El papel de las Zidres en la transformación del despojo en “agronegocio”.

En síntesis, la ley Zidres es el puente que comunica la gesta del despojo con el pleno despliegue del agronegocio, un puente que aunque retóricamente presentado como progresista, puede estarse quebrando por el desarrollo de las contradicciones sociales que acentúa.

Por: José Honorio Martínez / Revista Izquierda

I.

En una especie de “Consejo comunal”, realizado en Orocué (Casanare) el 29 de enero de 2016, fue expedida por el presidente Juan Manuel Santos la ley 1776 o ley de Zidres (Zonas de interés de desarrollo rural, económico y social). El acto contó con la participación de representantes de diversas instituciones como el Consejo Gremial Nacional, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) y la Universidad de La Salle. Entre los asistentes destacó la presencia de Gustavo Grobocopatl, conocido en Argentina como “el rey de la soja” [1], quien asesoró la Comisión integrada por el Ministerio de Agricultura, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Colombiana Internacional (CCI) en el dictamen sobre la capacidad de los suelos de la Altillanura para adecuarse al cultivo de soja. A partir del Informe entregado por esta Comisión, el presidente Santos planteó la meta de sembrar un millón de hectáreas de soja y un millón y medio de hectáreas en maíz, inicialmente en la Altillanura, la Mojana, Urabá y la Guajira. Las Zidres son la punta de lanza de un proceso de “colonización corporativa” que cubrirá siete millones de hectáreas.

Simultáneamente, fue anunciada la constitución de la primera Zidre del país denominada por el gobierno “El Porvenir” y por los campesinos casanareños “El englobado”. El proyecto tendrá, según anunció el ministro Aurelio Iragorri Valencia, 42.000 hectáreas donde se asentarán 1.000 familias, que serán la fuerza de trabajo de los proyectos de siembra de soja y maíz. Cabe destacar algunos aspectos de este primera Zidres por cuanto contiene los rasgos centrales de lo que podría denominarse como el enclave agropecuario del siglo XXI. Las tierras donde se formará pertenecían al fallecido jefe paramilitar Víctor Carranza Niño [2], quien las apropió siguiendo una metodología que -más o menos- comprende los siguientes pasos: en primer lugar, masacrando, asesinando o desterrando o sus poseedores con el respaldo o connivencia de las autoridades civiles y militares de la región; en segundo lugar, obteniendo la titulación -entre diversos “prestanombres” y testaferros- por parte del Incoder; en tercer lugar, englobando las distintas porciones de terreno en un solo latifundio que los campesinos llaman con sarcasmo: “El englobado”.

Por mandato de la ley 160 de 1994, las tierras en cuestión deberían ser adjudicadas al campesinado desposeído porque son baldíos de la Nación que fueron usurpados, sin embargo, el gobierno tiene otros planes, consistentes en establecer el “Condominio Agropecuario Asociativo: El Porvenir” en el que a cada familia le serán permitidas cinco hectáreas para plantar cultivos de pancoger, es decir 5.000 hectáreas (equivalentes a cinco Unidades Agrícolas Familiares), mientras el resto de las tierras, 37.000 hectáreas, ingresaran al agronegocio de la soja y el maíz. No habrá allí titulaciones familiares, sino una única propiedad gestionada por el empresario, y los campesinos no serán asalariados sino “socios” del proyecto.

II.

La ley Zidres contempla que todo emprendimiento será desarrollado por un “inversionista” que recibirá de parte del Estado créditos -a través del Fondo Agropecuario de Garantías (Finagro)- de hasta 100% del valor del proyecto, exenciones tributarias, infraestructura, servicios públicos, asistencia técnica, préstamo de maquinaria y equipos, zonas francas agroindustriales para el comercio de la producción y un plazo de tres años para iniciar los cultivos. El Estado no aporta la fuerza de trabajo, pero insta y prácticamente chantajea [3] a las comunidades rurales para “asociarse” con los empresarios. En los casos en los que el Estado no concesiona la tierra, presiona a los propietarios, poseedores, ocupantes o reclamantes a su “alquiler” [4]. En última instancia el gobierno puede apelar a la declaratoria de “utilidad pública” para disponer de cualquier territorio - indiferentemente que los predios cobijados sean de propiedad privada o pública- e incorporarlo a las Zidres.

