El presente texto hace parte de la serie “CUT: 30 años de lucha por la paz, la democracia y la soberanía”, 7 crónicas sobre la historia de la CUT que serán publicadas en las seis próximas ediciones del Informativo CUT Bogotá Cundinamarca.
Por: Felipe Pineda Ruiz /
Después de un segundo congreso sin
sobresaltos, de rigor, en donde se ratificaron los principios y los acuerdos
del primero, la CUT llegó a su tercer encuentro, realizado en 1995, en la peor
crisis de su historia.
La salida de Jorge Carrillo, y el nombramiento pocos días después de realizada
la tercera convención de Orlando Obregón, como Ministro de Trabajo del gobierno
de Ernesto Samper, diezmaron la incidencia de la antigua Unión de Trabajadores
de Colombia, UTC, dentro del principal conglomerado sindical colombiano. Esto
desató una pugna ideológica entre dos tendencias, que el tiempo permitió que
dejase de ser insoslayable a la hora de concertar las decisiones de la central:
sindicalismo clasista versus sindicalismo democrático.
Corriente
clasista, corriente democrática.
El sindicalismo clasista estaba
conformado por todas aquellas corrientes de ascendencia comunista, y
orientación marxista-leninista, mientras a la segunda se suscribían quienes
hacían parte del denominado sindicalismo independiente, influenciado
fuertemente en aquel entonces por el sindicalismo socio-político, en auge por la creación
simultanea de Centrales Unitarias de Trabajadores en Brasil, Chile, Perú y
Paraguay, cuyo núcleo principal estaba constituido por organizaciones políticas
menos radicales.
La
polarización político-ideológica, en el seno del movimiento sindical, no era
simplemente una contradicción caprichosa que acontecía únicamente en el ámbito
nacional. A nivel global, y a pesar del fin de la denominada “guerra fría”, el antagonismo seguía con
vida: la existencia de dos corrientes sindicales mundiales, una encabezada por
la por la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres,
CIOSL, y su filial en América, la Organización Regional Interamericana de
Trabajadores, ORIT, y otra representada por la Federación Sindical Mundial,
FSM, adscrita al bloque de la antigua Unión Soviética, mantenían con vida las
tensiones previas a la caída del muro de Berlín (1989), aún en pleno 1995.
El
debilitamiento de la FSM y las transformaciones
en la ORIT[1], sumadas a los cambios vertiginosos en
la CIOSL, fortalecieron el accionar la denominada “corriente democrática” dentro de la CUT. Esto permitió que el
acercamiento de las organizaciones que
recién dejaban las armas como el PRT, el EPL y el M-19, se consumase. Estos
antiguos grupos subversivos supieron hacer su propia “perestroika”, a su manera, una
vez reinsertados a la vida civil. Nombres como Julio Carrascal, Miguel Ángel
Pérez y Patricia Buriticá jugaron un papel fundamental en ese proceso dentro de
la misma central.
Antecedentes del III Congreso de la
CUT.
Uno de los tópicos principales de
discusión, previos al tercer congreso, se centró en la interpretación del papel
del movimiento obrero y su propia autonomía: la disyuntiva giraba en
torno a si la CUT debía cumplir un rol de opositor per se o si, por el
contrario, debía asumir una posición más propositiva y convocante.
Otro aspecto, que desató controversia y
suscitó un álgido debate, previo a la realización de tercera cumbre de la
central, fue el acuerdo con el gobierno de Ernesto Samper (1994-1998) sobre
productividad, precios y salarios.
Este
pacto marcó una nueva etapa en las negociaciones entre la CUT y el
gobierno nacional ya que logró tres conquistas fundamentales en ese momento:
primero, que el ajuste de salarios dejara de hacerse sobre la inflación causada
y empezara a realizarse en base a la inflación proyectada; segundo, lograr
pactar un control de precios sobre servicios prestados por el Estado (energía,
acueducto) y algunos productos y servicios por fuera de su tutela como los
alimentos, las matrículas escolares, los arrendamientos y el transporte y,
tercero, suprimir el término plusvalía e introducir la premisa de
productividad, definiendo un concepto y una fórmula, de común acuerdo
entre empresarios, gobierno y centrales obreras, que respondía concretamente
a los siguientes interrogantes ¿qué se entiende por productividad? Y
¿cómo medir dicha productividad?
