Mostrando las entradas con la etiqueta Democracia en la Red. Mostrar todas las entradas
Mostrando las entradas con la etiqueta Democracia en la Red. Mostrar todas las entradas

Plan de Ordenamiento Territorial 2019-2031: lo que está en juego en Bogotá.

6:09:00 p.m. Add Comment

La coyuntura exige una argumentación a fondo sobre las implicaciones sociales, y la desdemocratización política, que el Plan de Ordenamiento Territorial, que se discute actualmente en la ciudad, traerá para el futuro de los bogotanos.

Por: Felipe Pineda Ruiz / Democracia en la Red

Bogotá, la otrora Atenas Suramericana ha crecido durante sus últimos 50 años sin planeación, ni rumbo definidos. La coyuntura actual parece alimentar este caos urbanístico sin habernos preparado para lo que se discutirá los próximos 45 días: el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), que actualmente se discute en el Concejo de Bogotá marcará no solo el derrotero de la urbe para los próximos 12 años sino para las décadas venideras.

La desregulación planteada en los usos del suelo, la intención tácita de establecer un modelo de conurbación que concentra la oferta de vivienda en los municipios aledaños a la capital, el interés desmedido de urbanizar los cerros y humedales, y el afán de crear un negocio inmobiliario desproporcionado en el centro ampliado, nos hacen reflexionar sobre las verdaderas implicaciones del POT para los habitantes de la ciudad.

Está totalmente claro que la Administración Distrital actual, en cabeza de Enrique Peñalosa, se la juega por la configuración de una urbe de acuerdo al bolsillo de cada quien: las zonas céntricas para quienes tengan como pagar por estar allí, los suburbios, y los nuevos suburbios –las poblaciones que circundan Bogotá-, para quienes no posean el dinero suficiente para habitar las zonas de influencia principales de la capital. Con este nuevo intento de “reurbanización”, no solo se generará la expulsión de miles de personas hacia las periferias sino que se generará una redensificación poblacional inusitada, con fines especulativos, en la ciudad.

Como bien lo señala el arquitecto y urbanista Mario Noriega, en “las cinco contradicciones del POT que estudiará el Concejo”, realizado para el Diario El Tiempo “El POT le apuesta” a 220 personas por hectáreas, la tercera densidad más alta del mundo (www.citymayors.com). Las cuatro ciudades con la peor calidad de vida (Damasco, Lagos, Daca y Karachi) tienen el mismo rango de densidad propuesto para Bogotá. Si esta ‘apuesta’ de densidad para Bogotá es equivocada, cada día la situación será peor(http://tiny.cc/04lncz)

El ejercicio al parecer es sencillo: construir un stock de viviendas, a 2031, cercano al millón, cuando en realidad solo se necesitan, para ese mismo periodo, alrededor de 231.000 (CTPD, 2019). El negocio alrededor de la construcción, generara una sobreoferta que solo tiene como única finalidad la creación de una nueva burbuja inmobiliaria, de vivienda entregada fácilmente al principio, que creará sobreendeudamiento para los demandantes y altas tasas de retorno para los urbanizadores.

En el epicentro de la disputa el derecho a la ciudad versus la ciudad pensada como espacio donde cohabitan únicamente propietarios y consumidores. Por las razones  anteriormente mencionadas cobran importancia las elecciones regionales en Bogotá.

Y aunque todos los ojos estén puestos en la contienda por la Alcaldía Mayor, pocos se han detenido a pensar que el corazón de la corrupción en Bogotá se encuentra realmente en el Concejo Distrital. Desde esta corporación se fragua la corrupción local –Alcaldías Menores, Juntas Administradoras Locales- y nacen los acuerdos para la repartija a nivel macro. Desde allí se negocia al contralor, veedor y personero de bolsillo, desde allí mismo los cabildantes chantajean al Alcalde Mayor, a cambio de gobernabilidad, pidiendo secretarias, contratos y puestos para “cumplirle” a sus cuotas políticas y “corbatas”.

Para facilitar este círculo vicioso e interminable, la actual campaña electoral, para el Concejo de la capital, ha dejado al desnudo la crisis endémica de la democracia representativa distrital. Es notoria, en suma, el exceso de formas y el vaciamiento de contenidos que el escenario presenta como diagnóstico somero. Los candidatos, en una considerable proporción, preparan robustas estrategias de marketing político y redes sociales, en su versión sofisticada, o compras de líderes, votos, dádivas, y escrutadores, en su forma más obscena. Las propuestas, los debates, las argumentaciones de cara a la ciudadanía, han quedado igual de relegadas que la competencia en igualdad de condiciones de los postulantes al cabildo distrital.

