Coronavirus y la otra pandemia: el desmantelamiento de la salud en el mundo

El verdadero motivo de alarma, en Occidente por lo menos, es el desborde de los servicios sanitarios. La posibilidad de que mueran muchas personas por no tener acceso a hospitales abarrotados se convertiría en una crisis política que los Gobiernos buscan eludir con medidas draconianas de aislamiento forzado.

Por: Raúl Zibechi / Sputnik News 

Más que la gravedad de la pandemia de coronavirus, preocupa el elevado nivel de contagio en poco tiempo, que es la causa del desborde del sistema sanitario. Si se prolongara durante dos años, como prevén algunos expertos, pero no hubiera grandes picos de internación, la situación sería menos grave.

En síntesis, el nudo del problema está en los sistemas de salud, que se han venido deteriorando como consecuencia de las políticas neoliberales de reducción de gastos sociales y privatización de servicios. Un somero repaso de las cifras de camas por habitante en diferentes países, pone al descubierto la crisis del sistema de salud.

Los cambios se aceleraron a raíz de la crisis de 2008. En 2006, la Unión Europea tenía 574 camas cada 100.000 habitantes, pero en 2017 la cifra había caído a solo 504 camas. Una disminución del 12%.

En la parte más alta de la gráfica, figura Alemania con 800 camas en 2017 (830 en 2016), el único país europeo que cumple con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, de no menos de 800 camas cada 100.000 habitantes.

No es casualidad que Alemania presente en este momento uno de los niveles más bajos de muertos por infectados: 24 entre 9.257 infectados a fecha de la publicación de este artículo, apenas el 0,26%, diez veces menos que China y treinta veces menos que Italia, que supera el 7%.

Italia se sitúa en uno de los lugares más bajos de la tabla europea: en 2006 tenía 399 camas cada 100.000 personas y en 2017 cayó a solo 318, un descenso estrepitoso del 20%. Países mucho más pobres como Rumanía y Polonia, incrementaron las camas por habitante de 674 a 689 y de 647 a 662, respectivamente.

Bulgaria que tiene un PBI por habitante cuatro veces más bajo que Italia, aumentó su disponibilidad de camas en más del 18% en el mismo período. Datos generales que enseñan que la salud no depende mecánicamente de la riqueza de un país, sino de que sus autoridades la consideren un servicio o un negocio.

En América Latina, la disposición de camas muestra una situación aun peor. Cuba marcha a la cabeza con 520 camas cada 100.000 habitantes, seguida por Argentina con 500. A muchísima distancia le sigue Uruguay, con 280 camas, Brasil y Chile con 220. Una lista que se cierra con Haití, Honduras, Venezuela y Nicaragua, con menos de cien camas.

Privatización, la otra pandemia

La privatización de los servicios es otro dato fundamental, ya que aumenta la desigualdad en el acceso a la salud. En España la sanidad privada representa ya más del 30% del gasto sanitario, algo que se traduce en mayor opacidad y menor transparencia, según la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP).

Según la misma organización, Madrid es la región que lidera los índices de privatización, así como el porcentaje de camas privadas sobre el total (27,7% en Madrid versus 5,1% en La Rioja). En la privada los datos enseñan sobre la utilización de estudios caros, como las pruebas diagnósticas de imagen. Un informe del sindicato UGT asegura que "en los últimos cuatro años, el porcentaje de inversión en la privada multiplicaba por tres el de la pública".

Una inversión de carácter especulativo, ya que no impidió que la crisis del coronavirus tenga su foco principal en la capital española, con el 44% de los contagios del país y el 72% de los muertos, al 17 de marzo. 

Madrid destina elevadas sumas a la "atención especializada", cara y con resultados dudosos, mientras "destina muy poco a la Atención Primaria, que requiere de una inversión fuerte y urgente porque es el primer peldaño de la sanidad", según Marciano Sánchez Bayle, presidente de la FADSP.

En Italia, en diez años se perdieron 70.000 camas hospitalarias, se cerraron 359 departamentos y numerosos hospitales pequeños fueron abandonados. Entre 2009 y 2018 el gasto en salud creció 10%, frente a 37% de la OCDE.

Entre enero y febrero, el sector sanitario español perdió 18.320 trabajadores, en plena expansión del coronavirus. Además, los sindicatos del sector denuncian abuso de la contratación de interinos y la precariedad en el empleo, mientras las condiciones de trabajo son cada vez más duras.

