Coronavirus y la otra pandemia: el desmantelamiento de la salud en el mundo

El verdadero motivo de alarma, en Occidente por lo menos, es el desborde de los servicios sanitarios. La posibilidad de que mueran muchas personas por no tener acceso a hospitales abarrotados se convertiría en una crisis política que los Gobiernos buscan eludir con medidas draconianas de aislamiento forzado.

Por: Raúl Zibechi / Sputnik News 

Más que la gravedad de la pandemia de coronavirus, preocupa el elevado nivel de contagio en poco tiempo, que es la causa del desborde del sistema sanitario. Si se prolongara durante dos años, como prevén algunos expertos, pero no hubiera grandes picos de internación, la situación sería menos grave.

En síntesis, el nudo del problema está en los sistemas de salud, que se han venido deteriorando como consecuencia de las políticas neoliberales de reducción de gastos sociales y privatización de servicios. Un somero repaso de las cifras de camas por habitante en diferentes países, pone al descubierto la crisis del sistema de salud.

Los cambios se aceleraron a raíz de la crisis de 2008. En 2006, la Unión Europea tenía 574 camas cada 100.000 habitantes, pero en 2017 la cifra había caído a solo 504 camas. Una disminución del 12%.

En la parte más alta de la gráfica, figura Alemania con 800 camas en 2017 (830 en 2016), el único país europeo que cumple con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, de no menos de 800 camas cada 100.000 habitantes.

No es casualidad que Alemania presente en este momento uno de los niveles más bajos de muertos por infectados: 24 entre 9.257 infectados a fecha de la publicación de este artículo, apenas el 0,26%, diez veces menos que China y treinta veces menos que Italia, que supera el 7%.

Italia se sitúa en uno de los lugares más bajos de la tabla europea: en 2006 tenía 399 camas cada 100.000 personas y en 2017 cayó a solo 318, un descenso estrepitoso del 20%. Países mucho más pobres como Rumanía y Polonia, incrementaron las camas por habitante de 674 a 689 y de 647 a 662, respectivamente.

Bulgaria que tiene un PBI por habitante cuatro veces más bajo que Italia, aumentó su disponibilidad de camas en más del 18% en el mismo período. Datos generales que enseñan que la salud no depende mecánicamente de la riqueza de un país, sino de que sus autoridades la consideren un servicio o un negocio.

En América Latina, la disposición de camas muestra una situación aun peor. Cuba marcha a la cabeza con 520 camas cada 100.000 habitantes, seguida por Argentina con 500. A muchísima distancia le sigue Uruguay, con 280 camas, Brasil y Chile con 220. Una lista que se cierra con Haití, Honduras, Venezuela y Nicaragua, con menos de cien camas.

Privatización, la otra pandemia

La privatización de los servicios es otro dato fundamental, ya que aumenta la desigualdad en el acceso a la salud. En España la sanidad privada representa ya más del 30% del gasto sanitario, algo que se traduce en mayor opacidad y menor transparencia, según la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP).

Según la misma organización, Madrid es la región que lidera los índices de privatización, así como el porcentaje de camas privadas sobre el total (27,7% en Madrid versus 5,1% en La Rioja). En la privada los datos enseñan sobre la utilización de estudios caros, como las pruebas diagnósticas de imagen. Un informe del sindicato UGT asegura que "en los últimos cuatro años, el porcentaje de inversión en la privada multiplicaba por tres el de la pública".

Una inversión de carácter especulativo, ya que no impidió que la crisis del coronavirus tenga su foco principal en la capital española, con el 44% de los contagios del país y el 72% de los muertos, al 17 de marzo. 

Madrid destina elevadas sumas a la "atención especializada", cara y con resultados dudosos, mientras "destina muy poco a la Atención Primaria, que requiere de una inversión fuerte y urgente porque es el primer peldaño de la sanidad", según Marciano Sánchez Bayle, presidente de la FADSP.

En Italia, en diez años se perdieron 70.000 camas hospitalarias, se cerraron 359 departamentos y numerosos hospitales pequeños fueron abandonados. Entre 2009 y 2018 el gasto en salud creció 10%, frente a 37% de la OCDE.

Entre enero y febrero, el sector sanitario español perdió 18.320 trabajadores, en plena expansión del coronavirus. Además, los sindicatos del sector denuncian abuso de la contratación de interinos y la precariedad en el empleo, mientras las condiciones de trabajo son cada vez más duras.

Estados Unidos, líder mundial en desmantelamiento de la salud

Podríamos establecer una geopolítica del desmantelamiento de la salud y de la crisis sanitaria. Uno de los epicentros sería Estados Unidos, según el sociólogo y urbanista Mike Davis.

Davis destacada los cierres de clínicas privadas y la escasez de personal, impuestos por la lógica de mercado, que "han devastado los servicios sanitarios en las comunidades más pobres y zonas rurales, trasladando la carga a hospitales públicos infradotados y clínicas para veteranos".

Los servicios de urgencias están sobrecargados, por lo que asegura que su país se enfrenta a un "Katrina sanitario", en referencia al huracán que arrasó la ciudad de Nueva Orleans en 2005.

Davis nos recuerda que "nada menos que 380.000 pacientes de residencias de ancianos mueren cada año debido al incumplimiento por parte de estas entidades de los procedimientos básicos de control de infecciones".

Como sabemos, Estados Unidos es el país referente en la privatización de la salud. Davis denuncia que las grandes empresas farmacéuticas dejaron de invertir en el desarrollo de nuevos antibióticos y antivirales.

Por eso vaticina que "dentro de un año puede que admiremos retrospectivamente el éxito de China en la contención de la pandemia, pero que nos horroricemos ante el fracaso de EEUU".

Se aclara la crisis del coronavirus

El drama actual es que la enfermedad se está manejando con inexpertos y palos de ciego. Los gobiernos no se comprometen en proyecciones y se inclinan por las opciones que les rinden mayores beneficios políticos. 

Por: Eduardo Sarmiento / El Espectador

En el último siglo se avanzó en cierto consenso sobre las causas y la síntesis de las pandemias. En general se encuentra que la propagación está dada por una expresión de interés compuesto. El virus crece rápidamente al principio y luego desciende hasta desaparecer. Al igual que ocurre con muchos procesos físicos, químicos y económicos, los fenómenos epidemiológicos son de limitada duración.

En las discusiones iniciales sobre el proceso me sentí confiado y optimista de que se había llegado a un consenso sobre la naturaleza científica de la enfermedad. Imaginaba que la curva de la pandemia suministraba en forma simple el proceso de enfermedad y era accesible a los gestores de política. Se disponía de una base científica para diagnosticarla, predecir su evolución y regularla. Ante todo, advertía que se trataba de una patología que crece rápido al principio, y luego genera fuerzas que la moderan y en algún momento la detienen, incluso la reducen.

A poco andar llegó la decepción. La curva del virus se convirtió en una ficción que no se entiende en sus fundamentos y se emplea para los más diversos fines. Se presentaban dos discrepancias respecto a la validez de la curva de la epidemia. Un amplio grupo, basado en la alta tasa de crecimiento mundial (33 %), en febrero anticipaba que las personas infectadas se duplicaban cada tres días y que en pocos meses más de la mitad de la población estaría infectada. Se decía que cada persona podía contagiar a tres. La otra discrepancia planteaba cambiar la curva para anticipar la caída con acciones orientadas a recortar el número absoluto de contaminados.

La información de marzo y abril controvierten la primera hipótesis. El crecimiento mundial del virus cayó de 33 % a 10 % y el nivel se encuentra cerca de 450.000. Tampoco se cumplió la segunda hipótesis. Las acciones para reducir el nivel absoluto del virus en EE. UU. y en América Latina se contrarrestó con creces por el aumento de la tasa de crecimiento. El quiebre de la curva mediante la anticipación de la caída se consigue a cambio de aumentar la pendiente. En el momento actual Colombia se encuentra en un punto en que el nivel del virus se duplica cada cuatro días y pronto llegará a 2.000 portadores.

Por fortuna, los hechos confirman la validez de la curva de pandemia, y en las últimas semanas se observa su aplicación correcta en los países que la sintieron con mayor anticipación e intensidad. En China, Corea y Singapur se entró en la fase decreciente en que el número de infectados desciende. En Italia y España las tasas de crecimiento disminuyen.

El drama actual es que la enfermedad se está manejando con inexpertos y palos de ciego. Los gobiernos no se comprometen en proyecciones y se inclinan por las opciones que les rinden mayores beneficios políticos. En el fondo se considera que estamos ante un mal que se desconoce en sus causas y manifestaciones. En todas partes la principal falla está en la carencia de estructuras hospitalarias para separar y tratar a los pacientes que adquieren el virus.

El mejor seguro es que la enfermedad se autorregula y puede ser reforzada con acciones de política. Las proyecciones apocalípticas fallaron y cada vez es más evidente que la realidad está determinada por la curva de la pandemia. La enfermedad crece al principio, y luego su propia naturaleza y las acciones bien concebidas de los gobiernos conducen a su terminación. El mayor margen de maniobra para llegar a este final está en la aplicación de acciones de salud para separar y tratar en hospitales a las personas contaminadas o cercanas. La duda es sobre la confinación total, porque afecta en forma incierta la tasa de crecimiento del virus y tiene enormes costos económicos.

El timón

Era cuestión de esperar, pero el capital no da espera. Era cuestión de resistir cuatro meses: abril, mayo, junio y julio, como China resistió diciembre, enero, febrero y marzo, para frenar el ritmo de crecimiento del contagio. Pero es que China es más paciente.

Por: William Ospina / El Espectador

Era cuestión de hacer una pausa, que a todos nos está enseñando tantas cosas sobre el mundo en que vivimos, sus afanes, sus desastres y sus frivolidades; una pausa de prudencia que es también de meditación y de sabiduría. Pero a los motores ciegos de este modelo depredador no les conviene pensar ni les interesa que la gente piense: sólo que trabaje y consuma.

Donald Trump ha hecho sus cálculos, se ha dicho que con una tasa de mortalidad del 1 %, los Estados Unidos, aunque lleguen a tener un millón de infectados, tendrán a lo sumo 10.000 muertos, y que ese es un sacrificio que su sociedad está dispuesta a hacer con tal de salvarse. Estará pensando que Napoleón le costó muchas más vidas a Francia y tiene su estatua en la columna de Vendôme. Que la Guerra de Secesión les costó a los Estados Unidos 500.000 muertos, y la Segunda Guerra Mundial 400.000.

Entonces, ha dicho, no se puede paralizar al país por una gripa. “La gripa estacional mata al año 36.000 personas y nadie piensa en cerrar el país”. Y añade que una recesión puede matar más gente que un virus. “¿Cerrar la economía? ¿Ahora? ¿Con pleno empleo?”, dice, “¡qué locura!”. Y añade que los Estados Unidos no se pueden cerrar porque son el país más exitoso.