Desde Somos Ciudadanos, colectivo creado en 2015 (http://tiny.cc/gomncz), hemos querido hacer un aporte a esta deliberación pública distrital sobre el modelo de ciudad a futuro, con nuestro IV Laboratorio de Innovación Política, #SomosLab2019, que se realizará el próximo 25 de septiembre en Bogotá. Ejercicios similares haremos en las próximas semanas en los departamentos de Huila y Cundinamarca.

La coyuntura exige una argumentación a fondo sobre las implicaciones sociales, y la desdemocratización política, que el POT que se discute actualmente traerá para el futuro de los bogotanos, discusión que debe salir de los palaciegos recintos académicos para trasladarse a espacios donde se encuentran la mayoría de los ciudadanos del común. Estamos a tiempo.

El paso a la privatización del agua potable en Valledupar

10:12:00 a.m. Add Comment

La crisis financiera de la empresa de servicios públicos de acueducto y alcantarillado de Valledupar, Emdupar (S.A-E.S.P); la pretende sanar a partir de la privatización del agua potable. Esta crisis financiera es básicamente por las deudas que poseen los usuarios con el servicio de agua potable. 

Por: Janner Sanjuanelo / Democracia en la Red

Pues, así lo ha hecho ver, el alcalde de Valledupar, Augusto Ramírez Uhía, quien como mandatario afirma de que “no existe cultura de pago de los servicios públicos”, en especial, “el agua potable”.

Esto lo llevó a formalizar el 28 de septiembre de 2017, un contrato de asociación directa con Radian Colombia S.A.S, en el cual el objeto del contrato es: “colaboración empresarial encaminada a disminuir el índice de agua no contabilizada, aumentar el indicador de recaudo y recuperación de cartera mediante el diseño e implementación de estrategias para el control de pérdidas y la utilización de herramientas tecnológicas y procedimentales de gestión”.

Además, el contrato directo es por 5 años, con un valor estimado de $ 289.296.535 y, al mismo tiempo, se estableció dos formas de pago al contratista Radian Colombia S.A.S.:

1    1) Por las actividades tales como: corte, reconexión, suministro de medidor y demás acometidas. Estas actividades no le generan ingreso al contratante.

2    2) Por cada 100 pesos que ingresen al contratante, le corresponden 65 pesos y 35 pesos al contratista. Es decir, que por cada recaudo que ingrese debe discriminarse de esa forma.

Sin embargo, este contrato directo compromete las vigencias futuras de la empresa pública Emdupar (S.A-E.S.P); siendo este un medicamento que empeora la enfermedad. Está bien que se recupere la cartera adeuda por los usuarios, pero no de esta manera, en donde se ponga más en peligro la única empresa pública que tenemos los vallenatos. Además, la privatización es un modelo que ha mostrado su fracaso desde  finales de los años 70 del siglo XX, la cual surge con el fin de saldar “la crisis del Estado de Bienestar”.     

La crisis de Emdupar (S.A-E.S.P) no es sólo la deuda de los usuarios, sino también, el de las redes de las tuberías de agua y alcantarillado que tienen padeciendo a un gran número de familias en los diferentes sectores de Valledupar. Es un rezago por más de 15 años en esta materia.  

Para finalizar es necesario terminar con las siguientes preguntas: ¿Por qué no se realizó un proceso de selección objetiva para escoger la mejor oferta? ¿Qué estudios se hicieron para determinar  el término de 5 años del contrato directo?  ¿Sería esta la mejor forma de solventar la crisis financiera y las redes de las tuberías de agua y alcantarillado? Estás explicaciones se deben dar en la próxima rendición de cuentas a los vallenatos.

Apuntes breves sobre el asesinato de líderes y alternativas de acción ciudadana

7:39:00 p.m. Add Comment

Este micro-ensayo presenta cinco reflexiones personales sobre el asesinato de líderes y alternativas de acción ciudadana.  La enumeración que usaré obedece a la intención de ser lo más breve y concreta posible. No debe ser interpretado como un análisis crudo pero sí puntual y respetuoso.

