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¿Qué tan neoliberal y qué tan progresista es el proyecto político de Claudia López?

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El Gobierno de la Alcaldesa Claudia López cumple medio año. Antecedido de una gran expectativa y esperanza para miles de bogotanos, que depositaron su confianza en ella; en base al anhelo de superar la corrupción y el continuismo en la capital, la administración López se enfrenta a un sector de la ciudadanía que empieza a distanciarse de su agenda programática, la cual perciben como autoritaria y lejana de las necesidades hacia los más desfavorecidos.

Por: Felipe Pineda Ruiz y Horacio Duque Giraldo* / Democracia en la Red

Aunque su Plan de desarrollo despertó expectativas en materia de equidad, transparencia, derechos de las mujeres, de las comunidades Lgtbi y convivencia ciudadana, aspectos como los derechos económicos y sociales,  derecho a la ciudad, y modelo económico y productivo para las mayorías no parecen tener incidencia en su plan de desarrollo.

La coalición política que apoyó su candidatura reunía matices y fuerzas alejadas del partidismo tradicional liberal-conservador, sobresaliendo los verdes, otra corriente política con grupos de inclinación progresista, exsindicalistas, movimientos sociales del 21N, defensores de la paz y movimientos anticorrupción.

Su acceso a la Alcaldía, y la organización de su equipo de gobierno, fueron acogidas sin mayores reticencias por parte de la opinión pública, aunque desde la izquierda liderada por Gustavo Petro y el excandidato Hollman Morris se hicieron duros cuestionamientos enfocados en el tema de la construcción del Metro elevado que se mantenía como un proyecto heredado por el exalcalde Enrique Peñalosa.

El trámite del Plan de Desarrollo, y el manejo de la crisis sanitaria ocasionada por la presencia del coronavirus, han ocupado los primeros seis meses del gobierno de la señora Claudia Lopez mostrando otras facetas implícitas de su base programática.

La gestión de la pandemia se ha visto acompañada por discrepancias y coincidencias con el gobierno nacional del Presidente Ivan Duque, específicamente en la cuarentena y la atención de la crisis social derivada de la parálisis de la economía.

Las discusiones del Plan de Desarrollo, y el documento final aprobado por el Concejo Distrital, decantaron de manera más precisa el tipo de coalición que acompaña a la Alcaldesa, el cual coincide ideológicamente con las fuerzas políticas  tradicionales que ayudaron a aprobarlo –Cambio Radical, Centro Democrático, Partido Liberal, Partido Conservador, Mira, Colombia Justa Libres- pues su contenido presentaba pocas diferencias con los postulados básicos del neoliberalismo.

Y es que el proyecto político de López para Bogotá, que es una prueba piloto de lo que podría ser un eventual proyecto político de la Coalición Colombia para el país, coincide en líneas generales con las tesis del “Neoliberalismo Progresista”, término acuñado por la filósofa y politóloga  feminista estadounidense Nancy Fraser en “el fín del neoliberalismo progresista” (shorturl.at/mnO78), artículo que se convertiría en la semilla de su libro “¡contrahegemonía ya!: por un populismo progresista” (Siglo veintiuno Editores, 2019).

Para entender qué es en realidad el neoliberalismo progresista es preciso saber, como bien lo señala William  Davis, que el neoliberalismo ha presentado diversos momentos y facetas para llegar allí (https://bit.ly/31bHTOT ).

Ese paradigma ha transitado desde el neoliberalismo combativo de 1979-1989, empeñado en la destrucción del socialismo y los sindicatos obreros; el neoliberalismo normativo de 1989-2008, del  que se encargó la socialdemocracia con su tercera vía para adecuar el Estado al mercado y promover el endeudamiento de los individuos y las empresas; el neoliberalismo punitivo asociado con la crisis del 2008, que descarga la quiebra de los bancos en el Estado y en los individuos para que regulen su austeridad.

Posterior a esa tortuosa transición (1979-2008), en donde el neoliberalismo cultural se mantuvo presente, y el neoliberalismo económico entró en crisis, afloró el neoliberalismo progresista, que según la caracterización de la misma Fraser, a quien Raúl Zibechi parafrasea, no es más que una mezcla de “políticas económicas regresivas, liberalizantes, con políticas de reconocimiento aparentemente progresistas. Se trata de la conservación y defensa del multiculturalismo, el ambientalismo, los derechos de las mujeres, las tribus urbanas, los animalistas y los LGBTQ” (https://bit.ly/3dpArC5 ), entre muchas otras “nuevas ciudadanías” a costas de la cooptación de esos sectores para que las discusiones sobre la desigualdad, la redistribución, la inequidad y la lucha de clases queden relegadas de las discusiones principales en la sociedad.

El reconocimiento de estos derechos y colectivos sociales es, para Fraser, totalmente funcional con los objetivos del neoliberalismo financiero, ya que bloquea el igualitarismo asegurando que “unos pocos individuos ‘talentosos’ de grupos ‘subrepresentados’ puedan ascender al tope de la jerarquía corporativa y alcanzar posiciones y remuneraciones paritarias con los hombres heterosexuales blancos de su propia clase” (https://bit.ly/3dpArC5 ).

