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Coronavirus o el elogio de la Política

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El autor del libro "El sueño de la especie. Siete ensayos al borde del abismo" (Devenir, 2019), Premio de ensayo “Miguel de Unamuno”, y su mirada a las implicaciones de la pandemia para la humanidad.

Por: Iván Olano Duque / El Espectador

Nunca estuvimos tan sincronizados. Ni las grandes guerras del siglo XX ni las catástrofes naturales han tenido esta fuerza para interpelar al planeta entero. Tampoco lo han logrado las crisis financieras o los eventos trágicos en la era de la interconexión digital, porque siempre hubo regiones que se quedaron al margen, personas que dieron media vuelta y siguieron con su vida. De repente, y a diferencia de la crisis climática que viene anunciándose desde hace décadas, algo ha irrumpido en nuestra realidad compartida y, para nuestro desconcierto, no se parece a lo que habíamos imaginado; es al mismo tiempo más sereno, más indiferente, más duradero. El baremo, las dimensiones que conocíamos han sido ampliamente rebasadas. Es normal que sintamos vértigo.

También es normal que, casi al borde del abismo, nos aferremos a los conceptos más amplios. Si este no es el momento para hablar de la especie como un todo, de lo humano en términos universales, ¿entonces cuándo? Miles de millones de seres humanos estamos temiendo, sintiendo, pensando en lo mismo, y no hay modo de prever las consecuencias culturales de esta sincronía. Algo es claro: la ficción del apocalipsis siempre ha sido un terreno fértil.

Y todas las disciplinas están en alerta. Como en la medicina y la biología (que han registrado un pico de investigaciones sobre el tema en un periodo récord de tiempo), la filosofía y la sociología, la economía y la literatura están enfrentando también el desafío. La amenaza —siempre estimulante— ha causado una “explosión creativa”, y desde luego llegará el momento en el que el arte y la poesía nos digan lo que en realidad sucedió. Pero creo que por encima de todos los enfoques —de la respuesta urgente de las humanidades y ciencias naturales—, esta pandemia ha demostrado el predominio de la Política, con mayúscula, en la suerte y destino de nuestra especie.

De igualdades y diferencias

Desde los primeros días se empezó a señalar que este virus nos igualaba a todos. El hecho de que fuera altamente contagioso, que nadie tuviera anticuerpos para enfrentarlo, por lo que podría infectarnos a todos, y que asustara incluso a los más poderosos nos entregaba a la ilusión de la fragilidad compartida, de la vulnerabilidad que nos iguala. “Al fin estamos juntos”, dijimos; “al fin algo nos toca a todos”. El virus era, pues, ese exterior constitutivo que formaba una nueva identidad y, por tanto, una nueva capacidad de acción: la humanidad en pie de lucha.

Pero, por más estimulante que sea, esta idea nos puede conducir a errores; o mejor: es un reflejo de la razón que puede ocultar más de lo que revela. El virus que nos iguala en realidad nos está diferenciando radicalmente. Como esa técnica radiológica en la que se inyecta un contraste en las venas para que sean visibles, la pandemia está mostrando en todo el planeta las debilidades, fortalezas y desequilibrios de las sociedades y, por tanto, las costuras de las relaciones de poder.

Vemos, primero, cuál es nuestra capacidad para identificar la amenaza, medir su impacto probable y comunicarla a una nación y a los demás Estados e instituciones supranacionales: esto depende del lugar que tiene la ciencia en el pacto social, del desarrollo y carácter de los organismos multilaterales, del interés de los gobiernos en defender el interés común o de su sumisión al gran capital. Estamos hablando de política.

Luego tratamos de identificar, con toda urgencia, a las víctimas más probables, las injusticias estructurales que se vuelven trampas mortales, y descubrimos que el virus no es sólo más riesgoso para la tercera edad, sino que será implacable con los más pobres y con los países con Estados débiles y sistemas de protección social deficientes. Cuestión de clases y nacionalidades. No es lo mismo, desde luego, la emergencia con una sanidad pública y gratuita que en medio de la estafa neoliberal de seguros privados. No es lo mismo ser un país industrializado que un país bloqueado por no alinearse. No es lo mismo el confinamiento en viviendas amplias, con la nevera llena y con ahorros en el banco, que en esa normalidad premoderna en la que millones de personas viven, como se dice en Colombia, del rebusque, al filo de la nada, donde ni siquiera se lucha para llegar a fin de mes —como la clase trabajadora en medio mundo—, sino para llegar al día siguiente, como si se trabajara a cambio de un puñado de lentejas. Seguimos hablando de política.