Y esa es la clave de todo el asunto. Donald Trump solo puede ver el país como un negocio, y todo lo mide en términos de éxito o de fracaso. De ser, como se dice allá, un ganador o un perdedor.

Pero nos equivocaríamos si creemos que Donald Trump está pensando en la suerte de su país: está pensando en la suerte de su reelección como presidente y, para desgracia de los Estados Unidos, la crisis del coronavirus, el más asombroso y desafiante acontecimiento de la historia reciente, les tocó en año de elecciones. Por eso la agenda del gobierno no va a responder a las necesidades del país sino a las necesidades del presidente.

Donald Trump está seguro de que su reelección va a depender exclusivamente de la pujanza de la economía, del crecimiento y del pleno empleo. Y justo cuando lo tenía todo controlado, se le viene encima una pandemia que exige cerrar fábricas, restringir el transporte, encerrar en casa a la mano de obra. Entonces tiene que escoger, aunque es un falso dilema, entre la gente y la economía, y sus cálculos, sesgados locamente por la necesidad de triunfar, le dicen que hay que sacrificar a la gente.

“Serán solo los mayores”, se dice, jugando a creer que sus muchos negocios y sus muchos millones y su inexplicable poder y su joven esposa lo ponen fuera de peligro. Qué curioso tema para una obra literaria clásica, para una pieza teatral que solo sería una comedia si no tuviera como fondo la posible tragedia de una nación y de una época.

Porque es que a Trump podrían fallarle las cuentas. La suya es una apuesta, pero una apuesta riesgosa. Italia confió demasiado en que lo de China había sido mínimo: el primer ministro italiano dijo hace un mes que Italia no se cerraba, que Italia, ¡Italia!, no iba a convertirse “en un lazareto”. Un mes después la historia lo tiene contra la pared, y ese hermoso y amable país no sabe cómo contener la avalancha de confusión y de muerte que avanza.

Estados Unidos se ha convertido esta semana en el foco mundial de la pandemia. El crecimiento del contagio podría salirse de control. Tal vez ese 1 % que Trump parece dispuesto a sacrificar podría verse alterado por las limitaciones del modelo de salud que Trump mismo no ha querido cambiar. No es necesario inventar cifras ni crear escenarios de catástrofe, pero es necesario decir que Trump está jugando con fuego, y que posiblemente eso se deba a que está pensando más en sí mismo que en su país.

Era cuestión de esperar: de ver florecer los cerezos por la ventana, de dejarse alcanzar por esta ola de silencio, de reflexión, de meditación sobre lo que está mal en el mundo. Una cuarentena rigurosa, es más: muy rigurosa, puede frenar ciertamente la economía, puede poner en crisis muchas cosas, puede debilitar el crecimiento y malograr la estrategia actual del pleno empleo, puede incluso poner en peligro su reelección, pero también le habría permitido sortear el peligro con la misma fuerza y decisión con que lo contuvo China, o con la misma serenidad con que lo han contenido Alemania y Corea del Sur.

Y superada la crisis, y lograda la contención del contagio a un ritmo manejable, y protegida la población (porque 10.000 muertos en una catástrofe impredecible son muchos muertos, pero 10.000 muertos que hubieran podido evitarse son un crimen), aún le habría sido posible a un gobernante sabio, y preocupado por su gente, reencender los motores, aprovechando las lecciones de este episodio, escuchando el mensaje desesperado que nos está enviando la naturaleza, y dedicar después agosto y septiembre y octubre a la celebración del milagro, y a la fiesta de la reconstrucción, o de la reinvención, nacional y mundial.

Pero la ambición no es prudente. Melania, la esposa de Donald Trump, que es eslovena de origen, debería haberle hecho conocer a su marido aquel verso sabio de un poeta de Europa Oriental, Rainer Maria Rilke: “¿Quién habla de triunfar? Sobreponerse es todo”.

Pero ya que Trump no está para escuchar a los poetas, al menos debería escuchar al gobernador Andrew Cuomo, quien se ha convertido en el líder del otro país, que tiene sensibilidad y no solo intereses. Cuomo sabe lo que está pasando en Italia, ve la línea ascendente del contagio, casi tan vertical como los rascacielos, y les habla cada día a los neoyorquinos desde la prudencia y con el corazón.

Mientras tanto, el mundo contiene el aliento frente a las decisiones de Trump y se pregunta si no estará el capitán dirigiendo el Titanic hacia el iceberg.

Dar ejemplo

Hay una obra de Oscar Wilde donde se dice que el principal deber de los pobres debería ser el de dar ejemplo.

Por: William Ospina / El Espectador

No sé si haya hoy en el mundo comunidades ejemplares, pero en cuanto a los Estados, los más poderosos y los más ricos son los que menos dan muestras de generosidad, de solidaridad y ni siquiera de inteligencia.

Es más: el fracaso de las cumbres del clima parece decirnos que no hay nada que esperar de ellos. Pero la humanidad no necesita que actúen con grandeza por ser los más ricos y los más poderosos, sino porque son los principales responsables de los males que amenazan al mundo.

Estados Unidos, China, Rusia e India son los mayores agentes de emisiones de gases de efecto invernadero, y son precisamente ellos los que esta semana no se han sumado al grupo de 84 Estados que se comprometen a reducir de forma drástica las emisiones en la próxima década.

Sólo el quinto bloque en emisiones, la Unión Europea, parece estar asumiendo ese compromiso. El inverosímil Donald Trump no se limita a incumplir sus deberes: ha iniciado los trámites para que el país más contaminante del mundo abandone el Acuerdo de París. Lo que no solo produce indignación sino escalofrío.

Nuestros países no tienen un aporte significativo en el calentamiento global, pero están siendo los primeros en padecer sus consecuencias. Es una situación singular: no somos los principales responsables, pero estamos asistiendo más nítidamente a la evidencia de los desastres del clima, y por eso tenemos el deber de reaccionar primero.

Uno de los grandes componentes de las manifestaciones populares en el planeta ahora, y de un modo destacado en la América Latina, es la preocupación por el clima. Hay otras demandas que parecen más urgentes, pero la emergencia ambiental es la que más pesa sobre la conciencia de los jóvenes, porque esta es la primera generación de la historia humana en sentir que le están arrebatando el futuro.

En el mundo ha habido guerras pavorosas, epidemias devastadoras, tiranías infames, terremotos, tsunamis, erupciones, pero nunca la evidencia al mismo tiempo de los científicos y de la simple experiencia de que marchamos hacia un colapso inaudito.

Los pueblos lo advierten y los sabios lo explican, pero los poderosos y los Estados no saben ni quieren tomar decisiones. Los poderes actuales dependen demasiado de la inercia del modelo que está destruyendo el equilibrio planetario, y la política prefiere optar por la búsqueda del crecimiento como único criterio de gobierno de las sociedades aunque a mediano plazo signifique la muerte de toda esperanza.

Por eso son los pobres los que tienen que dar ejemplo, por eso son los pueblos los que tienen que tomar la iniciativa y crear alternativas, por eso solo puede salvarnos lo que aún no existe, y por eso nunca fue tan importante el forcejeo entre los poderes estancados de gobiernos y Estados y la apasionada presión de las multitudes y de las calles.

Y por eso la democracia callejera no puede limitarse a protestar y exigir, aunque eso es tan necesario, sino que tiene que ser inventiva y creadora. Lo que está en cuestión no es solo una manera de gobernar sino una manera de vivir. La política tendrá que dejar de ser asunto de expertos y de administradores, la humanidad tendrá que aprender a dictar la política y a ejercerla.

Creo que los ministerios más importantes del futuro inmediato, que no existen aún en ninguna parte, son los ministerios del clima. Tendrán la tarea de sembrar en el mundo las selvas que necesitamos con urgencia: no apenas de detener la deforestación, sino de cubrir de bosques y de selvas el mundo.

Y ese oficio de sembradores será el que redima de su condición marginal a los jóvenes de nuestras sociedades, necesitados de ingresos y hoy abandonados en las fronteras del peligro. Pero sembrar bosques exige también expediciones por los territorios, grandes excursiones del conocimiento, de la biología y la botánica, de la geografía y la geología, restauración de cuencas y limpieza de ríos, recuperación de especies y reordenamiento de territorios.

Y todo ello exige a la vez siembra de valores, hondos rescates de la memoria, hazañas de la ciencia, revoluciones de la pedagogía y altas aventuras estéticas. En realidad un nuevo pacto de las generaciones jóvenes con la naturaleza, esa naturaleza que hoy hemos reducido a la condición de bodega de la industria y basurero de los enjambres urbanos. Y nada ayudará tanto a reinventar la seguridad y la convivencia como esta recuperación de la juventud para un proyecto de civilización.

Claro que los vehículos eléctricos y el cambio de matriz energética son tareas urgentes de la humanidad y de sus gobiernos. Claro que las tareas son incontables. Que un cambio en los hábitos de consumo y abandonar la letanía industrial que sólo ofrece subordinación a las máquinas y sustitutos a la actividad humana es algo indispensable.

Pero tal vez nuestra primera tarea, hasta que obliguemos a los grandes poderes a entender la magnitud de lo que ocurre, y reaccionar, es tomar la iniciativa, aquí y ahora, y dar ejemplo.

Estamos cansados

Estamos cansados de esa política de directorios, en la que solo los poderosos y los expertos pueden opinar, y cuando el pueblo opina, es un perturbador y es un intruso. Qué bueno para el poder este modelo en el que somos ciudadanos solo una vez cada cuatro años. Esa voz que nos dice: “Vota y elígenos y ya no opines más”.

Por: William Ospina / El Espectador

Estamos cansados de que la autoridad y la ley y las formas sean más importantes que la gente. Estamos cansados de un mundo que no ofrece salud, sino apenas remedios y quirófanos, en el que la salud hay que esperarla y suplicarla y sufrirla. Estamos cansados de que las decisiones que nos afectan a todos solo consulten el interés de las corporaciones y la voluntad de los políticos.

En Colombia, en 1948, no solo mataron a Gaitán sino al país campesino, al país mestizo, al país indio. Nos ordenaron darle la espalda a la naturaleza y decirle adiós a la agricultura, para imponer un modelo de desarrollo que ahora está matando al mundo.

Estamos cansados de ya no saber lo que comemos, en una época absurda, cuando los alimentos no son salud sino fuentes de enfermedad.

Estamos cansados de que sea la gente la que les pide audiencia a los políticos y no los políticos a la gente. Estamos cansados de que las decisiones sobre cada páramo, cada río, cada bosque, cada cañada, cada rincón del territorio, las tomen los que no los conocen, ni los aman, ni los han visto nunca.

