La locomotora del atraso en el país sigue a ciegas su ruta hacia el colapso inevitable.
Por: Felipe Pineda Ruiz* / Periódico La Bagatela
A pesar de la dinámica de
crecimiento sostenible, que se impone día a día a nivel mundial, basada en las
energías renovables, el cuidado del medio ambiente, el urbanismo responsable y
el reciclaje, en nuestro país seguimos bajo la férula del diesel, los sistemas
de transporte ineficientes y el cemento.
El proyecto UPME 01 Sogamoso - Norte -
Nueva Esperanza de 500 Kv hace parte de aquella obsesión del gobierno de seguir
configurando la dependencia económica del país y su crecimiento en materia de
PIB, en el sector minero-energético. Su construcción, sin equívocos, se
convierte en uno de los ejes centrales de los planes de crecimiento energético
que el Ministerio de Minas y Energía ha trazado para el periodo 2013-2017.
Con una inversión inicial calculada de 171
millones de dólares, esta obra está siendo llevada a cabo en asocio entre la
Empresa de Energía de Bogotá (EEBB) y EPM bajo la modalidad de Alianza Público-Privada.
Esta línea de transmisión eléctrica cruza por 22 municipios de Cundinamarca, 11
de Boyacá y 4 de Santander.
Pero ¿cuales son los
efectos colaterales de estos proyectos de interconexión eléctrica de gran
escala?
La multiplicidad de efectos ambientales y
de salud para quienes habitan las áreas donde se desarrollan estas obras son
diversas. En varios municipios por donde actualmente atraviesan las torres se
empiezan a vislumbrar afectaciones en la calidad del agua y altos riesgos, a
raíz del aumento de temperaturas en los últimos meses, de incendios forestales
producto de dichos cambios microclimáticos.
Entre las afectaciones en seres humanos,
decenas de investigaciones a nivel mundial y algunas advertencias de la
Organización Mundial de la salud dan cuenta de los efectos nocivos de campos
electromagnéticos a los que son atribuibles alteraciones
inmunológicas-neurológicas, así como casos de leucemia y cáncer [1].
Debido a que es más funcional ubicar las
torres en las partes altas de las montañas, tanto los nacimientos de aguas como
la flora y fauna circundantes corren grave riesgo de supervivencia debido a la
excesiva velocidad con la que los neutrones se mueven, fenómeno que deviene en
el secamiento de los suelos y la deshidratación de las plantas hidrófilas
herbáceas adyacentes.
Campesinos de algunas zonas colindantes
con torres de energía de esta envergadura, como los moradores de una de las
áreas rurales del municipio de San Francisco, por donde atraviesa una línea de
100 Kv hace 10 años, dan cuenta de la extinción de sus nacimientos de agua así
como de las mutaciones genéticas que sus animales experimentaron (becerros,
vacas) producto de la exposición al campo electromagnético.
Adicionalmente, las comunidades que
habitan cerca al trazado también empiezan a sufrir los efectos de la
construcción de las 16 torres de energía a nivel de posesión de predios debido
al espacio de seguridad estipulado (30 metros), algo que ha afectado a decenas
de campesinos, en su mayoría minifundistas quienes en gran parte dependen del
sustento de sus terrenos cultivables.
Las aves migratorias también se cuentan en
este inventario de externalidades debido a que en sus vuelos rutinarios colisionan
y se electrocutan en sus recorridos, fenómeno que obedece a un ciclo biológico
que no tiene en cuenta los trazados de los proyectos de interconexión
eléctrica.
Y si de la adaptación al cambio climático
y los efectos para el país se trata, tópico tan en boga en estos días en
diversas discusiones que atañen al modelo de desarrollo nacional, es menester
recordar como se ve amenazada con la energía que transita por estos diseños de
alta densidad energética.
Estas líneas de transmisión de
electricidad, por su velocidad y potencia, crean campos con alta concentración
de gas de ozono troposférico y aceites PCBO hexafloruro de azufre, gases efecto
invernadero causantes del calentamiento global.
Modelo
socio-económico actual: la importancia de líneas de transmisión de energía para
el gobierno nacional.
Aunque pase desapercibido para parte de la
opinión pública, tan acostumbrada a la promoción de las llamadas autopistas
“4G", construir hidroeléctricas y líneas de interconexión eléctrica
es uno de los ejes transversales del Plan de Desarrollo del gobierno
nacional.
Hace algún tiempo advertíamos sobre las
externalidades resultantes de la construcción de Hidroituango, represa que se
encargará, con una inversión de 5.500 millones de dólares de producir el 17%
del total de energía nacional pero que, a su paso marcadamente avasallador, que
contempla la desviación del Río Cauca en un tramo, ha empezado a extinguir a
cientos de especies acuíferas así como a desplazar a centenares de moradores de
las riveras de este histórico afluente[2].