Estados Unidos, líder mundial en desmantelamiento de la salud

Podríamos establecer una geopolítica del desmantelamiento de la salud y de la crisis sanitaria. Uno de los epicentros sería Estados Unidos, según el sociólogo y urbanista Mike Davis.

Davis destacada los cierres de clínicas privadas y la escasez de personal, impuestos por la lógica de mercado, que "han devastado los servicios sanitarios en las comunidades más pobres y zonas rurales, trasladando la carga a hospitales públicos infradotados y clínicas para veteranos".

Los servicios de urgencias están sobrecargados, por lo que asegura que su país se enfrenta a un "Katrina sanitario", en referencia al huracán que arrasó la ciudad de Nueva Orleans en 2005.

Davis nos recuerda que "nada menos que 380.000 pacientes de residencias de ancianos mueren cada año debido al incumplimiento por parte de estas entidades de los procedimientos básicos de control de infecciones".

Como sabemos, Estados Unidos es el país referente en la privatización de la salud. Davis denuncia que las grandes empresas farmacéuticas dejaron de invertir en el desarrollo de nuevos antibióticos y antivirales.

Por eso vaticina que "dentro de un año puede que admiremos retrospectivamente el éxito de China en la contención de la pandemia, pero que nos horroricemos ante el fracaso de EEUU".

"Carnicería americana": EEUU, consumido por las drogas.

Aunque es un tema bien conocido, la máxima autoridad económica estadounidense, Janet Yellen, presidenta de la Reserva Federal, alertó que la epidemia de muertes por drogas está trastocando el mercado laboral al punto que las industrias no encuentran personal calificado para cubrir vacantes.

Por: Raul Zibechi / Sputnik Mundo

Yellen compareció ante el Senado de los EEUU a mediados de julio, donde afirmó que "la industria manufacturera tiene dificultad para dar con aspirantes con la preparación adecuada para desempeñar sus funciones" aunque, paradójicamente, el sector capacitado de la población "no se moviliza porque los salarios son bajos".

La tasa de participación laboral de los estadounidenses se encuentra al mismo nivel que en la década de los 70, hace casi medio siglo, en gran medida por "la adicción de los jóvenes en edad de trabajar a los opiáceos".

La funcionaria encontró tres razones para esa verdadera epidemia, que mata más personas que el pico del sida, alcanzado en 1995. Los jóvenes consumidores no se forman porque abandonan sus estudios. En segundo lugar, el consumo de opiáceos y otras drogas los apartan cada vez más del mercado de trabajo. En tercero, se registra una elevada tasa de suicidios y muertes por sobredosis, en gran medida por depresiones, en regiones que sufren problemas económicos y desocupación.

En 2014 hubo 1,3 millones de personas que necesitaron asistencia médica por consumo de medicamentos con receta y opiáceos, lo que representa el doble que en 2005. En referencia a lo que se considera una epidemia de drogadicción, que castiga especialmente a las personas en un grupo de edad entre los 25 y los 44 años, Yellen dijo que le resulta "extremadamente insólito", porque "EEUU es la única nación avanzada en la que hemos visto algo así".

Un extenso informe de The New York Times del mismo mes sostiene que las muertes por sobredosis son la primera causa de defunciones entre los menores de 50 años, y constata que siguen creciendo a un ritmo infernal: 19% entre 2015 y 2017. En la década de los 80, las muertes por sobredosis de drogas oscilaban entre 6.000 y 7.000 personas por año, trepando ocho veces hasta rozar las 60.000 que se estiman para 2017.

Lo más curioso es la percepción que las elites estadounidenses tienen sobre el tema, al que el New York Times considera "una plaga moderna", con la carga de miedos y temores que caen sobre una nación que desde siempre teme repetir las causas de lo que hace dos milenios provocó la "decadencia del Imperio Romano".

La droga más mortífera en este momento, sobre todo en estados donde la desindustrialización hizo estragos como Ohio, es el fentanilo y el carfentanilo, un tranquilizante 5.000 veces más potente que la heroína. Más de dos millones de personas dependen de los opiáceos legales y otros 95 millones de analgésicos recetados en 2016. En algunos condados, las reuniones de Narcóticos Anónimos están repletas de abogados, contadores y jóvenes profesionales con alto nivel educativo.

Se trata de un país que con el 5% de la población consume el 80% de los opiáceos farmacológicos del mundo. El Gobierno de Donald Trump ha creado una comisión para debatir medidas contra la epidemia de drogadicción, a la que ha definido como un problema del mismo nivel que el crimen y las pandillas, a las que denomina "la carnicería americana".