En suma, el neoliberalismo progresista se convirtió en una versión ligera de la emancipación, tolerada por el establecimiento mundial, que tuvo por objetivo desactivar la base social de los partidos y movimientos anticapitalistas, obreros, y para quienes el carácter de clase y disputa entre el 1% más poderoso y el 99% de los trabajadores es esencial. Premisas históricas como bienestar material y emancipación fueron reemplazadas por una inusitada multiplicidad de nuevas demandas, compartimentadas y disgregadas entre sí, fácilmente resueltas por el Establishment para disolver la disputa por la hegemonía entre capital y trabajadores.

La intención final del neoliberalismo progresista ha sido, desde la irrupción de Bill Clinton, pasando por la tercera vía de Blair, hasta la ascensión de Obama, la de vender excepciones a la regla, y victorias de grupos identitarios como modelos de superación a seguir –Hillary Clinton, Claudia López, Lucho Garzón, Michelle Bachelet- por parte de la antigua clase trabajadora, ahora devenida en ciudadana, usuaria y consumidora. Para ello se han tenido que valer de los movimientos y de las luchas históricas, rebajadas a su mínima expresión, como pretexto movilizatorio que legitima su accionar neoliberal.

Volviendo al caso bogotano es claro que la Alcaldesa, mediante la cooptación y el otorgamiento de contratos a particulares y al entramado de ONGs ligadas a sus estructuras, busca arropar las prerrogativas de dichos movimientos sociales e identitarios con el fín de desactivar de ellos su carácter de clase y suprimir en los mismos todo tipo de discusión sobre asuntos estructurales como el modelo económico y social de la ciudad. Prueba de ello son los aumentos presupuestales consignados en el nuevo Plan de Desarrollo Distrital (PDD) para los sectores de medio ambiente, bienestar ambiental, biciusuarios, y los aumentos de inversión para la secretaría de la mujer y el fortalecimiento de las políticas orientadas a los LGBTIQ, que al ser contrastados con las inversiones para Movilidad (33 de 108 billones del plan plurianual de inversiones) son erogaciones ínfimas. La poca oposición que tuvo este PDD sobre el Metro elevado, el futuro de la expansión de Transmilenio y los proyectos de renovación urbana, dan cuenta de las verdaderas prioridades de esta Administración.

Ese es a nuestro juicio el fondo del discurso de Claudia López y el contenido de su ruta programática con el Plan de Desarrollo 2020-2023 “Un nuevo contrato social y ambiental para el siglo XXI”, en el que está clara la alianza con el sistema financiero, los especuladores urbanos, los negociantes de la salud y los dueños de la contratación estatal como en el caso del Metro elevado, dando forma a una elite falsamente progresista.

Nos quieren engañar con esta nueva versión del viejo liberalismo y cada uno de sus ingredientes.

Fue a ese carro sin frenos al que se montaron los Verdes, y desafortunadamente el Polo democrático, las feministas de nuevo cuño, los gays, los Lgtbi, y también liberales y conservadores de vieja data que se percataron que allí también podían estar y ganar.

* Horacio Duque Giraldo, politólogo e historiador. Felipe Pineda Ruiz, publicista, investigador social, colaborador de la Fundación Democracia Hoy. Director del Laboratorio de Innovación Política Somos Ciudadanos.

Bogotá, una ciudad refractaria a la modernidad

4:59:00 a.m. Add Comment

En el marco del cumpleaños de la capital, la historia problemática de su planeación y desarrollo urbanístico.

Por: Fabio Zambrano P / Razón Pública 

Un despertar tardío

A finales del siglo XVIII Santafé de Bogotá escasamente pasaba de 20.000 habitantes – el equivalente de una ciudad de tercer orden en el México de entonces-.
Su aislamiento de los circuitos comerciales imperiales y la dificultad de acceder a los puertos marítimos, hicieron de Santafé una urbe pequeña, relativamente pobre, y con una arquitectura que empleaba la tierra cruda y muy poco la piedra.
La pérdida de la condición de capital del Virreinato que acarreó la Independencia sumió a Santafé en una crisis de la cual comenzó a salir lentamente y de la mano de la economía cafetera hacia finales del siglo XIX. Por primera vez Colombia dispuso de un producto cuya estabilidad dio un impulso a la modernización, tan esperada desde comienzos de la República.
Las primeras décadas del siglo XX fueron de un notable crecimiento de la economía colombiana, y Bogotá se benefició de ello. El paisaje capitalino comenzó a transformarse y el ladrillo, el cemento y el vidrio comenzaron a reemplazar a adobe y la tapia pisada. La arquitectura moderna hizo su aparición, y por primera vez se construyen edificios más altos que la torre de la Catedral, al mismo tiempo que los servicios públicos empezaron a transformar la vida cotidiana de los bogotanos.  
A la economía cafetera se le sumaron la incipiente industrialización y el ingreso de capital extranjero—además de la indemnización por Panamá—, recursos que le permiten al país afianzar la tenue modernización que se vivía desde comienzos del siglo XX.   