Por: Diana María Valencia* / Democracia en la Red

1.     La velatón también fue por los agentes de la CTI.  La sangre de compatriotas es roja como la franja de nuestra bandera, no tiene color político.  El rechazo generado por el asesinato de líderes sociales, miembros de comunidades indígenas, docentes, reclamantes de tierras, o agentes del Estado como defensores y miembros de la fuerza pública; es uno mismo.  Así como lo es el clamor al gobierno de Juan Manuel Santos para que, mejor tarde que nunca, reconozca la sistematicidad de los crímenes y la falta de eficiencia de su ministerio de defensa y asociados en remediarla (como sabemos, al contrario, la han negado torpemente).

2.     Los números no coinciden, no es problema, pero sí significa que debemos ser más cuidadosos en el análisis. Las estadísticas de asesinatos difieren y me temo que es porque todos hemos estudiado los casos sin separar los de líderes. Hablamos mucho de líderes, pero presentamos estadísticas que incluyen personas que no ejercen liderazgos, los consideramos porque pertenecen a cierta raza o etnia o tienen determinado oficio. Eso nos dispersa. Esto no significa que unas vidas valgan más que otras, sino que debemos ser más cuidadosos en el análisis. Cuando hablamos de líderes, la sistematicidad como lo expresa Andrés Felipe Giraldo, se aparta de lo meramente criminológico y entra al terreno teleológico: al asesinar al líder no solo matan a una persona sino la lucha entera de las comunidades, dejándolas “sin voz, temerosas y expuestas”.[1]

3.     Estos análisis estadísticos sobre información heterogénea arrojan generalidades que ya conocemos sobre los posibles motivos de los crímenes, como indica el informe de Centro Nacional de Consultoría (CNC) reseñado por Allison Benson o el conocido informe de Indepaz que fue citado ampliamente por la prensa: conflictos sobre tierras, recursos y cultivos ilícitos;  víctimas entre líderes comunitarios, miembros de etnias y campesinos, y ocurridos particularmente en departamentos del pacífico y Antioquia.[2] Dentro de esta amplia muestra es probable que podamos hablar más bien de sistematicidades en plural.

4.     Personalmente y como lo expresé en el programa de @PosLaVerda del pasado lunes 9 de julio, responsabilizo al Gobierno en cabeza de Juan Manuel Santos, por estos crímenes atroces.[3] La paz prometida al campo, nunca llegó. Aparte de los factores mencionados arriba considero que la principal causa de esta ola de asesinatos es la señalada por la investigación de la Universidad del Rosario “Killing Social Leaders for Territorial Control” y que cita Kalmanovitz en su más reciente columna de El Espectador: están ligados a la firma del acuerdo, no por el acuerdo en sí mismo, sino por la negligencia en su ejecución. Tristemente, con el retiro de las FARC y el reiterado abandono del Estado, los territorios quedaron a merced de grupos ilegales disputándose una autoridad que correspondería al gobierno haber ejercido.[4] Los habitantes de estas zonas están atrapados en el fuego cruzado.

5.     Finalmente, cuál puede ser el aporte de una ciudadanía preocupada y así mismo inmersa en su propio día a día. Bueno, sugiero tres cosas con las que podemos empezar. Primera, continuar el activismo en redes, muy criticado, pero permite mantener visibles las personas y las causas; que los líderes no estén solos en sus respectivas campañas. Segundo, la manifestación pacífica (recalcando en lo pacífica), como la velatón, debe repetirse. Personalmente no creo que la convocatoria para el 7 de agosto sea buena idea, considerando no sólo los de por sí muy complejos esquemas de seguridad con que se puede enfrentar; sino además que plantear una batalla de protagonismos le resta en sí protagonismo a quienes deben tenerlo. Respaldaré la propuesta de todo líder que acompañe esta causa, siempre y cuando sean los líderes sociales asesinados los ejes centrales de la iniciativa. Y tercero, votar la consulta anticorrupción que, entre otras cosas empodera a las comunidades en varios sentidos: participación, control, veeduría.