Los medios, los políticos y el empresariado estadounidense parecen rehuir la relación entre la epidemia de muertes por sobredosis y el modelo económico y social impuesto desde la década de los 80. En el mismo período en que se produjo el crecimiento exponencial del consumo de opiáceos, la riqueza del 1% se elevó hasta niveles inéditos, mientras los ingresos de la clase media blanca se derrumbaron.

Millones de adictos comenzaron por el consumo de tranquilizantes en la década de los 90, cuando empezaron a sentirse las primeras consecuencias del modelo neoliberal. Los opiáceos de prescripción legal son un inmenso negocio para las farmacéuticas. En los últimos 15 años las recetas de estos medicamentos contra el dolor se han triplicado, pero el 75% de los heroinómanos empezó con esos analgésicos.

Se trata de personas con sus vidas y familias destrozadas, ya que al perder sus puestos de trabajo en la vieja industria fordista, reconvertida con la automatización y luego con la robotización de la cuarta revolución industrial, no pudieron reciclarse a los nuevos empleos altamente tecnificados. Nadie los ayudó, en un país individualista donde surgen voces que piden que se deje morir a los drogadictos sin atenderlos, como ya sucede con las autoridades de algunos condados de Ohio.

La crisis sanitaria que emerge en Estados Unidos es apenas la punta del iceberg de problemas mucho más profundos y de carácter estructural. Dos de ellos parecen insoslayables: la hegemonía del capital financiero y la ambición por mantenerse en el primer lugar en el mundo mediante el uso y abuso de su poder militar.

El capital financiero siempre existió, pero sólo se vuelve dominante cuando la economía real, la producción de mercancías, es desplazada por la especulación, signo inequívoco de la decadencia de las naciones. Los propietarios del capital dejan de confiar en inversiones de largo plazo y apuestan por ganancias inmediatas en el casino de la especulación, convirtiendo a las bolsas de valores en parte del mecanismo especulativo.

EEUU muestra varias fracturas que tienden a crecer. Al viejo conflicto social que afecta a la población negra se suma la actual epidemia de opiáceos, que muestra dos nuevas y tremendas fracturas. Por un lado, la que afecta a las clases trabajadoras y profesionales, como consecuencia del modelo neoliberal. En paralelo, aparece la división geográfica entre la Costa Este, decadente, y la Oeste, más próspera y volcada hacia las nuevas tecnologías. Ambas pueden terminar por hundir al mayor imperio de la historia.

[Brasil] Lula: El fin de un sueño

La condena por la justicia del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, es el broche final de la ofensiva contra el proyecto de convertir a Brasil en una nación independiente de Estados Unidos y con proyección propia en el escenario regional y global. 

Por: Raul Zibechi / La Jornada

Otros dos arietes de esa estrategia llevan meses en prisión: Marcelo Odebrecht, director de la empresa que construye submarinos, y el vicealmirante Othon Luiz Pinheiro da Silva, el padre del programa nuclear brasileño.

El proyecto Brasil Potencia tiene una larga historia que se remonta, como mínimo, hasta la década de 1950 cuando el segundo gobierno de Getúlio Vargas (1951-1954). En su carta-testamento, Vargas sugiere que estaba siendo acosado por presiones de Washington, que no aceptaba, entre otras, su opción por un desarrollo autónomo del área nuclear. Luché contra la expoliación de Brasil, escribe poco antes de dispararse al corazón, el 24 de agosto de 1954 (goo.gl/nf2DrF).

Poco después, en 1959, el presidente desarrollista Juscelino Kubitschek (1956-1960) denunció al FMI y a los enemigos del Brasil independiente de intentar forzar una capitulación nacional, a fin de que la industria cayese en manos extranjeras, según afirma Alberto Moniz Bandeira en su obra Presencia de Estados Unidos en Brasil (Corregidor, 2010, p. 453).

Una década después, las ambiciones de los militares brasileños fueron plasmadas por el general y geopolítico Golbery do Couto e Silva. El militar escribió una obra decisiva, Geopolítica del Brasil (México, El Cid, 1978), donde diseña el papel de su país en la región: alianza con Washington contra el comunismo, expansión interna hacia la Amazonia y externa hacia el Pacífico para cumplir su destino manifiesto.