III Congreso de la CUT: por la vida, la
paz y la democracia.
El
tercer encuentro, de la central obrera más importante del país, se llevó a cabo
en la ciudad de Bogotá los días 15, 16 y 17 de noviembre de 1995. Con la
presencia de 1046 delegados nacionales y 13 internacionales, y con el lema “por la vida, la paz y la democracia” el congreso tuvo lugar al fragor de una
coyuntura histórica marcada por la violencia antisindical (vida); la
desmovilización de varios grupos armados (paz) y la constitución de 1991
(democracia).
Algunas de las decisiones principales,
aprobadas durante estos tres días de deliberaciones y debates cruciales, fueron
las siguientes: se eliminó de los principios de la CUT el párrafo
correspondiente a la no afiliación internacional; el artículo 20 de los
estatutos de la central fue reformado para eliminar el requisito de las dos
terceras partes para tomar la decisión; se aprobó por unanimidad la elección
directa de los integrantes de los ejes organizativos de esta confederación
obrera y se condenaron, de forma vehemente, las reformas regresivas a la
constitución de 1991 y el famoso “revolcón”
neoliberal, que destruyó el Estado Social de Derecho, llevado a cabo por el saliente
gobierno nacional, en cabeza de Cesar Gaviria[2].
Principios
de los noventa: neoliberalismo global y la apertura económica de Gaviria, a
nivel local.
El Tercer congreso estuvo
marcado, a nivel histórico, por el fin de la guerra fría: la bipolaridad
de la disputa entre el bloque soviético y occidente fue reemplazada por una
mirada unipolar y globalizadora que rigió al planeta después de la caída del
muro de Berlín. La doctrina del neoliberalismo, una vez finalizada la pelea
entre Moscú y Washington, se convirtió casi en una religión aceptada por
unanimidad a nivel global.
El desmantelamiento del Estado, el
debilitamiento de los Estados-Nación y la injerencia en la soberanía, el manejo
de la política fiscal y el pago de la deuda externa de países en vía de
desarrollo, por parte de organismos internacionales como el Fondo Monetario
Internacional, FMI, el Banco Mundial, BM, y el Banco Interamericano de Desarrollo,
BID, hicieron parte de lo que en su momento se denominó “Consenso de Washington”, termino
acuñado por el economista británico John Williamson que definía un paquete de medidas económicas y
sociales, impuestas por las naciones desarrolladas al resto de países, como
parte de un Nuevo Orden Mundial que, de ese momento en adelante, se encargaron
de deconstruir la relación entre la sociedad, el individuo y los Estados.
La deuda externa creciente de los
países del tercer mundo fungió como el principal mecanismo de presión para que
las exigencias de los organismos económicos internacionales, a sus acreedores,
se consumaran: la liberalización económica y financiera de los países, la
privatización de los activos estatales y los recortes a la inversión pública hicieron
posible que la frase “más mercado, menos
Estado”, que sintetiza el credo
neoliberal, se hiciese realidad.
En el plano local, dicho proceso de transición
económica hacia el neoliberalismo,1986-1994, iniciado por Virgilio Barco e implementado en su totalidad
por Cesar Gaviria se denominó “apertura
económica” e incluyó reformas al sistema cambiario, arancelario y
comercial.