Estamos cansados de vivir como extranjeros en nuestra patria y como extraños en nuestro mundo, pidiéndoles siempre permiso a unos dueños.

Estamos cansados de tener una juventud sin ingresos, una ciudadanía sin oportunidades, una naturaleza que no conocemos, una fábrica de agua que destruimos, ríos envenenados, bosques talados, selvas que fueron siempre el pulmón del planeta y ahora viven bajo amenazas crecientes.

Estamos cansados de una educación que no nos ayuda a ser humanos, que no nos enseña a ser responsables, que nos enfrenta los unos a los otros, que nos hace avergonzarnos de nuestros abuelos, que no nos enseña a cuidar el mundo, que no nos da lecciones de orgullo, ni de dignidad, ni de grandeza.

Estamos cansados de esperar: de esperar el gobierno generoso que nunca llega, la economía incluyente que está cada vez más lejos, la prosperidad que prometen, la paz que diseñan sin nosotros, la vida bella que merecemos y que siempre hay que dejar para después.

Estamos cansados de un desarrollo que envenena al mundo, de un progreso que no nos hace mejores, de una comunicación que nos hace egoístas y sordos, de una riqueza que produce muerte, de una política que produce odio, de un estilo de vida que solo produce desdicha e insatisfacción.

Estamos cansados de humo, estamos cansados de urgencias, cansados de un consumo que solo genera basura y angustia. Estamos cansados de papeleos, estamos cansados de trámites, cansados de la voracidad de los bancos y de su tanto por ciento, cansados de que sólo los que engañan sean dignos de crédito.

Cansados de un modelo que les mezquina las monedas a los pobres para poderles entregar los billones a las grandes maquinarias corruptas que cumplen con todos los trámites.

Estamos cansados de que el mundo sea ancho y ajeno. Cansados de que ellos se queden con el mundo y a nosotros nos dejen las fotografías.

Estamos cansados de amar con vergüenza, de engendrar con miedo, de trabajar sin ganas, de luchar sin fuerzas, de morir sin gracia. Y estamos cansados de ser los cómplices de nuestros verdugos, de elegir a los que nos matan, de alimentar a los que nos roban, de admirar a los que nos desprecian.

Estamos cansados de que cueste tanto una educación que nada resuelve. De que inventen estratos y castas para que cada uno de nosotros quiera ser más que el otro, de que nos dividan para beneficio de ellos, que siempre están unidos para devorarnos.

Cansados de que nos sigan diciendo que al crimen se lo combate con criminales, que a la pobreza se la combate con jueces y cárceles; cansados de que las soluciones sigan siendo las mismas que nunca solucionaron nada.

Queremos un país y queremos un mundo. El resultado de 200 años de falsa democracia son los ríos envenenados, los páramos destruidos, las selvas taladas, las ciudades rodeadas de miseria, el hambre en los vientres y el odio en los corazones.

Estamos cansados de esperarlo todo y de no recibir nada. Estamos cansados, pero ese cansancio no es una derrota. Porque la poesía expresa el alma de los pueblos, y un poeta nuestro, Barba Jacob, escribió los versos más valientes de toda la poesía universal: “Nada, nada por siempre, y merecía / Mi alma, por los dioses engañada, / La verdad, y la ley, y la armonía. / Sé digna de este horror y de esta nada, / Y activa, y valerosa, oh alma mía”.

"Carnicería americana": EEUU, consumido por las drogas.

Aunque es un tema bien conocido, la máxima autoridad económica estadounidense, Janet Yellen, presidenta de la Reserva Federal, alertó que la epidemia de muertes por drogas está trastocando el mercado laboral al punto que las industrias no encuentran personal calificado para cubrir vacantes.

Por: Raul Zibechi / Sputnik Mundo

Yellen compareció ante el Senado de los EEUU a mediados de julio, donde afirmó que "la industria manufacturera tiene dificultad para dar con aspirantes con la preparación adecuada para desempeñar sus funciones" aunque, paradójicamente, el sector capacitado de la población "no se moviliza porque los salarios son bajos".

La tasa de participación laboral de los estadounidenses se encuentra al mismo nivel que en la década de los 70, hace casi medio siglo, en gran medida por "la adicción de los jóvenes en edad de trabajar a los opiáceos".

La funcionaria encontró tres razones para esa verdadera epidemia, que mata más personas que el pico del sida, alcanzado en 1995. Los jóvenes consumidores no se forman porque abandonan sus estudios. En segundo lugar, el consumo de opiáceos y otras drogas los apartan cada vez más del mercado de trabajo. En tercero, se registra una elevada tasa de suicidios y muertes por sobredosis, en gran medida por depresiones, en regiones que sufren problemas económicos y desocupación.

En 2014 hubo 1,3 millones de personas que necesitaron asistencia médica por consumo de medicamentos con receta y opiáceos, lo que representa el doble que en 2005. En referencia a lo que se considera una epidemia de drogadicción, que castiga especialmente a las personas en un grupo de edad entre los 25 y los 44 años, Yellen dijo que le resulta "extremadamente insólito", porque "EEUU es la única nación avanzada en la que hemos visto algo así".

Un extenso informe de The New York Times del mismo mes sostiene que las muertes por sobredosis son la primera causa de defunciones entre los menores de 50 años, y constata que siguen creciendo a un ritmo infernal: 19% entre 2015 y 2017. En la década de los 80, las muertes por sobredosis de drogas oscilaban entre 6.000 y 7.000 personas por año, trepando ocho veces hasta rozar las 60.000 que se estiman para 2017.

Lo más curioso es la percepción que las elites estadounidenses tienen sobre el tema, al que el New York Times considera "una plaga moderna", con la carga de miedos y temores que caen sobre una nación que desde siempre teme repetir las causas de lo que hace dos milenios provocó la "decadencia del Imperio Romano".

La droga más mortífera en este momento, sobre todo en estados donde la desindustrialización hizo estragos como Ohio, es el fentanilo y el carfentanilo, un tranquilizante 5.000 veces más potente que la heroína. Más de dos millones de personas dependen de los opiáceos legales y otros 95 millones de analgésicos recetados en 2016. En algunos condados, las reuniones de Narcóticos Anónimos están repletas de abogados, contadores y jóvenes profesionales con alto nivel educativo.

Se trata de un país que con el 5% de la población consume el 80% de los opiáceos farmacológicos del mundo. El Gobierno de Donald Trump ha creado una comisión para debatir medidas contra la epidemia de drogadicción, a la que ha definido como un problema del mismo nivel que el crimen y las pandillas, a las que denomina "la carnicería americana".

Los medios, los políticos y el empresariado estadounidense parecen rehuir la relación entre la epidemia de muertes por sobredosis y el modelo económico y social impuesto desde la década de los 80. En el mismo período en que se produjo el crecimiento exponencial del consumo de opiáceos, la riqueza del 1% se elevó hasta niveles inéditos, mientras los ingresos de la clase media blanca se derrumbaron.

Millones de adictos comenzaron por el consumo de tranquilizantes en la década de los 90, cuando empezaron a sentirse las primeras consecuencias del modelo neoliberal. Los opiáceos de prescripción legal son un inmenso negocio para las farmacéuticas. En los últimos 15 años las recetas de estos medicamentos contra el dolor se han triplicado, pero el 75% de los heroinómanos empezó con esos analgésicos.

Se trata de personas con sus vidas y familias destrozadas, ya que al perder sus puestos de trabajo en la vieja industria fordista, reconvertida con la automatización y luego con la robotización de la cuarta revolución industrial, no pudieron reciclarse a los nuevos empleos altamente tecnificados. Nadie los ayudó, en un país individualista donde surgen voces que piden que se deje morir a los drogadictos sin atenderlos, como ya sucede con las autoridades de algunos condados de Ohio.

La crisis sanitaria que emerge en Estados Unidos es apenas la punta del iceberg de problemas mucho más profundos y de carácter estructural. Dos de ellos parecen insoslayables: la hegemonía del capital financiero y la ambición por mantenerse en el primer lugar en el mundo mediante el uso y abuso de su poder militar.

El capital financiero siempre existió, pero sólo se vuelve dominante cuando la economía real, la producción de mercancías, es desplazada por la especulación, signo inequívoco de la decadencia de las naciones. Los propietarios del capital dejan de confiar en inversiones de largo plazo y apuestan por ganancias inmediatas en el casino de la especulación, convirtiendo a las bolsas de valores en parte del mecanismo especulativo.

EEUU muestra varias fracturas que tienden a crecer. Al viejo conflicto social que afecta a la población negra se suma la actual epidemia de opiáceos, que muestra dos nuevas y tremendas fracturas. Por un lado, la que afecta a las clases trabajadoras y profesionales, como consecuencia del modelo neoliberal. En paralelo, aparece la división geográfica entre la Costa Este, decadente, y la Oeste, más próspera y volcada hacia las nuevas tecnologías. Ambas pueden terminar por hundir al mayor imperio de la historia.

[Brasil] Lula: El fin de un sueño

La condena por la justicia del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, es el broche final de la ofensiva contra el proyecto de convertir a Brasil en una nación independiente de Estados Unidos y con proyección propia en el escenario regional y global. 

Por: Raul Zibechi / La Jornada

Otros dos arietes de esa estrategia llevan meses en prisión: Marcelo Odebrecht, director de la empresa que construye submarinos, y el vicealmirante Othon Luiz Pinheiro da Silva, el padre del programa nuclear brasileño.

El proyecto Brasil Potencia tiene una larga historia que se remonta, como mínimo, hasta la década de 1950 cuando el segundo gobierno de Getúlio Vargas (1951-1954). En su carta-testamento, Vargas sugiere que estaba siendo acosado por presiones de Washington, que no aceptaba, entre otras, su opción por un desarrollo autónomo del área nuclear. Luché contra la expoliación de Brasil, escribe poco antes de dispararse al corazón, el 24 de agosto de 1954 (goo.gl/nf2DrF).

Poco después, en 1959, el presidente desarrollista Juscelino Kubitschek (1956-1960) denunció al FMI y a los enemigos del Brasil independiente de intentar forzar una capitulación nacional, a fin de que la industria cayese en manos extranjeras, según afirma Alberto Moniz Bandeira en su obra Presencia de Estados Unidos en Brasil (Corregidor, 2010, p. 453).

Una década después, las ambiciones de los militares brasileños fueron plasmadas por el general y geopolítico Golbery do Couto e Silva. El militar escribió una obra decisiva, Geopolítica del Brasil (México, El Cid, 1978), donde diseña el papel de su país en la región: alianza con Washington contra el comunismo, expansión interna hacia la Amazonia y externa hacia el Pacífico para cumplir su destino manifiesto.