Defendía la idea de que Brasil debe engrandecerse o perecer, política que fue la brújula del principal think tank del Sur, la Escuela Superior de Guerra, donde se formaron los mayores cuadros de la burguesía brasileña. Entre ellos Marcelo Odebrecht, quien en la revista de la Asociación de Graduados de la ESG agradecía, hace sólo seis años, la vocación y el compromiso de las fuerzas armadas en la formación de líderes públicos y privados, a la vez que destacaba que sus doctrinas contribuyen efectivamente al desarrollo nacional (goo.gl/SSMKCn).

No es ninguna casualidad que las grandes empresas brasileñas (Camargo Correa, Odebrecht, Gerdau, Votorantim, Andrade Gutierrez, entre otras) hayan crecido bajo el ala de las grandes obras del régimen militar (1964-1985).

El principal proyecto atómico de Brasil, el Programa Nuclear de la Marina, fue creado en 1979 y en apenas una década consiguió dominar el ciclo completo de enriquecimiento de uranio con centrifugadoras desarrolladas en el país. La reacción de Washington fue tan dura como la que propició en la década de 1950 la ofensiva contra Vargas. El país fue colocado en una lista negra para impedirle importar materiales para su programa nuclear.

El vicealmirante Othon era el principal gestor del programa, razón por la que fue monitoreado por agentes de la CIA durante varios años, según medios cercanos a los militares (goo.gl/AjsBWU). Su prestigio era tan grande que obtuvo ocho medallas militares. En 2015 fue detenido en el marco de la Operación Lava Jato, acusado de corrupción y desvío de fondos desde su cargo de director de Eletronuclear, la estatal que construye y opera las usinas nucleares.

El programa nuclear fue reactivado bajo el gobierno de Lula, luego del parón de la década privatizadora. En 2008 se descubrieron los yacimientos de petróleo off shore, llamados Pre-sal, lo que movió al gobierno a establecer un acuerdo con Francia para la construcción del primer submarino nuclear, destinado a resguardar la Amazonia Azul (costa atlántica) de donde proviene 90 por ciento de la producción petrolífera.

Odebrecht fue la empresa designada por Lula, sin concurso, para construir el astillero y una base naval para submarinos en la bahía de Sepetiba, en Río de Janeiro. La confianza de Lula en la empresa se debe a la extensa relación entre la familia Odebrecht y el dirigente del PT, que se inició en las postrimerías de la dictadura cuando despuntaba como líder sindical.

Marcelo, el CEO de la empresa destinada a cumplir los sueños de una defensa independiente de Washington y la multinacional privada más fuerte del país, fue detenido apenas ocho semanas antes que el vicealmirante Othon. Al empresario lo condenaron a 19 años, aunque luego negoció una delación premiada que reduce su pena. Othon se llevó la mayor condena que han tenido los 144 encarcelados por Lava Jato: 43 años de cárcel.

Bajo los dos gobiernos de Lula (2003-2010), Brasil sentó las bases de la integración regional mediante la creación de la Unasur y la Celac, sin la presencia de Estados Unidos, y fue un miembro destacado de los BRICS. Realizó enormes obras de infraestructura, algunas en la misma dirección que los gobiernos militares, como la represa de Belo Monte, y potenció como ningún otro gobierno democrático la renovación de las fuerzas armadas.

Las tres biografías tienen un punto en común: desde ámbitos bien distintos, pugnaron por un proyecto propio de gran potencia para Brasil, lo que inevitablemente molestó a Estados Unidos. Subestimaron al imperio, probablemente por confiar en la democracia.

Los grandes empresarios suelen ser corruptos, de lo contrario no llegarían a acumular tanta riqueza. Los militares son el peor aparato del Estado y sobre eso cabe poca discusión, salvo para quienes sueñan con milicos democráticos o socialistas.

No creo que ningún presidente en ninguna parte del mundo sea inocente, por algo llegan a ese lugar. Se puede ser corrupto robando o sólo haciendo promesas que, saben, nunca cumplirán.

En el caso de Brasil, la cuestión no es la corrupción, sino la necesidad de echar abajo un proyecto de largo aliento que soñaba con modificar la relación geopolítica de fuerzas sin arriesgarse a combatir.

Brujas, Perras y Narcoparamilitares

La cuestión es que se trata de una violencia difusa, sin centro dirigente aparente, lo que hace difícil identificar a sus autores al punto que las autoridades niegan la existencia de las Águilas Negras. 