El mundo del trabajo fue una de las
principales víctimas de los efectos devastadores de las políticas del gobierno
de Gaviria. La reforma laboral, sintetizada en la ley 50 de 1990, acabó con las
pocas prerrogativas con las que contaba el grueso de la población colombiana:
la flexibilización, la privatización parcial de la seguridad social, los
despidos colectivos, la aparición de agencias de empleo temporal y el
denominado “retiro voluntario” suprimieron
no solo conquistas sociales sino, como en el caso estatal, decenas de miles de
puestos de trabajo. Según el investigador Mauricio Archila “La privatización de empresas públicas en las áreas
de puertos marítimos, aeropuertos, ferrocarriles, telecomunicaciones y
seguridad social (ley 1 de 1990 y decretos presidenciales 2156 a 2171 de 1992),
causó miles de despidos de empleados públicos; alrededor de 40.000 según el
gobierno y más de 77.000 según Fenaltrase[3]
Sobre las discusiones que tuvieron lugar
en aquel momento en el seno de la CUT, relacionadas con la defensa de los
trabajadores desde el sindicalismo, del omnipresente neoliberalismo de
principios de los años noventa, Miguel Ángel Pérez Gamboa, Secretario del
Departamento de Educación acota lo siguiente:
“Cómo preparación, de ese Tercer
Congreso, la CUT suscribió con el Ministerio del Trabajo un
convenio denominado “Impacto de las transformaciones económicas en el
mundo del trabajo” que incluyó la realización de talleres a nivel nacional
con activistas y dirigentes sindicales. La información recolectada permitió
abrir un espacio deliberativo dentro de la CUT, previo a la preparación del III
Congreso, en torno a nuevos métodos de organización en el movimiento sindical
que hicieran contrapeso a las nuevas formas de contratación laboral que
empezaban a emerger: menos trabajadores vinculados de forma directa;
aumento de la contratación temporal y auge del denominado “outsourcing”.
Las conclusiones del estudio mencionado sirvieron para abrir el debate sobre la
necesidad de luchar, como central, por la contratación directa y la creación de
sindicatos por ramas de la economía. Infortunadamente en ese momento no estaban
dadas las condiciones políticas y subjetivas para que ese debate triunfara en el
seno de la CUT”.
Violencia
anti sindical
La primera parte de la década de los
noventa será recordada también por el recrudecimiento del genocidio contra
dirigentes sindicales. Los picos históricos en número de víctimas, de los años
1993 (201 homicidios) y 1995 (228 casos), solo han sido superados a lo largo de
la historia nacional por la estadística de 1996, año en el cual se presentaron
282 muertes (Escuela Nacional Sindical, 2011).
Dichos crímenes de lesa humanidad,
durante este periodo histórico comprendido entre 1990 y 1995, no solo fueron
cometidos por los autores materiales-intelectuales a los que tradicionalmente
se le atribuyen ente tipo de asesinatos. La violencia desatada en la región del
Urabá en aquel entonces, atribuida a la confrontación bélica-territorial entre
una escisión del Ejercito Popular de Liberación (Comandos Populares) y las
FARC, también aportó un número significativo a tan escabrosa cifra de
sindicalistas caídos, quienes históricamente fueron víctimas de agentes del
Estado y grupos paramilitares.
10 años después de su fundación, y
pesar de esta seguidilla de traspiés, la Central Unitaria de Trabajadores supo,
durante este periplo de sucesos ininterrumpidos, marcados por el
neoliberalismo, la arremetida contra los derechos laborales de los colombianos,
la violencia anti sindical, el fin de la guerra fría y una nueva constitución
nacional, sobrevivir, sobreponerse, y surgir, como el ave Fénix, de las cenizas
de este conjunto de factores externos y de una inédita crisis interna para
construir unidad sindical en medio de la adversidad.
Notas:
[1] Al respecto, Héctor Fajardo,
miembro del comité ejecutivo de la CUT en ese tercer congreso, señala: “La ORIT en aquel entonces estaba controlada
por la férula de los Estados Unidos. Sin embargo, después de los congresos de
Caracas y de Melbourne, y bajo la conducción del panameño Luis Anderson,
comienza un replanteamiento en este núcleo sindical. La primera
decisión que toma la ORIT, posterior a estos dos encuentros, es rescatar su
declaración de principios fundacionales. Esto significó una ruptura total
con el rumbo y la política previa de esta organización que había apoyado
previamente la invasión a Nicaragua y las dictaduras militares en el cono sur.
[2] Central Unitaria de Trabajadores (1995), conclusiones del III Congreso
Nacional de la CUT, Bogotá, p. 72, 104-105.
[3] Archila N, Mauricio (1995). Tendencias Recientes de los Movimientos
Sociales, en Francisco Leal B. (compilador), En Busca de la Estabilidad
Perdida. Actores Políticos y Sociales en los Años Noventa. Tercer
Mundo-IEPRI-Colciencias, Bogotá, p. 263.
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