Defendía la idea de que Brasil debe engrandecerse o perecer, política que fue la brújula del principal think tank del Sur, la Escuela Superior de Guerra, donde se formaron los mayores cuadros de la burguesía brasileña. Entre ellos Marcelo Odebrecht, quien en la revista de la Asociación de Graduados de la ESG agradecía, hace sólo seis años, la vocación y el compromiso de las fuerzas armadas en la formación de líderes públicos y privados, a la vez que destacaba que sus doctrinas contribuyen efectivamente al desarrollo nacional (goo.gl/SSMKCn).

No es ninguna casualidad que las grandes empresas brasileñas (Camargo Correa, Odebrecht, Gerdau, Votorantim, Andrade Gutierrez, entre otras) hayan crecido bajo el ala de las grandes obras del régimen militar (1964-1985).

El principal proyecto atómico de Brasil, el Programa Nuclear de la Marina, fue creado en 1979 y en apenas una década consiguió dominar el ciclo completo de enriquecimiento de uranio con centrifugadoras desarrolladas en el país. La reacción de Washington fue tan dura como la que propició en la década de 1950 la ofensiva contra Vargas. El país fue colocado en una lista negra para impedirle importar materiales para su programa nuclear.

El vicealmirante Othon era el principal gestor del programa, razón por la que fue monitoreado por agentes de la CIA durante varios años, según medios cercanos a los militares (goo.gl/AjsBWU). Su prestigio era tan grande que obtuvo ocho medallas militares. En 2015 fue detenido en el marco de la Operación Lava Jato, acusado de corrupción y desvío de fondos desde su cargo de director de Eletronuclear, la estatal que construye y opera las usinas nucleares.

El programa nuclear fue reactivado bajo el gobierno de Lula, luego del parón de la década privatizadora. En 2008 se descubrieron los yacimientos de petróleo off shore, llamados Pre-sal, lo que movió al gobierno a establecer un acuerdo con Francia para la construcción del primer submarino nuclear, destinado a resguardar la Amazonia Azul (costa atlántica) de donde proviene 90 por ciento de la producción petrolífera.

Odebrecht fue la empresa designada por Lula, sin concurso, para construir el astillero y una base naval para submarinos en la bahía de Sepetiba, en Río de Janeiro. La confianza de Lula en la empresa se debe a la extensa relación entre la familia Odebrecht y el dirigente del PT, que se inició en las postrimerías de la dictadura cuando despuntaba como líder sindical.

Marcelo, el CEO de la empresa destinada a cumplir los sueños de una defensa independiente de Washington y la multinacional privada más fuerte del país, fue detenido apenas ocho semanas antes que el vicealmirante Othon. Al empresario lo condenaron a 19 años, aunque luego negoció una delación premiada que reduce su pena. Othon se llevó la mayor condena que han tenido los 144 encarcelados por Lava Jato: 43 años de cárcel.

Bajo los dos gobiernos de Lula (2003-2010), Brasil sentó las bases de la integración regional mediante la creación de la Unasur y la Celac, sin la presencia de Estados Unidos, y fue un miembro destacado de los BRICS. Realizó enormes obras de infraestructura, algunas en la misma dirección que los gobiernos militares, como la represa de Belo Monte, y potenció como ningún otro gobierno democrático la renovación de las fuerzas armadas.

Las tres biografías tienen un punto en común: desde ámbitos bien distintos, pugnaron por un proyecto propio de gran potencia para Brasil, lo que inevitablemente molestó a Estados Unidos. Subestimaron al imperio, probablemente por confiar en la democracia.

Los grandes empresarios suelen ser corruptos, de lo contrario no llegarían a acumular tanta riqueza. Los militares son el peor aparato del Estado y sobre eso cabe poca discusión, salvo para quienes sueñan con milicos democráticos o socialistas.

No creo que ningún presidente en ninguna parte del mundo sea inocente, por algo llegan a ese lugar. Se puede ser corrupto robando o sólo haciendo promesas que, saben, nunca cumplirán.

En el caso de Brasil, la cuestión no es la corrupción, sino la necesidad de echar abajo un proyecto de largo aliento que soñaba con modificar la relación geopolítica de fuerzas sin arriesgarse a combatir.

Brujas, Perras y Narcoparamilitares

La cuestión es que se trata de una violencia difusa, sin centro dirigente aparente, lo que hace difícil identificar a sus autores al punto que las autoridades niegan la existencia de las Águilas Negras. 

Por: Raúl Zibechi / La Jornada

"Muerte a las perras", se titula el panfleto distribuido por las Águilas Negras en el correo electrónico de una organización social de Bogotá. En este caso, la banda paramilitar amenaza a defensoras de derechos humanos (todas mujeres) y muestra un lenguaje y estilo que desnuda el carácter violento y machista del grupo armado.

Malditas perras sapas del gobierno gonorreas las bamos a matar por sapas y por andar de metidas donde no deben sapas hp luchando por los derechos de la mujer que mierda son si lo unico que son es sirvientas de nosotros aver si se van a hacer oficio de la casa malparidas, reza textualmente el volante reproducido parcialmente por la página pacifista.co (goo.gl/hoL4Hy).

La amenaza va dirigida a las integrantes de la Mesa Nacional de Víctimas: Van a caer con sus familias y a estos hp malparidos por estar apoyandolas los bamos a matar por metiches y no ser fieles a la causa.

Una de las amenazadas dijo a los medios: El gobierno no ha hecho nada para protegerme. Todos los días matan a líderes sociales en el país y a ellos parece no importarles porque no hacen nada. Hago responsable al Estado por lo que me pase a mí, a mi familia y a mis compañeras. Este es el punto central.

Águilas Negras proviene de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), supuestamente desmovilizadas, y su accionar se ha destacado en departamentos conflictivos como el Cauca, donde ha amenazado y asesinado a dirigentes indígenas. También en las regiones de población negra y en Ciudad Bolívar, la periferia sur de Bogotá.

En 2016 fueron asesinados 94 defensores de derechos humanos y líderes sociales, la cifra más alta desde que comenzó el proceso de paz. Las víctimas son en su inmensa mayoría militantes ligados a Marcha Patriótica, al Congreso de los Pueblos y a diversos movimientos populares.

Este tipo de violencia es bien diferente de la que afectó en la década de 1980 a la Unión Patriótica. En aquellos años fueron asesinados más de 2 mil militantes, incluyendo alcaldes, concejales, diputados, senadores y candidatos a la presidencia, por una alianza de paramilitares y narcotraficantes que arrasaron con la izquierda electoral vinculada al Partido Comunista y las FARC.

Parece necesario detenerse en las principales características de esta violencia sistemática contra los sectores populares organizados, ya que no se registra sólo en Colombia sino que se ha convertido en un modo de regular las relaciones sociales en todo el continente, con especial desarrollo en México y Guatemala. En este punto, debemos recordar el papel del general Óscar Naranjo, actual vicepresidente de Colombia, en la exportación de la narcodemocracia a México, como ha consignado Carlos Fazio (goo.gl/vT7Xt).

La primera cuestión es que se trata de una violencia difusa, sin centro dirigente aparente, lo que hace difícil identificar a sus autores al punto que las autoridades niegan la existencia de las Águilas Negras. La dirección de Inteligencia de la Policía de Colombia asegura que la organización ya no existe, lo que puede ser cierto si pensamos en un aparato estructurado con mando centrales.

Un informe de la BBC sobre las Águilas Negras, sostiene que es una razón social que utilizan varios grupos y pone un ejemplo: En el Cauca, a raíz de un conflicto interno en una universidad, un grupo de gente decidió sacar un panfleto firmado Águilas Negras contra unos profesores (goo.gl/0gGOQw). Este es el punto: una maquinaria narcoparamilitar desterritorializada, convertida en cultura política de control de las relaciones sociales a cielo abierto.

La segunda es que estamos ante una forma brutal de regular las relaciones entre personas y, de modo muy particular, de enfrentar a los movimientos sociales. El excelente informe Mujeres y guerra: víctimas y resistentes en el Caribe colombiano, del Centro Nacional de Memoria Histórica (2014), destaca que las masacres son el límite más brutal de la violencia paramilitar. A partir de ellas, consiguieron imponer un nuevo orden social.

“A través del uso del lenguaje, la regulación del cuerpo, el espacio y las prácticas sociales, estos actores lograron imponer sus ideas de orden, ‘buen’ comportamiento y disciplina” (p. 37). De ese modo, establecieron un orden patriarcal, racista, capaz de regular los mínimos intersticios de la vida cotidiana. Las mujeres relegadas a sus casas, los negros y homosexuales sistemáticamente humillados, y los hombres debían comportarse de forma viril y ceñirse a un modelo de hombre guerrero y militar (p. 38).

La tercera se relaciona con la continuidad de este modelo de control una vez finalizada la guerra. En las regiones dominadas por los paramilitares, la guerra continúa pero con otros actores, como las pandillas que actúan sobre el legado de miedo dejado por la violencia, usando métodos muy similares.

Por eso debemos hablar de una maquinaria, un nuevo modo de control de la población como lo fue el panóptico, que con el tiempo se ha convertido en el sentido común para organizar los espacios de encierro y funciona naturalmente, sin que un mando central deba promoverlo o planificarlo.

Por último, debe entenderse que estamos ante una violencia sistémica, no coyuntural. Los feminicidios y el narco son los modos de control de los de abajo en la zona del no-ser; el modo de tener controlados a indios, negros y mestizos. No depende, por tanto, de la actitud progresista de las autoridades o de la benevolencia de los varones. Es como la plusvalía: funciona aunque el patrón pague salarios justos, porque la explotación del trabajo asalariado es inherente al capitalismo.

Por brutal que sea, la violencia nunca es el objetivo final, sino el medio para construir un orden social jerárquico, patriarcal, capitalista. Es el genocidio que el sistema necesita para imponer la cuarta guerra mundial contra los pueblos y la vida. Esto es lo que no podemos perder de vista en la imprescindible denuncia sobre las violaciones de los derechos humanos.

[Rafael Correa] Ecuador: Rezagos del viejo país

Jamás he entendido aquel morboso deseo de extraer la mayor cantidad posible de recursos al Estado central. Son incapaces de generar riqueza, tan solo arrancharla

Por: Rafael Correa* / El Telégrafo

La supuesta nueva ‘deuda’ del Estado central con el IESS* se genera por el pago de las atenciones de salud de los jubilados y de enfermedades catastróficas, de acuerdo con la Ley de Seguridad Social del 30 de noviembre de 2001, que tenía como objetivo privatizar la seguridad social. Dicha ley fue aprobada por la llamada ‘aplanadora’, es decir, la mayoría legislativa conformada por socialcristianos y democratacristianos. 