Por: Raúl Zibechi / La Jornada

"Muerte a las perras", se titula el panfleto distribuido por las Águilas Negras en el correo electrónico de una organización social de Bogotá. En este caso, la banda paramilitar amenaza a defensoras de derechos humanos (todas mujeres) y muestra un lenguaje y estilo que desnuda el carácter violento y machista del grupo armado.

Malditas perras sapas del gobierno gonorreas las bamos a matar por sapas y por andar de metidas donde no deben sapas hp luchando por los derechos de la mujer que mierda son si lo unico que son es sirvientas de nosotros aver si se van a hacer oficio de la casa malparidas, reza textualmente el volante reproducido parcialmente por la página pacifista.co (goo.gl/hoL4Hy).

La amenaza va dirigida a las integrantes de la Mesa Nacional de Víctimas: Van a caer con sus familias y a estos hp malparidos por estar apoyandolas los bamos a matar por metiches y no ser fieles a la causa.

Una de las amenazadas dijo a los medios: El gobierno no ha hecho nada para protegerme. Todos los días matan a líderes sociales en el país y a ellos parece no importarles porque no hacen nada. Hago responsable al Estado por lo que me pase a mí, a mi familia y a mis compañeras. Este es el punto central.

Águilas Negras proviene de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), supuestamente desmovilizadas, y su accionar se ha destacado en departamentos conflictivos como el Cauca, donde ha amenazado y asesinado a dirigentes indígenas. También en las regiones de población negra y en Ciudad Bolívar, la periferia sur de Bogotá.

En 2016 fueron asesinados 94 defensores de derechos humanos y líderes sociales, la cifra más alta desde que comenzó el proceso de paz. Las víctimas son en su inmensa mayoría militantes ligados a Marcha Patriótica, al Congreso de los Pueblos y a diversos movimientos populares.

Este tipo de violencia es bien diferente de la que afectó en la década de 1980 a la Unión Patriótica. En aquellos años fueron asesinados más de 2 mil militantes, incluyendo alcaldes, concejales, diputados, senadores y candidatos a la presidencia, por una alianza de paramilitares y narcotraficantes que arrasaron con la izquierda electoral vinculada al Partido Comunista y las FARC.

Parece necesario detenerse en las principales características de esta violencia sistemática contra los sectores populares organizados, ya que no se registra sólo en Colombia sino que se ha convertido en un modo de regular las relaciones sociales en todo el continente, con especial desarrollo en México y Guatemala. En este punto, debemos recordar el papel del general Óscar Naranjo, actual vicepresidente de Colombia, en la exportación de la narcodemocracia a México, como ha consignado Carlos Fazio (goo.gl/vT7Xt).

La primera cuestión es que se trata de una violencia difusa, sin centro dirigente aparente, lo que hace difícil identificar a sus autores al punto que las autoridades niegan la existencia de las Águilas Negras. La dirección de Inteligencia de la Policía de Colombia asegura que la organización ya no existe, lo que puede ser cierto si pensamos en un aparato estructurado con mando centrales.

Un informe de la BBC sobre las Águilas Negras, sostiene que es una razón social que utilizan varios grupos y pone un ejemplo: En el Cauca, a raíz de un conflicto interno en una universidad, un grupo de gente decidió sacar un panfleto firmado Águilas Negras contra unos profesores (goo.gl/0gGOQw). Este es el punto: una maquinaria narcoparamilitar desterritorializada, convertida en cultura política de control de las relaciones sociales a cielo abierto.

La segunda es que estamos ante una forma brutal de regular las relaciones entre personas y, de modo muy particular, de enfrentar a los movimientos sociales. El excelente informe Mujeres y guerra: víctimas y resistentes en el Caribe colombiano, del Centro Nacional de Memoria Histórica (2014), destaca que las masacres son el límite más brutal de la violencia paramilitar. A partir de ellas, consiguieron imponer un nuevo orden social.

“A través del uso del lenguaje, la regulación del cuerpo, el espacio y las prácticas sociales, estos actores lograron imponer sus ideas de orden, ‘buen’ comportamiento y disciplina” (p. 37). De ese modo, establecieron un orden patriarcal, racista, capaz de regular los mínimos intersticios de la vida cotidiana. Las mujeres relegadas a sus casas, los negros y homosexuales sistemáticamente humillados, y los hombres debían comportarse de forma viril y ceñirse a un modelo de hombre guerrero y militar (p. 38).