Como puede observarse el esquema de promoción de las Zidres es absolutamente ventajoso para el capitalista, quien seguramente se dispondrá a controlar políticamente a los trabajadores, a vender paquetes tecnológicos de agro-tóxicos, a colocar a su conveniencia los precios de las cosechas (commoditizadas) y a recibir las ganancias. Extraño capitalismo en el que el capitalista puede no colocar ni un centavo, no poner ni un metro de tierra, no pagar nunca un salario, tampoco impuestos, ni alquiler de maquinaria, y al que la compra de las cosechas le es garantizada no por las leyes del mercado sino del Estado. Valga decir que el modus operandi de todo este negocio guarda cierta semejanza con el modelo de gestión agrícola vigente en China, país que tiene 95% de autosuficiencia en granos y cuya política agraria sustenta el proceso de industrialización de las tres últimas décadas, con la diferencia que allí el Estado asume el papel de “capitalista colectivo ideal” que impulsa a las familias campesinas y las comunidades rurales organizadas a producir bajo determinadas políticas. Dicho “modelo” funciona prescindiendo del capitalista individual (o el mal-llamado inversionista).

III.

La ley Zidres marca la pauta para la re-valorización especulativa de la tierra ya inserta en la frontera agrícola, la colonización y valorización de las tierras baldías, la aceleración de la descomposición de las economías campesinas tradicionales y de las regiones de colonización agraria, induciendo igualmente mecanismos de coacción sobre las comunidades negras, indígenas y las reservas campesinas para que integren sus territorios al agronegocio.

Dado el excepcional alcance de la ley, no es excesivo que el gobierno las catalogue como el “nuevo modelo de desarrollo económico regional”. Un modelo de desarrollo que acentúa la economía primario-exportadora, la desnacionalización y deformación del aparato productivo, potencia el desarrollo regional desigual, suprime los precarios alcances de la descentralización político-administrativa, reafirma la entrega del mercado agroalimentario a las transnacionales, estimula la concentración de la tierra y la monopolización de la producción agraria, legaliza la restauración de relaciones de trabajo pre-capitalistas [5] y refuerza la devastación del territorio y los recursos naturales mediante la profundización de la “revolución verde”.

En esta ley, -rizomática en la panoplia normativa puesta en marcha por el gobierno para avanzar en la profundización del capitalismo dependiente-, se condensan elementos de la política de concesiones mineras, del esquema de financiación de vías 4G y se desenvuelven los propósitos del “Libre Comercio”.

Con la expedición de esta ley el gobierno Santos vuelve a mostrar no solamente que juega una doble agenda, sino que ha optado por “resolver” la crisis de dominación por derecha, esto es instituyendo un tipo de propiedad de hecho, que sin resolver las demandas campesinas de restitución, formalización y titulación de la tierra, abre las puertas para su explotación y titularización.

Las Zidres hacen evidente que la restitución de tierras [6] y la “reforma rural”, concertada con las FARC-EP sobre el punto 1 de la agenda, pasan a un muy segundo plano, y que en la política agraria continúan prevaleciendo los intereses del bloque de poder terrateniente en el cual convergen: el Banco Mundial [7], el cual reclama de tiempo atrás condiciones de seguridad [8] para la inversión extranjera; las trasnacionales y latifundistas que acapararon baldíos de forma ilegal a expensas de la violencia y el fraude; y los gremios agroindustriales, en particular la SAC e Indupalma, quienes exigen que el Estado satisfaga los intereses rentísticos de sus asociados.

En síntesis, la ley Zidres es el puente que comunica la gesta del despojo con el pleno despliegue del agronegocio, un puente que aunque retóricamente presentado como progresista, puede estarse quebrando por el desarrollo de las contradicciones sociales que acentúa.

Notas

[1] En Argentina, la soja pasó de 7 millones de hectáreas cultivadas en 1988 a 13 millones de hectáreas en 2002, sus efectos han sido la tendencia a la concentración de la tierra, reducción de la actividad ganadera (carnes y lácteos), dependencia tecnológica y financiarización de la agroindustria, la cual se vuelca fundamentalmente al mercado externo.

[2] Carranza forjó su emporio mafioso contando con el respaldo de la oligarquía liberal-conservadora. Turbay le adjudicó dos baldíos y los gobiernos de Misael Pastrana y de López Michelsen le concedieron la explotación de las minas esmeraldíferas. En años recientes apoyo las campañas de Uribe Vélez e igualmente fue muy cercano al presidente Santos. Ver: Giraldo y Cepeda, Víctor Carranza: alias el patrón, Debate, Bogotá, 2012.

