Consulta anticorrupción, la cifra es lo de menos

Más allá de un conjunto de reformas legislativas, de lo que se trata es de un profundo proceso de transformación cultural que lleve a la clausura de la institucionalidad vigente y a la vindicación de nuevas formas de convivencia que, en el orden material y simbólico, refunden los cimientos del poder.

Por: Orlando Ortiz Medina* / Notas sin Tiempo

Los casi doce millones de votos alcanzados en la consulta del 26 de agosto, con los que, como en plebiscito del dos de octubre de 2016, nos faltaron cinco pal´ peso, al final solo reafirman una cosa: perdimos los que venimos insistiendo en la necesidad de la moralización del país y el fortalecimiento de la democracia, y ganó de nuevo el país quedado en la apatía, el acostumbramiento y la complacencia mayoritaria de una sociedad postrada ante quienes han sido sus padrinos y corruptores políticos, de los que al mismo tiempo ha alimentado su avaricia o logrado sostener su precaria y cuestionable sobrevivencia.

Los resultados, una vez más, demuestran la despreocupación casi generalizada de una ciudadanía que ha visto hacer de la política otra más de las formas de degradación de una humanidad deslucida en sus principios y valores, avanzados ya más de tres lustros del siglo XXI. Una degradación que ha lesionado profundamente las formas de cohesión e integración social y que terminó siendo, además, caldo de cultivo de la violencia y la perversión de la gestión pública, en donde hoy están las principales barreras para que se produzcan los cambios requeridos hacia el ingreso al umbral civilizatorio que, en prácticamente en todo el mundo, reclama la comunidad política.

Se validó otra vez la patente de corso de particulares o agentes de Estado que estimulan y celebran la comisión de delitos, y de los que, antes que llamar y comprometer al ciudadano con su rechazo, lo involucran en prácticas que hacen del mismo un aplicado borrego, especializados como están en banalizar el rol de las instituciones jurídicas y estimular costumbres contrarias a las reglas del derecho.

Quienes celebran la cifra de votación alcanzada, elevada solo si se compara con anteriores eventos electorales, deberían pensar que ello no es más que un lánguido consuelo, si se tiene en cuenta que la participación no representa más de un 32% del potencial electoral, cifra realmente insignificante, tratándose de un país en el que la corrupción –principal objeto de la convocatoria- es hoy su flagelo más deplorable.

Pero la cifra es lo de menos cuando se trata de un asunto de mayor complejidad y que al final es el reflejo de la quiebra ética que, a todos los niveles, vive la sociedad colombiana. Agentes del gobierno o el Estado, dirigencias políticas, sector privado y sociedad civil, en distintas proporciones, por omisión o compromiso, están incursas en el declive moral que nos acusa.  

Por donde quiera que se las mire, lo que las cifras muestran es que seguimos siendo una sociedad indolente, tolerante con la corrupción y sin mayor capacidad de indignación y reacción frente a los hechos a los que cotidianamente nos someten bandidos de carrera con títulos dudosos y galardones en el pecho, quienes con sus intríngulis y triquiñuelas han logrado la validación y legitimación de un régimen y un sistema de organización de la sociedad y del Estado por cuyas venas no fluye más que el pus de su degradación y sus embustes. 

El tema de fondo tiene que ver con la cultura política y el acumulado de un saber social en el que, sobre prácticas anómalas, se han sostenido históricamente unas fuerzas y hegemonías políticas que, aunque estén claramente en decadencia, se mantienen todavía incrustadas en los fundos de la burocracia, con el arrastre concomitante de sus vicios.

Así que, más allá de un conjunto de reformas legislativas, de lo que se trata es de un profundo proceso de transformación cultural que lleve a la clausura de la institucionalidad vigente y a la vindicación de nuevas formas de convivencia que, en el orden material y simbólico, refunden los cimientos del poder y den lugar a un nuevo sujeto y saber colectivo, inscrito en una renovada escala de valores y capaz de poner en cuestión los imaginarios que han confiscado el pensamiento y comportamiento de los electores.

Es la apuesta por un país de hombres y mujeres cuyas virtudes conduzcan a un nuevo universo de sentidos, entendiendo que las actitudes y el comportamiento ético no deviene de los conjuntos normativos ni es asunto de leyes o de tal o cual articulado; al fin y al cabo, mucho de aquello sobre lo que se propone legislar ya se prescribe en las normas. Lo que corresponde es que medios, instituciones, centros educativos, personas y organizaciones sociales y políticas se comprometan con un ejercicio de pedagogía social, cuyo propósito final sea refundar el pensamiento y por esa vía la cultura política.

Una sociedad en donde, más que la formalidad de un conjunto de instrumentos que reglamenten la participación, la democracia sea asumida como un estilo de vida, una conducta que trascienda la rigidez de las formas jurídicas y los esquemas institucionales. Es decir, en donde más que una grafía de procedimientos, el ejercicio de la política sea el punto de convergencia del comportamiento y las actitudes cotidianas de los ciudadanos, respetando sus procedencias, sus formas de vida y sus identidades sociales y culturales.

*Economista-Magister en Estudios políticos.

S.O.S. TUMACO

Catorce personas asesinadas en las dos primeras semanas del año advierten sobre lo que será el 2018 si se siguen aplazando medidas para atender la situación cada vez más deteriorada y violenta del municipio de Tumaco. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, en 2017 se cometieron 222 asesinatos, 46 % más que los ocurridos en 2016, según un informe anterior del Instituto de Medicina Legal.

Por: Orlando Ortíz Medina* / Notas sin Tiempo

Para los organismos del Estado, son hechos que obedecen a la disputa por el control territorial que se libra entre organizaciones como el ELN, las disidencias de las Farc, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y otros grupos, rezagos del paramilitarismo o la delincuencia organizada, que operan en zonas tanto urbanas como rurales.

La verdad es que la situación debe verse desde una perspectiva diferente, pues lo que ocurre es el reflejo de la falta casi total de capacidad que ha mostrado el Estado para ejercer su soberanía, lo que se expresa también en la precariedad de los indicadores de desarrollo del municipio; eso sí, si se entiende la soberanía como algo que va más allá de la presencia militar.

Tumaco es un municipio de cerca de 200.000 mil habitantes, con predominio de población afrocolombiana e indígena, 88,8 % y 5,1 %, respectivamente. El 48,74 % que habita en la zona urbana vive con Necesidades Básicas Insatisfechas –NBI- y el 16,73 % en condiciones de miseria, situación que es todavía más dramática en la zona rural, en donde el 59,32 % de su población padece NBI y el 25,90 % vive en condiciones de miseria; tasas de lejos superiores a la del departamento de Nariño, que llega al 26.09 %, y a la nacional que llega a 27,78 %[i]. El Índice de Pobreza Multidimensional -IPM- es de 84.5 % para el total de población del municipio, con un 74 % en la parte urbana y 96.3 % en la zona rural[ii].

El envío de 2000 soldados con el que el gobierno inauguró sus acciones para el 2018 es una respuesta que preocupa, por un lado, porque no ofrece nada nuevo y, por otro, porque al final puede resultar peor el remedio que la enfermedad. Está comprobado que la militarización, lejos de ser una solución eficaz y definitiva a los problemas, puede llevar a exacerbar la situación de violencia y generar nuevos hechos de desplazamiento de sus pobladores, que son los que al final tienen que buscar cómo sobrevivir al fuego cruzado de quienes, incluidas las fuerzas del Estado, convierten sus lugares de vivienda y de trabajo en escenarios de guerra. 

La envalentonada del ejército será insuficiente sin medidas que ataquen integralmente una problemática con profundas raíces sociales y producto del abandono de un Estado con fuertes rezagos centralistas, que ha dejado al descuido no solo a este sino a la mayoría de municipios de la costa pacífica, pese a su importancia estratégica y su abundante y variada riqueza natural y cultural.