La tercera se relaciona con la continuidad de este modelo de control una vez finalizada la guerra. En las regiones dominadas por los paramilitares, la guerra continúa pero con otros actores, como las pandillas que actúan sobre el legado de miedo dejado por la violencia, usando métodos muy similares.

Por eso debemos hablar de una maquinaria, un nuevo modo de control de la población como lo fue el panóptico, que con el tiempo se ha convertido en el sentido común para organizar los espacios de encierro y funciona naturalmente, sin que un mando central deba promoverlo o planificarlo.

Por último, debe entenderse que estamos ante una violencia sistémica, no coyuntural. Los feminicidios y el narco son los modos de control de los de abajo en la zona del no-ser; el modo de tener controlados a indios, negros y mestizos. No depende, por tanto, de la actitud progresista de las autoridades o de la benevolencia de los varones. Es como la plusvalía: funciona aunque el patrón pague salarios justos, porque la explotación del trabajo asalariado es inherente al capitalismo.

Por brutal que sea, la violencia nunca es el objetivo final, sino el medio para construir un orden social jerárquico, patriarcal, capitalista. Es el genocidio que el sistema necesita para imponer la cuarta guerra mundial contra los pueblos y la vida. Esto es lo que no podemos perder de vista en la imprescindible denuncia sobre las violaciones de los derechos humanos.

[Raul Zibechi] Venezuela: Cuando la izquierda es el problema

Estamos ante una lucha entre una burguesía conservadora venezolana que fue apartada del control del aparato estatal y una burguesía emergente que utiliza el Estado como palanca de acumulación.

Por: Raul Zibechi / Brecha

Lo que está sucediendo en Venezuela no tiene la menor relación con una “revolución” o con el “socialismo”, ni con la “defensa de la democracia”, ni siquiera con la manida “reducción de la pobreza”, por desgranar los argumentos que se manejan a diestra y siniestra. Podría mentarse “petróleo”, y estaríamos más cerca. Pero los hechos indican otras inflexiones.

Estamos ante una lucha sin cuartel entre una burguesía conservadora que fue apartada del control del aparato estatal, aunque mantiene lazos con el Estado actual, y una burguesía emergente que utiliza el Estado como palanca de “acumulación originaria”.

No es la primera vez que esto sucede en nuestras breves historias. Las guerras de independencia fueron eso: la lucha entre los decadentes “godos” (peninsulares monárquicos) y la emergente oligarquía “criolla” que utilizó el control del aparato estatal para legalizar la usurpación de tierras de los pueblos originarios. Los segundos se apoyaban en las potencias coloniales británica y francesa que competían con la decadente España por el control de las colonias independizadas, con la misma lógica de los progresismos que se apoyan en China, incluyendo conservadores como Macri, frente a la imparable decadencia estadounidense.

La débil burguesía criolla se montó en la movilización de los pueblos (indios, negros y sectores populares) para derrotar a los poderosos peninsulares. Concedió la emancipación de los esclavos con los mismos objetivos que hoy la nueva burguesía aplica políticas sociales que reducen la pobreza: en ambos casos los de abajo siguen estando en el sótano como mano de obra barata, sin haberse movido un ápice del lugar estructural que ocupan.

NUEVAS ELITES. Las nuevas elites venezolanas, lo que popularmente se denomina “boliburguesía”, son una mixtura de altos funcionarios de empresas públicas y del aparato estatal, militares de alta graduación y algunos empresarios enriquecidos a la sombra de las instituciones. Gestores incrustados en el aparato estatal. Por eso se resisten a perder poder, ya que todo el entramado se les vendría abajo.

Algunos ya consiguieron trans­formar la renta apropiada en propiedad privada. Pero una buena parte está aún en ese proceso. Por eso el sociólogo brasileño Ruy Braga denomina a los gestores sindicales de los fondos de pensiones de su país, la nueva clase emergente, como parte de una “hegemonía frágil”.

Roland Denis sostiene que en su país gobiernan las mafias: “Maduro podrá tener la mejor voluntad pero se ha impuesto un lobby muy fuerte de mafias internas del gobierno” (La Razón, 27-XII-17). El filósofo y ex viceministro de Planificación y Desarrollo (2002-2003) asegura que varias de estas mafias son banqueras y otras vienen de viejos grupos de “chupa-renta petrolera” instalados desde hace muchos años.