Los motores de la modernización

Los efectos del crecimiento económico fueron visibles en Bogotá con la llegada del automóvil (1905), el comienzo de la construcción de la carretera Central del Norte (1905), el Ferrocarril de Cundinamarca (1909), el tranvía eléctrico (1910), el cine (Teatro Olympia 1912) y la radio (1929).  
El transporte mecanizado—automóviles, tranvías y después buses urbanos y trenes con sus estaciones en la ciudad (Chapinero, Usaquén, Fontibón y Bosa)— hizo posible una primera ola de expansión geográfica de la capital, con su correlato de menor densidad habitacional. Esto explica por qué el espacio ocupado por la ciudad se amplía en sentido norte-sur y al ritmo de las nuevas urbanizaciones a lo largo de las vías que se iban construyendo sin mayor control del municipio.
La mecanización del transporte es una de las causas por las cuales, mientras la población de Bogotá se triplicó, el área urbanizada se multiplicó por ocho, al pasar de 326 hectáreas en 1900 a 2.514 en 1938.  
No menos importante era la especulación sobre la tierra urbanizable que hacían los propietarios de haciendas cercanas a la ciudad, quienes eran beneficiados sin mayores esfuerzos del crecimiento de la urbe.
La modernización de los medios de comunicación – incluyendo las revistas ilustradas (El Gráfico 1910 o Cromos 1916), nuevos periódicos (El Tiempo 1911), el cine y la radio- ayudó a que los bogotanos miraran a otras partes del mundo. Ya no bastaba con preciarnos de ser  la “Atenas Suramericana”, sino que había que acelerar la modernización y para eso se requería otra concepción acerca de la gestión urbana.

Se asoma la modernidad

Las nuevas ideas habían empezado a aparecer en los años veinte, pero los intentos de introducir transformaciones en el manejo de la ciudad habían fracasado, como ocurrió con la propuesta del Plano Bogotá Futuro (1923-1925). Todavía faltaban instrumentos para hacer posible la planeación urbana.
El cambio comenzó a raíz de la preparación para conmemorar los 400 años – IV Centenario- de la fundación de Bogotá, cuando a la administración de la ciudad se le agregó una nueva dimensión: el gobierno urbano. Hasta entonces el municipio se limitaba a asegurar el funcionamiento diario de la ciudad, sin tratar de proyectarla hacia el futuro.
Pero en lo hechos se había heredado una sociedad intensamente excluyente, donde los beneficios de la modernización eran para una estrecha minoría, y donde la Iglesia Católica mantenía su presencia como centro de poder, repeliendo las ideas modernas o modernizantes que nos llegaban desde el exterior.  
Al mismo tiempo, y gracias a la modernización, Bogotá se había convertido en una ciudad de mayor complejidad social. Acogía varias clases o estratos, la industria y el comercio pesaban más que la artesanía, y la ciudad como tal estaba más integrada a los circuitos nacionales e internacionales.
Otro hecho significativo fue el comienzo de la República Liberal (1930), cuando se hizo un esfuerzo por extender la ciudadanía a muchos de los que antes se encontraban excluidos. Y así nos encontramos en el momento cuando la modernización empezó a estar acompañada por la modernidad. Esta singularidad hizo que la ciudad se pensara de manera diferente y que tomaran forma las instituciones necesarias para el gobierno urbano. Entonces se comienza a gobernar para toda la ciudadanía, es decir para la totalidad de los residentes que ahora tienen derecho a los servicios públicos.
La complejidad que resulta del crecimiento demográfico y la ampliación del espacio urbano dieron origen a nuevas exigencias que desbordaron los instrumentos que entonces existían para administrar la ciudad. Y esta expansión de Bogotá, como ya dije, se había venido dando desde principios del siglo XX, gracias en mucho a la creciente mecanización del transporte y la incorporación de nuevas tierras al perímetro urbano. 

La ciudad que pudo ser

En un artículo publicado en 1938 “Bogotá en 1950”, Karl Brunner, el urbanista encargado de la planeación de la ciudad, proyectó una profunda reforma que debía realizarse en los doce años siguientes. Esta reforma consistía en:
  • La descongestión del centro, reubicando los edificios de mayor afluencia de público y trasladándolos a la periferia,
  • La creación de nuevas plazas públicas,
  • La construcción de nuevas arterias para facilitar la circulación y la extensión del comercio a otros sectores, y en especial al occidente de la ciudad,
  • La evacuación de las industrias que se encontraban en el centro para trasladarlas a una zona industrial, y
  • La urbanización del ensanche sur y occidental de la ciudad.
Este urbanista proponía un ambicioso Plano Regulador que junto con el Código Urbano—presentado a las autoridades municipales meses antes de la celebración del IV Centenario—fueron los instrumentos de gobierno urbano propuestos en ese momento como “los fundamentos sobre los cuales se podrá adelantar el desarrollo urbano de Bogotá de una manera que permita presentarla en el año de 1950 como una ciudad moderna, cómoda y bella”. 

El plan que no se cumplió

Sin embargo y ya en pleno siglo XX Bogotá no adoptó los instrumentos de planeación urbana y no aplicó el Plan Regulador.
Esto se debió en gran parte a que el crecimiento de la ciudad hubiese rebasado los cálculos de Brunner, quien proyectó pasar de 350.000 habitantes en 1938, a 500.000 en 1950. Pero el censo de 1951 contabilizó 715.230 habitantes – más de dos veces el tamaño de 1938- y el de 1964 registro una nueva duplicación - 1.697.311 personas-. Estos fueron los años de más acelerado crecimiento demográfico en toda la historia de Bogotá, producto de la ‘explosión demográfica” en Colomba y del aumento de la migración rural-urbana.  
Este aumento de población se tradujo de manera dramática en la expansión del área urbana, que pasó de 2.514 hectáreas en 1938 a 8.084 en 1958. 
Semejante crecimiento desbordó por completo la capacidad del municipio para convertir a Bogotá en la ciudad “moderna, cómoda y bella” que esperaba Brunner. De esta manera la demografía, la urbanización acelerada y, además, la violencia, desbarataron los proyectos que se tenían en 1938.