Aunque también, producto de un modelo de explotación de los recursos naturales de corte esencialmente extractivista que, antes que generar retorno y valor agregado sobre el territorio, ha llevado a su degradación y mantiene a la mayoría de sus habitantes deambulando en el desempleo o la informalidad, cuando no inmersos en una variada gama de actividades económicas ilícitas, parte de lo cual explica la dramática situación que hoy se vive en las zonas urbanas y rurales. Un modelo de explotación, no de desarrollo, en el que tienen origen diversas modalidades de exclusión, traducida en concentración de la propiedad de la tierra[iii], despojo, desplazamiento[iv], agotamiento del mercado interno y transformación abrupta de la vocación productiva.

Fue precisamente la ausencia de Estado lo que posibilitó que floreciera y se extendiera hasta niveles hoy prácticamente inmanejables el cultivo de hoja de coca, que terminó sustituyendo a los productos de comercialización o consumo tradicional, los cuales poco a poco se han ido acabando ante la falta de una infraestructura que potencie su desarrollo y los consolide como verdaderas fuentes de vida de quienes históricamente allí han habitado.

Tumaco tiene el innoble privilegio de ser el primer productor de hoja de coca, con 23.148 hectáreas sembradas, 16 % del total de hoja de coca producida en el país, de acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito –UNODC-[v]; una situación que alimenta los niveles de conflictividad y soporta la existencia de los grupos que se disputan el control de las rentas ilícitas, mostrando capacidad superior a la del Estado para ejercer un poder que ha permeado la institucionalidad y las formas de vida e integración social. Algo supremamente costoso para comunidades que, por su tradición cultural, fundan en el ser y el quehacer colectivo sus fuentes de sobrevivencia.

Y es que, aunque no se reconozca, la política con que se ha intentado hacer frente a esta problemática, basada fundamentalmente en el despliegue de las fuerzas del Estado y la erradicación de los cultivos, ha sido hasta ahora un rotundo fracaso, tanto en Tumaco como en cualquier otro de los municipios del país. Es difícil actuar contra un producto al que, en medio de la quiebra ética que a todos los niveles se vive en el país, le ha sido fácil romper las barreras que pudieran impedirle moverse dentro de la ilegalidad, incluidos los cordones de seguridad de las autoridades civiles y militares, algunos de los cuales terminaron más bien formando parte de sus escudos de protección.

Lo anterior sin dejar de mencionar las enormes ventajas con que cuenta para su producción y comercialización: mercado asegurado, fácil acceso a insumos, redes de distribución, precios normalmente al alza, mano de obra disponible, pago en efectivo y contra entrega, elevados porcentajes de rentabilidad, etc., que es justamente de lo que carecen los productos de uso y consumo tradicional de la zona. 

Cierto es que con las propuestas de erradicación se han formulado iniciativas de sustitución, una modalidad que, en teoría, tendría cauces mejores por donde conducirse, porque conlleva paralelamente la implementación de alternativas para que los campesinos encuentren opciones que les permitan retornar a sus cultivos de tradición o a otros que en todo caso los alejen de la producción y el comercio de ilícitos. Es, además, una forma distinta de entender tanto la problemática como las propuestas de solución, que implica la construcción de acuerdos con las comunidades y el compromiso del Estado de disponer del apoyo financiero, técnico, logístico y las condiciones de seguridad que las hagan viables.  

Pero es cierto también que tampoco ellas han funcionado, porque las condiciones complejas en que se han tratado de implementar suelen no responder a situaciones urgentes de resolver, como cuando los campesinos tienen que lograr el flujo de caja diario que requieren para su subsistencia. Asimismo, porque estamos frente a un Estado que no sólo no cuenta con la capacidad institucional sino tampoco con la solvencia fiscal que le exige una intervención de tan costosa factura luego de tantos años de atraso; menos aún sin la confianza de las comunidades que una y otra vez reclaman por el reiterado incumplimiento de los cientos de acuerdos que durante los últimos años han firmado.

Si de capacidad institucional se trata, nos referimos a la existencia de un entramado burocrático que en sus ámbitos local, departamental y nacional ha sido incapaz de armonizar el tejido social, construir significaciones colectivas y crear lazos vinculantes entre las comunidades y entre estas con el Estado; que arrastra las inercias de un pasado desde el que ha estado permeada por las élites y que hoy, peor aún, ha sido cooptada por las mafias y la corrupción. En fin, que avanzadas ya dos décadas del siglo XXI se mantiene lejos de reunir las condiciones que la pongan a la altura de los requerimientos de un nuevo modelo de gobernanza moderno, trasparente y eficiente, que dé reconocimiento y legitimidad a las actuaciones del Estado.

En el entrevero de esa institucionalidad se sostiene la hegemonía de unos sectores que, con origen en el bipartidismo, hoy difuso en una gama variopinta de representaciones personalizadas, enlodaron el ejercicio de la política y negaron la posibilidad de que otros sectores y otras formas de representación cobraran vida, frenando así el desarrollo de una cultura democrática que hoy se expresa en los bajos niveles de participación ciudadana, el clientelismo, el nepotismo, la compraventa de votos  y, más grave aún, en el asesinato sistemático de quienes intentan emerger con propuestas alternativas venidas de las propias organizaciones sociales y de las comunidades que hasta ahora han estado marginadas.

La solución al problema de los cultivos de uso ilícito es desde luego una condición imperativa para la consolidación de la paz y la recuperación del orden y el tejido social y productivo de Tumaco,  pero tiene que tener origen en una perspectiva que salga al paso a la continuidad del proyecto militarista que ha estado en cabeza de los grupos paramilitares, las organizaciones guerrilleras, las bandas delincuenciales y todavía del propio Estado, que hoy se reafirma  con la llamada operación “Éxodo 2018”.

Se trata entonces fortalecer la capacidad institucional del Estado y el establecimiento de medidas que den forma a un proceso de recuperación del tejido social y productivo, mejoramiento de la infraestructura pública, acceso a servicios básicos de uso colectivo y ampliación del espectro democrático que se traduzca en la apertura de canales de diálogo y concertación, que den lugar a agendas viables y en las que el Estado tenga claro cómo disponer de los recursos físicos, humanos, técnicos y financieros, además de las garantías de seguridad, que demanda lo que finalmente es un proceso de restablecimiento de condiciones que solo será posible con horizontes de mediano y largo plazo.

Lo anterior sin perjuicio de que se fijen medidas dirigidas a resolver factores que deban ser resueltos en el corto plazo, pero que en todo caso deben entenderse como parte de una ruta que inevitablemente debe conducir al establecimiento de soluciones duraderas. La atención de emergencia, las medidas puramente humanitarias y de connotación asistencial, la oenegización de la solución de las problemáticas no pueden sustituir las acciones que sólo desde el Estado deben tomar lugar a través de políticas públicas emanadas de escenarios de participación y concertación entre los diferentes actores que tienen asiento en los territorios.

Son los fundamentos de una ética civil lo que debe imponerse y que implica la consideración del conflicto en una órbita que nos habla de la quiebra de un modelo de sociedad y de sus formas de supervivencia. Pero, sobre todo, una ética que se asuma como el nuevo norte a alcanzar en el ejercicio de la política y que tenga como base el cumplimiento de la obligación del Estado de garantizar su realización. Máxime cuando se trata de quienes desde posiciones críticas reivindican su derecho a ser, a pensar y a actuar diferente, sin que ello implique el sacrificio de sus vidas.