El virus no es la crisis, el virus manifiesta la crisis

De manera que la política no es un rincón de la realidad al que podamos darle la espalda; no es un vano ejercicio electoral o una lucha de vanidades; no son titulares de prensa ni profesionales de la burocracia, sino la materia de la que está hecha nuestra casa común. Y vivimos en ella, nos guste o no. De un modo muy sintético, política es el nombre que damos a las relaciones de poder y las condiciones de convivencia entre los seres humanos.

Y entonces empieza el debate sobre lo que nos trajo a este punto. Boaventura de Sousa Santos lo expresó con claridad: “La pandemia actual no es una situación de crisis claramente opuesta a una situación de normalidad”. Este es, hoy, el leitmotiv de casi todo análisis crítico: la crisis ya estaba ahí.

Porque el paradigma neoliberal se moviliza invocando la crisis. Es el pirómano que llega al pueblo gritando que debemos cuidarnos de los incendios del futuro. El progresivo recorte de derechos, instituciones y servicios públicos se ha hecho —desde hace treinta o cuarenta años, dependiendo del país— bajo el argumento de que son insostenibles, que son indeseables, y en la feria de las privatizaciones han logrado una concentración de la riqueza sin precedentes y han alimentado un vector antidemocrático: la pérdida de poder político de las mayorías sociales. La liberalización de los mercados de capitales, la dinámica sociópata de las bolsas de valores —frágiles, irresponsables, siempre al borde del colapso— y el aumento del poder político de la industria financiera significan un mundo más injusto, más desigual y mucho más vulnerable. Hoy vemos cómo la privatización, el desmantelamiento de los servicios sanitarios y los recortes del gasto público a partir de la crisis de 2008 están causando una masacre en el sur de Europa. La famosa frase de Margaret Thatcher —piloto político de este paradigma— era una condena a muerte: “la sociedad no existe. Sólo hay hombres y mujeres individuales”.

Y más allá del neoliberalismo la crisis es un sistema que no ha tenido ningún escrúpulo en sacrificar todas las vidas que sean necesarias —y que ya impulsaba y convivía con hambrunas y guerras y colapso medioambiental— a cambio de beneficios económicos a corto plazo. La crisis, ahora incluso más explícita, es sobre todo el último capítulo de la disputa globalizada entre capital y trabajo; la guerra entre la acumulación depredadora y la vida y dignidad de la gente de a pie.

Creo que a estas alturas ya somos todos conscientes, pero hay que repetirlo una y otra vez, con la esperanza de que nunca se olvide. En la urgencia de distinguir lo esencial de lo prescindible, lo que nos salva de lo que nos condena, aparecieron ellos en primer lugar —y tal consciencia ya es un hecho político fundamental—: profesionales de la salud, desde luego, pero también trabajadores de la limpieza, campesinos y agricultores, conductores de camiones y los que cargan bultos a las tres de la mañana, cajeras y reponedores de supermercado, los de la tienda del barrio y los que recogen la basura. Precisamente los más golpeados, los más olvidados, los más ninguneados. Sin ellos no habría ninguna esperanza. Cuando llega la hora de la verdad, no es el banquero ni el multimillonario ni el que sale en portadas de revista, sino el trabajo y los trabajadores lo que nos mantiene vivos.

Aplausos desde la ventana

Ya sabemos que la mortalidad inmediata del virus depende de la capacidad hospitalaria y de la capacidad de acción colectiva (Estado e instituciones) para impedir su propagación, y que la mortalidad diferida del virus —por sus consecuencias sociales y económicas— depende de quién esté en el poder y de la correlación de fuerzas en cada sociedad, como siempre. La pregunta no es técnica, sino ética y, por tanto, política: ¿sobre quién cargar el peso de la dificultad económica? ¿Quién pagará las facturas? ¿Lo harán los trabajadores empobrecidos, o lo hará esa astronómica riqueza acumulada y grotescamente concentrada?

De manera que, puesto que la mortalidad es un factor humano, cada país tendrá cifras y consecuencias radicalmente distintas. Y no hacía falta, pero estos días nos vuelven a demostrar en la práctica que el “sentido común” es otro nombre para la ideología. En otras palabras: los razonamientos no existen en abstracto sino dentro de un marco definido de ideas, convicciones e intereses. Y lo hemos visto del modo más cruel: en China paralizaron la producción, cerraron las ciudades, enviaron todos los mensajes de alarma, pero en Europa y Estados Unidos lo mostraron, condescendientes, como gestos pintorescos de un rincón autoritario del mundo. Luego, cuando en varios países de Europa se cerraban los negocios no esenciales y se decretaba el confinamiento, en Latinoamérica todavía se impulsaba un velo de incredulidad e impotencia política.