Urbanizaciones piratas

Uno de los propósitos del incipiente gobierno urbano de los años treinta fue controlar el crecimiento al regular las urbanizaciones que estaban expandiendo la ciudad sin proveer de servicios públicos el suelo rural que incorporaban al perímetro urbano.
Como nunca en la historia de Bogotá, su crecimiento fue en gran medida el resultado de la especulación con el suelo urbano. Más de la mitad de la expansión del área se dio bajo la modalidad de urbanizaciones ilegales, informales, o piratas, donde ni el propietario de la tierra ni los nuevos habitantes cumplían con las normas de registro de las urbanizaciones en el catastro y mucho menos con el pago de los impuestos correspondientes.                  
No se llevó a cabo una de las propuestas centrales de Karl Brunner para equilibrar el crecimiento lineal norte-sur: la urbanización del occidente de Bogotá. En vez de ello el desarrollo se dejó en manos de las fuerzas del mercado de tierras y, en particular, de los especuladores, quienes definieron la forma de la ciudad.
Del mismo modo, si uno de los propósitos de las obras del IV Centenario y de las políticas de los años treinta era construir una ciudad más incluyente y acortar las diferencias entre el norte y el sur de Bogotá, el resultado de esta urbanización sin control fue acentuar la exclusión social y, en especial, la diferenciación entre un sur excluido y un norte privilegiado.
Así, tanto el Estado central como el local se encontraron desbordados por la insurgencia de un país que difícilmente pudo ser regulado por las instituciones de gobierno que existían. 
Hubo que esperar hasta el Frente Nacional (1958-1974) para encontrar de nuevo la planeación como un instrumento central en el gobierno urbano. La estabilidad administrativa y la continuidad de los alcaldes de Bogotá permitieron que por entonces se aplicara con seriedad la planeación urbana.
La valorización, como un instrumento importante del gobierno urbano, fue otro aporte del esfuerzo por modernizar la ciudad que debió esperar varias décadas para convertirse en herramienta primordial para consolidar las instituciones locales.
*Profesor titular del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia.

¿Qué no se ha dicho sobre la venta de la ETB?

10:26:00 a.m. Add Comment

Cercana a su cumpleaños 134, ETB ha sido el objetivo de muchos politiqueros de turno que han querido desaparecer el patrimonio público. Hoy, por 14ª vez, enfrenta un nuevo intento de privatización. Pese a esto, actualmente, es una de las empresas más modernas de Latinoamérica.

Por: Alejandra Wilches* / El Espectador

ETB, cabeza del grupo empresarial que lleva su nombre, y propietaria de Colvatel (88 %), Sky Net (75 %), Businnes Center Américas (39 %), cuenta con un tendido de fibra óptica (FO) o autopista de la información de cerca de 10.000 km a nivel nacional, uno de los más importantes de América latina; ofrece las velocidades de transferencia de información más alta de los países en vía de desarrollo, posee la segunda antena de TV más potente de Latinoamérica, equipamiento para datos e internet, 4G,Datacenter, servicios IP, etc. y personal altamente cualificado y con experiencia en el sector de telecomunicaciones.

La empresa, tiene presencia en todos los departamentos de nuestro país e incluso, a través de una de sus filiales presta servicios de banda ancha en Perú, ¿no sabían? Seguramente la respuesta es no, omisiones como estas en los informes y entrevistas de la administración distrital sobre su infraestructura, sus cifras y sobre todas sus potencialidades, pretenden ocultar lo que realmente hay detrás de su intento de venta.

Ha sido comparada con zapatos viejos por la actual administración y, por ende, la quieren regalar.

Hoy y por segunda vez, el alcalde mayor de Bogotá, el mismo que dice: “montar en metro elevado es como volar bajito en helicóptero”, y con la misma argumentación de hace 20 años, pretende entregar una de las fuentes más importantes de ingresos de la ciudad: después de una importante inversión de alrededor de $2,3 billones para su modernización y expansión en la administración distrital anterior, quiere a como dé lugar concretar la “venta” de ETB, en unos $2,3 billones. Bueno, cualquiera diría que es hacer pan para vender pan… pero en la realidad es peor pues el detrimento patrimonial sería inminente (¿recuerdan? infraestructura de 133 años, fibra óptica, tv, 4G, nación, Perú, dueña de otras tres empresas, inversión de $2,3 billones, etc.).