[3] “ Cuando el campesino, trabajador agrario ocupante o poseedor de buena fe, cumpla con los requisitos que distinguen al pequeño productor y no cuente con título que acredite la propiedad de la tierra sobre la que este desempeña sus labores agrarias, el Gobierno nacional garantizará la titularidad de dichos predios mediante un plan de formalización de la propiedad de la tierra dentro de las Zidres” .

[4] “ El capitalista podrá: arrendar, utilizar, explotar, adquirir, recibir en aporte predios obtenidos lícitamente o asociarse con los propietarios que no deseen desprenderse del derecho de dominio, posesión, uso o usufructo, hasta completar el área requerida para el proyecto productivo”.

[5] Las Zidres recrean elementos de las diversas formas de sujeción de la fuerza de trabajo ( agregadurías, concertajes, terrajes y aparcerías) que estuvieron vigentes hasta entrado el siglo XX.

[6] Los artículos 26 a 29 liquidan “la restitución de tierras”. En ellos se legisla el ingreso de las tierras restituidas a los proyectos de las Zidres y es permitida su venta a los empresarios después de dos años, se acepta que las tierras sobre las que pesa “declaración por desplazamiento forzoso” de sus habitantes podrán formar parte de las Zidres con el aval de los Comités de Justicia Transicional, se admite que las tierras con “medidas de protección individual” también podrán hacer parte de las Zidres mediando “la voluntad y el levantamiento de la previo de la medida por parte del respectivo propietario”, y se consagra que las zonas de reserva campesina y territorios colectivos podrán incluirse en las Zidres.

[7] Según el Banco Mundial: “ El sector rural en Colombia goza de una gama abundante de recursos. (…) 60 millones de hectáreas de bosque, incluyendo solamente 477.575 hectáreas gestionadas actualmente como plantaciones comerciales (IGAC, 2012); Recursos hídricos abundantes que pueden ser explotados para la generación de energía, la agricultura y una amplia gama de usos industriales; Recursos extractivos (minerales y energía) que podrían convertirse en una importante fuente de ingresos para las poblaciones rurales; Una rica diversidad biológica que proporciona muchas oportunidades de generar riqueza a través de la biodiversidad y los servicios ambientales; Paisajes atractivos que podrían ser la base para el turismo sostenible como fuente de generación de ingresos para las poblaciones rurales (…) “Se ha estimado que alrededor de dos tercios (68 %) de las tierras en las zonas rurales se mantienen sin títulos de propiedad, y el 44% de las zonas rurales no están incluidas en el catastro. (…) garantizar una mayor seguridad de la tenencia será importante no sólo para los colombianos, sino también para el creciente número de inversionistas extranjeros que están expresando interés en inversiones comerciales agrícolas y agroindustriales en Colombia”. Hacia la paz sostenible, (2014).

[8] Entre 2002 y 2012, las inversiones del Banco Mundial en agricultura se cuadruplicaron, alcanzando 8.000 millones de dólares. Moritz, Tenthoff, Informe de Justicia Agraria del Transnational Institute, Abril de 2013, p.16.

Publicado en Revista Izquierda No.64, Mayo de 2016.

Soberanía alimentaria y cambio climático.

El cambio climático ha devenido, en poco tiempo, en uno de los “asuntos globales” de importancia crítica de nuestro tiempo. A partir de allí ha permeado todas las esferas de la vida social y política hasta dotarse de una centralidad omnipresente que peligrosamente lo naturaliza.

Por: Valter Israel da Silva y Facundo Martín* / Alainet

En 1958, Charles David Keeling comenzó a medir la concentración de Dióxido de Carbono (CO2) en la atmósfera de la Tierra en el Observatorio Mauna Loa (Hawai). Su proyecto impulsó medio siglo de investigación que expandió el conocimiento sobre el cambio climático. Más allá de los más de 50 años de estudio, sin embargo, la sociedad global no ha encontrado soluciones reales al problema del calentamiento global. ¿Por qué?

La política de cambio climático, tanto en los niveles internacionales como nacionales, se caracteriza por un alto grado de despolitización de la crisis y por una interpretación apolítica de las causas y efectos. En vez de debates políticos, lo que gana importancia es el conocimiento experto, la mediación de intereses y la gestión del cambio. Mientras que en las políticas oficiales de adaptación predominan estrategias tecnológicas y medidas para mejorar las bases de datos sobre las transformaciones ambientales futuras, desaparece el contenido político real de la vulnerabilidad y de los procesos de adaptación. Pero los procesos de adaptación son inherentemente procesos conflictivos, en los cuales se dan disputas sobre quiénes tienen y regulan el acceso al agua, a la tierra, a los bosques, etc., y quiénes determinan las formas y las prácticas de uso de estos recursos.