La privatización era permitida por la Constitución de 1998, hecha también por estos partidos políticos, que en el art. 58, en su parte pertinente, decía que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social “podrá crear y promover la formación de instituciones administradoras de recursos para fortalecer el sistema previsional y mejorar la atención de la salud de los afiliados y sus familias”. 

Este artículo buscaba eludir el amplio rechazo popular expresado a la pregunta 2 de la consulta popular del 26 de noviembre de 1995, impulsada por el Gobierno de Sixto Durán-Ballén, que proponía que toda persona tuviera “el derecho a escoger libre y voluntariamente que tanto el régimen de seguridad social, como sus prestaciones y servicios estén a cargo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social o de otra institución pública o privada”, y que el sistema de seguridad social se funde en los “principios de solidaridad y libre competencia”. 

Así, con la Constitución redactada por la partidocracia en un cuartel militar, se burlaron de la voluntad del pueblo ecuatoriano. Aquello era la ‘democracia’ y el ‘Estado de derecho’ que se vivían en ese entonces, mientras la prensa callaba tamaños despropósitos. 

Para el sistema previsional, la Ley de 2001 planteaba un régimen mixto: uno de jubilación por solidaridad intergeneracional y otro de jubilación por ahorro individual obligatorio (art. 173). Este último sería entregado para su gestión a “las empresas administradoras del ahorro previsional” (art. 208). No era otra cosa que el modelo chileno creado por Pinochet. Todo esto fue declarado inconstitucional por resolución del Tribunal Constitucional N° 052-2001-RA, publicada en el Registro Oficial, Suplemento 525, del 16 de febrero de 2005. 

Pero la ley también planteaba un régimen mixto para la atención de salud, el cual oportunistamente se dejó intacto.   

De esta forma, el IESS debió crear el Fondo Presupuestario de Prestaciones de Salud (art. 50); financiado con la aportación de trabajadores, empleadores y la contribución financiera obligatoria del Estado (art. 111); y manejado por una administradora independiente, que recibiría como pago hasta el 4% de los ingresos del Fondo (art. 120). El Fondo Presupuestario de Prestaciones de Salud pagaría las atenciones de salud en la institución elegida por el afiliado, siendo las unidades médicas del IESS un proveedor más que debía competir con el sector privado (art. 116).   

Como el costo de atención de salud de los jubilados podía hacer quebrar al Fondo y dañar los negocios, obligaron a que ellos solo se atiendan en las unidades del IESS y, lo más absurdo, que todo sea pagado por el Estado. 

El art. 10, letra ‘d’ de la ley dice: “El jubilado recibirá prestaciones de salud en las unidades médicas del IESS, en las mismas condiciones que los afiliados activos, con cargo a la contribución financiera obligatoria del Estado. Sin perjuicio que el Estado entregue la contribución financiera, el jubilado recibirá la prestación”. 

En el art. 103, letra ‘f’, la ley establece que las enfermedades catastróficas serán atendidas por “un fondo solidario” constituido con el aporte obligatorio de los afiliados y empleadores y la contribución obligatoria del Estado. 

Es decir, la atención de salud de los afiliados ‘normales’ debía ser pagada por el Fondo Presupuestario de Prestaciones de Salud que incluye “la contribución financiera obligatoria del Estado” (art. 116); la atención de los jubilados debía ser pagada directamente por “la contribución financiera obligatoria del Estado” (art. 10, letra ‘d’); y las enfermedades catastróficas debían ser pagadas por un fondo especial que también incluye “la contribución financiera obligatoria del Estado” (art. 103, letra ‘f’). ¿Quién entiende este galimatías? ¡Y todo esto sigue vigente! 

El IESS nunca constituyó ninguno de los fondos, como era su responsabilidad (art. 50). Además, la archifamosa “contribución financiera obligatoria del Estado” debía sujetarse a lo dispuesto en el reglamento de la ley (art. 111). Ese reglamento nunca existió, porque siempre se cuestionó la constitucionalidad de este cuerpo legal. 

Pese a todos estos vacíos, inconsistencias y absurdos, la Contraloría, por medio de informe DAAC-059-2017, establece una deuda al IESS de $ 2.527 millones con corte al 30 de septiembre de 2016. De esta ‘deuda’, $ 1.779 millones corresponderían al Estado central, es decir, mucho más de lo recaudado con tanto sacrificio por la Ley de Solidaridad para la reconstrucción posterremoto. El saldo, $ 749 millones, corresponde a ‘deuda’ por enfermedades catastróficas, que, de acuerdo al informe, es la única que necesita de un reglamento para distribuirla entre trabajadores, empleadores y Estado. 

De aceptarse estas ‘deudas’, se tendría que pagar por año al IESS aproximadamente $ 465 millones, más del triple de lo que el Estado central invierte anualmente en centros de desarrollo infantil.   

La realidad es que no hubo ninguna auditoría. Lo que hace el informe de Contraloría es aceptar pasivamente la deuda registrada unilateralmente por funcionarios del IESS para lograr la ‘sostenibilidad’ del Instituto, sin explicar cómo se estimó la deuda ni cuestionando su legitimidad.                  

Los conceptos en la ley son tan confusos que se necesita un fundamental ejercicio de interpretación: debemos entender que al referirse a ‘Estado’ están hablando del Estado central. En realidad ‘Estado’ es el propio IESS, las demás funciones del Estado, los GAD, las empresas públicas, la banca pública, las universidades públicas, etc. 

La Contraloría es parte del Estado. ¿Qué tal si ‘interpreto’ que es ella la que tiene que pagar la “contribución financiera obligatoria”? ¿Dónde dice, en toda la ley, que es el Estado central el que tiene que pagar dicha contribución? 

Además del abuso de pretender pasarle los costos al Estado central y la discriminación a los jubilados, que solo podrían ir a las unidades médicas del IESS, la ley pulveriza elementales normas de administración, ya que el coste de las acciones de un agente recae sobre otro agente independiente. En otras palabras: ‘yo gasto y tú pagas’, sin restricción presupuestaria, sin responsabilidad, sin que le cueste sus propias acciones. ¡La fórmula del desastre! 

Si el IESS no puede atender a sus jubilados y a sus afiliados con enfermedades catastróficas, un sistema menos ilógico sería que los atendiera directamente el MSP, y así al menos tener control sobre el gasto. Pero los mismos que hablan de la ‘terrible situación fiscal’ son los que defienden estas barbaridades. Los mismos que siempre han intentado que el Gobierno no tenga ninguna injerencia en el IESS, considerando al Instituto poco menos que una cooperativa de ahorro y crédito privada, son los que ‘exigen’ que el Estado central pague todo. Los mismos que demandan ‘institucionalizar’ al país, aplauden estas aberraciones. 

¿Quién puede explicar cuál es la lógica institucional de que el Estado central pague las atenciones de salud de los JUBILADOS y las enfermedades catastróficas de los afiliados? ¿No es aquello acaso deber ESENCIAL del IESS? Alguien podría argumentar que hay que financiar al IESS. 

Siguiendo esta lógica, debido a que, de acuerdo a ciertos ‘analistas’, el déficit fiscal es ‘inmenso’, propongamos una ‘ley’ para que el IESS pague el sueldo de los policías, porque también hay que ‘financiar’ al Estado central. O, si no le alcanza la plata al Municipio de Quito para la construcción del metro, propongamos una ‘ley’ para que el saldo lo pague el Municipio de Guayaquil. Y si después quieren privatizar el metro, hacemos otra ‘ley’ que disponga que los costos de mantenimiento los pague la Prefectura de Pichincha, para que así el negocio sea ‘rentable’. 

Cabe indicar que ni siquiera se tienen claras las nociones de rentabilidad y sostenibilidad. Que otro pague las pérdidas no convierte nada en rentable ni sostenible, y, en este caso, lo único que se genera son los tan satanizados ‘subsidios’. 

Hoy, muchos sectores del viejo país celebran esta nueva ‘conquista’, como la llaman arcaicas organizaciones laborales. También existe el regocijo de cierta prensa opositora e, increíblemente, de ‘cámaras de la producción’. Por supuesto, ya rechazan la parte que les correspondería pagar de acuerdo con esa misma ley. 

Jamás he entendido aquel morboso deseo de extraer la mayor cantidad posible de recursos al Estado central, más aún por parte del resto del Estado. Son incapaces de generar riqueza, tan solo arrancharla, desequilibrando a los demás sectores. ¿Se entenderá que la multimillonaria deuda al IESS, es una ‘deuda’ que tendremos que pagarla todos? 

En todo caso, a prepararnos, porque, de acuerdo con esa misma ley, por medio de la cual se intenta esquilmar al Estado central, el afiliado podrá escoger el servicio de salud, el IESS tendrá que competir con el sector privado, y los fondos deberán ser administrados por una empresa privada. 

Con tan terribles contradicciones, doble moral y festival politiquero, jamás saldremos del subdesarrollo.

*Rafael Correa Delgado, expresidente de Ecuador. 

Paz: ¿Quedará en el papel la Reforma Rural Integral?

El 80% de todos los Acuerdos de paz firmados en todo el mundo, en las últimas décadas, no han sido cumplidos por los gobiernos que refrendaron los pactos.

Por: Horacio Duque Giraldo / Alainet

Casi todo lo consensuado se queda en el papel mientras las guerrillas dejan las armas y se desmovilizan.

Se ha publicado el Decreto 902 del 2017 con los elementos básicos de la Reforma Rural Integral acordada con las Farc y los desafíos para hacerla realidad son gigantescos.

Solo una poderosa movilización agraria conquistara la materialización de cada uno de los temas de la Reforma Rural Integral.

La construcción de la paz ha dado un importante salto en el campo institucional.

Era necesario que tal cosa ocurriera.

Se debe recordar que en el acuerdo inicial para despegar en los diálogos de paz de La Habana, entre el gobierno y las Farc, se dejó dicho que la implementación de las coincidencias demandarían del gobierno las correspondientes adecuaciones institucionales del aparato estatal vigente para disponer, de esa manera, de una infraestructura apta para avanzar en la construcción de la paz.

En el texto del Acuerdo final, firmado el pasado 24 de noviembre del 2016, se consignan los detalles de las acciones correspondientes en el ámbito legal para generar las entidades encargadas de trabajar en la paz. Actos legislativos, leyes, decretos-leyes, Conpes y planes de acción son el conjunto de herramientas aprobadas para el efecto.

Hoy disponemos de varias de esas normas que dan origen a las instituciones de la paz.

Están vigentes cerca de tres Actos Legislativos, 2 leyes, casi 90 decretos leyes expedidos por el señor Santos en desarrollo de las Facultades extraordinarias, dos Conpes (3850 y 3867), y una hipótesis de Plan marco que aún no se oficializa pesar de haberse cumplido los plazos establecidos.