*Economista-Magister en Estudios Políticos

Notas

[i] http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/necesidades-basicas-insatisfechas-nbi

[ii] Documento complementario al Perfil Productivo del Municipio de San Andrés de Tumaco Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Tomado de: http://www.redormet.org/wp-content/uploads/2016/01/documento-complementario-san-andres-de-tumaco.pdf

[iii] El coeficiente de Gini de tierras del municipio para el año 2012 era de 0.85, con una tendencia al aumento durante los últimos años. Ver: Documento complementario al Perfil Productivo del Municipio de San Andrés de Tumaco, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Tomado de: http://www.redormet.org/wp-content/uploads/2016/01/documento-complementario-san-andres-de-tumaco.pdf

[iv] Tumaco es el segundo municipio con mayor número de población desplazada interna a nivel nacional. De acuerdo con la UARIV hasta noviembre de 2016 se habían registrado un total de 121.329[iv] personas desplazadas, uno de los más altos a nivel nacional. 

[v] https://www.unodc.org/documents/colombia/2017/julio/CENSO_2017_WEB_baja.pdf

Bienvenido Francisco, por la renovación de la iglesia

Sin que tenga porqué sorprendernos, aunque curiosamente algunos sectores lo vean como algo inaudito, es claro y no podría ser de otra manera el alto grado de significación política que tiene la visita del Papa Francisco a Colombia. 

Por: Orlando Ortiz Medina / Democracia en la Red

De hecho, se sabe que fue aplazada más de una vez, en espera de que el proceso de paz avanzara y se concretara el acuerdo final con las FARC, hoy ya desmovilizadas y convertidas en partido político legal.

Francisco viene, en buena hora, a darle la bendición al acuerdo y a reafirmar su apoyo, que ya en varias oportunidades había manifestado, pese a que, siempre bien informado, conoce de la oposición de ciertos sectores en Colombia, entre los que se encuentra una gran parte de la más alta jerarquía católica.

Frente a sus antecesores, y sin ser precisamente un gran reformador, este papa ha mostrado un talante en alguna medida progresista y posiciones más avanzadas en temas que hasta ahora habían sido vedados y estaban lejos de poder ser puestos en cuestión, incluso por sectores que sin necesidad de vestir los ornamentos religiosos acogen con profundo dogmatismo el pensamiento y doctrina de la iglesia.

Así que si algo podríamos esperar los colombianos es que la visita de Francisco sirva para hacer un llamado a esa enorme mayoría de la iglesia que todavía se mantiene en el más acendrado conservadurismo, y pedirle que entre en una etapa de reflexión que la ponga al corriente del nuevo universo de comprensiones y significaciones a que el proceso de modernización y secularización de la sociedad inevitablemente nos ha conducido. 

Sería asumir, como corresponde, que la consolidación de la paz sólo es posible si se produce en paralelo con el reconocimiento a la emergencia de otras maneras de ver y entender el mundo, que implica abandonar el uninanimismo y facilitar el camino hacia una sociedad capaz de reconocerse en su diversidad y de acoger el pluralismo como condición imperativa para garantizar su desarrollo y sus posibilidades de sobrevivencia.

La idea de un orden que se explica y se sostiene solamente a partir del culto a lo sagrado, los dogmas religiosos o las ataduras de la fe, hoy es no sólo insostenible sino que pone en riesgo las propias posibilidades de la iglesia para mantener a sus fieles. Ante la resistencia de la iglesia para renovarse y aceptar que las sociedades, las culturas y los valores no sólo no son estáticos sino que el ser humano está inscrito en universos y dimensiones que la sola religión no está en posibilidades de entender, éste se ve obligado a migrar hacia otros sistemas de creencias o simplemente se abandona a la búsqueda del libre albedrio. 

Negarse a aceptar que principios sacros y fundamentaciones metafísicas puedan ser reinterpretadas por el pensamiento o el uso de la razón termina siendo, además, una privación a la posibilidad de discernir y de deshacer o reelaborar comprensiones que la transformación de la sociedad trae consigo. No se trata de proponer la completa o parcial eliminación del catolicismo o su sistema de creencias, ni más faltaba, se trata de un llamado a la aceptación de ciertos grados de ruptura que se le están planteando incluso por sectores que forman parte de su grupo de creyentes, como personas de la comunidad LGBTI, mujeres que irrumpen en la defensa de sus derechos y religiosos o religiosas que velada o abiertamente desobedecen las limitaciones que se les impone al ejercicio de su sexualidad, por ejemplo.

Los sectores conservadores, civiles o religiosos, no pueden seguir concibiendo el proceso de secularización y adelgazamiento de lo sagrado como una afrenta; por el contrario, deben reconocer que nuevos tiempos dan lugar a nuevos modelos de individuos, familias y sociedades, y que no es posible seguir considerando como naturales y objeto de imposición dogmas, estilos y formas de vida que ni siquiera quienes les suscriben su pertenencia están dispuestos a acatar sin que medien reparos o revisiones.

La rigidez, la tesis de que todo orden es natural, inmodificable e incontrovertible, cuando es en realidad el resultado de una construcción social e histórica, reducen al individuo en su autonomía, lo limitan para el discernimiento y lo atrofian en su criterio a la hora de decidir, incluso en temas y escenarios que no necesariamente forman parte de las creencias religiosas, sino de los que toman lugar en los asuntos del Estado, el debate público y la deliberación política.

Fue justamente lo que ocurrió en el plebiscito con el que se buscaba refrendar los acuerdos de paz el pasado dos de octubre, cuando a nombre de la inclusión de una supuesta ideología género que atentaba contra la “condición natural del ser mujer y se incitaba al homosexualismo” –algo sumamente oprobioso para el fundamentalismo religioso- se manipuló y se indujo el voto del electorado. 

En Colombia, el perverso maridaje entre iglesia y política, que de nuevo toma fuerza en estos últimos años, es en parte responsable de que seamos una sociedad devota de un pasado que nos mantiene hincados a tiempos y ante líderes nostálgicos de las épocas de los caudillos y gamonales, en donde se reafirma la idea de que hay que rendir culto ciego a las jerarquías y se asume como natural que algunos vinieron al mundo solamente con la función de obedecer.

El conservadurismo católico ha estado en la base de formación de un pensamiento que en lo fundamental ha servido para legitimar un orden muchas veces contrario a lo que desde el púlpito pregonan obispos y sacerdotes, y que en ocasiones se ha utilizado para validar algunas formas de violencia, además de las que están implícitas en imaginarios que enarbolan como virtudes o condiciones naturales el autoritarismo, el machismo y el desprecio por ciertos grupos o sectores de población, que aunque comulgan con sus doctrinas y asumen como practicantes de la fe religiosa no aceptan cierto tipo de limitaciones al ejercicio de su autonomía.

La jerarquía católica, aparte de su innegable alianza con ciertos intereses y sectores de poder, ha sido temerosa para abrirse y enfrentar su liderazgo, desconociendo no sólo la transformación de los valores y las costumbres sociales, sino sus propias falencias a la hora de  garantizar la fidelidad de sus creyentes, incursa como ha estado por parte de algunos de sus integrantes en situaciones que debilitan y ponen en duda su entereza ética, moral y espiritual: pederastia, compromiso con actores armados y hechos de corrupción, para nombrar algunos.

En la actual coyuntura, le corresponde entender que a nombre del fundamentalismo religioso no se pueden subsumir apuestas de tanta trascendencia como la terminación del conflicto armado y la búsqueda de la paz, frente a lo que gran parte de sus integrantes se han mostrado reticentes, como ha quedado claro frente a los contenidos del acuerdo alcanzado con las FARC en La Habana. No es posible entender el llamado a la bendición de la paz al que se invita a los fieles en cada uno de los actos litúrgicos, al tiempo con una hostilidad manifiesta a que se llame al perdón y la reconciliación con quienes han tomado la decisión abandonar el camino de las armas. A Dios rogando y con el mazo dando.

Se requiere de una iglesia capaz de mirar el mundo con los ojos puestos en el horizonte de un siglo que hasta ahora comienza y cuando menos dispuesta a aceptar que es necesario revisar el saldo de un pasado del que no en todas las circunstancias puede hacer un balance completamente satisfactorio, tanto para sí misma como para la sociedad a la que en asuntos religiosos mayoritariamente lidera.

