Las peleas de Peñalosa contra el sentido común: la Reserva Thomas Van Der Hammen.

Un alemán dijo sabiamente que los hechos y personajes de la historia aparecen dos veces: la primera vez como tragedia y la segunda vez como una farsa. 

Por: Alvaro Moisés Daza / Democracia en la Red.

Esto me lleva a pensar que ya en el 2000 Enrique Peñalosa le había declarado la guerra al sentido común en materia ambiental: durante su primer mandato intentó por todos los métodos posibles incluir unos terrenos a las afueras del norte de Bogotá en procesos de expansión urbana que favorecen a los grandes gremios de la construcción y a la rosca política que funciona como mandadero de ese tipo de intereses en Bogotá.

En esa ocasión el Ministerio de Ambiente conformó una Misión de Expertos con los mejores urbanistas y ambientalistas del país: Julio Carrizosa, Gerardo Ardila, Rogelio Salmona, Eduardo Aldana, Manuel Rodríguez e incluso el mismo Thomas Van Der Hammen se destacaron en ese esfuerzo donde se concluyó que ese es un espacio esencial para la producción de agua y la sostenibilidad de los ecosistemas de la Sabana de Bogotá y, como nos dice el sentido común, hay que protegerlo. Los expertos le ganaron a Peñalosa y sus mercanchifles: hoy esos terrenos hacen parte de la Reserva Forestal Thomas Van Der Hammen.

¿Si ya perdimos el 80% de las quebradas y el 95% de los humedales de la Sabana de Bogotá, lo lógico no es proteger los ecosistemas que nos quedan para salvar la vida? Si, y esa vez ganó el sentido común.

Este año que Peñalosa asume su segundo mandato vuelve y juega: incluyó esos terrenos en el anuncio de la construcción de 80 mil viviendas de la mano de Santos y Vargas Lleras. ¿La lógica no es que si el Jardín Botánico sembró 9 mil 500 árboles en la Reserva hay que cuidarlos en vez de ponerles avenidas y edificios encima? ¿No es lógico que todos tomamos agua pero no todos podemos comprar casas de 47 o 230 millones de pesos como las que quieren construir en la Reserva? Porque si, esa es una parte de la historia que no nos cuentan: tan sólo 6 mil de esas 80 mil viviendas anunciadas tendrán precios por debajo de 47 millones de pesos. Entonces lo que está en disputa es el interés de unos pocos contra la vida de las y los bogotanos. La rosca contra el sentido común.

Y es que nos han querido vender la idea de que si no se construye en la Reserva Forestal la gente no va a tener dónde vivir, pero Enrique Peñalosa ignora que en los estudios que se realizaron para la construcción del Metro se identificaron 11 millones de metros cuadrados nuevos para hacer vivienda, por lo tanto el argumento de que no hay tierra para construir en Bogotá y por ende toca construir en la Reserva no solo es falso sino tendencioso en favor de quienes quieren especulan con el suelo para que cada vez sea más caro conseguir dónde vivir en Bogotá, y además demuestra que ni siquiera revisó los estudios del Metro para salir a decir que se debía hacer de otra manera.

El peligro es que si Peñalosa le gana las peleas al sentido común nos fregamos todos ya que, por ejemplo, las nefastas consecuencias de la destrucción del medio ambiente las sufrimos independientemente de si somos ricos o pobres, altos o bajos, lindos o feos. ¿Cómo es posible que donde los mejores técnicos de Colombia ven la estructura ecológica principal de Bogotá Enrique Peñalosa solo vea potreros? Los más prestigiosos urbanistas y ambientalistas de Colombia no se mataron la cabeza estudiando la ciudad como para que Peñalosa venga a borrar todo ese trabajo con el codo sólo para enriquecer a sus amigos constructores.

Entonces: o defendemos la Reserva Forestal Thomas Van Der Hammen y los ecosistemas de la Sabana o vamos recogiendo agua y aire desde ya para vivir en Bogotá dentro de unos años, si es que será posible vivir acá. Yo me pongo del lado de la vida y del sentido común, ¿y usted?

PD: Este 12 de Febrero desde las 3 de la tarde hay una acampada 200 metros después de la Clínica Corpas para defender la Reserva Forestal. Bacano asistir.

Twitter: @MoisesAlvaro19

¿Nos van a embaucar o nos vamos a emberracar?

El 2015 se caracterizó por la derrota en diversos espacios de aquellos que han arreciado los ánimos para continuar con una guerra que no están dispuestos a pelear, todo ello debido al enorme avance de los ciclos de negociación con la guerrilla y la aceptación cada vez más creciente en la sociedad civil de la posibilidad de acordar el fin del conflicto armado. 

Por: Álvaro Moisés N. Daza / Democracia en la Red.

