Después de reflexionar seriamente al respecto es necesario plantearnos la siguiente pregunta ¿Que le ha dejado la actividad petrolera a la Provincia de Sugamuxi?
Por: Dianna Camila Dávila / Democracia en la Red.
Mucho se ha comentado sobre la suspensión de la audiencia pública del 29 de septiembre, a realizarse en el municipio de Pesca (Boyacá). El encuentro, tenía como objetivo socializar la intención de la multinacional francesa Maurel & Prom de explorar y explotar petróleo en inmediaciones de la Laguna de Tota. Finalmente esta fue aplazada para el domingo 6 de noviembre.
La misma empresa transnacional en cuestión lleva más de cinco años intentando extraer crudo del suelo de la Provincia de Sugamuxi. En 2011, Maurel & Prom, anunció la puesta en marcha del proyecto, mal llamado Muisca 3D, que pretendía sacar petróleo de 6 municipios de la región. En alianza con la Compañía Geofísica Latinoamericana, CGL, en su momento socializaron ante las comunidades de Cuítiva, Tota, Pesca, Firavitoba, Iza y Sogamoso un engañoso proyecto de sísmica y extracción petrolera, que atenta gravemente contra la zona adyacente a la cuenca del Lago de Tota.
El peligro latente para la región, y para el futuro de una de las lagunas más emblemáticas del país, en palabras de Oscar Vanegas, ingeniero de petróleos y docente de la Universidad Industrial de Santander es evidente. El mismo Vanegas advierte, en entrevista reciente al respecto lo siguiente: “no podemos arriesgar un ecosistema tan frágil como este porque según el mismo Ideam, la zona más débil con el cambio climático es Boyacá y casi toda la cordillera oriental, los páramos no son capaces de adaptarse a este cambio y va a haber menor lluviosidad y está propensa a que el cambio climático la convierta en un desierto por lo que no se puede permitir que esta zona sea explotada”.[1]
A un centenar de kilómetros de la Provincia de Sugamuxi, en el Departamento de Casanare, permanecen vivas las imágenes, en la retina de miles de compatriotas, del agotamiento de las fuentes hídricas que ese territorio experimentó producto de la extracción de petróleos con la técnica de fractura hidráulica o fracking , la cual requiere de ingentes cantidades de agua para la exploración y explotación.
Los daños ambientales de este método para Casanare, no solo significaron la extinción del agua subterránea, el desecamiento de lagos y ríos sino la muerte de miles de aves, babillas, chigüiros, vacas y peces.
Estas externalidades ambientales se repiten a lo largo y ancho del territorio nacional; los proyectos de Cerrejón en la Guajira; de La Colosa en el departamento del Tolima; Camaranta y Marmato (Caldas); Cerromatoso (Córdoba) y la intención de explotar oro a cielo abierto en el páramo Santurban (Norte de Santander) son algunos de los ejemplos que reflejan como la degradación ambiental y social que el extractivismo trae consigo es más preponderante que los réditos económicos que esta actividad trae para las finanzas nacionales.
La minería y la extracción de hidrocarburos es una actividad que produce millones de dólares en dividendos para las compañías multinacionales que la llevan a cabo. Y es precisamente su connotación de lucro o interés particular, por encima de cualquier contemplación moral y ética, la que termina convirtiendo a esta actividad en antagonista del interés y bienestar de las comunidades y de la suerte del país en general.
Lo inverosímil del caso es que dichas empresas terminan pagando impuestos casi nulos al fisco nacional; evaden gravámenes; transfieren miles de millones de dólares sin ningún control tributario; desplazan comunidades; amenazan líderes que se oponen a los proyectos minero-energéticos en las regiones, hasta llegar al punto en que dichas advertencias se han traducido en asesinatos.
Boyacá no es la excepción a la regla ya que sufre de manera agresiva los efectos devastadores de la minería y los hidrocarburos. El enfrentamiento de las comunidades con los proyectos extractivitas se han agudizado y multiplicado en los últimos 10 años.
El departamento es percibido en el imaginario colectivo nacional como una región pacífica, colmada de verdes paisajes, con una cultura y raíces bastante intrincadas y ancestrales que se caracteriza por el peso superlativo de la agricultura en la economía departamental. Mientras el agro representa el 13,9% del PIB boyacense, en el orden nacional esta cifra solo alcanza un 5,8%.
La gran cantidad de páramos que se extienden por todo el departamento la convierte en una de las regiones, sino la más prolífica del país, que más cuencas hidrográficas abastece. Por citar algunas podemos enumerar las de los Ríos Magdalena, Suarez, Chicamocha, Arauca y Meta.
Y después de reflexionar seriamente al respecto es necesario plantearnos la siguiente pregunta ¿Que nos ha dejado esta actividad petrolera?
En el caso del ecosistema que rodea el Lago de Tota, este ha visto como 210 cuerpos de agua han desaparecido debido a las actividades de sísmica iniciales realizadas por la empresa Maurel & Prom. En palabras de la misma compañía se develan más facilmente sus verdaderas intenciones: “sea como sea, vamos a hacer la explotación asi se violen los derechos de las comunidades”..
