cobijo. Pero hay jóvenes que le aportan vitalidad, hay personas mayores que le dan la experiencia y persistencia, hay mujeres que le dan la calidez, hay hombres que le dan su fuerza, hay niñas y niños que le dan belleza, que le dan alegría. ¡Tenemos futuro!

Extractivismo, negociaciones y paz.

La formalización de los diálogos de superación del conflicto armado entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional -ELN- permite retrotraer y poner sobre la mesa algunas de las reflexiones frente a la cuestión ambiental y la paz en el país.

Por: Censat-Agua Viva

Varios son los temas que han estado en la preocupación del ambientalismo por la relación entre el proceso de negociaciones para el fin de la guerra y los conflictos socio – ambientales que se acentúan y amplían con la imposición del modelo de desarrollo actual basado en el extractivismo. No obstante el respaldo irrestricto que debe primar para que el conflicto armado, social y político sea solucionado a través del diálogo y la búsqueda de una salida política negociada, es necesario presentar los aspectos emergentes en las tensiones ambientales.

Primero. Asalta la preocupación de que en un posible pos-acuerdo se entregue a las trasnacionales grandes porciones del territorio del país que estuvieron bajo el control de las insurgencias, y se dé paso a la explotación agenciada vía megaproyectos de carácter extractivo.

Segundo. Las propuestas en términos ambientales que se han esbozado y han permeado incluso la construcción del Plan Nacional de Desarrollo (2015 - 2018), orientan la institucionalización de un modelo de economía verde que tiene como algunos de sus postulados: la concepción de la naturaleza como capital natural; supuestos esquemas de minería sostenible con la participación de las comunidades y los excombatientes; fortalecimiento institucional ambiental a partir de los ingresos obtenidos de Pagos por Servicios Ambientales -PSA- y Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación -REDD; y la estructuración de un modelo productivo sin sujetos campesinos y con proyecciones de proletarización del campo bajo gobernanzas de carácter corporativo.

Tercero. Mientras se avanza en la construcción de las condiciones de posibilidad para el cierre de las negociaciones con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC-, y se instala oficialmente la mesa de negociación con el ELN, arrecia la violencia contra las y los defensores de la naturaleza. En los últimos días, una decena de defensores de derechos territoriales han sido asesinados, con lo que se hace manifiesto el riesgo para las poblaciones, organizaciones, procesos y movimientos que se oponen a la destrucción extractiva y defienden los territorios de agua y vida.

La cuestión ambiental que hasta el momento ha sido observada en las negociaciones de forma superficial y aleatoria, permitiendo que una visión mecantilista y una concepción de la naturaleza como capital natural prevalezca, debe ser abordada con la integralidad que le caracteriza y deben tomarse en cuenta las propuestas que diversos sectores ambientales han construido con las comunidades, llenando los vacíos intencionales que sobre el tema se han extendido desde el gobierno colombiano en los diálogos con las FARC.

El reconocimiento de la naturaleza como víctima del conflicto armado en Colombia, como condición necesaria para la reparación integral de las víctimas humanas de la guerra, y la implementación de una comisión ambiental de la verdad como garantía de reconstrucción de la memoria histórica de las afectaciones ambientales de la guerra, permitirían una aproximación ética a la posibilidad de reconciliación de la sociedad con la naturaleza.

Esperamos que las negociaciones que se avecinan incluyan estas perspectivas, y la participación social, proyectada también desde espacios como la Mesa Social para la Paz, se exprese en la decisión autónoma sobre el futuro de los territorios.

La reserva Van Der Hammen y los suelos agrícolas de la Sabana.

Salvar la totalidad de la reserva Van Der Hammen de la voracidad del lucro neoliberal es defender la producción de alimentos para la ciudad y la restauración de los bosques y humedales.

Por: Hector Mondragón / Semanario Caja de Herramientas.

La reserva Thomas Van Der Hammen además de ser una reserva forestal es una reserva productora, una reserva agrícola donde se encuentran suelos de la más alta calidad para la producción agrícola.

Son esos suelos los que el alcalde Peñalosa quiere cementar y pavimentar, matar para siempre, desconociendo los estudios científicos de la Universidad Nacional y el IGAC, colocando sobre ellos una lápida, a cambio de sembrar “más” árboles al lado de las pequeñas manchas de bosque sobrevivientes.

La reserva es un esfuerzo inmensamente valioso y esencial para aplicar la ley 99 de 1993 en lo que se refiere a la destinación prioritaria de sus suelos y no sólo de aquellos que están dentro de la reserva, sino del conjunto de los suelos agrícolas que quedan en la Sabana de Bogotá.