Le pega duro a los “intelectuales” que encubren las matufias del poder. “Con un lenguaje de izquierda justifican una política que sólo ha favorecido a banqueros, grandes importadores, cadenas monopólicas y trasnacionales. A su vez, es una política que mediante la imposición de precios y corporaciones ha destruido al pequeño productor de azúcar y café para beneficiar a los importadores. Mientras tanto, los paquetes de Café Venezuela que vienen en las bolsas de los comités locales de abastecimiento y producción (Clap) sólo sirven para confundir a incautos.”

La otra mirada, la chavista-madurista que culpa de todo a otros, es la que esboza Marta Harnecker: “El tiempo histórico está a nuestro favor. Lo que nos ayuda en esta lucha contra las fuerzas conservadoras es que el tipo de sociedad que proponemos, y que estamos empezando a construir, responde objetivamente al interés de la inmensa mayoría de la población, en contraste con las fuerzas conservadoras que sólo benefician a las elites” (Rebelión, 4-IV-17).

MISMA URDIMBRE. A la luz de lo sucedido en la región en las dos últimas décadas podemos arribar a una redefinición del concepto de izquierda: es la fuerza política que lucha por el poder, apoyándose en los sectores populares, para incrustar sus cuadros en las instituciones que, con los años y el control de los mecanismos de decisión, se convierten en una nueva elite que puede desplazar a las anteriores, negociar con ellas o fusionarse. O combinaciones de las tres.

La izquierda es parte del problema, ya no la solución. Porque, en rigor, aunque ahora empiecen los deslindes, los progresismos son hechuras de la misma urdimbre. Miremos al PT de Lula. Niegan la corrupción que es evidente desde hace una década, cuando Frei Betto escribió La mosca azul luego de renunciar a su cargo en el primer gobierno Lula, cuando se destapó el escándalo del mensalao: “La picada de la mosca azul inocula en las personas dosis concentradas de ambición por el poder. Las personas, entonces, son más receptoras al veneno de la mosca cuando viven situaciones en las cuales disponen, de hecho, de posibilidades más concretas de ejercer un poder mayor. Esto es, cuando las condiciones objetivas son favorables a los impulsos que están siendo estimulados en el plano subjetivo”.

¿Qué tipo de personas (militantes, activistas, dirigentes) surgirían en un proyecto político que no se proponga tomar el poder? Esta pregunta se la formularon, palabras más o menos, los zapatistas hace ya cierto tiempo. ¿Cómo le llamaríamos a una fuerza que se proponga, “apenas”, transformar la sociedad desde la vida cotidiana?

No lo sabemos porque el imaginario construido durante dos siglos apunta en dirección al poder estatal. Como si lo que hubiera que transformar fuera algo externo y no pasara, en primerísimo lugar, por las mismas personas que se dicen militantes. Lo que sí sabemos es que la izquierda realmente existente se ha convertido en un obstáculo para que las mayorías se hagan cargo de sus vidas. La polarización derecha-izquierda es falsa, no explica casi nada de lo que viene sucediendo en el mundo. Pero lo peor es que la izquierda se ha vuelto simétrica de la derecha en un punto clave: la obsesión por el poder.

La era de la ingobernabilidad en América Latina

La desarticulación  geopolítica global se traduce en nuestro continente latinoamericano en una creciente ingobernabilidad que afecta a los gobiernos de todas las corrientes políticas. No existen fuerzas capaces de poner orden en cada país, ni a escala regional ni global, algo que afecta desde las Naciones Unidas hasta los gobiernos de los países más estables.

Por: Raul Zibechi / La Jornada

Uno de los problemas que se observan sobre todo en los medios, es que cuando fallan los análisis al uso se apela a simplificaciones del estilo: Trump está loco, o conjeturas similares, o se lo tacha de fascista (que no es una simple conjetura). Apenas adjetivos que eluden análisis de fondo. Bien sabemos que la locura de Hitler nunca existió y que representaba los intereses de las grandes corporaciones alemanas, ultra racionales en su afán de dominar los mercados globales.

Del lado del pensamiento crítico sucede algo similar. Todos los problemas que afrontan los gobiernos progresistas son culpa del imperialismo, las derechas, la OEA y los medios. No hay voluntad para asumir los problemas creados por ellos mismos, ni la menor mención a la corrupción que ha alcanzado niveles escandalosos.

Pero el dato central del periodo es la ingobernabilidad. Lo que viene sucediendo en Argentina (la resistencia tozuda de los sectores populares a las políticas de robo y despojo del gobierno de Mauricio Macri) es una muestra de que las derechas no consiguen paz social, ni la tendrán por lo menos en el corto/mediano plazos.