Este tramo institucional demanda el mayor cuidado y análisis en la perspectiva política de la profundización de los potenciales del proceso de paz. Temas como el institucionalismo histórico, las disputas en el seno del Estado (García Linera) y las proyecciones estratégicas de la lucha revolucionaria (Lenin, Gramsci) deben ser referencias de un análisis de mayor calado entre los sectores involucrados en la defensa de la terminación de la guerra.

En este trabajo quiero referirme a los desafíos que plantea el decreto 902 del 27 de mayo (http://bit.ly/2qvNK0s), que fija los términos de las obligaciones y responsabilidades institucionales en lo atiente a la Reforma Rural Integral.

Se trata de una gran conquista de la resistencia agraria liderada por las Farc y de un poderoso instrumento de movilización de las masas campesinas que debe darse, en principio en las 16 áreas territoriales seleccionadas para la organización de los Programas de Desarrollo Territorial (Pdet), con sus respectivos Planes de Acción como Instrumentos de Transformación Territorial (Pat).

El texto de dicho decreto debe ser el alma de las reivindicaciones agrarias para exigir su pronto y efectivo cumplimiento, pues de lo contrario quedara convertida en un vulgar papel y en una burla para millones de trabajadores del campo, nada improbable si se tiene en cuenta que en otros acuerdos de paz firmados con patrocinio de la ONU, el 80% de los gobiernos los ha incumplido.

Un primer desafío para el movimiento agrario es impedir que dicho Decreto quede convertido en letra muerta o que sea desviado en favor de las minorías que monopolizan la propiedad de millones de hectáreas.

El proyecto implica garantizar el acceso a 3 millones de hectáreas por parte de los guerrilleros y las familias localizadas en las zonas del conflicto armado (más de 800 mil); también la formalización de la propiedad de 7 millones de hectáreas, tarea que le corresponde al Fondo de Tierras de la Agencia Nacional de Tierras.

Señalemos que la agenda sobre la Reforma Rural Integral, debe promover la transformación estructural y radical del campo, con el fin de cerrar las divisiones entre el campo y la ciudad y crear condiciones de bienestar y buen vivir para la población campesina pobre. Debe proponerse integrar a las regiones, erradicar la pobreza, promover la igualdad y asegurar el pleno disfrute de los derechos de la ciudadanía, mediante intervenciones y programas para: (i) beneficiar a campesinos sin tierra o tierra insuficiente, y aumentar su productividad; (ii) ordenar socialmente la propiedad, en especial en el territorio rural, y formalizar la tenencia de la tierra; (iii) establecer una nueva jurisdicción agraria para garantizar una ágil y oportuna atención de los conflictos agrarios, especialmente de los pequeños y medianos propietarios y poseedores; y (iv) proteger las áreas de especial interés ambiental. Para lograr lo anterior, el cambio rural contempla intervenciones nacionales bajo el principio de desarrollo sostenible, relacionadas con: (i) infraestructura y adecuación de tierras; (ii) estímulos a la productividad; (iii) desarrollo social en salud, educación y saneamiento básico; (iv) la garantía progresiva del derecho a la alimentación; y (v) zonificación ambiental, cierre de la frontera agropecuaria y superación de los conflictos de vocación y uso del suelo. La meta, como resultado de esta agenda, es eliminar la pobreza extrema y reducir la pobreza rural a la mitad, en el periodo de transición de diez años, todo ello ordenado y reglamentado mediante una Ley que debe aprobarse prontamente por el Congreso nacional.

De entrada es necesario sugerir que en dicha normatividad, tan importante es el articulado como los considerandos que la sustentan.

Respecto del contenido mismo del articulado deben resaltarse los siguientes puntos:

Sujetos de acceso a la tierra

El Título 1 del Decreto 902 se refiere a los sujetos de acceso a la tierra y a la formalización de la misma, el cual se aplica a todas las personas que ejerzan o pretendan ejercer derechos sobre predios rurales en los programas para efectos de acceso a tierra o formalización.

Las comunidades étnicas son sujetos de acceso a tierra y formalización con destino a la constitución, creación, saneamiento, ampliación, titulación y restructuración de territorios ocupados o poseídos ancestral y/o tradicionalmente, de acuerdo a los términos del Decreto Ley que estamos comentando, en concordancia con la Ley 21 de 1991, la Ley 160 de 1994 y el Decreto 2164 de 1995, la Ley 70 de 1993 y el Decreto 1745 de 1995, el Decreto 2333 de 2014 o las normas que los modifiquen o sustituyan.

Para todos los casos, los programas de acceso a tierras en desarrollo de lo establecido por el decreto ley 902 se limitarán a personas colombianas que reúnan los requisitos establecidos en la norma.

Son sujetos de acceso a tierra y formalización a título gratuito los campesinos, campesinas, trabajadores, trabajadoras y las asociaciones con vocación agraria o las organizaciones cooperativas del sector solidario con vocación agraria y sin tierra o con tierra insuficiente, así como personas y comunidades que participen en programas de asentamiento y reasentamiento con el fin, entre otros, de proteger el medio ambiente, sustituir cultivos ilícitos y fortalecer la producción alimentaria, priorizando a la población rural victimizada, incluyendo sus asociaciones de víctimas, las mujeres rurales, mujeres cabeza de familia y a la población desplazada, que cumplan concurrentemente los siguientes requisitos:

1. No poseer un patrimonio neto que supere los doscientos cincuenta (250) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de participar en el programa de acceso a tierras.

2. No ser propietario de predios rurales y/o urbanos, excepto que se trate de predios destinados exclusivamente para vivienda rural o urbana, o que la propiedad que ostente no tenga condiciones físicas o jurídicas para la implementación de un proyecto productivo.

3. No haber sido beneficiario de algún programa de tierras, salvo que se demuestre que las extensiones de tierra a las que accedió son inferiores a una UAF.

4. No ser requerido por las autoridades para el cumplimiento o estar cumpliendo una pena privativa intramural de la libertad impuesta mediante sentencia condenatoria en firme, sin perjuicio de los tratamientos penales diferenciados que extingan la acción penal o la ejecución de la pena.

5. No haber sido declarado como ocupante indebido de tierras baldías o fiscales patrimoniales o no estar incurso en un procedimiento de esta naturaleza. En este último caso se suspenderá el ingreso al RESO hasta que finalice el procedimiento no declarando la indebida ocupación.

Sujetos de acceso a tierra y formalización a título parcialmente gratuito. Son sujetos de acceso a tierra y formalización a título parcialmente gratuito las personas naturales o jurídicas que no tengan tierra o que tengan tierra en cantidad insuficiente y que cumplan en forma concurrente los siguientes requisitos:

1. Poseer un patrimonio neto que supere los doscientos cincuenta (250) salarios mínimos mensuales legales vigentes y que no exceda de setecientos (700) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de participar en el programa de acceso a tierras.

2. No haber sido beneficiario de algún programa de tierras, salvo que se demuestre que las extensiones de tierra a las que accedió son inferiores a una UAF.

3. No ser propietario de predios rurales y/o urbanos, excepto que se trate de predios destinados para vivienda rural y/o urbana;

4. No ser requerido por las autoridades para el cumplimiento o estar cumpliendo una pena privativa intramural de la libertad impuesta mediante sentencia condenatoria en firme.

5. No haber sido declarado como ocupante indebido de tierras baldías o fiscales patrimoniales o no estar incurso en un procedimiento de esta naturaleza. En este último caso se suspenderá el ingreso al RESO hasta que finalice el procedimiento no declarando la indebida ocupación.

Reconocimiento a la economía del cuidado

En todos los procesos de acceso y formalización de tierras se reconocerán como actividades de aprovechamiento de los predios rurales, a efectos de la configuración de los hechos positivos constitutivos de ocupación o posesión y especialmente para la formulación de los proyectos productivos en los programas de acceso a tierras, las actividades adelantadas por las mujeres bajo la denominación de economía del cuidado conforme a lo previsto por la Ley 1413 de 2010.

Adecuación institucional con enfoque étnico

La Agencia Nacional de Tierras propenderá por contar con equipos técnicos y profesionales para adelantar procedimientos que involucren comunidades y pueblos étnicos, que cuenten con experiencia de trabajo y/o hagan parte de estas comunidades.

RESO

Se crea el Registro de Sujetos de Ordenamiento - RESO, como una herramienta administrada por la Subdirección de Sistemas de Información de Tierras de la Agencia Nacional de Tierras, que consigna públicamente a todos los sujetos del decreto ley 902.

El RESO constituirá un instrumento de planeación y de ejecución gradual de la política pública, bajo el principio de reserva de lo posible, a fin de que el acceso y la formalización de tierras se adelanten de manera progresiva. Adicionalmente, se constituye en la herramienta para identificar a los beneficiarios del Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral. La información sobre estos beneficiarios reposará en un módulo especial.

El Registro Único de Solicitantes de Tierras-RESO se organizará mediante un sistema de calificación que estará sometido a las siguientes variables:

a) Condiciones socioeconómicas y las necesidades básicas insatisfechas del solicitante y su núcleo familiar.

b) Cuando las solicitantes sean mujeres campesinas.

c) Número de personas que dependen económicamente de los ingresos del núcleo familiar, la presencia de sujetos de especial protección y la condición de cabeza de familia.

d) Ser víctima del conflicto armado, en calidad de población resistente en el territorio o como víctimas de desplazamiento forzado que no hayan sido beneficiarias de las políticas de atención y reparación integral a víctimas o del proceso de restitución.

e) Personas beneficiarias de la política de restitución, segundos ocupantes que hayan recibido compensación o alguna medida de atención o víctimas de desplazamiento que hayan recibido atención y reparación en forma de acceso a tierra.

f) Campesinos que se encuentren en predios al interior de resguardos o reservas constituidas por el INCORA que estén pendientes de conversión a resguardos y aquellos que en desarrollo de procesos de resolución amistosa de conflictos hayan llegado a acuerdos con las comunidades indígenas, según conste en actas debidamente suscritas por las partes. g) Personas que hacen parte de programas de reubicación y reasentamiento con el fin de proteger el medio ambiente, sustituir cultivos de uso ilícito y fortalecer la producción alimentaria.

h) Experiencia en actividades productivas agropecuarias.

i) Pertenencia a asociaciones campesinas cooperativas o de carácter solidario cuyo objeto sea la producción agropecuaria, la promoción de la economía campesina, o la defensa del ambiente, con presencia en el municipio o la región.

j) Residencia previa o actual en el municipio o región.

k) Jóvenes con formación en ciencias o técnicas agropecuarias o ambientales.

Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral

Créase el Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral como un fondo especial que operará como una cuenta, sin personería jurídica, conformado por la subcuenta de acceso para población campesina, comunidades, familias y asociaciones rurales, y la subcuenta de tierras para dotación a comunidades étnicas, además de los recursos monetarios establecidos en la norma. La administración del fondo y las subcuentas será ejercida por la Agencia Nacional de Tierras. El Fondo contará con los siguientes recursos para ambas subcuentas:

1. Los recursos del presupuesto que le aporte la Nación.

2. Los recursos destinados al adelantamiento de los programas de asignación de subsidio integral de reforma agraria de que trata la Ley 160 de 1994 o el que haga sus veces.

3. El producto de los empréstitos que la Nación contrate con destino al Fondo o al cumplimiento de las funciones previstas para este en la ley.

4. Los dineros y créditos en los que figure como acreedora la Agencia Nacional de Tierras, producto del pago del precio de bienes inmuebles que enajene.

5. Las sumas que reciba la Agencia Nacional de Tierras como contraprestación de los servicios que preste, así como los obtenidos por la administración de los bienes que se le encomiendan, y cualquier otro que reciba en el ejercicio de sus funciones.

6. Las donaciones o auxilios que le hagan personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, y entidades internacionales.

7. Los recursos que los municipios, los distritos, los departamentos y otras entidades acuerden destinar para cofinanciar programas de la Agencia Nacional de Tierras.

8. Los rendimientos financieros provenientes de la administración de sus recursos que no sean parte del Presupuesto General de la Nación.

9. Los recursos que conforman el Fondo de Desarrollo Rural, Económico e Inversión, FDREI, conforme a lo establecido por la Ley 1776 de 2016 para la adquisición de tierras por fuera de las ZIDRES.

10. Los recursos provenientes de organismos internacionales o de cooperación internacional que se destinen para el cumplimiento de los objetivos del Fondo.

La subcuenta de acceso para población campesina, comunidades, familias y asociaciones rurales estará conformada por los siguientes bienes:

1. Predios rurales obtenidos en compensación por el desarrollo de proyectos que hayan implicado la entrega de tierras baldías o fiscales patrimoniales de la ANT.

2. Los predios rurales que reciba del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar por sucesiones intestadas, así como los bienes vacantes que la Ley 75 de 1968 le atribuyó al Incora.

3. Los que sean transferidos por parte de entidades de derecho público.

4. Los predios rurales que ingresen al Fondo en virtud de la aplicación de procedimientos administrativos o judiciales, como la extinción de dominio por incumplimiento de la función social o ecológica de la propiedad, expropiación o recuperación de baldíos indebidamente ocupados, entre otros.

5. Las tierras provenientes de la sustracción, fortalecimiento y habilitación para la adjudicación de las zonas de reserva forestal de la Ley 2 de 1959, y de conformidad con lo dispuesto en la normatividad vigente incluyendo la Ley 99 de 1993 y el Código de Recursos Naturales Renovables.

6. Las tierras baldías con vocación agraria a partir de la actualización del inventario de áreas de manejo especial que se hará en el marco del plan de zonificación ambiental al que se refiere el Acuerdo Final, con sujeción a acciones de planeación predial, de producción sostenible y conservación, y de conformidad con lo dispuesto en la normatividad vigente.

7. Los bienes baldíos que tengan la condición de adjudicables, distintos a los destinados a comunidades étnicas, de acuerdo con el presente Decreto y la normatividad vigente.

8. Los bienes inmuebles que se adquieran para adelantar programas de acceso a Los predios rurales adjudicables de propiedad de la Agencia Nacional de Tierras.

10. Los bienes inmuebles rurales que sean trasferidos por la entidad administradora, provenientes de la declaración de extinción del dominio, por estar vinculados directa o indirectamente a la ejecución de los delitos de narcotráfico y conexos, o que provengan de ellos, de enriquecimiento ilícito, y del tipificado en el artículo 6 del Decreto legislativo 1856 de 1989.

Todo lo anterior, sin perjuicio de la facultad de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras, cuando se requiera para adelantar respecto de ellos procesos de restitución y/o compensación.

La subcuenta de tierras para dotación a comunidades indígenas estará conformada por los siguientes bienes: 1. Los recursos monetarios de las fuentes señaladas en el Decreto 902 que serán destinados a la constitución, creación, saneamiento, ampliación, titulación, demarcación y resolución de conflictos de uso y tenencia de las tierras de conformidad con la ley.

2. Los predios objeto de procesos de extinción de dominio colindantes con áreas de resguardos, que estuvieren solicitados por las comunidades indígenas al momento de la declaración de la extinción y no generen conflictos territoriales con los sujetos de que trata el artículo 4 del decreto ley 902.

Formas de acceso

Adjudicación directa

La Agencia Nacional de Tierras realizará las adjudicaciones de predios baldíos y fiscales patrimoniales a personas naturales en regímenes de UAF, utilizando las herramientas contenidas en el decreto ley 902 y conforme al Procedimiento Único adoptado. Cuando a ello hubiere lugar, la adjudicación se hará de manera conjunta a nombre de los cónyuges o compañeros permanentes. Dichas adjudicaciones se realizarán cuando se cumpla con los requisitos exigidos en los artículos 4 y 5 del decreto ley 902, y otorgará el derecho de propiedad a los sujetos de ordenamiento que resulten beneficiarios.

Este tipo de adjudicación sólo podrá hacerse en zonas focalizadas donde exista una intervención articulada del Estado que garantice que la actividad productiva sea sostenible en el tiempo. Toda adjudicación deberá contar con una individualización e identificación precisa del predio que dé cuenta de la cabida, linderos, y ubicación, para la cual será necesario el levantamiento cartográfico y la georreferenciación según lo que se establezca con la Autoridad Catastral y el respectivo título deberá ser inscrito ante la autoridad competente. A solicitud de la organización campesina o asociaciones de economía solidaria, también podrán adjudicarse predios en común y proindiviso a favor de múltiples personas o núcleos familiares cuando así lo decidan de forma libre e informada los adjudicatarios.

Los bienes baldíos adjudicables que a la fecha de la expedición del decreto 902 no se encuentren ocupados debidamente en los términos de la Ley 160 de 1994, y los que se identificarán a partir de la aplicación de los procedimientos administrativos y judiciales en el Decreto 902 señalados como fuentes del Fondo, se declaran reservados, y su destinación a los programas de acceso acá establecidos se realizará conforme a las reglas de adjudicación del RESO, según la competencia establecida por el artículo 76 de la Ley 160 de 1994, modificado por el artículo 102 de la Ley 1753 de 2015.

Subsidio Integral de Acceso a Tierras

Créase el Subsidio Integral de Acceso a Tierra, SIAT, como un aporte estatal no reembolsable, que podrá cubrir hasta el cien por ciento (100%) del valor de la tierra y lo de los requerimientos financieros para el establecimiento del proyecto productivo para los sujetos de que tratan los artículos 4 y 5 del decreto 902.

Las personas descritas en el artículo 4 del Decreto 902, que hayan sido beneficiarias de entregas o dotaciones de tierras bajo modalidades distintas a las previstas en el Decreto, podrán solicitar el subsidio de que trata únicamente para la financiación del proyecto productivo.

El SIAT será establecido por la Agencia Nacional de Tierras, de acuerdo con lineamientos y criterios definidos por la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios, UPRA, adoptados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Los valores del subsidio correspondientes al precio del inmueble serán asumidos con cargo al presupuesto de la Agencia Nacional de Tierras. Aquellos valores correspondientes a los requerimientos financieros del proyecto productivo serán asumidos por la Agencia de Desarrollo Rural, así como el seguimiento a la implementación de tales proyectos productivos.

Identificación predial para el subsidio

El otorgamiento del SIAT, en las zonas focalizadas, se hará con posterioridad a la identificación física y jurídica del predio. En las zonas no focalizadas o si para ese momento no se han realizado en ese predio las labores de catastro multipropósito se tendrá en cuenta el avalúo arrojado por el catastro como referencia para determinar el valor comercial. Para los casos en que se evidencie una diferencia de áreas al comparar el folio de matrícula inmobiliaria, títulos de propiedad y el plano topográfico del predio a adquirir, antes de elaborar dicho avalúo la Agencia Nacional de Tierras advertirá tal situación al subsidio y promoverá los procedimientos administrativos de corrección de áreas y linderos, de acuerdo a la normativa vigente. En los eventos en los que no hubiere sido posible aplicar el procedimiento de corrección de áreas y linderos por motivos ajenos a la voluntad del vendedor y de terceros con derechos reales inscritos, y las partes manifiesten expresa e inequívocamente su interés con la negociación a pesar de lo advertido, la Agencia Nacional de Tierras continuará con el procedimiento fijando el valor del inmueble con base en la menor área identificada, verificando que en ningún caso se configure lesión enorme.

Asignación del Subsidio Integral de Acceso a Tierra

La Agencia Nacional de Tierras seleccionará los beneficiarios de conformidad con el Procedimiento Único de que trata el decreto ley 902.

La Agencia Nacional de Tierras asignará el SIAT y remitirá copia del acto administrativo que lo asigna a la Agencia de Desarrollo Rural, a la Agencia de Renovación del Territorio y a las demás entidades competentes según las normas vigentes, para que éstas desembolsen los recursos atinentes a proyectos productivos y presten la asistencia técnica para la implementación o mejora de proyectos productivos según lo establecido en el acto administrativo.

Operación de los recursos. La operación de los recursos se sujetará a las siguientes reglas:

1. Hecha la selección de los beneficiarios la Agencia Nacional de Tierras abrirá las cuentas individuales en favor de los beneficiarios seleccionados.

2. La Agencia Nacional de Tierras conformará el Registro de Inmuebles Rurales - RIR, con aquellos predios que cumplen todos los requisitos necesarios para ser adquiridos con los recursos del subsidio para ofertarlo al beneficiario del subsidio. Estos predios también pueden ser predios del Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral.

3. Los beneficiarios podrán solicitar la compraventa de un predio de su elección que no reposa en el registro, caso en el cual la Agencia Nacional de Tierras adelantará los estudios necesarios para verificar la viabilidad técnico jurídico del predio.

4. Una vez elegido el predio, la Agencia Nacional de Tierras girará al beneficiario los recursos necesarios para hacer efectivo el pago del inmueble.

5. Transcurridos doce (12) meses a partir del depósito y pese a tener más de dos (2) ofertas prediales sin que se haya podido efectuar la compra del predio, aplicará una condición resolutoria, en virtud de la cual operará el reembolso del subsidio, sin necesidad de requerimiento previo, a favor de la Agencia para que sea adjudicado a otro beneficiario.