¿Pero cómo se puede maquinar la “venta” de una empresa con estas potencialidades, si a esto se le puede llamar venta? Se busca el privatizador y se genera una estrategia, eso sí, muy elaborada y minuciosa donde lo primero es: aparentar que la empresa está mal económicamente, atribuirle los altos costos a los trabajadores y no a la pésima o premeditada gestión del privatizador, emprender tareas que aprovechan los especuladores y que terminan bajando el valor de las acciones, asignar recursos importantes en publicidad y no concretar las ventas (¿no les suena familiar la respuesta: no hay cobertura?) y luego salir a decir que no es competitiva, y la última, generar en los clientes insatisfacción en la prestación del servicio y tener un casi inexistente programa de retención de clientes para que la misma ciudadanía justifique la venta.

Dicen que su venta (valor que no alcanza el 2,1% del Plan de Desarrollo Distrital, pero según el alcalde no ha podido ejecutar obras porque no se ha vendido ETB) estaría destinada principalmente para construir 8 jardines, 6 hospitales y 10 Colegios cuya capacidad es de 750 niños c/u, para entregarlos a privados; cuando con las utilidades de ETB se podrían construir hasta 65 megacolegios (capacidad de 3.000-3.500 niños c/u), o, 22 hospitales de 2do nivel, o, 12mil soluciones de vivienda, lo que significa que no se necesita vender ETB para ejecutar las obras.

Según los informes financieros válidos y registrados en la Superintendencia y que reposan en la página de ETB. De 2003 a 2015, se entregaron cerca de $200 mil millones promedio por año, dinero que se invirtió en las necesidades de la ciudad. Solo en 2015 se asignaron dividendos al distrito por $350 mil millones para la construcción del metro subterráneo, obra que también está llena de irregularidades.

En cuanto a las pérdidas contables, es decir en libros, (dicho de otra manera, pérdidas que no son reales), realmente se han convertido en reservas que ya oscilan en los $1,57 billones, en pocas palabras, al que le quieren vender ETB, ni dinero necesitaría tener para concretar esta transacción.

La estrategia final y favorita de los privatizadores con bastante experiencia como Jorge Castellanos, presidente de ETB, y subalterno de Enrique Peñalosa: despedir a los “costosos e ineficientes” trabajadores y/o generar zozobra y represión. La realidad es que esos trabajadores son los mismos que solo desde 1998 han aportado un valor creado de más de $18,9 billones para la empresa y cuyos beneficios convencionales (derecho constitucional y ratificado en convenios OIT), representan menos del 8% de los ingresos de esta. Tanto trabajadores activos como pensionados aportan para sus beneficios convencionales más de $6 mil millones por año, cifra que la administración siempre “olvida” mencionar en sus declaraciones.

Lo anterior, nos lleva a pensar que el intento de venta no obedece a objetivos altruistas de esta administración sino a profundos intereses económicos que dejarían como consecuencia otro agujero gigante en los bolsillos de los ciudadanos, pues, como la historia nos ha demostrado la venta de cada empresa pública trae consigo el incremento de impuestos y de tarifas.

Nota al pie: No sobra decir que, como lo dijo la Contraloría de Bogotá, no hay estudios que soporten la supuesta necesidad de venta de ETB o sobre sus impactos.

*Presidenta de Atelca (Asociación Nacional de Técnicos en Telefonía y Comunicaciones Afines) - sindicato de gremio de ETB

Bogotá: ¿del limbo al infierno?

10:07:00 a.m. Add Comment

Planeación Distrital presentó el Avance Físico del Plan de Desarrollo de Bogotá Mejor para Todos 2016-2020. Los programas deberían estar en un 50 % de cumplimiento, descontando tiempos de inicio y empalme, pero, por lo registrado, el balance es desalentador, en particular, en áreas cruciales. 

Por: Aurelio Suárez / El Espectador

En educación, de 30 colegios nuevos prometidos se han construido solo dos, y de 32 restituciones de sedes educativas van en una tercera parte.

Tres programas claves de dicha Secretaría están en cero: la reforma institucional, la alfabetización para adultos y los 35.000 cupos adicionales en educación superior. También como tortuga va la infraestructura sanitaria. De 40 CAPS (Centros de Atención Prioritaria), 22 se adaptaron en los eliminados Camis; no se ha puesto un ladrillo en los CEUS (Centros de Urgencia del Sur), ni en la reposición de cuatro hospitales, incluido el de Usme, ni menos en dos hospitales nuevos proyectados.

La atención de las personas no inscritas en régimen alguno, “los vinculados”, escasamente llega al 40 %. Y aunque se diga que en 2017 la EPS Capital Salud ganó $41.000 millones, el concejal Manuel Sarmiento demostró —con pruebas— pérdidas por $1.300 millones. Además, el saneamiento de dicha entidad, según Planeación, está apenas en 38 %.

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Los damnificados de Peñalosa II son los niños y niñas. La Personería evidencia que de 723 mil, entre los cero y cinco años, el Distrito solo atiende al 17 %; es decir, a 125.436 en 366 jardines infantiles, muchos con notorias deficiencias. Por otro lado, se clausuraron 47 servicios diurnos y nueve nocturnos, como lo ratificó el informe de Planeación, que asigna un cumplimiento del 31,9 %. Los demás menores atendidos asisten a centros privados.  

La alarma se prende en materias económicas y sociales. El crecimiento del PIB fue de 2,96 % en 2016 y 1,61 % en 2017, por debajo del resultado nacional de 3 % y 1,7 %, respectivamente; la pobreza monetaria creció, frente a 2015, de 10,4 % a 11,5 %, la extrema de 2 % a 2,5 % y el desempleo de 8,3 % a 10,5 % en mayo de 2018. En infraestructura social, va 21,9 % en ciclorrutas y 16 % en nuevo espacio público; de 60 mil viviendas VIS marcha apenas la tercera parte y lo planeado en alcantarillado alcanza un irrisorio 10 %.