La mayoría de los colombianos saben que la visita de Francisco expresa su profunda conexión con el proceso de paz, al que viene presencialmente a darle un espaldarazo, sumándose a quienes, creyentes o no, desean que el país logre salir del pasado tenebroso de guerra que le ha tocado vivir. Aunque se nieguen a reconocerlo, es también un llamado de atención a quienes se siguen oponiendo, que no son ya los que hasta hace unos pocos meses eran combatientes atrincherados en el monte, sino quienes desde cómodas posiciones y nutridos sistemas de seguridad se empeñan en que, a costa de defender su soberbia y su lugar de privilegios, el país se siga recreando en el sonar de los fusiles y los hedores de la muerte. 

Si en una sociedad tan polarizada como la colombiana Francisco logra que se entienda que la consolidación de la paz sólo es posible mediante la reafirmación de una ética del pluralismo, la inclusión y el abandono de toda forma de fundamentalismo, político o religioso, su visita habrá valido la pena.

¿Después de la guerra qué?

“Deberá venir la consolidación de escenarios en los que efectivamente encuentren cabida sectores que en su momento se sintieron excluidos”

Por: Orlando Ortiz Medina / Las 2 Orillas

La imposibilidad de salir de más de cincuenta años de confrontación armada solo reflejaba un país quedado y tozudamente resistente a completar la cuota que le falta para cruzar el umbral de ingreso a la modernidad, al menos en lo que al desarrollo y ejercicio de una cultura política e institucional más a la altura del ya avanzado siglo XXI se refiere.

Tenemos que llenarnos de optimismo y pensar que estamos entrando en una era en que la consolidación de la democracia y la superación de las condiciones que han estado en el centro del conflicto armado van a ser superadas hasta en el más lejano de los municipios. Con los pies en la tierra y sin ingenuidades, debemos convencernos de que la entrega definitiva de las armas por parte delas FARC significa realmente el punto de inflexión que marcará un nuevo rumbo en la vida social, política, cultural y económica del país, pues, con todo lo que aún está por verse, éste es sin duda el hecho más relevante de los últimos sesenta años.

Y es que no son solo las FARC sino el Estado y la sociedad en su conjunto los que ingresan a una nueva etapa de su vida política. Las primeras porque decidieron dar el paso hacia una nueva comprensión sobre la manera de acceder a la conquista y ejercicio del poder, y la sociedad y el Estado porque tendrán que estar dispuestos a permitir que se abran los espacios y se creen las condiciones para que ello les sea posible, después de tantos años de haber estado proscritas y actuando al margen de la legalidad.

Deberá venir la consolidación de escenarios en los que efectivamente encuentren cabida sectores que en su momento y por distintas razones se sintieron excluidos de las posibilidades de participación política, lo que explica en parte la conformación y permanencia durante tanto tiempo de organizaciones guerrilleras que se formaron desde los años sesenta del siglo pasado y que hizo de las FARC la más poderosa y de más larga existencia en toda la historia nacional.

La violencia de los años cincuenta, el Frente Nacional, el genocidio de la Unión Patriótica, la criminalización y el tratamiento policivo de la protesta social son, entre otros, hechos que pesan en el imaginario de la sociedad colombiana como parte de los factores que justificaron o legitimaron la “vía armada” como el único recurso que quedaba para la defensa de las ideas y las propuestas de quienes hacían política desde la orilla opuesta del establecimiento.

Ahora más que nunca se requiere recuperar los espacios que le dan vida y sentido a la política como lugar de reconocimiento de la diversidad y de construcción de un entorno incluyente y pluralista; esto implica sobre todo una transformación profunda de sus hitos constitutivos, como la edificación de un nuevo prontuario ético, la superación de prácticas que desdibujaron su esencia como el clientelismo y la corrupción, y la revisión de formas de representación fundadas en el nepotismo y en las muy cuestionables virtudes de algunos líderes y colectividades.

Sacar las armas de la política es sin duda un gran paso, pero ello por sí mismo no reelabora sus contenidos, no implica la revisión de sus métodos, no construye nuevas formas de relacionamiento entre los ciudadanos y entre éstos con el Estado; tampoco lleva de suyo a que se modifiquen los factores causantes de la guerra, pues una cosa es que ésta se acabe y otra muy distinta que se acaben los factores que la promovieron o le dieron origen.

De lo que se trata en esencia es de promover los cambios para que la democracia no sea o no se entienda solamente como el producto de tal o cual diseño o arquitectura institucional, o de los mecanismos meramente formales y procedimentales, que es en lo que seguramente y en primera instancia vamos a entrar. Aparte de las transformaciones materiales que inevitablemente habrá que emprender, el asunto de fondo está en el cómo de una reelaboración cultural que dé soporte a un nuevo pensamiento, que corrija actitudes, comportamientos, virtudes ciudadanas; pues no puede haber democracia sin demócratas, como tampoco verdaderas transformaciones políticas e institucionales si no se logra igualmente un cambio de la política y del sujeto que a ella le subyace.  Debemos avanzar hacia una sociedad en la que la democracia sea ante todo un estilo de vida y una práctica social y cultural, más que un culto a la religiosidad y la rigidez normativa.

En el caso de las FARC, la reincorporación a la vida civil no podrá verse como un proceso simple de dejación de armas y readaptación a lógicas institucionales, que es como se suelen entender en parte los programas de Desarme, Desmovilización y Reintegración –DDR-. El componente principal o eje articulador está en la construcción de civilidad, que implica la transformación general del entorno social con el que el excombatiente entra en una nueva fase de relacionamiento, es decir, una sociedad que acoja la tarea de resignificar las comprensiones y simbolismos que, en el caso de Colombia y más allá de las FARC, hicieron de la guerra y la política un ejercicio concomitante.

Las FARC tendrán una ardua tarea para ganarse el apoyo ciudadano con referentes que ya no estarán fundados en la fuerza de las armas. El propósito de construir capital político, lograr visibilidad y capacidad de convocatoria, tendrá necesariamente que –sin dejarlos de lado- trascender los territorios en los que históricamente ha mantenido su presencia y mirar hacia los principales centros urbanos y capitales de departamento que, querámoslo o no, serán los protagonistas en el posacuerdo, por ser donde ubican los principales centros de poder y decisión.

Jugársela en el terreno de la legalidad, de la lucha partidista, del cabildeo, de la construcción de alianzas, de las aspiraciones de llegar a cargos de elección y representación popular, así como de la ampliación y mantenimiento de una base social de legitimidad y representación, no será un reto menor.

Tendrán incluso que mantener un fuerte trabajo con su propia militancia, pues parte de ella tenderá a dispersarse o querrá incluso dejar la organización para regresar a sus zonas y actividades de origen o buscar opciones diferentes para sus proyectos de vida; pues se sabe que la cohesión y el sentido de pertenencia no necesariamente se mantienen cuando se da el paso de un ejército a una organización civil, de carácter partidista, en donde las estructuras y sistemas de jerarquía asumen otro tipo de connotación, que ya no estarán dentro de las férreas lógicas de disciplina y lealtad que, entre otras por razones de seguridad, son imprescindibles en las formaciones o estructuras militares.

Al Estado, por su parte, le corresponde desplegar todo lo que sea necesario para garantizar la seguridad de la dirigencia y de sus bases para evitar la mutación hacia nuevos ciclos de violencia; lo que esperamos para la sociedad del posacuerdo terminará siendo un hecho fallido si a las FARC no se les permite y facilita consolidar sus espacios para la continuación y realización de sus actividades políticas, si no se garantiza la irreversibilidad del proceso.