De la extensión de la reserva 367 hectáreas están dedicadas a la actividad agropecuaria en la llamada zona de uso y 138 hectáreas de la antigua hacienda La Conejera forman parte de la zona de protección del paisaje que deberán ser orientadas a sistemas agroforestales, silvopastoriles y de agricultura o ganadería ecológica. En el momento de su creación, la reserva apenas tenía 47 hectáreas de bosques o vegetación natural, pero fueron declaradas como zona de restauración 553 hectáreas; 34 hectáreas corresponden a humedales, fuentes y cauces de agua.

En total, el 36% del área la reserva, aproximadamente 500 hectáreas, pueden y deben mantener la producción agrícola en suelos de excelente calidad, así como la ganadería de leche, avicultura y cría de especies menores, orientadas hacia la producción ecológica.

Cuando en Bogotá se pagan más de 8 mil pesos por una libra de arveja desgranada, si el suelo agrícola de la reserva Van Der Hammen se usara para producir arveja, las ventas alcanzarían 240 a 300 mil millones de peso al año.

Actualmente, el principal cultivo del área es la papa. El conjunto de la localidad de Suba dentro y fuera de la reserva produce más de 3 mil toneladas al año. El segundo cultivo son las flores de exportación. En tercer lugar están varios alimentos: lechuga, zanahoria, tomate, arveja, maíz y varias frutas (fresa, mora, curuba, uchuva, tomate de árbol, durazno, ciruela, manzana y pera). Cerca del consumidor, ahorrando combustibles.

Los suelos rurales de la región se dedican principalmente a la ganadería de leche que produce 2 millones de litros al año, 150 mil de los cuales son vendidos directamente por pequeños productores al consumidor y el resto producido por medianos y grandes propietarios es llevado directamente en transportes a las pasteurizadoras.

La cuestión es cómo proteger los suelos de alta calidad agropecuaria y garantizar así la seguridad alimentaria de Bogotá y también de los municipios vecinos. Cómo proteger la Muequytá del ordenamiento territorial chibcha.

Según un estudio de la Universidad de la Sabana, en el 63% de las mejores tierras agrícolas del país ya fueron urbanizadas, mientras que el 18% de los suelos agrícolas de la Sabana de Bogotá son actualmente lotes de engorde a la espera de que sus precios continúen subiendo hasta ser urbanizados. En toda la Sabana de Bogotá, el área total cosechada alcanza solamente 25 mil hectáreas, menos del 15% del área rural.

El Espectador ha revelado que cerca del 30% de la reserva Van Der Hammen es propiedad de urbanizadores, constructores, agentes inmobiliarios, bancos y fondos de inversión que se verían beneficiados al quebrarse la reserva.

Pero, la conservación de los suelos agrícolas de la Sabana de Bogotá es un asunto de importancia nacional, tanto por lo dispuesto por la ley 99 de 1993, como también porque el artículo 52 de la ley 160 de 1994 estableció la extinción de dominio o propiedad cuando los propietarios violen las disposiciones sobre conservación, mejoramiento y utilización racional de los recursos naturales renovables y las de preservación y restauración del ambiente, o las normas sobre reserva agrícola o forestal establecidas en los municipio o distritos con más de 300 mil habitantes.

Para el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá (POT), compilado por el decreto 190 de 2004, “los cerros orientales y el río Bogotá, conjuntamente con los suelos rurales del Distrito Capital conforman un continuo ambiental y protegido alrededor de la ciudad, cuya finalidad principal es evitar los procesos de conurbación con los municipios vecinos” (art. 16). Es objetivo del Distrito detener la conurbación controlando la expansión urbana (art. 1 n.4).

El POT establece que “todas las áreas de la Estructura Ecológica Principal en cualquiera de sus componentes constituyen suelo de protección” (art. 75) y definió que cuando la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) adoptara su decisión en relación con las áreas protegidas de la zona norte, éstas áreas harían parte de la estructura ecológica principal (art. 82). La decisión fue adoptada por la CAR en el acuerdo 011 de 2011 que constituyó la reserva Van Der Hammen y por tanto según el POT su régimen de uso será el definido por la CAR (art. 85).