En seguridad, pese a bajar los homicidios, el robo se disparó. El de bicicletas subió 66 % en los cinco primeros meses de 2018 con respecto a 2017; el de residencias se trepó a 8,6 %; los distintos robos que afectan a las personas aumentaron 56 %; el de celulares al 70 % —seis cada hora—, el cual se produce principalmente en el transporte público; el de autos y motos disminuyó marginalmente y los reportes por narcóticos aumentaron 9 %.

Movilidad es un fracaso. Para dejar el metro en un 30 % de avance solo se ha hecho el 10 %, lo que significa, como dice el concejal Hinestrosa, apenas un 3 % del gran proyecto de Bogotá. Ni un kilómetro de troncal; la malla vial arterial en buen estado ha decaído (según Veeduría-IDU); sigue en crisis el SITP, aún con billón y medio de pesos trasladado a los operadores, y el provisional permanece aplazado por dos años, mientras que tampoco tiene éxito la “guerra a los colados”.

En 2017, el 89 % de la contratación —por valor de $2,13 billones, que representa el 35 % del monto total— fue a dedo y tres licitaciones (aseo, semaforización y grúas-patios) están glosadas por organismos de control por graves motivos, lo que deja al descubierto un vacío de transparencia en la Bogotá de Peñalosa II. 

Como afirmó el concejal Flórez, por la licitación de TM, continuarán miles de “buses-chimenea” de marca conocida, pero, al final, no se iniciará obra alguna, quizás el funesto Transmilenio por la Séptima. No obstante, quedará un cúmulo de contratos firmados con endeudamientos por décadas, pero sin estudios completos; el metro seguirá envolatado; se elevarán los impuestos confiscatorios, y el POT se guiará por marcados negocios inmobiliarios. Para rematar, Peñalosa ferió el 16% de la Empresa de Energía y atenta contra la ETB, que la ciudadanía espera salvar.

El libro Bogotá en el limbo, que presenté en noviembre de 2017, sintetizando los últimos 25 años, incluido Peñalosa I, corre el riesgo de perder vigencia: con Peñalosa II parece empezar el tránsito al infierno.

Los especialisísimos alcaldes locales

5:42:00 p.m. Add Comment

El revuelo a raíz de la renuncia colectiva que Peñalosa les pidió a estos funcionarios es razón suficiente para indagar por el sentido de este cargo sui generis, una función “especialisísima” que a los que están arriba en el sistema político les cuesta trabajo aceptar y entender… y a los que están abajo también.

Por: Paul Bromberg / Razón Pública

Las loca-lidades: de la grandilocuencia a la reticencia
Algo está pasando en Bogotá con esto de las localidades: que nada va a pasar.

Por primera vez, desde 1992, los programas de gobierno de los dos candidatos a la Alcaldía que obtuvieron la mayor votación no mencionaron la descentralización. Tanto en uno como en otro caso se habla de las localidades como los sitios donde ocurrirían las cosas.

Hoy en día los políticos no van “a los barrios”, sino a “las localidades”, aunque en realidad van a los barrios. No se atienden las necesidades de “los barrios”, sino de “las localidades”, aunque en verdad se atienden las necesidades de aquellos. Este es un cambio en el lenguaje que ha traído más confusiones que precisiones.

Los programas de la última campaña

En el programa de gobierno “Recuperemos Bogotá”, que el candidato Peñalosa presentó en nombre de Equipo Bogotá y Cambio Radical, la palabra “localidades” aparece once veces, siempre como sitio: habrá arte, deportes, colegios, jardines escolares, megacentros comunitarios en las localidades…, aunque se atenderá, como es de esperar, a la vecindad del proyecto, no a la localidad.

“Alcaldía local” no aparece. “Juntas Administradoras Locales” menos, pues estas están conformadas por fantasmas, los “ediles”. ¿Acaso no es un fantasma alguien que existe pero es invisible?

El candidato decidió sus prioridades, y no incluyó la descentralización. Es su elección, la hizo pública... y la va a cumplir. Emprender cambios en el régimen es una pelea que prefirió no dar.

Por su parte, “Un acuerdo para sacar Bogotá adelante”, el programa de doscientos puntos de Rafael Pardo respaldado por el Partido Liberal y el Partido de la U, menciona las localidades trece veces también como lugar donde pasan o pasarán cosas. Con una excepción, el punto 175, que habla someramente de la descentralización, la autonomía de las localidades y de su participación, mediante consulta, en la construcción del plan de desarrollo.

Sin embargo, en dicho punto no hay relación entre el diagnóstico y la propuesta. Suena democrático, pero no es operacionalizable. ¿Cómo se consulta “a las localidades” si estas no son personas? Su expresión concreta resultaría demasiado prosaica: ¿a los alcaldes locales? ¿A las Juntas Administradoras Locales integradas por fantasmas? ¿A las doscientas personas que por localidad asisten-resisten a los encuentros ciudadanos?