El ejemplo del municipio de Pesca es escabroso: la actividad de Maurel & Prom desplazará aproximadamente a 7000 habitantes del municipio y de las dos veredas de la población de Tota. De las 21 veredas de Pesca, 15 estarán expuestas a la exploración y explotación petrolera, salvándose solamente 6.
Daisy y Romero, dos de las once veredas del municipio de Tota, han venido siendo invadidas por la multinacional. En su territorio esta compañía ha venido comprando terrenos de forma vertiginosa. Casualmente estas son las dos zonas más montañosas de la región, bordeando la línea de páramo. Su paisaje, sus recuerdos y su memoria ancestral, de persistir esta dinámica depredadora, solo quedará consignada en fotos, que el tiempo se encargará fríamente de borrar.
El comienzo de esta “mentiro-sísmica” data de 5 años atrás, cuando los ingenieros engañaban a las comunidades diciéndoles “estos son unos aparaticos que no les van a afectar”.
El tiempo se encargó de corroborar de que dichos “aparaticos”, en realidad detonadores, con su cableado respectivo, si han afectado la vida de las comunidades. Se han tomado denuncias que demuestran que tiempo después de haber sido instalados, los habitantes se vieron perturbados por fuertes ruidos, al igual que víctimas del progresivo desecamiento de nacimientos de agua, pozos comunales, múltiples agrietamientos de sus hogares y deslizamientos de tierra contínuos. Al profundizarse las aguas superficiales, empezaron los inconvenientes de las comunidades con esta compañía.
La dimensión del engaño, contra los campesinos, incluye frases como "nosotros vamos a ingresar a su predio una carga de Sismigel, que explota pero no explota". El sismigel es un explosivo de nivel 6 de riesgo, según información obtenida de la ficha técnica suministrada por la Industria Militar Colombiana, Indumil, en la ciudad de Sogamoso.
Para realizar su actividad, Maurel & Prom pagó a los habitantes de la zona, valores irrisorios por dejar pasar los cables de activación del explosivo, a través de sus predios, los cuales se vieron gravemente afectados.
Muchas viviendas de la región son elaboradas con adobe y tapia pisada, estructuras frágiles que colapsaron como consecuencia de las múltiples explosiones. Los afectados han recibido respuestas como el ofrecimiento, a manera de indemnización, de 80 mil pesos por cada vivienda dañada así como promesas de vacantes laborales para los habitantes de la zona.
Desde nuestro tejido organizativo, en defensa de la vida y el territorio local, denominado Colectivo por la Protección de la Provincia de Sugamuxi, en relación a la problemática de la exploración y explotación petrolera en la región, hemos establecido, recolectado información e inferido lo siguiente:
1. Esta afectación sísmica ha generado un impacto directo en el recurso hídrico que hace parte del rio chicamocha, afluente de agua que atraviesa gran parte del país y cuya cuenca esta afectando a uno de los municipios en cuestión, como lo es Pesca.
2. Como colectivo hemos registrado cuántos son los nacimientos de agua que han desaparecido, entre los que se encuentran 210 aljibes.
3. Inicialmente el territorio otorgado por el ANLA a la multinacional, para la exploración y explotación petrolera, fue de 35.000 hectáreas que se redujeron a 8.033 hectáreas, al hacerse efectivas algunas denuncias en un comunicado emitido por la Contraloría, el cual estableció que en esa zona no es posible hacer actividad petrolera por las “irreversibles afectaciones que se generan en el Lago de Tota y comunidades aledañas”. El perímetro actual ha sido alejado de la cuenca del lago. Sin embargo, la cuenca del río sigue siendo vulnerada al extenderse el impacto más allá de las comunidades rurales, llegando a afectar a los habitantes de la ciudad de Sogamoso, quienes consumen las aguas de esta zona de recarga hídrica.
4. Frente a este panorama, las comunidades decidieron organizarse para impedir la exploración petrolera en sus territorios. Desde diferentes organizaciones ambientales se hizo posible la realización de una Audiencia Pública donde se evidenciaron las afectaciones y denuncias puntuales de las comunidades sobre el tema hídrico, las remociones en masa y el desplazamiento. Esa información fue enviada al Ministerio de Medio Ambiente, la Procuraduría, la Contraloría, Corpo-Boyacá y la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Sin embargo, hasta el momento, los pobladores no han obtenido respuesta o solución alguna.
5. Lo sucedido en la región ha servido de oportunidad perfecta para que personas inescrupulosas, algunas financiadas por agentes políticos locales, y la misma Maurel & Prom, hayan querido usufructuar el proceso de lucha ambiental para beneficio propio. Estos “falsos ambientalistas” han intentado tomar la vocería de las comunidades para frenar cualquier tentativa de la población por enfrentar a quienes actúan en contra de sus intereses, en este caso los organismos públicos cooptados por la multinacional.