Los trabajadores argentinos tienen una larga y rica experiencia de más de un siglo de resistencia a los poderosos, de modo que saben cómo desgastarlos, hasta derribarlos por las más diversas vías: desde insurrecciones como la del 17 de octubre de 1945 y la del 19 y 20 de diciembre de 2001, hasta levantamientos armados como el Cordobazo y varias decenas de motines populares.

En Brasil la derecha pilotada por Michel Temer tiene enormes dificultades para imponer las reformas del sistema de pensiones y laboral, no sólo por la resistencia sindical y popular sino por el quiebre interno que sufre el sistema político. La deslegitimación de las instituciones es quizá la más alta que se recuerda en la historia.

El economista Carlos Lessa, presidente del BNDES con el primer gobierno de Lula, señala que Brasil ya no puede mirarse al espejo y reconocerse como lo que es, perdido el horizonte en el marasmo de la globalización (goo.gl/owd24y). El aserto de este destacado pensador brasileño puede aplicarse a los demás países de le región, que no pueden sino naufragar cuando las tormentas sistémicas acechan. En los hechos, Brasil atraviesa una fase de descomposición de la clase política tradicional, algo que pocos parecen estar comprendiendo. Lava Jato es un tsunami que no dejará nada en su sitio.

El panorama que ofrece Venezuela es idéntico, aunque los actores ensayen discursos opuestos. De paso, decir que atender a los discursos en plena descomposición sistémica tiene escasa utilidad, ya que sólo buscan eludir responsabilidades.

Decir que la ingobernabilidad venezolana se debe sólo a la desestabilización de la derecha y el imperio, es olvidarse que en la prolongada erosión del proceso bolivariano participan también los sectores populares, mediante prácticas a escala micro que desorganizan la producción y la vida cotidiana. ¿O acaso alguien puede ignorar que el bachaqueo (contrabando hormiga) es una práctica extendida entre los sectores populares, incluso entre los que se dicen chavistas?

El sociólogo Emiliano Terán Mantovani lo dice sin vueltas: caos, corrupción, desgarro del tejido social y fragmentación del pueblo, potenciados por la crisis terminal del rentismo petrolero (goo.gl/DW8wkQ). Cuando predomina la cultura política del individualismo más feroz, es imposible conducir ningún proceso de cambios hacia algún destino medianamente positivo.

En suma, el panorama que presenta la región –aunque menciono tres países el análisis puede, con matices, extenderse al resto– es de creciente ingobernabilidad, más allá del signo de los gobiernos, con fuertes tendencias hacia el caos, expansión de la corrupción y dificultades extremas para encontrar salidas.

Tres razones de fondo están en la base de esta situación crítica.

La primera es la creciente potencia, organización y movilización de los de abajo, de los pueblos indios y negros, de los sectores populares urbanos y los campesinos, de los jóvenes y las mujeres. Ni el genocidio mexicano contra los de abajo ha conseguido paralizar al campo popular, aunque es innegable que afronta serias dificultades para seguir organizando y creando mundos nuevos.

La segunda es la aceleración de la crisis sistémica global y la desarticulación geopolítica, que pegó un salto adelante con el Brexit, la elección de Donald Trump, la persistencia de la alianza Rusia-China para frenar a Estados Unidos y la evaporación de la Unión Europea que deambula sin rumbo. Los conflictos se expanden sin cesar hasta bordear la guerra nuclear, sin que nadie pueda imponer cierto orden (aún injusto como el orden de posguerra desde 1945).

La tercera consiste en la incapacidad de las élites regionales de encontrar alguna salida de largo aliento, como fue el proceso de sustitución de importaciones, la edificación de un mínimo estado del bienestar capaz de integrar a algunos sectores de los trabajadores y cierta soberanía nacional. Sobre este trípode se estableció la alianza entre empresarios, trabajadores y Estado que pudo proyectar, durante algunas décadas, un proyecto nacional creíble aunque poco consistente.

La combinación de estos tres aspectos representa la tormenta perfecta en el sistema-mundo y en cada rincón de nuestro continente. Los de arriba, como dijo días atrás el subcomandante insurgente Moisés, quieren convertir el mundo en una finca amurallada. Probablemente, porque nos hemos vuelto ingobernables. Tenemos que organizarnos en esas difíciles condiciones. No para cambiar de finquero, por cierto.