El respeto por la vida de las y los excombatientes, su condición, su historia y su pasado comprometen imperativamente a Estado y sociedad, obviamente en un marco de reciprocidad y corresponsabilidad. En cada una y cada uno de ellos hay que reconocer ante todo su condición de sujetos políticos y saber interpretar las razones que los llevaron a alzarse en armas, entendiendo las necesidades y valorando las condiciones y el momento histórico de entonces y el que hoy vivimos.

Será también un trabajo arduo avanzar hacia una sociedad capaz de superar los miedos, los estigmas, las prevenciones, los resentimientos, los dolores heredados de tantos años de guerra que tendrán que transformarse en un nuevo universo de sentidos, emociones, contenidos y formas de actuación en política.

La tarea está igualmente en deshacer, deconstruir imaginarios y lenguajes, en función de generar espacios de encuentro e integración entre personas que de distintas maneras han vivido o padecido el conflicto: víctimas, excombatientes, comunidades receptoras, etc., que serán la base de constitución de una nueva comunidad política y de un futuro diferente, al menos para nuestras próximas generaciones.

La falla de la Corte

Así que, gracias a la falla de la Corte seguirán endosados nuestros anhelos de paz a los ardides de los parlamentarios, sus instintos pecuniarios y sus aspiraciones burocráticas; los problemas fundamentales del país volverán a estar al margen de la agenda de partidos y candidatos y nos veremos de nuevo decidiendo entre el menos malo de los aspirantes.

Por: Orlando Ortiz Medina* / Democracia en la Red

El abrupto reversazo de la Corte Constitucional que declaró inexequibles los literales h y j del Acto Legislativo 01 de 2016, mediante el cual se creó el procedimiento especial, conocido como fast track, para simplificar en el Congreso los trámites de aprobación de los acuerdos pactados con las FARC, nos lleva a pensar si, más que jurídica, el órgano de control tomó esta vez una decisión política, a juzgar también por los cambios que últimamente han tenido lugar en su composición, en donde viene ganando terreno un sector perteneciente a un ala más conservadora del derecho y la política.

Si así fuera, sería profundamente grave para la democracia y, más aún, para el propósito superior que anima hoy a la mayoría de los colombianos: el de lograr por fin la consolidación de una paz estable y duradera.

Los dos literales establecían que los proyectos de ley y de acto legislativo no podrían ser modificados si con ello se alteraba el contenido de los acuerdos y que cualquier modificación requería el visto bueno del Gobierno; asimismo, que para su aprobación, tanto en comisiones como en plenarias de Senado y Cámara, se debería votar en bloque y no uno a uno los articulados. Con esta nueva decisión, la Corte deja sin piso tales disposiciones y abre la posibilidad no sólo de que el Acuerdo sea modificado sino de que se haga más lento su trámite en el Congreso; es decir, lo golpea en su médula y pone en vilo lo que era ya el resultado de un pacto sellado luego de cuatro largos años de negociación. Se asimila también a esa parte del país para el que la búsqueda de la paz es un asunto secundario, el mismo que dijo no en el plebiscito, el que prefiere seguir danzando al son de los tambores de la guerra y al que hoy, ya desmovilizadas y resguardadas en sus zonas de concentración, le cuesta reconocer que las FARC le han venido cumpliendo al país en su promesa de renunciar a las armas como medio para alcanzar y defender sus ideales políticos. 

Hasta ahora la Corte se había manifestado a favor de la constitucionalidad de las decisiones tomadas tanto en el ejecutivo como en el legislativo. Recordemos, por ejemplo, que avaló la convocatoria al plebiscito del pasado dos de octubre, para el que se redujo incluso el umbral de participación al 13 %; le otorgó al Congreso la potestad de refrendar el Acuerdo después de la derrota sufrida en las elecciones; aprobó el mecanismo de vía rápida  para dar trámite a las reformas que de inmediato debían emprenderse para facilitar la reinserción  de los miembros de las FARC a la vida civil, y le dio curso  a la amnistía y a la creación de la Justicia Especial para la Paz -JEP-. Sorprende entonces la cabriola con la que hace ahora más tediosa la tarea y genera más incertidumbre frente a su proceso de implementación.

Los magistrados que mayoritariamente votaron a favor de la modificación del acto legislativo se ampararon en este caso en una mirada dogmática e instrumentalista del derecho, al que convirtieron en una barrera inflexible, apegados a esa obsesión leguleya tan propia de nuestra historia constitucional. Olvidaron que éste ha sido un acuerdo pactado en el marco de un modelo de justicia transicional, con características especiales que lo dotan de cierto grado de excepcionalidad y, si se quiere, de “anormalidad jurídica”. 

Más inexplicable aún, desconocieron la supremacía del derecho a la paz, consagrado en el Artículo 22 de la Constitución Nacional, en cuya defensa argumentaron su polémica decisión. Qué mayor defensa de la Constitución –cabría preguntarles- que la de evitar ponerle cortapisas al propósito de seguir avanzando en el camino hacia la paz para un país que, como Colombia, intenta salir de más de cinco décadas de estar tan duramente golpeado por la violencia.  

No es procedente que la búsqueda de la paz y la consolidación de la democracia queden subordinadas a cierta forma de interpretación de las prescripciones legales, que al fin y al cabo no son más que eso, interpretaciones. De lo que se trata hoy es de entender el momento histórico que vive Colombia y saber estimar en su justa medida la cuota válida e incontrovertible de los fundamentos legales, pero sin dejar valorar lo que corresponde al campo más complejo de las demandas y las condiciones políticas, casi siempre en franca confrontación.

Una decisión dogmáticamente apegada al positivismo jurídico puede afectar, y de qué manera, las relaciones políticas y los juegos de poder inmersos en ellas; aquí ha sido evidente que la decisión de la Corte provocó la hilaridad y una inclinación de la balanza a favor de quienes quieren “hacer trizas” el Acuerdo de paz. La sabiduría de la Corte como guardiana principal de la Constitución está cifrada en este caso en cuánto logra encontrar el equilibrio entre la necesidad de cuidar el mero instrumental jurídico y normativo que otorga el derecho, y la de poder asegurar para toda la sociedad el bien supremo e insustituible de la paz, que está más allá de lógicas puramente procedimentales.

Hay que tener presente la responsabilidad ética que le asiste a quienes tienen en sus manos este tipo de decisiones, en este caso la Corte y lo que a partir de este fallo pueda ocurrir en el Congreso de la República. No sería nada ético -que es en lo que se debe cifrar la estatura y estructura de cualquier Estado y de su orden institucional-, desconocer el contenido de un acuerdo entre un Gobierno y un grupo armado que luego de cuatro duros años de negociación han encontrado el punto medio para terminar con una confrontación de más de cincuenta años. Denotaría una falta absoluta de seriedad, una burla a las FARC y a esa parte del país que de distintas formas participó en la definición de los acuerdos; asimismo, a la comunidad internacional que tanto ha apoyado y tan pendiente ha estado del desarrollo de estos acontecimientos en Colombia.

Se debe insistir en que la mejor forma de defender y evitar que sea sustituida la Constitución es facilitando las condiciones para que el país supere el estado de violencia, todo lo contrario a lo que dejó la Corte luego de su discernimiento.

Lo anterior, máxime cuando hablamos de una institucionalidad que sí que ha estado ausente o ha sido sustituida en gran parte del país, sobre todo en el de la periferia, en donde son los actores armados, la corrupción, las economías ilegales, las maquinarias políticas y distintas formas de para-Estado las que han impuesto sus propias reglas de juego; en fin, en donde lo que menos ha estado vigente es la Constitución, justamente porque el derecho a la paz no ha sido garantizado y el Estado de derecho no han sido para sus pobladores más que una realidad ficcional en la que no se han visto representados, o una entelequia jurídica que se puede manosear al antojo de las coyunturas, los intereses o la filiación política de ciertos núcleos de privilegiados.