Ni el actual plan de desarrollo “Bogotá mejor para todos” ni los acontecimientos de rutina administrativa de este año y medio de la administración de Peñalosa dejan entrever que haya intención de actuar sobre los problemas estructurales de los Gobiernos descentralizados de estas jurisdicciones territoriales.

¿Por qué el desinterés?

El desinterés no es un capricho, sino que está en el ambiente. Incluso en esta revista se nota: el tema se trató por última vez hace ya cinco años, en abril del 2012, cuando Alberto Maldonado sentenció: “Petro no va fortalecer la descentralización en Bogotá”.

En el programa de gobierno de Petro había una frase escueta, aunque concreta, “Ampliaré la descentralización hacia las localidades”. En su momento, Maldonado revisó el borrador de lo que sería el plan de desarrollo “Bogotá humana” y no encontró más que palabras vagas.

En contraste, los posteriormente nuevos mejores examigos de Gustavo Petro -Samuel Moreno/Clara López y Luis Eduardo Garzón- hicieron algo diferente. Incluyeron en sus programas y en sus planes de gobierno la descentralización.

Es posible que el tema de la descentralización con sus grandilocuencias y demagogias ya haya perdido su atractivo, en parte porque los grupos que se sentían huérfanos de espacio político ya lo encontraron. En esas condiciones, la estocada final la dio Gustavo Petro: “llegó el comandante y mandó a parar”.

Los Gobiernos locales

¿Son las alcaldías locales el foco distrital de corrupción, ineficacia, ineficiencia, desgreño, malversación, clientelismo, ignorancia, incapacidad, según se lee y escucha a menudo en diversos medios de comunicación?

Si la respuesta es “sí”, se encontraría que la decisión de las losas de Transmilenio se tomó por las alcaldías de Chapinero, Usaquén y Suba; el contrato con los Nule fue firmado por las alcaldía de Fontibón, Engativá y Teusaquillo, y no por Garzón al final de su administración; el cartel de la contratación se movió en las chichiguas de los Fondos de Desarrollo de las localidades, y no especialmente en las entidades centrales; la troncal décima-séptima, que completa 15 años en discusión y desuso, se diseñó por las alcaldías de Santa Fe y otras; el deprimente deprimido de la 94, cuya construcción tardó algo más que la del Canal de Panamá (solo que este no se ha inundado), fue un contrato de la alcaldía de Chapinero.

Estos son solo algunos ejemplos, a los que se puede sumar el proceso decisorio del metro con sus estudios inútiles, la implementación del SITP, etc. No es necesario sumar estos y otros casos, pues los primeros ya involucran cientos de miles de millones de pesos.

“Cada alcalde manda en su año” es una frase que encierra alguna sabiduría. Paralela a ella, debemos decir que cada nivel de gobierno de Bogotá ha tenido su correspondiente muestra de corrupción, ineficacia, ineficiencia, desgreño, malversación, clientelismo, ignorancia e incapacidad, asociadas a su nivel de intervención: los Gobiernos locales, las entidades distritales, los organismos de control.

Se debe comenzar a preguntar y a responder por qué en Bogotá han venido saliendo mal tantas cosas. Entre otros, los intentos de mejorar la descentralización.

Los alcaldes locales

Están en cuestión los alcaldes locales designados por el alcalde Peñalosa, a partir de ternas enviadas por la JAL en los primeros meses del año pasado, siguiendo un proceso regulado por el decreto 1350 del 2005, promovido por la administración Garzón.

El prolongado proceso tiene serias contradicciones internas, pues da la apariencia de ser meritocrático, cuando en realidad es político, típicamente criollo, con partidos de juguete.

A la convocatoria se presentan cerca de 3200 ciudadanos comunes y corrientes (¿o sea, ilusos?), con su hoja de vida y sus correspondientes certificados de logros, preparación y cumplimiento de requisitos, incluidos los certificados de honradez. Solo falta la prueba del polígrafo.

La Secretaría de Gobierno verifica la documentación y publica una lista de elegibles. Estos presentan un examen, cuyo contenido es una combinación de preguntas psicotécnicas y de conocimientos (no sabemos de qué ni por qué). El examen dictamina el porcentaje de los aspirantes idóneos (usualmente, la cifra es muy reducida).

Los que continúan en la selección deben entregar un pequeño escrito con su “programa de gobierno”, cuya autoría es inverificable, y participan en un debate público ante una audiencia que se supone es el ágora ciudadana, a la que con seguridad asisten principalmente los hinchas de los aspirantes, como en la polis griega.

Luego pasan a examen de la JAL, que declara que tuvo en cuenta todo esto, aunque sabemos que muy poco. La JAL elabora una terna y luego el alcalde mayor entrevista a los seleccionados y elige uno.

No es una broma. El proceso, que dura meses y que ahora se repetirá en ocho localidades, es así por solicitud de Lucho Garzón.

No se impone como requisito pertenecer a un partido político, como sí se obliga a los aspirantes a edil (ignoro si alguno ha sido elegido por una “lista significativa de ciudadanos” o por “una lista de ciudadanos significativos”).

En varias ocasiones he hablado con conocidos que se han metido en este baile, y me cuentan lo esperable: que una vez que pasan el examen, el asunto es conseguir como parejas dos o tres ediles que lo respalden para poder quedar en la terna.