* Diana María Valencia
MSC Food Security and Sustainable Agriculture. MPhil/PhD History Candidate. University of Exeter, UK


[1] Andrés Felipe Giraldo López, ‘Lo sistemático en el asesinato de líderes sociales’, Revista Enfoque, 2018 <http://www.revistaenfoque.com.co/opinion/lo-sistematico-en-el-asesinato-de-lideres-sociales>.
[2] Allison Benson Hernandez, ‘¿Nos seguirán matando?’, Las2orillas, 2018 <https://www.las2orillas.co/nos-seguiran-matando/>; Indepaz and others, Separata de actualización de Informe Todos los nombres, todos los rostros, Todos los nombres, todos los rostros: Informe de Derechos Humanos sobre la situación de lideresas y líderes sociales, de defensoras y defensores de Derechos Humanos y de ex combatientes de las FARC – EP y sus familiares en los territorios. (Bogotá, Colombia: Indepaz, 5 July 2018), p. 20 <http://www.indepaz.org.co/8233/separata-de-actualizacion-de-informe-todos-los-nombres-todos-los-rostros/>; ‘El Mapa de Los Líderes Sociales Asesinados En Colombia’, El Tiempo (Bogotá, Colombia), On line edition, section Otras Ciudades - Colombia <http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/el-mapa-de-los-lideres-sociales-asesinados-en-colombia-184408>.
[3] Andrés Balaguera and others, PosLaVerda 9 de Julio EN VIVO <https://www.spreaker.com/user/poslaverda/poslaverda-9-de-julio-en-vivo>.
[4] Salomón Kalmanovitz, ‘¿Quién los está matando?’, El Espectador.com (Bogotá, Colombia, 8 July 2018), On line edition, section Opinión <https://www.elespectador.com/opinion/quien-los-esta-matando-columna-798898>
Documento original de trabajo de la Universidad del Rosario, disponible en inglés en el enlace: Mounu Prem and others, ‘Killing Social Leaders for Territorial Control’ (Universidad del Rosario, 2018) <http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/18133/dt218.pdf>.



JEP Para Dummies

2:21:00 p.m. Add Comment

En Colombia un gran porcentaje de la población somos Dummies de la Jurisdicción Especial para la Paz, hemos fallado en reconciliación, memoria y perdón, ahora, parece que se nos va a ocurrir fallar en Justicia, a menos que reconozcamos que de esto también nos toca aprender.

Por: Ana Isabel Oñate Barros / Democracia en la Red

Temas trascendentales como la paz han escapado de esa moda que nos caracteriza a los colombianos: decirle sí a todo, aún sin saber qué es lo que nos preguntan; el plebiscito debía ganar y fracasó, ahora la JEP debe sobrevivir, pero está atada en la vía de un ferrocarril y de cara a un tren azul sin luces ni frenos. En Colombia un gran porcentaje de la población somos Dummies de la Jurisdicción Especial para la Paz, hemos fallado en reconciliación, memoria y perdón, ahora, parece que se nos va a ocurrir fallar en Justicia, a menos que reconozcamos que de esto también nos toca aprender, incluso a quienes la están legislando.

Actualmente para la implementación de la JEP se han aprobado tres (03) Actos Legislativos, una (01) Ley Estatutaria de Administración de Justicia para la JEP y con gran esfuerzo se ha logrado conciliar un proyecto de ley reglamentario del procedimiento ante ésta jurisdicción, trece (13) Decretos, diecinueve (19) Acuerdos internos y alrededor de ocho (08) protocolos, circulares y lineamientos, sin mencionar toda la jurisprudencia existente sobre éste punto del acuerdo final y algunos errores aritméticos que pude tener en éste párrafo, sin embargo, nos servirá para hacernos la idea: No es posible que todos los colombianos entiendan esto, incluso no lo harán todos los abogados guardas supremos de la justicia coja y chueca del País.

Somos una generación descendiente de muchas Marías del Carmen Reyes1, un tipo de ciudadano que “no lee prensa, no tiene tiempo ni ganas de concurrir a convites de indoctrinamiento político”, por eso hay que explicar la JEP de forma sencilla, resumirla en que es una promesa adquirida y una carta de salvación para una paz estable y duradera, es lo que además de la verdad esperan las víctimas y es la llave de un baúl de tristes recuerdos que en unos años tendrá que cerrarse, definitivamente. Tres principios que se constituyen en una guía sencilla para aprendices de esto llamado JEP se presenta a continuación:

1. Evolucionar en las discusiones de la paz.

Hace un par de años el cuestionamiento emergente en los círculos sociales, familiares, laborales, políticos e incluso académicos, giraba en torno a encontrar una suerte de legitimidad, de unción social misericordiosa para semejante herejía de dialogar con guerrilleros (padre y señor nuestro), rezago de ese concepto fracasado de justicia, muy propio de un País latinoamericano como el nuestro, ese que vive de angustias anticipadas y continúa con la vieja tradición de cambiar oro por espejos. Ya no estamos para adoptar posiciones a favor o en contra del proceso, esa etapa primitiva ha debido ser superada y sí no lo ha sido, entonces hay que empezar a preocuparse por nuestro estado de evolución social, tenemos que elevar el nivel de discusión, pasar a las necesidades territoriales, al enfoque de género, al de los pueblos indígenas y las consultas previas que deben abordarse para implementar supuestos normativos de esta justicia occidental no indígena y definir un criterio de constitucionalidad e independencia judicial en la reglamentación de los procedimientos de la JEP, aunque esté en construcción, porque árbol que nace torcido …

2. Cambiar el Paradigma de lo justo.

Decía en algún discurso el padre Francisco de Roux que “en la justicia penal normal el marco de referencia de las leyes son las mismas leyes, pero cuando uno entra al ser humano destruido, en ese caso específico y solo para eso, es la realidad y la memoria lo que se vuelve el marco de referencia” Por eso, el primer segundo paso es reconocer que existe un cambio social, político, económico e incluso cultural en Colombia, que amerita que reinterpretemos la forma en la que mediante un fuero íntimo de convicción se aplica el derecho, incluso en la interpretación de los principios constitucionales o generales del derecho.

Repensar la transición como un hecho que constituye el avance social e histórico más grande de los últimos tiempos, necesariamente debe arrojarnos a establecer que ello justifica cambiar el modelo jurídico o las respuesta legales que damos a los problemas que se plantean desde la JEP.

3. Toda norma debe ser a favor de las víctimas.

Hay que cambiar ese esquema de razonamiento en el que la dicotomía es hacer un traje a la medida de las FARC o del Ejercito, terceros y empresas, acá el dilema es cuál es el traje que mejor se ajusta a los derechos de las víctimas. Las rivalidades políticas y los mitos de entrega del País no pueden seguir siendo el chivo expiatorio del Congreso ni del Ejecutivo, hay que dejar de mentirnos y responder ¿verdaderamente a quién le conviene más responder ante la JEP y no ante la Corte Penal Internacional?

Políticas públicas, desigualdad y género en Colombia.

12:08:00 p.m. 1 Comment

A las mujeres y niñas les llegó la hora de organizarse y empezar a movilizarse en las calles masivamente por sus derechos para que no siga habiendo “ni una menos” y así avanzar en materia económica, jurídica, social y política como país.

Por: Juliana Herrera / Democracia en la Red

Una política pública se genera cuando se identifica una inequidad que debe ser solucionada para generar bienestar a la población; lo anterior no es del todo cándido; las sociedades más avanzadas han comprendido que, entre más derechos se les garanticen a sus gentes, estas vivirán mejor, se minimizará la brecha, habrá una mejor convivencia y, por ende, aumentará la productividad, propiciando el desarrollo de la nación. Así pues, las políticas de bienestar terminan siendo, más que un lujo, una necesidad imperativa para el progreso.

Históricamente la mujer ha sido la cenicienta del baile; por un lado, es la que sostiene con una mano la mitad del cielo y con la otra la mitad del mundo, pero a la vez, la más golpeada por el sistema. El grueso de la población femenina se ve limitada a la llamada “economía del cuidado” -que son, en otros términos, labores del hogar-, impidiéndole independencia económica.  En el caso de Colombia las cifras son preocupantes: 5 millones de amas de casa, con una tasa de desempleo mayor a la de sus compañeros en un 4,9%, participación estancada en el mercado laboral desde hace 10 años y aquellas que logran vincularse a la vida laboral, pese a tener en promedio más años de educación que los hombres (10,5 años ellas, respecto a 10,2 años de ellos), ganan un 7% menos que sus pares, sin mencionar que, de acuerdo al ranking de equidad realizado por la consultora Aequales, solamente el 58,7% de las empresas en Colombia cuentan con un protocolo de prevención y acompañamiento ante casos de acoso sexual o laboral y tan sólo el 29,8% cuentan con políticas de equidad de género y diversidad. Teniendo en cuenta a lo anterior, se creería que un cúmulo de políticas públicas en salud, género y trabajo se estarían gestando desde los gobiernos para solucionar la brecha, pero la realidad es otra: Colombia, al igual que buena parte de los países en desarrollo alrededor del mudo, se ha anquilosado en la garantía de derechos civiles y más aún en derechos de género.