El Gobierno ha tratado de suavizar el impacto del mazazo de la Corte con el argumento de que aún conserva mayorías en el Congreso, lo que le facilitaría garantizar la aprobación de los acuerdos; es parcialmente cierto y olvida que entramos ya en plena campaña para elecciones de Congreso y Presidente en el 2018 y que, habilidosos como son, los congresistas se van a llenar de bríos y lo van a condicionar para aprobarle sus propuestas. Ya los veremos haciendo cálculos para saber en qué momento y a cuál bus finalmente se suben, si al que quiere seguir por el camino hacia la paz o al que quiere retornar a los parajes de la guerra; todo depende de en donde se aviste más pulposa la bolsa de los votos.

Así que, gracias a la falla de la Corte seguirán endosados nuestros anhelos de paz a los ardides de los parlamentarios, sus instintos pecuniarios y sus aspiraciones burocráticas; los problemas fundamentales del país volverán a estar al margen de la agenda de partidos y candidatos y nos veremos de nuevo decidiendo entre el menos malo de los aspirantes. La continuación o no de la guerra definirá otra vez nuestro destino, por lo menos en lo que a elección de presidente se refiere. 

*Economista-Magister en Estudios Políticos.

De Cajamarca a Mocoa

La tragedia que acaba de ocurrir en la ciudad de Mocoa, Putumayo, que deja alrededor de trescientas personas muertas, decenas de desaparecidos y miles de damnificados, nos lleva inevitablemente a que la relacionemos con lo ocurrido recientemente en el municipio de Cajamarca, Tolima, en donde sus habitantes dijeron no a la continuación de proyectos de exploración y explotación minera en su territorio.

Por: Orlando Ortíz Medina* / Notas sin Tiempo

Mientras en el municipio tolimense la comunidad celebra de manera entusiasta que haya triunfado la voluntad mayoritaria de defender la naturaleza, en Mocoa es esa misma naturaleza la que se reveló con toda su furia, dejando que el torrente impetuoso de tres de sus ríos se desbordara para arrastrar consigo, cada uno con su historia, barrios, hogares, personas, animales, enseres, vehículos… y todo lo que fue necesario para recuperar en la oscuridad de la noche el tamaño robado a sus cauces. 

Lo de Cajamarca fue el rechazo ciudadano a un modelo de utilización y aprovechamiento del suelo y sus recursos frente al que se advierten enormes y onerosas consecuencias, como es el de la transformación abrupta de su vocación productiva, esencialmente agrícola, que llevaría a la deforestación, la contaminación y el agotamiento de sus fuentes hídricas y el agrietamiento y la erosión de sus montañas, entre otros; es decir, a un modelo que los dejaría expuestos a eventuales desastres como el que acaba de pasar en Mocoa. 

¿Cómo no van a saber los campesinos lo que implica una explotación de oro a cielo abierto que exige el levantamiento de la placa vegetal, la remoción de miles de toneladas de tierra y seguramente el resecamiento o desvío de ríos y quebradas? El oro no es para ellos una riqueza sino una maldición que, por ahora, está enterrada; por eso prefieren que se quede allí, en el subsuelo, en el lugar que originalmente le asignó la madre tierra.      

Lo ocurrido en Mocoa es otra de esas ya consabidas tragedias anunciadas en las que la naturaleza pasa su cuenta de cobro, lastimosamente sobre los habitantes de las zonas más empobrecidas; es una ciudad de 45.000 habitantes, capital de un departamento que, además de haber sufrido todas las formas posibles de violencia, ha estado expuesto al saqueo y la explotación inmisericorde de su riqueza cultural y material, de la que sí ha estado muy bien dotado, sólo que puesta al servicio y la ambición desmedida de unos pocos, legales o ilegales.  

Así que esta tragedia no se debe estrictamente al torrencial aguacero del viernes 31 de marzo en las horas de la noche, sino a que los ríos, que hacen parte del paisaje de la ciudad, no encontraron el suficiente espacio para que fluyeran sus aguas, debido a que sus cauces han sido invadidos por basuras, desechos y otros residuos que los contaminan, ante la falta también de políticas gubernamentales para la adecuada disposición final de los mismos.

También es producto de la deforestación indiscriminada de los bosques, que sabemos sirven de contención a las aguas y a todo lo que ellas arrastran cuando estos fenómenos intempestivos de precipitación se presentan. Fenómenos que cada vez menos debemos considerar intempestivos, porque no son más que una de las manifestaciones del cambio climático, poco o nada tenido en cuenta en los planes de ordenamiento territorial o los planes de desarrollo de la mayoría de nuestros municipios, incluida por supuesto la majestuosa ciudad de Bogotá, pese a la supuesta capacidad gerencial de su actual alcalde. 

En las imágenes pudimos apreciar, además, que también las riberas de los ríos estaban invadidas; allí, de manera improcedente, habitaban cientos de familias, muchas de las cuales hoy nos enlutan y otras permanecen a la intemperie, después de haber perdido sus pertenencias.

Ya sabemos que habitar en las riberas de los ríos es en Colombia otra forma de manifestación de la pobreza, pues allí suelen ubicarse, generalmente como invasores, personas en alto grado de vulnerabilidad, despojados de sus tierras, desplazados por la violencia o migrantes de las zonas rurales que buscan en las cabeceras municipales una mejor oportunidad para sus vidas. Qué ironía. 

El desastre, pues, no es natural, es el producto de un modelo de “desarrollo” que ha alterado la vocación y el uso del suelo con actividades económicas y prácticas de explotación insostenibles: extracción de madera, ganadería extensiva, minería, para citar sólo algunas. Asimismo, de la falta de políticas de prevención y, hay que decirlo, de una cultura ciudadana que lleve a que las comunidades asuman un sentido de pertenencia con sus territorios y adquieran mayor conocimiento y conciencia sobre la manera como se debe actuar con y frente a la naturaleza. 

Cobra así mayor sentido el llamado de los habitantes de Cajamarca, que al unísono con lo ocurrido en Mocoa, demanda que autoridades nacionales, departamentales y municipales, así como sus ciudadanos, tomen nota de lo que en cada una de estas dos regiones ha acontecido. La consulta popular celebrada allí y las cerca de trescientas víctimas mortales en Mocoa deben verse como las dos caras de una misma moneda, que no es necesario lanzar al aire para saber cuál es la decisión que se debe tomar: reorientar las políticas de desarrollo, repensar las formas de explotación de los recursos naturales -o tomar la decisión de no hacerlo- e involucrar a la ciudadanía en decisiones que le conciernen en sus territorios, incluidos los planes de prevención o mitigación de riesgos, a los que inevitablemente está expuesta. Cuánto menos nos hubiera costado esta tragedia si ellos existieran

Propuestas que se acojan a lógicas integrales, a principios democráticos que respondan al interés colectivo y sobrepongan el bienestar público sobre el privado, son parte de las condiciones requeridas para lograr un desarrollo que genere menos desequilibrios con la naturaleza, más capacidad de adaptación y respuesta frente a los embates del cambio climático y caminos más expeditos para llegar a ser sociedades realmente sostenibles y ajenas a este tipo de calamidades.

Se requiere, además, una visión no escindida de fundamentos éticos, es decir, en donde se entienda que más allá de la racionalidad meramente económica existen otro tipo de opciones que es necesario tener en cuenta, sobre todo si se trata de actuar en función de una vida en dignidad para los seres humanos y para la preservación general de todas las especies vivas. 

Es necesario promover una mayor autonomía de los territorios más alejados de los centros de poder y decisión, para lo que se requiere profundizar el modelo de descentralización, de manera que se reconozcan los contextos, las particularidades y potencialidades locales y por esa vía el respeto a la voluntad de sus autoridades y sus ciudadanos. Para ello se requiere superar el menosprecio que hasta ahora se ha tenido por la democracia local y el papel de las regiones en la formación del Estado y la construcción de nuevos horizontes. 