Los medios han venido acostumbrándose a presentar a los alcaldes locales como si fueran concejales o integrantes de gabinete del ejecutivo. Según una investigación de La Silla Vacía, “entre ediles, concejales y expolíticos que conocen bien cómo se mueve la política en el nivel local… los padrinos que más se repitieron fueron la representante liberal Olga Lucía Velásquez y [el concejal] Yefer Vega de Cambio Radical”.

¿Qué entraña este padrinazgo político?

La Corte Constitucional, en su infinita sabiduría, conceptuó sobre el asunto, ante una demanda en la que se cuestionaban algunas situaciones de cargos de libre nombramiento y remoción (Sentencia C-368 de 1999):

En la designación de los alcaldes locales participan dos organismos del Gobierno distrital que poseen un claro origen político y expresan sus preferencias políticas al participar en el proceso que conduce al nombramiento de estos alcaldes… [quienes] representen las opciones políticas triunfantes dentro de la localidad y la ciudad… [así como] los proyectos políticos sustentados por las juntas y el alcalde mayor.

Ante semejante tratadillo de filosofía política, solamente me queda una pregunta: ¿de veras? Para aclarar cómo es la negociación política no sobra narrar la primera experiencia que tuvo la ciudad en un proceso meritocrático para este cargo.

En mi corta experiencia como edil de Teusaquillo en el 2001 sugerí a la JAL que se hiciera un examen psicotécnico a los 80 aspirantes. Por supuesto, fue rechazada. Advertí que conseguiría los recursos para que los aspirantes lo presentaran de manera voluntaria, y que quién quitaría que el alcalde mayor preguntara a los integrantes de la terna por qué se habrían negado a presentarlo.

Mis colegas-ediles se asustaron, creyendo que yo tenía línea directa con el alcalde Mockus, lo que no era cierto, y finalmente la JAL admitió, sin necesidad de ningún decreto nacional ni papal, que todos los aspirantes tomaran un examen exclusivamente psicotécnico diseñado por el grupo de admisiones de la Universidad Nacional.

Se recibió la lista en orden descendente de resultados y fueron entrevistados en sesión los treinta primeros. Se encontró que la capacidad de interlocución de los aspirantes seguía de manera bastante fiel el resultado de la prueba y que la diferencia entre los primeros de este grupo y los últimos era enorme.

Una vez concluidas las entrevistas, los ediles de la coalición mayoritaria, siete de nueve, pactaron por su lado, por supuesto por debajo de la mesa, sus compromisos con quienes finalmente quedaron en la terna.

¿Era un compromiso con los “proyectos políticos” de los partidos que habían avalado en esa ocasión a los ediles correspondientes? Claro que no.

El principal proyecto político de los participantes profesionales en elecciones es volver a ser elegidos, para lo cual conviene estar ligado a partidos ganadores, pero, en general, es un asunto accesorio a cuál partido.

En el caso de los ediles, es primordial consentir a sus aproximadamente mil electores y tener la capacidad de hacer y recibir favores. Eso es el poder. Así es la democracia con partidos laxos.

Renuncias protocolarias

La sentencia de la corte citada deja en el limbo si la “responsabilidad” del alcalde local es ante la JAL, los ediles que lo ternaron o el alcalde mayor. En términos prácticos, esta responsabilidad se manifiesta en las condiciones para ser removido del cargo.

Después de la Ley 1617 del 2013, todos los otros distritos del país tienen alcaldes locales y sus comunas pasaron a llamarse localidades. ¿Una vocación nacional por copiar lo malo?

En todo caso, ante la muerte por problemas de salud de un alcalde y la elección de su sucesor, se preguntó al Consejo de Estado si era necesaria la renuncia protocolaria de los alcaldes locales. La respuesta fue que no. Es decir, los alcaldes locales no son agentes del alcalde mayor. ¿O sí?

Pero, al fin, ¿son funcionarios de libre nombramiento y remoción? Según otro apartado de la sentencia de la Corte ya citada, los alcaldes locales son funcionarios especialísimos:

Las normas y la jurisprudencia no dejan duda alguna sobre la facultad que el alcalde mayor tiene de remover a los alcaldes locales. Debe admitirse entonces que son de libre nombramiento y remoción, aunque de una categoría especialísima.

¿Es legal una solicitud de renuncia a todos, bajo el amparo de que corren chismes de que otros habrían incurrido en corrupción o incumplimiento de directrices? ¿Es una renuncia protocolaria, como la titularon los medios, o es un acto de coacción indebida? ¿La solicitud se hizo mediante documento escrito o por los medios?

Si un alcalde local se niega a presentar la renuncia, diciendo que él no ha hecho nada malo y que además de la responsabilidad ante el alcalde mayor tiene una obligación ante la JAL, ¿qué hace el alcalde mayor?

Si lo declara insubsistente, está metido en un lío, porque en su hoja de vida la Corte lo ha obligado a anotar las razones para su insubsistencia, y si estas razones muestran arbitrariedad, el destituido puede demandar, y es seguro que la ciudad pierda.

Así que el alcalde local no solo es de una categoría especialísima, sino especialisísima. Para explicarla, es necesario adentrarnos en un terreno que no exploraré por ahora: lo bueno, lo malo y lo feo de la descentralización en Bogotá.