“Educación sexual para decidir; anticonceptivos para no abortar; aborto legal para no morir”

Con la aprobación de la despenalización del aborto en la cámara de representantes argentina –la cual se logró producto de la presión política ejercida por las masivas movilizaciones de hombres y mujeres en las diferentes ciudades del país austral-, el asunto de las políticas públicas en materia de género está moviendo los titulares de prensa en América Latina, siendo el detonante preciso para que los países de la región vuelvan a poner las cartas sobre la mesa y se genere una agenda seria respecto al tema. 

De acuerdo a los estudios presentados por la OMS y por el instituto Guttmacher (2017), el 93% de los países en los que se restringe el aborto total o parcialmente, son países en desarrollo, contrario a los países con altos ingresos de la OCDE, cuya legislación es más liberal. Sin embargo, la restricción del procedimiento contraría las cifras: de los 44 millones de abortos anuales que en promedio se practican a nivel global, cerca de 19 millones se consideran abortos inseguros y si se tiene en cuenta que la proporción de abortos practicados en países con restricciones respecto a los países sin restricciones es de 37 – 34 abortos por cada 1000 embarazos, no es de extrañar que el 68,8% de los abortos inseguros a nivel mundial se localicen en los países con restricciones al procedimiento, demostrando que la legalización de este lo que hará será dar garantías a las mujeres que lo requieran, más allá de incentivar su práctica. 

En el mismo informe del instituto Guttmacher se consigna: “Una reforma legal no es suficiente por sí sola. Esta debe ser acompañada de políticas públicas y de una implementación total de la legislación para que todas las mujeres –independientemente de la capacidad de pago o del estigma social- puedan buscar un aborto legal y seguro (…) decidir cuándo y cuántos hijos se tendrán es un derecho humano fundamental”. 

De este modo se entiende también que la legalización del aborto no es suficiente, se precisa un conjunto de políticas públicas en los diversos ámbitos sociales que atiendan a todas las mujeres en sus diferentes edades, estratos y regiones generando real educación sexual para la prevención y el cuidado; acceso democrático a métodos anticonceptivos, programas de atención en salud efectivos, entre otros aspectos que evidencian la necesidad de un cambio de modelo.

Para las niñas y adolescentes el escenario es aún peor: entre 2008 y 2014, el 23,4% de los embarazos fueron adolescentes, un 4% de ellas entre los 10 y los 14 años, teniendo la desigualdad de género y la falta de garantía de derechos humanos producto de la pobreza como factores preponderantes (UNFPA, 2013) y así, constituyéndose el embarazo adolescente como un serio problema en salud pública con alto impacto socioeconómico. “Adicional a los efectos en la salud –las muertes prenatales aumentan en un 50% cuando la madre es menor de 20 años-, el embarazo en adolescentes también ocasiona múltiples problemas sociales, tales como: conflictos familiares, deserción escolar, cambio de proyectos de vida, discriminación, matrimonio servil o a temprana edad, reducción de ingresos y pobreza, al tiempo que desestimula la productividad y el crecimiento económico de una sociedad (ONU, 2010, p. 6)”. 

En la actualidad Colombia se encuentra entre los países con restricción parcial del aborto (sentencia C 355 de 2006), adicional a un acceso precario a anticonceptivos, falencias en sus políticas de salud sexual y reproductiva, preocupantes indicadores en violencia de género y exclusión, entre otros tantos aspectos que se acentúan por el modelo económico imperante. A las mujeres y niñas les llegó la hora de organizarse y empezar a movilizarse en las calles masivamente por sus derechos para que no siga habiendo “ni una menos” y así avanzar en materia económica, jurídica, social y política como país.  

“Abortion worldwide 2017. Uneven progress and unequal Access”. Guttmacher institute.

“Safe abortion: technical and policy guidance for health systems”. Second edition. 