6. Mediante acto administrativo la Agencia Nacional de Tierras declarará la operancia de la condición resolutoria y ordenará al Banco administrador el reintegro de los recursos. El Director General de la ANT creará las cuentas referidas anteriormente con el Banco Agrario de Colombia o la entidad financiera que otorgue mejores condiciones. Dichas cuentas serán inembargables, su destinación para todos los casos se orientará a la adquisición de bienes inmuebles rurales, y no generarán costos de administración para los beneficiarios. La Agencia Nacional de Tierras, la Agencia de Desarrollo Rural y las demás entidades competentes adelantarán los trámites correspondientes para la creación de las referidas cuentas en la banca del primer nivel.

El Gobierno Nacional reglamentará lo necesario para operar el subsidio.

Adquisición de predios del Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral mediante Subsidio Integral de Acceso a Tierra.

Si el predio elegido por el beneficiario del subsidio pertenece al Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral, manifestará expresamente su voluntad de sustituir el subsidio por la adjudicación. En consecuencia, la Agencia Nacional de Tierras proferirá el acto administrativo de adjudicación. El valor del rubro del subsidio para la compra de tierras deberá ser reintegrado a la Agencia Nacional de Tierras para que seleccione un nuevo beneficiario.

Indivisibilidad del subsidio entregado mediante SIAT

En caso que el SIAT se otorgue de manera individual y el beneficiario fallezca operará la condición resolutoria y mediante acto administrativo la Agencia Nacional de Tierras declarará la operancia de la condición resolutoria, seleccionará el nuevo beneficiario y ordenará al banco administrador el reintegro de los recursos.

Si el SIAT se otorga de manera conjunta y fallece uno de los beneficiarios la Agencia Nacional de Tierras continuará el proceso hasta su finalización de conformidad con las reglas establecidas.

Crédito Especial de Tierras. Los sujetos de que tratan los artículos 4 y 5 del decreto ley 902 que no tengan tierra o esta sea insuficiente, podrán acceder a una línea de crédito especial de tierras con tasa subsidiada y con mecanismos de aseguramiento de los créditos definidos por la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario. Los créditos se otorgarán en los términos, condiciones, montos y plazos que determine la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, de acuerdo con las funciones otorgadas por el artículo 218 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y con base en la política trazada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para las líneas Especiales Crédito-LEC-, del Incentivo a Capitalización Rural-ICR y otros incentivos o subsidios del Estado que sean desarrollados para propender por la consecución de los objetivos del presente decreto ley, y en particular relacionados con el crédito y/o riesgo agropecuario y rural.

En la configuración de las líneas de crédito para sistemas productivos deberá tenerse en cuenta, entre otros criterios, la aptitud de las tierras rurales definida por la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios para cada sistema productivo, considerar tanto el horizonte de tiempo del sistema productivo, incluyendo el inicio de la etapa productiva, así como los riesgos inherentes a la actividad agropecuaria, con el fin de que los réditos obtenidos de la comercialización permitan garantizar los flujos financieros para facilitar el pago del crédito otorgado. Dentro de las líneas de crédito se otorgarán prerrogativas a los pequeños productores agropecuarios que pretendan la ampliación de su potencial productivo y la adquisición de tierras por parte de organizaciones campesinas y de economía solidaria.

Formalización de la propiedad privada y seguridad jurídica. Formalización de predios privados. En desarrollo de las funciones establecidas por el artículo 103 de la Ley 1753 de 2015, sin perjuicio de las disposiciones sobre titulación de baldíos y bienes fiscales patrimoniales, la Agencia Nacional de Tierras declarará mediante acto administrativo motivado, previo cumplimiento de los requisitos legales, la titulación de la posesión y saneamiento de la falsa tradición en favor de quienes ejerzan posesión sobre inmuebles rurales de naturaleza privada, siempre y cuando en el marco del Procedimiento Único de que trata el decreto ley 902 no se presente oposición de quien alegue tener un derecho real sobre el predio correspondiente, o quien demuestre sumariamente tener derecho de otra naturaleza sobre el predio reclamado, caso en el cual, la Agencia Nacional de Tierras formulará la solicitud de formalización ante el juez competente en los términos del presente decreto ley, solicitando como pretensión principal el reconocimiento del derecho de propiedad a favor de quien de conformidad con el informe técnico considere pertinente.

Los actos administrativos que declaren la titulación y saneamiento y por ende formalicen la propiedad a los poseedores, serán susceptibles de ser controvertidos a través de la Acción de Nulidad Agraria de que trata el artículo 39 del decreto 902. Lo estipulado no sustituye ni elimina las disposiciones del Código General del Proceso o el Código Civil sobre declaración de pertenencia, las cuales podrán ser ejercidas por los poseedores por fuera de las zonas focalizadas.

La formalización se realizará cumpliendo los requisitos exigidos en los artículos 4, 5 Y 6 del decreto ley 902, en observancia de lo estipulado en el artículo 20.

Se dará por acreditada la inexistencia de oposición dentro del Procedimiento Único de que trata el decreto ley 902 una vez agotadas las etapas de publicidad en las zonas donde se adelantan los programas de formalización y en cumplimiento de las normas establecidas para notificaciones, cuando transcurran diez (10) días hábiles desde que se realicen las comunicaciones a que se refiere el artículo 73 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ­ CPACA, sin que se presentare el titular de un derecho real o quien aduzca tener derecho en los términos señalados en el decreto 902.

La formalización de la propiedad no aplicará en tierras y lo territorios afectados por el despojo a causa del conflicto armado, previa verificación de las fuentes institucionales pertinentes.

Elección de formalización de la propiedad por vía administrativa.

Implementación del Ordenamiento Social de la Propiedad Rural.

Procedimiento Único: Generalidades. Procedencia del procedimiento único en zonas focalizadas.

El Procedimiento Único para implementar los Planes de Ordenamiento Social de la· Propiedad Rural, operará de oficio por barrido predial masivo en las zonas focalizadas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y de conformidad con los criterios adoptados por la Agencia Nacional de Tierras para la intervención en el territorio en los términos del Decreto 2363 de 2015, dando prioridad a los territorios destinados para la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), por el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) y las áreas donde existan Zonas de Reserva Campesina, atendiendo los planes de desarrollo sostenible que se hayan formulado.

La gestión de la Agencia Nacional de Tierras atenderá en todo momento los propósitos de la Reforma Rural Integral en materia de acceso y formalización de tierras. En las zonas focalizadas se aplicará el Procedimiento Único de que trata el presente decreto ley de acuerdo al Plan de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural formulado participativamente en los términos del artículo 45.

La Agencia Nacional de Tierras identificará cada uno de los predios ubicados en el área focalizada, señalando su número de matrícula inmobiliaria y remitirá a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos competente el acto administrativo que ordena la apertura del Procedimiento Único de ordenamiento social de la propiedad rural en el respectivo municipio para su inscripción.

Procedencia del procedimiento en zonas no focalizadas. En las zonas no focalizadas el Procedimiento Único podrá iniciarse de oficio, o a solicitud de parte aceptada por la Agencia, en los términos señalados por el artículo 61 del decreto 902.

Salvaguarda sobre el ordenamiento social de la propiedad rural en territorios étnicos. El ordenamiento social de la propiedad rural respetará y garantizará en los territorios étnicos la autonomía y autodeterminación de los derechos territoriales de los pueblos y comunidades indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, de acuerdo a sus planes de vida o instrumentos equivalentes, planes de ordenamiento ambiental propio, planes de etnodesarrollo. Se garantizará a los pueblos y comunidades indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras el derecho de su participación en espacios de diálogo y construcción conjunta con los demás actores en el territorio en el marco de los planes de ordenamiento.

Criterios de los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural (POSPR)

Los criterios mínimos para la formulación, implementación y mantenimiento de los POSPR son:

1. Participación: Para la formulación, implementación y mantenimiento en el territorio de los POSPR es necesario contar con la intervención y colaboración efectiva de toda la comunidad y de todas las autoridades locales, con el fin de responder a las necesidades del territorio y garantizar la transparencia y eficacia.

2. Enfoque territorial: Los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural deberán establecer unas bases que permitan adaptar y delimitar las líneas de intervención en territorio. Esto debe atender a las características físicas, jurídicas, económicas y sociales del territorio.

3. Enfoque Diferencial: Reconoce que hay poblaciones con características particulares en razón de su edad, género, raza, etnia, 0orientación sexual y situación de discapacidad. Por tal razón, las medidas que se establecen en el Decreto 902, contarán con dicho enfoque. Se priorizará en la intervención a la mujer cabeza de familia y a la población desplazada.

4. Articulación territorial entre los distintos sectores y entidades: Se deberán realizar acciones efectivas que permitan una coordinación armónica entre las entidades públicas, nacionales y locales, y privadas donde se deben establecer canales eficientes de comunicación y de flujo de información que conlleven a una formulación y operación que permita realmente atender las necesidades de la población respecto al ordenamiento social de la propiedad en su territorio.

Formulación del Plan

El resultado del ejercicio de la formulación y planeación para la intervención en el territorio será un documento que deberá contener para su aprobación por la Agencia de Nacional de Tierras, los siguientes aspectos:

1. La caracterización predial preliminar: Identificación del número estimado de predios, tamaño, naturaleza. Caracterización que recoge la información catastral, de acuerdo a establecido por el artículo 62 del decreto 902.

2. Caracterización preliminar de la población y actores nacionales y locales interesados y un mapa de actores construido que permita establecer las instancias participativas pertinentes para la implementación y mantenimiento del plan.

3. Identificación de territorios de ocupación posesión o propiedad colectiva de pueblos y comunidades étnicas.

4. Identificación preliminar de los propietarios, ocupantes y poseedores.

5. Mecanismos participativos de identificación de potenciales beneficiarios y sujetos de programas de acceso y formalización de tierras, conforme a las reglas del RESO.

6. Identificación de zonas que constituyan restricciones y condicionantes para el ordenamiento territorial.

7. Identificación de zonas bajo protección patrimonial o procesos de restitución de tierras y derechos territoriales.

8. Identificación de las zonas destinadas al desarrollo de proyectos de utilidad pública e interés social.

9. Estimación de tiempo, de recursos humanos, físicos y financieros que se requieran para su implementación.

10. Propuesta de financiación.

11. Metas e indicadores preliminares y cronograma.

12. Estrategia para el mantenimiento del Ordenamiento Social de la Propiedad Rural.

13. Las demás que sean consideradas por la Agencia Nacional de Tierras según las características de cada territorio.

El proceso de acopio de información para el diseño del respectivo POSPR contará con la participación de las comunidades campesinas asentadas en el territorio y demás actores interesados y será consolidado por la ANT

Participación Comunitaria

La formulación, implementación, evaluación y mantenimiento de los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural debe ser el resultado de ejercicios participativos.

Conclusión

El movimiento campesino y agrario queda dotado con el Decreto 902 de una poderosa herramienta de lucha para exigir su inmediato cumplimiento con las acciones rápidas previstas para la etapa posterior en que se consolide el fin de la guerra.