La regiones no se pueden seguir mirando como esos lugares atrasados e inhóspitos que sirven sólo como despensas de recursos para ciertas actividades y sectores de la economía, pasando muchas veces por encima de los intereses de sus legítimos pobladores, a quienes se somete a la voluntad de las empresas nacionales o transnacionales, cuando no de los grupos armados o las mafias que actúan muchas veces en connivencia con los grupos económicos y políticos que han acaudillado el poder.

La solidaridad que el gobierno despliega y a la que convoca con los habitantes de Mocoa debe estar en correspondencia con el reconocimiento y el respeto que se debe a la decisión soberana recientemente tomada por los habitantes de Cajamarca; no se entendería que se muestre compungido ante la evidente magnitud del desastre y al mismo tiempo se empeñe en desconocer la voluntad de quienes precisamente esperan que se les escuche en su afán de evitar que este tipo de hechos se sigan presentando. 

Nada ni nadie nos va a devolver a quienes lastimosamente fallecieron en ésta que es nuestra más reciente tragedia, y ojalá fuera la última; por eso suenan un tanto odiosas las insistentes afirmaciones del Presidente de la República de que “Mocoa después de la reconstrucción quedará mejor que antes”, como si hubiera paisaje alguno que reconstruido fuera capaz de recuperar y devolver al menos una vida, como si ello fuera suficiente para resarcir el dolor de las decenas de niñas y niños que han quedado huérfanos, de las madres  y padres que no volverán a ver a sus hijos, a sus esposos o esposas,  a sus amigos, a todos con los que compartir, incluso su pobreza, ya no será más que un doloroso recuerdo. 

Cajamarca y Mocoa simbolizan hoy el sabor agridulce de dos realidades que se encuentran para enviarnos un solo mensaje: o se escucha a las comunidades y su llamado a que se respeten los sabios designios de la naturaleza o nos veremos condenados a seguir escuchando tan solo los cantos lúgubres del dolor y de la muerte. 

*Economista-Magister en Estudios Políticos

El asesinato de líderes sociales: “sembrando ausencias”

Esta paz que se dice que avanza gracias a la desmovilización y entrega de armas por parte de las FARC no puede, no va a ser nunca cierta si el camino para llegar a ella va a quedar pavimentado con los cadáveres de los líderes sociales.  

Por: Orlando Ortiz Medina* / Notas Sin Tiempo

Carece de sentido que sea ese el testimonio del esfuerzo de un país empeñado en terminar la guerra. Si este proceso no lleva ante todo a la consagración de la vida, si no es para desahuciar o ahuyentar la muerte, Colombia toda habrá perdido el tiempo y seguirá, como hasta ahora, anegada en los ríos de su sangre. Será de nuevo una gran frustración para quienes todavía anhelamos saber qué es vivir una cotidianidad sin violencia, para los que aspiramos a sentir qué es respirar un aire que no nos llegué cargado de los vapores del plomo.

No pueden, la sociedad ni el Estado, permitir otra vergüenza como la que arrastra el país ante el mundo por el asesinato de más de cinco mil integrantes de la Unión Patriótica, aparte de otros tantos líderes y lideresas de otras organizaciones y sectores políticos que han sido sacrificados en las últimas décadas. 

Hay que evitar que se ahogue de nuevo la esperanza de alcanzar lo que no fue posible con la Constitución de 1991: una sociedad en la que proceda sin temores el ejercicio de la democracia, con plena vigencia del Estado Social de Derecho y garante de los derechos fundamentales, en particular la integridad y la vida de los ciudadanos, cuyos saldo es cada vez más oneroso. 

Con la promulgación de la nueva Constitución quedó claro que una sociedad capaz de resolver civilizadamente sus conflictos no es sólo un asunto de cambios formales o modificaciones en la arquitectura institucional, sino que paralelamente es necesario superar los males entronizados en el conjunto de sus principios y valores que, en el caso de Colombia, hicieron que la guerra y la violencia se consagraran como sustitutos de la política y como fuente principal de la conquista y defensa del poder.  

No se lograron transformar los comportamientos que, con visos premodernos o propios de tiempos y sociedades bárbaras, permearon el ideario de algunos partidos y organizaciones, las propias actuaciones del Estado, por supuesto las de los grupos ilegales y las de una porción importante de los ciudadanos. Persiste la herencia perversa del llamado “Periodo de la Violencia” de los años cincuenta, al igual que las secuelas heredadas del Frente Nacional, en el que un pacto amañado del bipartidismo condenó como enemigo y proscribió de los espacios de la democracia a partidos, fuerzas políticas u organizaciones alternativas, o a quienes simplemente se atrevían a reclamar sus derechos o a defender la posibilidad de que se permitiera al menos un pensamiento diferente.

El Estado, en general, sigue siendo inferior a sus responsabilidades y no tiene la presencia suficiente y adecuada sobre la mayoría de los territorios; por el contrario, más aun ahora después de la desmovilización de las FARC, sigue cediendo su soberanía a un conjunto cada vez más inasible de organizaciones criminales, frente a las que los ciudadanos permanecen en estado de indefensión y sometidos a sus normas criminales y autoritarias. Se mantiene, como se ha dicho en otras ocasiones, como un “Estado fallido”, sin suficiente legitimidad, lejos de poder garantizar la seguridad y conquistar la confianza y el respaldo entre los habitantes de campos y ciudades. 

Quienes están siendo asesinados son hombres y mujeres que lideran procesos en sus comunidades, defensores de Derechos Humanos, reclamantes de tierras, víctimas que abogan por su derecho a la verdad, la justicia y la reparación; en fin, personas comprometidas con que el proceso paz siga su cauce y que simbolizan, además, la memoria de los que en otros momentos de la historia terminaron sacrificando su vida. Es decir, que nos recuerdan que, en Colombia, las razones para disponer de la vida de quienes resultan incómodos frente a los intereses de ciertos sectores del poder -legales o ilegales-, en esencia, siguen siendo las mismas. 

De manera que no estamos ante nada nuevo sino que nos mantenemos atados a los nudos ciegos de una violencia que se resiste a ceder y que nos quiere seguir enredando entre las lógicas del odio y la barbarie.

Queda cada vez más claro que la violencia de la que somos víctimas no descansa en las actuaciones de tal o cuales actores sino que se recicla y fluye por entre las venas y el modus vivendi de una sociedad incapaz de reinventarse, que tiene sus propias formas de resiliencia y se enarbola como un fenómeno superior a la inteligencia y la dignidad humana. 

Preocupa y no puede entenderse el empeño del Gobierno en desconocer las razones y la magnitud de los hechos, así como la actitud generalizada de una ciudadanía para la que más de un centenar de líderes asesinados en pleno proceso de paz pareciera ser un asunto menor, lo que sólo da cuenta, en uno y otro caso, de la dimensión de su quiebra ética y su enanismo moral.

Es cierto que la solución política del conflicto armado con las FARC es un paso enorme y nos mantiene todavía con esperanzas, pero todo ello será vano si el Estado no desarrolla la capacidad para cumplir el rol que le corresponde; si no logra sobreponerse a quienes socaban su legitimidad y con los que, antes que combatir, pareciera más bien mimetizarse en la responsabilidad de los crímenes.

Con cada vida de un líder o lideresa que sea asesinado se elimina una historia, se desanda un camino, se mina la moral y se infunde un miedo que ahoga las ilusiones de grupos o comunidades cuyos representantes no eran más que la prolongación de su voz y del llamado a que de sus territorios se destierren de una vez por todas los fantasmas de la guerra. 