Según el alcalde Peñalosa el Distrito no puede comprar los predios de la reserva porque costarían más de 2 billones de pesos. Según la CAR, en 2011 costaban 300 mil millones, la tercera parte de lo que ahora avalúa el alcalde. Sin embargo, el problema no está en que el Distrito compre nada. Debe sí establecer estímulos tributarios. Los propietarios deben cumplir la función social y ecológica de sus propiedades o vender a quienes quieran cumplirla o la Agencia Nacional de Tierras debe cumplir la ley 160 de 1994.

Las soluciones de vivienda tienen que ubicarse en los lotes de engorde de las áreas urbanizadas o de expansión. La otra “solución”, reducir la reserva Van Der Hammen y urbanizar una parte de ella, no solamente sería un atentado contra los pocos suelos agrícolas que quedan en Bogotá, sino que busca que otros municipios tomen el mismo camino de desobedecer la ley 99 de 1993 y liquiden también el tesoro, lo que queda de sus suelos agrícolas.

El alcalde Peñalosa, ahora se ensaña contra los Mercados Campesinos tras anunciar la reducción de la reserva Van Der Hammen. Su modelo concuerda con el modelo la liquidación de la soberanía alimentaria de Colombia, que ha llevado a importar el 95% del trigo y la cebada y el 80% del maíz, cuando los bogotanos pueden producir la comida a pocos kilómetros y hasta a pocas cuadras de sus casas. Es el modelo fatal de los llamados tratados de libre comercio y las zonas francas.

En contraste, ya hay alcaldes como el de Cajicá que se deciden con valor a cumplir la ley 99 de 1993, así el ministerio de Vivienda los denuncie penalmente por cumplir la ley, o alcaldes como el de Mosquera que se preguntan por qué el alcalde Peñalosa quiere imponer la movilidad para la zona franca de Mosquera, mientras no deja construir el metro en Bogotá.

Para garantizar a sus habitantes el abastecimiento de oxígeno y alimento, Bogotá se dotó desde 2007 de una política de ruralidad, dentro de la cual además de las reservas forestales y agrícolas (como la Van Der Hammen) se propuso la creación de la reserva campesina de Sumapaz (por ahora congelada por decisión de ministerio de Defensa) y la exclusión de las zonas de expansión urbana de los territorios indígenas (en Bosa y Suba). Toda esta política de ruralidad es la que ahora es necesario defender y adelantar. Salvar la totalidad de la reserva Van Der Hammen de la voracidad del lucro neoliberal es defender la producción de alimentos para la ciudad y la restauración de los bosques y humedales.

Lucha que me recuerda aquel 12 de octubre de 1992, cuando el Cabildo Muisca de Suba, con Mamos de la Sierra Nevada invitados, realizó un ritual en las aguas, entonces tristemente negras, de la Laguna de Tibabuyes. Allí, valientes, los indígenas y las garzas migratorias blancas desafiaron el destino cruel que se daba a las aguas, que valientes también se negaron a ser desecadas, porque sus raíces subterráneas estaban a decenas de kilómetros bajo el suelo. Sabemos que las aguas ya triunfaron, espero que definitivamente, para integrarse con el humedal Juan Amarillo.

También me recuerda la lucha del Cabildo Muisca por el cerro La Conejera. Y desde luego, la lucha utópica y totalmente exitosa de la junta comunal del barrio Niza, por salvar el humedad de Córdoba-Itzatá de la voracidad cementera de la primera administración Peñalosa. No está demás soñar con que la Van Der Hammen se consolidará y será un ejemplo, primer paso para la definición del cinturón verde de Bogotá y la Sabana.

Consideraciones sobre la actual contaminación ambiental de Medellín.

Por estos días y desde hace más de dos meses, el aire que se respira en Medellín llegó a niveles tóxicos históricos por cuenta de los gases acumulados en la atmósfera que no parecen irse pronto y que seguirán siendo una constante si no se cambian modelos de vida y de transporte en particular.

Por: Leonardo León / Rebelión.

La actual situación es el resultado de la actividad humana que ha basado su modelo de desarrollo capitalista en combustibles derivados del petróleo y que tiene unas particularidades propias en el Valle de Aburrá.

Por un lado, al encontrarse un asentamiento humano de más de tres millones de personas en un valle alto y cerrado, se dificulta el escape de gases a la atmósfera, permaneciendo éstos más tiempo del que tardaría en otro lugar más abierto. Además el Fenómeno del Niño, que en la región andina colombiana se expresa en fuertes sequías, ha causado varias veces el proceso de inversión térmica, que habitualmente se presenta también en las mañanas soleadas en Bogotá, lo cual se traduce en la imposibilidad de que el aire ascienda, dejando una capa de smog cerca del suelo.