Contra el grupo de los llamados “escépticos” (1), creemos que no se trata simple o solamente de una mera especulación o de una eventual amenaza futura. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (GIECC/IPCC) establece que el calentamiento global es “inequívoco” (2). No cabe duda tampoco que sus efectos patentes –aumento progresivo en los niveles de temperatura y del mar, crecientes fenómenos climáticos que azotan a comunidades y ecosistemas, acelerada degradación medioambiental que amenaza el suministro de agua y alimentos, entre otros– representan una amenaza global no sólo para la economía sino para la propia subsistencia humana en el planeta. Por lo tanto, el cambio climático implica una clara amenaza a la soberanía alimentaria de los pueblos.

Por su parte la economía verde es presentada como la gran solución cuando en realidad, con sus diferentes mecanismos, representa una despolitización del debate sobre las causas y consecuencias del calentamiento global y acaba, por lo tanto, convirtiéndose en pura propaganda sobre las “oportunidades” para cambiar mientras se hacen grandes negocios climáticos.

Pero el problema del hambre es tan antiguo como la humanidad. A lo largo de los siglos, la escasez de alimentos, la desnutrición y las hambrunas han asolado y diezmado a numerosos pueblos en todo el mundo, provocando diversos conflictos, guerras y migraciones forzadas. En algunos casos, las causas se han debido a factores climáticos, en otros son producto de decisiones políticas y económicas. (3) Entre estas últimas, se destaca la hambruna acaecida en Irlanda en 1846 debida al monocultivo de papa de una sola variedad, que resultó ser susceptible a la enfermedad denominada “tizón tardío de la papa”. Este alimento era la base de sustento de toda la población, y la enfermedad afectó a prácticamente todos los cultivos de papa del país, provocando la muerte y la migración en masa de los sobrevivientes, en especial hacia el continente americano.

Actualmente la agricultura industrial es la principal causa de emisión de gases con efecto invernadero. El uso creciente de fertilizantes sintéticos y agrotóxicos, la maquinaria pesada que se requiere para laborar las extensiones de monocultivos, junto con la deforestación y el alto consumo energético del sistema de distribución y comercio de alimentos a gran escala (refrigeración, residuos y transporte), hacen que las corporaciones sean responsables por la mayor parte de las emisiones. La agricultura industrial está basada en el uso de combustible fósil y un alto consumo energético. De esta manera se posiciona claramente, junto con los intereses de la biotecnología y la industria energética, contra los agricultores y los ciudadanos en general.

Agricultura campesina: respuesta al cambio climático

Como es conocido, el concepto de Soberanía Alimentaria fue lanzado por Vía Campesina en 1996 en Roma, durante un Foro Mundial por la Seguridad Alimentaria que se realizó paralelo a la Cumbre Mundial de la Alimentación organizada por la FAO. En el momento de su lanzamiento, la Soberanía Alimentaria fue definida por la Vía Campesina como “el derecho de cada nación de mantener y desarrollar su propia capacidad de producir alimentos que son decisivos para la seguridad alimentaria nacional y comunitaria, respetando la diversidad cultural y la diversidad de los métodos de producción”. Así mismo declaraba: “Nosotros, la Vía Campesina, un movimiento creciente de trabajadores agrícolas, organizaciones de campesinos, pequeños y medianos productores, y pueblos indígenas de todas las regiones del mundo, sabemos que la seguridad alimentaria no puede lograrse sin tomar totalmente en cuenta a quienes producen los alimentos. Cualquier discusión que ignore nuestra contribución, fracasará en la erradicación de la pobreza y el hambre. La alimentación es un derecho humano básico. Este derecho se puede asegurar únicamente en un sistema donde la Soberanía Alimentaria esté garantizada” (Vía Campesina, 1996).