Cabe ahora preguntarnos si estamos en riesgo de entrar o nos encontramos ya en un nuevo ciclo de violencia, una violencia que se nos quiere mostrar como si no tuviera dueños y que pareciera advertirnos que va a seguir siendo nuestro solaz, que el único destino que nos queda como sociedad es el colapso, o seguir “sembrando ausencias”, de acuerdo con la reflexión a la que nos convocó la artista Doris Salcedo hace unos meses en la Plaza de Bolívar.

*Economista-Magister en Estudios Políticos

¿La revocatoria, un mecanismo inútil?

Más que la revocatoria del actual alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, la iniciativa ha puesto en entredicho, por parte de quienes se oponen, la validez misma de la figura consagrada dentro de los mecanismos de participación, Artículo 103 de la Constitución Nacional. 

Por: Orlando Ortiz Medina / Notas sin tiempo

De acuerdo con algunos de los argumentos, sería inútil y lo que correspondería hacer es eliminarla del articulado, pese a ser uno de los más importantes logros del constituyente de 1991.

Después de más de cien años de una constitución marcadamente centralista, en la que la democracia se reducía a convocar a la ciudadanía a las jornadas electorales, con la nueva constitución se buscaba, entre otros, posibilitar un sistema de representación y participación más cualificado, que diera lugar a una ciudadanía más deliberante, más informada y responsable con los asuntos de Gobierno y de la política, y más comprometida en las cuestiones concernientes al interés general y colectivo. 

A decir verdad, este propósito se encuentra todavía en ciernes. Difícil ha sido sobreponerse a unas prácticas políticas herederas del clientelismo, el nepotismo, la corrupción… y toda otra serie de circunstancias que le han negado al país la posibilidad de ponerse a la altura de las sociedades y las democracias modernas. Lo anterior sin dejar de lado, adicionalmente, las secuelas de un conflicto armado de más de cincuenta años, del que, si todo sale bien, apenas empezamos a liberarnos. 

En esa dirección, independiente de cuál sea el momento y quien sea el gobernante, suena contradictorio que haya quienes se oponen a que se haga uso de este tipo de iniciativas ciudadanas, que son parte de un camino que no hemos logrado recorrer hacia la transformación de la cultura política e institucional, especialmente en lo que concierne al rol del ciudadano frente a la gestión de Gobierno, que permanecen todavía en el desinterés y la apatía, con un costo muy alto para el desarrollo, la eficiencia y la transparencia de la administración pública.

Parte de quienes se manifiestan en contra de la revocatoria se basan en el hecho de que haya transcurrido tan sólo un año de gobierno, razón por la que no habría criterios suficientes para hacer una evaluación objetiva de su gestión. Otros, fundados en el mismo criterio, consideran que, de llegar a hacerse efectiva, quien resultara luego elegido tendría solo un año o año y medio para cumplir con su mandato, lo que tampoco le alcanzaría para dejar en firme sus realizaciones y desarrollar sus propuestas. Se afirma entonces que lo único que se haría es generar un vacío o caos institucional, pues, en cualquier caso, sería peor el remedio que la enfermedad. Así que, sobre este aspecto en particular, se equivocó y perdió su tiempo el constituyente del 91 creando un mecanismo que sería en la práctica inoperante.    

Lo claro es que estamos frente a una interpretación puramente algorítmica,  que reduce el concepto de institucionalización y así mismo el de democracia a lógicas meramente instrumentales y procedimentales que nada dicen de la democracia como virtud, como pensamiento, como conjunto de valores, en fin, como cultura y como parte de una historia que hay que recrear hacia la construcción de nuevas prácticas y significaciones que permitan refundar el rol del ciudadano en el ejercicio de la política.   

Si bien es cierto que en un año no es suficiente para hacer una valoración de las realizaciones alcanzadas por el gobernante, sí se sabe ya el qué, el cómo y el para dónde va, que es finalmente lo que corresponde al interés de los ciudadanos. En esencia, no se gobierna para el periodo que se fue elegido, por el contrario, es el futuro de la ciudad y de las próximas generaciones lo que está en juego. A un año de su mandato, el gobernante ya ha definido su agenda, se sabe cuál es el modelo de ciudad que propone, cuál es su estilo de gobierno, cuáles los ejes en los que ha centrado su gestión y las estrategias con que se propone llevarlos a cabo. ¿Cómo no valorar entonces que los gobernados tengan la posibilidad de pronunciarse y manifestar su aprobación o rechazo, si son ellos al fin y al cabo los destinatarios?

En el caso de Bogotá, no son menores los puntos de controversia: el modelo de expansión o urbanización, el alistamiento frente a los efectos del cambio climático, la movilidad y el sistema de transporte que sería de mayor conveniencia, la privatización de empresas, la seguridad ciudadana, la garantía en el acceso a derechos como la salud, el trabajo, la educación, entre otros, están en el centro del debate como quiera que marcarán su destino las próximas décadas. 

Suenan pues inconsistentes y sobre todo banales los argumentos de quienes ven en que se convoque a una revocatoria una pretensión puramente revanchista o de malos perdedores, o que la reduzcan simplemente a un asunto de formalidades institucionales.

Es una cuestionable lectura del significado y la razón de ser de la democracia y de lo que para un país como Colombia, con muy pobre desarrollo de su cultura política, tienen este tipo de iniciativas. Imposible esperar una sociedad políticamente más cualificada y una democracia más sólida si no se promueve que el ciudadano tome parte en los asuntos que competen al presente y el futuro del territorio en que habita. 

Si algo requiere este país es adentrarse en un proceso que lo deshaga de prácticas como la apatía, la desidia o el inmiscuirse en la política, el control y el ejercicio de Gobierno solo a partir de redes e intereses particulares o familiares, que es lo que verdaderamente se ha institucionalizado en el ser, el saber y el quehacer ciudadano; además de la desconfianza en la legalidad y el modo de funcionamiento del Estado. Lo que ahora se llama institucionalidad no es más que una urdimbre de prácticas prohijadas por una tecnocracia cómodamente erigida en el nepotismo, el clientelismo, el amiguismo, el CVY, la ausencia de criterios de meritocracia y un muy pobre desempeño en el ejercicio de la función pública. 

A menos que se asuma la institucionalidad como la formalidad de un periodo de gobierno, un sistema de normas y procedimientos que habitualmente no se acogen, planes y programas que no se cumplen y no como virtudes, hitos y significaciones sociales enraizadas en el comportamiento, los hábitos, las costumbres, es decir, en la cultura, la tarea que corresponde es justamente la de institucionalizar un nuevo saber y unas nuevas prácticas en el ejercicio de la política y de la ciudadanía, que se traduzcan en la existencia de un sujeto con criterios para actuar en las decisiones sustantivas de sus territorios. 

De manera que no se debe aceptar que se satanice el llamado a la participación ciudadana con el argumento de que es obstaculizar al gobernante y afectar por esa vía el desarrollo de la ciudad. La ciudad tampoco es tal si se desconoce tal vez el principal mecanismo con que cuenta el ciudadano para ejercer su rol político y pronunciarse sobre el ejercicio de gobierno. Es claro que en ésta, como en cualquier democracia, quien ha sido elegido no tiene un poder omnímodo y la medida de su gestión está en cabeza de los gobernados. Es de la esencia de la democracia que el poder del elegido pueda ser puesto en cuestión y confirmado o relevado si así lo consideran los ciudadanos. No hay que olvidar también que en una democracia el gobernante no representa sólo a los que lo eligieron.

El solo llamado a la revocatoria no define nada, hay que dejar que el electorado se pronuncie; es la condición para garantizar efectividad de las leyes, la vigencia de los derechos, el afianzamiento de la institucionalidad, la recreación de la política y la profundización de la democracia. No puede ser que nos cueste tanto valorar y aceptar el uso de mecanismos que por algo fueron previstos en la constitución y que hay que permitir que se desarrollen. No puede ganar la incertidumbre o el miedo del que prefiere lo malo por conocido que lo bueno por conocer.       

  *Economista-Magister en Estudios Políticos