En adición a las condiciones físicas de la ciudad de Medellín, hay algunos comportamientos sociales que han incidido en los actuales niveles de contaminación aérea que se evidencia principalmente en el uso masivo de la motocicleta.

Si bien la capital de Antioquia ha sido modelo en Colombia en la implementación de un transporte multimodal confluente hacia el metro, basado en energía eléctrica, y que incluye sistemas como el metrocable que tampoco emite gases, tiene errores en su desarrollo pues solo funciona entre periferia-centro-periferia dejando desarticuladas zonas periféricas entre sí, lo que se evidencia en la no existencia de una conectividad en el occidente de la ciudad. Ir de un barrio a otro en transporte público no es posible sin pasar por el centro, lo que implica pagar varios pasajes de bus o tomar taxi, lo cual estimula el uso del carro particular y la moto, especialmente esta última pues sale más rentable que tomar bus.

Y es que el precio del pasajes de bus es de los más caros del país, $1900 a $2000, entre otras cosas porque las empresas de transporte deben pagar “vacuna” a las bandas paramilitares que controlan los barrios y que ya está tan naturalizado que cuando hay paro de buses no es por el hecho de estar obligados a pagarla sino porque los paramilitares “se exceden” en la suma. Esta práctica se volvió normal desde hace muchos años, tanto así que este “gasto” hace parte de las cuentas de la mayoría del comercio de la ciudad, especialmente en el centro.

Este comportamiento cultural de carácter mafioso tiene un ingrediente adicional: la motocicleta no es solo un medio de transporte sino un símbolo de estatus heredado de los años 80s y 90s en plena guerra entre narcotraficantes. Entre mayor cilindraje tenga la moto, mayor “respeto” genera. Es por eso que a cualquier hora del día y la noche se escuchan estruendosos motores en todo el Valle de Aburrá, sea porque un joven está de conquista o porque una banda está dando una “vuelta”. Es común que en parques, andenes y calles, adolescentes que a veces no llegan a los 13 años estén alardeando de sus virtudes como conductores, jugando a rodar sobre una rueda o “chicaneando” su juguete nuevo.

Por otro lado el modelo de ciudad que se ha impuesto en los últimos años, es profundamente excluyente, obligando a las personas de menos recursos a vivir en lo alto de las montañas, dejando la parte plana a sectores más pudientes que pueden pagar los altos precios de la tierra. Ejemplo de ello es el barrio Naranjal, el cual tradicionalmente fue de familias humildes dedicadas principalmente a la mecánica automotriz, que fue desalojado de manera obligada para dar paso a viviendas estrato 5 y 6. Esto implica que los recorridos que deben hacer los habitantes sean cada vez mayores pues la relación capital-trabajo se aleja cada vez más en el hábitat pero que necesariamente debe convivir en el mismo espacio de producción y prestación de servicios.

Por último, el sector con mayores niveles de contaminación de la ciudad, El Poblado, es precisamente el que tiene mayor densidad de población pues el arribismo social llevó a que todo el que tenga cierto nivel de ingresos quiera vivir allá, así los trancones sean insoportables, pues el estatus social en este caso está mediado por la posesión y uso del carro particular. Cada día se construyen más edificios en esta zona, sin dejar espacio para vías y mucho menos para zonas verdes pues el interés del capital es la ganancia y no el bienestar de la población.

Es imperativo tomar medidas para transformar patrones de comportamiento y las medidas urgentes que asumió la alcaldía en parte aportan, aunque considero que deben ser aún más radicales. Es de saludar la medida de 27 horas sin carros ni motos entre las 15 horas del sábado 2 y las 18 horas del domingo 3 de abril. Acción, entre otras medidas tomadas, necesaria pero no suficiente pues lo que se requiere es un cambio de paradigma que se aborde desde lo político, lo institucional y lo cultural para poder vivir bien no solo en Medellín sino en el país. Esto pasa por el decrecimiento económico pues el capitalismo como modelo de desarrollo está destruyendo el planeta a pasos agigantados y puede ser muy tarde cuando se haga algo para revertir el daño.

La actual situación de Medellín debe ser tenida en cuenta muy seriamente en Bogotá pues el sistema de transporte basado en buses diésel de Transmilenio es el peor que pudo implementarse. Urge el metro subterráneo, el metrocable en barrios con pendiente y vehículos eléctricos, elementos que obivamente no están en la cabeza de Peñalosa pues sus intereses particulares incluyen buses contaminantes y la destrucción de la reserva Van der Hammen. Hay que actuar para detener tan nefastas políticas.