En el documento “Soberanía Alimentaria: Un futuro sin hambre” (Vía Campesina, 1996), ésta organización campesina internacional resalta los siete principios para lograr la Soberanía Alimentaria:

1. Alimentación, un Derecho Humano Básico 

2. Reforma Agraria 

3. Protección de Recursos Naturales 

4. Reorganización del Comercio de Alimentos 

5. Eliminar la Globalización del Hambre 

6. Paz Social 

7. Control Democrático

Desde su presentación oficial el concepto de Soberanía Alimentaria se ha ido enriqueciendo en referencia a reconocer una agricultura con campesinos, indígenas y comunidades pesqueras, vinculada al territorio; prioritariamente orientada a la satisfacción de las necesidades de los mercados locales y nacionales; una agricultura que tome como preocupación central al ser humano; que preserve, valore y fomente la multifuncionalidad de los modos campesinos e indígenas de producción y gestión del territorio rural. Esto implica, además, el reconocimiento al control local/autónomo de los territorios, bienes naturales, sistemas de producción y gestión del espacio rural, semillas, conocimientos y formas organizativas.

Existen innumerables situaciones que demandan cambios, en el ámbito de la minería, de las grandes obras, en la agricultura, entre otros. A partir de la agricultura un camino posible para enfrentar y revertir el cambio climático es la agricultura campesina de base agroecológica, que preserva la biodiversidad, produce alimentos, preserva y produce agua, produce cultura, habita y defiende los territorios y genera muchos puestos de trabajo.

La agricultura campesina es un modo de ser, de vivir y de producir en el campo. Está basada en el trabajo familiar, a partir de una base de recursos bajo control campesino (tierra, agua, energía y biodiversidad), es realizada en una relación fuerte con la naturaleza (co-producción), busca incesantemente una autonomía relativa en el proceso de producción y coloca el foco en las necesidades de la familia campesina (mejora de la condiciones de vida y disminución del trabajo pesado).

De acuerdo a un estudio realizado por GRAIN, en el mundo, el 92,3% del total de unidades agrícolas son campesinas o indígenas y ocupan solamente el 24,7% del total de las tierras. Probablemente el 90% de las familias campesinas e indígenas sobreviven con menos de 2 hectáreas y al menos la mitad de ellas con menos de una hectárea por familia! En América Latina el 80,1% de las unidades agrícolas son campesinas o indígenas y ocupan sólo el 19,3% de las tierras. Además, el estudio de GRAIN indica que casi la mitad de la población mundial, unos 3 mil millones de personas, son campesinas e indígenas y producen alrededor del 70% de los alimentos, por eso, no se trata de un sector marginal.

La agricultura campesina, de base agroecológica, biodiversa, poco dependiente, adaptada a las condiciones de suelo y clima, productora de alimentos, agua y cultura, protectora de la biodiversidad y de los territorios, es la única capaz de alcanzar la soberanía alimentaria y dar respuestas al cambio climático.

* Valter Israel da Silva y Facundo Martín son miembros de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) y Vía Campesina.

Notas

(1) Se denomina como “escépticos” al grupo de científicos que consideran que la trayectoria creciente de la curva de carbono no se debe a la acción humana sino que la misma obedece a ciclos naturales mucho más largos y que exceden de lejos la posibilidad de incidencia humana reciente. Ver Baldicero Molion, Luis Carlos (2014) Alarme Falso: O mundo não esta em ebulição!, en Da Veiga, José Eli (Org.) O Imbroglio do Clima, Senac, Brasil.

(2) El IPCC, por sus siglas en inglés Intergovernmental Panel on Climate Change, fue establecido en 1988 por la Organización Mundial Meteorológica (WMO) y el Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente (UNEP) para proveer información imparcial sobre el cambio climático (no realiza ninguna investigación ni monitoreo climático). Habida cuenta de la cantidad de científicos y expertos involucrados y la cantidad de países que intervienen, se trata de documentos que marcan tendencia en la discusión mundial sobre el cambio climático. Y si bien es cierto que no son aceptados de manera unánime, los informes expresan las principales corrientes de pensamiento y del abordaje concreto de la cuestión del cambio climático. La manera en la que el IPCC funciona tiene relevancia más allá de los aspectos formales, por cuanto cristaliza buena parte de la gobernanza mundial del cambio climático y constituye la arena en la que se juegan las distintas valoraciones que se les otorgan a unos y otros saberes, la preeminencia de unas disciplinas sobre otras y los juegos internacionales y sectoriales de poder en la construcción de las hegemonías sobre un tema tan disputado. Ver www.ippc.org.

(3) En este aspecto es elocuente el gran trabajo de Mike Davis (2002) “Holocaustos Coloniais. Clima, fome e imperialismo na formação do Terceiro Mundo” Editora Record, Rio de Janeiro.