World Health Organization, Department of Reproductive Health and Research.
“¿Por qué es importante la despenalización del aborto en Argentina para Colombia y América Latina?” El Espectador. 15 de junio de 2018. [Tomado: 15 de junio de 2018, 7:15 pm]. https://www.elespectador.com/cromos/maternidad-y-bienestar/por-que-es-importante-la-despenalizacion-del-aborto-en-argentina-para-colombia-y-america-latina-articulo-794603

“Mercado laboral por sexo. Trimestre móvil febrero-abril de 2018”. Boletín técnico. Gran Encuesta Integrada de Hogares, DANE.

“Embarazo en adolescentes. Generalidades y percepciones”. Observatorio del bienestar de la niñez. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (2015).

“La despenalización del aborto en Colombia: diez años de un derecho no realizado”. Observatorio Dejusticia. Mayo 11, 2016. [Tomado: 15 de junio, 2018. 6:30 pm]. https://www.dejusticia.org/la-despenalizacion-del-aborto-en-colombia-diez-anos-de-un-derecho-no-realizado/ 

KAUFFMAN, Celeste. “¿Por qué tantas mujeres latinoamericanas aún se someten a abortos inseguros?”. Observatorio Dejusticia. Diciembre 2, 2015. [Tomado: 15 de junio 2018. 6:40 pm] https://www.dejusticia.org/column/por-que-tantas-mujeres-latinoamericanas-aun-se-someten-a-abortos-inseguros/

LIBERTAD M., REYES Z. “Conducta sexual, embarazo y aborto en la adolescencia. Un enfoque integral de promoción de salud”. Revista Cubana Salud Pública v.29 n.2 Ciudad de La Habana abr.-jun. 2003

La Coalición Colombia y su papel en las elecciones presidenciales de 2018.

8:37:00 a.m. Add Comment

A tan solo ocho días de las elecciones, que definirán el próximo presidente de Colombia, algunos aspectos emergen como relevantes en el análisis de lo acontecido en ambas vueltas. 

Por: Felipe Pineda Ruiz* / Democracia en la Red

La primera: la abstención se redujo a niveles históricos; la segunda: los proyectos políticos alternativos (Petro y Fajardo) lograron seducir a la mitad de los electores; la tercera: el número de votantes jóvenes llegó a cifras históricas; la cuarta: la derrota del clientelismo. 

Este despertar del denominado voto de opinión también estuvo acompañado por la irrupción de una  renovada agenda programática presidencial que involucró nuevos tópicos centrales tales como energías limpias, economía naranja, industrias digitales, biodiversidad, que en su mayoría se convierten en soluciones transversales para diversificar la matriz productiva nacional de cara al futuro.

De otra parte es relevante resaltar como el hastío de las capas medias, de ciudades principales y secundarias, generó las condiciones para que una ola ciudadana, indignada y ávida de un proyecto de centro propositivo, respetuoso de las instituciones, y comprometido con una transformación social realizable y solvente, se expresara en las urnas en la primera vuelta. 

La Coalición Colombia (Co Co), encabezada por el ex alcalde de Medellín, y ex Gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, logró persuadir a la clase media de salir de la trampa del voto útil y el miedo como herramienta de construcción de identidad política. Los más de 4.5 millones de votantes, que depositaron su confianza en Fajardo, mostraron su rechazo a la política del “todo vale” otorgando un voto de confianza a la tesis “los medios son más importantes que los fines”.

El error de no realizar una consulta presidencial el día de las elecciones parlamentarias; la evidente falta de posición, sobre los temas centrales de la agenda programática de Bogotá y la deficiente campaña en el Caribe Colombiano se convirtieron en las razones principales de la derrota del candidato de la Co Co en una primera vuelta marcada por la polarización política protagonizada por los candidatos Gustavo Petro e Iván Duque.

Decenas de incógnitas aparecen en el panorama posterior a las elecciones del próximo 17 de junio. Algunas de ellas giran en torno al futuro de los proyectos del bloque alternativo Coalición Colombia y Colombia Humana. Entre las más significativas se encuentran las siguientes ¿se crearán las condiciones para entendimientos futuros entre ambos? ¿el escenario de las elecciones regionales facilitará dicha coalescencia? ¿las heridas producidas por la pugnacidad de las presidenciales podrán cerrarse en el corto plazo? No lo sabemos, y a un año de las regionales es irresponsable hacer un lánguido vaticinio.

* Publicista, investigador social, miembro del laboratorio de Innovación Política Somos Ciudadanos (www.redsomosciudadanos.com)