Ninguna de estas obras de infraestructura
es producto del azar: todas estas ejecutorias, la construcción de Hidroituango,
la puesta en marcha de los 16 proyectos de transmisión eléctrica y la venta
relámpago de Isagen a la empresa Canadiense Brookfield hacen parte de una
apuesta integral y vertiginosa en materia energética llevada a cabo por el
gobierno nacional con el fin de entregar a manos privadas, en operaciones no
exentas de fraude, el patrimonio nacional para obtener réditos expeditos.
La premisa principal es extinguir
cualquier tipo de posibilidad de reemplazar el viejo modelo energético,
rentable para unos pero catastrófico para muchos, basado en las represas por
uno más dinámico, económico y comprometido con el medio ambiente (energías
renovables).
El devenir de la disputa,
la organización de las comunidades a favor de la vida y el territorio.
Carlos Mario López es un joven apasionado
por la naturaleza en su sentido más amplio. Hace algún tiempo juntó voluntades
con un grupo de entusiastas, profesionales que se desempeñan en diferentes
campos laborales, para fundar la Alianza por el Agua. En este periplo, este colectivo
ha liderado la tarea titánica de hacerle frente a la dupla EEBB-EPM al
articular a las comunidades afectadas por los efectos de la línea de alta
tensión Nueva Esperanza:
López recuerda parte
de aquel génesis: "Ese trabajo lo empezamos con Alianza por el Agua con
algunos habitantes de los municipios afectados mirando cual era la ruta de
acción que en materia jurídica y de pedagogía del proyecto hacían los
encargados de la construcción del trazado energético (EPM-EEBB). Por medio de
redes sociales logramos contactarnos con actores locales (procedentes de
municipios afectados como Cachipay, La Mesa, Anolaima, San Francisco, Tabio,
entre otros) que vienen liderando los procesos de defensa de los intereses de
las comunidades y que se anteponen a los de las constructoras”.
En torno al mapa en
que han venido configurando el escenario de disputa y movilización Carlos Mario
destapa las cartas con las cuales han venido jugando ésta, en la práctica,
desigual partida “Para lograr repercutir
de mejor manera decidimos primero generar una dinámica creciente de
movilización centrada en la pedagogía con las comunidades sobre los efectos
nocivos del proyecto. En el camino nos dimos cuenta que para vencer, desde lo
argumentativo-jurídico a EPM-EEBB y deslegitimar el otorgamiento de una
eventual “licencia ambiental express” por parte del ANLA, era necesario empezar
a construir un estudio ambiental propio que desvirtúe la viabilidad de este
proyecto en términos técnicos y que a su vez proteja las reservas ambientales,
la flora y fauna con el objetivo final de presentar una demanda (acción
popular) que reverse la construcción de la línea de alta tensión Nueva
Esperanza”.
López amplía su apreciación con lo
siguiente: "Para darle lograr
repercutir de una manera más efectiva tenemos claro que debemos fortalecer la
movilización y lograr la coadyuvancia de todos los municipios afectados por
esta línea de transmisión de energía, para que tenga más valor en el juzgado la
demanda que presentemos en este proceso”.
Sobre la amalgama de participantes y la
visión que sobre la problemática de la construcción de las torres subsiste al
interior de ese cúmulo diverso de manifestantes, este Maestro en Ciencias
Sociales hace caracterizaciones bastante particulares “existen actores que entienden el proyecto como una problemática
transversal que ejemplifica lo que es el modelo económico y social que tiene
lugar en la actualidad en el país de un lado, y participantes que solo les
preocupa que el trazado los esté afectando de manera particular (y que pueden
cambiar de parecer en el momento en que esto deje de suceder).
Para explicar aquella disyuntiva, Carlos
Mario señala “Esto se traduce en la
posición de los municipios mismos: por un lado está Cachipay, que apoya la sustitución
de fuentes de energía de cara al futuro, y un cambio gradual hacia las energías
limpias y del otro lado poblaciones como Bojacá que solo tiene como interés
principal que las torres no pasen por sus predios, sin importar si afecta o no a
sus vecinos”.
Solo el acumulado creciente de actores
sociales: activistas, colectivos, movimientos, asociaciones comunitarias,
periodistas, ambientalistas; la sumatoria de expertos que ayuden a construir un
proyecto ambiental alternativo al de los constructores de las torres y la
formulación de estrategias jurídicas coordinadas permitirá que la amalgama de
vida, colores y sueños que pueblan las praderas y valles de la región andina
central, no se convierta en una difusa postal del pasado.
Twitter: @pineda0ruiz
[1] Norabuena Poma, Elizabeth c; Palacios Balbín, Jhober D; Ramos
Simeón, Fiorela A; Torres López, José A; Torres Matrou, Lucia V; Vilca Airampo,
Mario A (2009), Efectos de los campos electromagnéticos en la salud.
Universidad Nacional Federico Villareal (Perú), p. 63.
[2] Pineda Ruiz, Felipe. Hidroituango: La radiografía de
un desalojo pregonado. Semanario Caja de Herramientas, marzo 20 de 2015.
Fuente: http://bit.ly/20XynUO
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