Vemos cómo se cae poco a poco el velo del uribismo que, acabada la guerra, se quedaría sin un discurso original, y empezaría a hablar cada vez más parecido a Cambio Radical, partido del vicepresidente Germán Vargas Lleras. 

Paralelamente a ello, la escandalosa caída de los precios del petróleo marca el fin de la bonanza, lo cual lleva a la economía colombiana a encausarse en una crisis económica, básicamente por falta de plata. Incluso el prestigioso Nóbel de economía Joseph Stiglitz le advirtió al Gobierno Santos que no podía cometer el error de caer en la maldición de los recursos humanos, en depender de los commodities, del rentismo minero-energético ya que eso traería consecuencias negativas para la economía. Sin embargo la rosca santista insistió en profundizar el modelo legado por Pastrana y Uribe de darle la mano a las grandes transnacionales que explotan los recursos de nuestro subsuelo y hacer de ellas el motor de la economía a través de la “locomotora minera”, sin dejar mayores riquezas a la nación pero dejando una buena suma de réditos económicos y políticos a los amigos de las roscas. La pregunta ahora es: ¿Sobre quiénes recaerán los efectos de la crisis que se avecina? ¿A quiénes protegerá el gobierno? ¿A las gentes humildes, decentes y trabajadoras que mueven a Colombia, o a los negocios de las roscas y sus grandes fortunas que históricamente han retrasado al país? Miremos. 

En un país donde el costo de la canasta básica está alrededor de 1 millón 300 mil pesos, el IPC (índice de precios al consumidor) subió un 6,7%, el IPC de alimentos aumentó en 9.66%, el precio del fríjol aumentó en 60%, el de las hortalizas en 40%, y la inflación aumenta en un 6,4%, el Gobierno Santos decreta un insultante aumento del 7% al salario mínimo. Mientras el salario de los congresistas tendrá un aumento de 1 millón 479 mil pesos mensuales, pasando a 26 millones 749 mil pesos mensuales, el salario de la gente trabajadora que se sostiene con el salario mínimo tendrá un aumento de 45.104 pesos, quedando en 689.454 pesos mensuales. Este pírrico aumento del salario mínimo sumado a la ya anunciada reforma tributaria que incluirá un aumento del IVA hasta llegar al 19% conllevará necesariamente a un empobrecimiento de la gente. Se están burlando de nosotros. 

En un país donde el 21% del ingreso de las familias colombianas se destina a pagar créditos, la tasa de interés es aumentada hasta llegar al 5,75%, y con un debilitamiento de la capacidad adquisitiva, el resultado lógico es que la gente se vea en la necesidad de buscar créditos. 

En uno de los países con las tarifas del servicio de energía eléctrica más caros del mundo y donde, por ejemplo, a una humilde casa de estrato uno la usurera empresa Electricaribe le saca casi 150 mil pesos al mes, nos imponen por decreto un aumento del 3 y el 11% en las tarifas del servicio con el fin de rescatar a las empresas prestadoras del servicio cuando la ley 142 de 1994 lo prohíbe, y siendo además que las y los colombianos ya le hemos pagado de nuestros bolsillos a esas empresas más de 14 billones de pesos vía cargo de confiabilidad. 

A lo anterior sumémosle la continuación del nefasto modelo de la Ley 100 con el que se están tirando la plata de la salud, dado que privilegia el lucro de unos cuantos bolsillos (que además son de los mayores aportantes a campañas políticas santistas, uribistas y vargaslleristas) a costa de la sostenibilidad de la Red Pública Hospitalaria y la garantía del derecho a la salud -las EPS deben más de 12 billones de pesos a los Hospitales Públicos de la nación, casi todos en vía a la quiebra como el Hospital Universitario del Valle-, la aprobación de la Ley de las Zidres (Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social) para legalizar la adjudicación y acumulación desmedida de baldíos por parte de grandes empresarios, modernizar el despojo de tierras a través de un mecanismo legal, permitir que extranjeros compren tierras colombianas y convertir definitivamente al campesino colombiano en un simple jornalero, además de la venta abiertamente inconveniente de Isagén, una de las empresas públicas más rentables de toda la historia y cuya privatización empezó durante el Gobierno Uribe. 

Así que todo parece indicar que la crisis venidera no la van a pagar los responsables de la misma, las roscas: los poseedores de grandes fortunas que evaden impuestos, las ineficientes empresas privadas prestadoras de servicios públicos, los políticos corruptos y mañosos que han gobernado el país privilegiando el crecimiento de sus negocios sobre el bienestar de la gente, sino que nos la van a achantar a las y los colombianos de a pie. + En definitiva, si los colombianos nos emberracamos y tomamos medidas para detener a las roscas que nos han desangrado de una vez por todas, no solo alcanzaremos un 2016 próspero, sino un futuro promisorio para la vida de todas y todos en este hermosísimo país, de lo contrario, nos van a embaucar.