¿Qué habría pasado si el virus se hubiera iniciado en Latinoamérica? Si a pesar de todo el tiempo de ventaja y de la experiencia acumulada en varios países tenemos en Latinoamérica una colección de declaraciones incompetentes, tardanzas y negligencias, ¿dónde estaríamos si hubiéramos sido los primeros? Por esto el fortalecimiento de lo público y la defensa del interés colectivo es cuestión de supervivencia; porque si permitimos que los intereses económicos particulares construyan sin resistencia las políticas, nos acostaremos cada noche contando muertos.

Ese era el terror desde el principio. Se comentaba con insistencia. Ese ha sido, en mi caso personal y sin duda en el de muchos más, el motivo del insomnio y de la angustia de estos días. Veamos a Colombia: con un Estado débil (prácticamente inexistente en buena parte del territorio), con mucha menos inversión en salud que los países desarrollados, muchas menos camas hospitalarias en proporción a la población, servicios privatizados, menos profesionales y en condiciones más precarias... esta epidemia es como echarle gasolina a la candela. Y si a esto le sumamos tantas heridas sociales (las cárceles hacinadas, los adultos mayores abandonados, la población sin techo, los sistemas de transporte indignos, la violencia y las mafias que no entienden de cuarentenas) nos enfrentamos a una superposición de horrores.

Pero desde luego hay esperanza. Aunque la correlación de fuerzas en todos los países es distinta, en la era de la interconexión digital es posible impulsar medidas y horizontes de acción por encima de las fronteras nacionales. ¿Qué se está haciendo y se está pidiendo? Vemos que en distintos países se anuncia la congelación de pagos de hipotecas y de préstamos bancarios, la congelación del pago de alquileres (pues priman el derecho a la vivienda y la alimentación), el no cobro de los servicios públicos domiciliarios (cuyo suministro debe garantizarse), la prohibición de los despidos y el control de precios (para que nadie saque provecho del sufrimiento de los demás). Hay también dos propuestas crecientes y que darían un gran alivio: la condonación de la deuda externa de países subdesarrollados y —para sujetar al pirómano— el cierre provisional de las bolsas de valores.

¿Y qué no se está haciendo? Nadie está liberalizando la crisis. Nadie está proponiendo que el mercado haga su magia. Nadie espera que los bancos den un paso al frente para salvar vidas. Están en silencio, aguantando la respiración, esperando que ignoremos el crash estrepitoso del paradigma neoliberal. Y nadie, ni siquiera los adversarios del campo popular, pueden ignorar los aplausos desde las ventanas, en muchísimos países, a los trabajadores de la salud; un ritual fundamental que siembra un consenso y politiza la emoción.

Hay otra medida urgente que resuena cada vez con más fuerza. Sirve para enfrentar la crisis económica y social del coronavirus, y la crisis amplia —y no menos mortífera— del capitalismo. Sin ella, millones de personas en países como Colombia no podrán acatar la cuarentena —y por tanto aplanar la curva y salvar vidas—, pues cualquiera preferirá el riesgo de un virus a la certeza del hambre. El economista Guy Standing la ha defendido ahora incluso con más vehemencia: por lo menos mientras dure la crisis se necesita un sistema de renta básica garantizada para todos los habitantes. A diferencia de la habitual inyección neoliberal de liquidez al sector financiero, que sólo aumenta la desigualdad, un ingreso mínimo vital —“sin condiciones, como derecho”, dice Standing— permitiría mantener cierta demanda, algo de oxígeno en la economía real, y que la población más vulnerable se pueda aferrar al menos a una certidumbre: que pase lo que pase habrá comida en la mesa.

A quien diga que no hay cómo pagarlo, habrá que contestarle que nadie conserva el dinero bajo el colchón cuando no tiene qué comer, que hay una inmensa riqueza acumulada —creada por la sociedad, no por los individuos— y que en plena emergencia lo único aceptable es utilizar todos los recursos disponibles, estén en las manos de quien estén, para salvar vidas.

Cuanto peor, peor

No hay forma de saber a dónde nos conducirá esto, nadie tiene la bola de cristal, pero es seguro que no estamos en un simple paréntesis. Todavía hay quien clama, sobre todo en los altos círculos del poder y con gran eco mediático (con el presidente de Estados Unidos como caricatura principal), por el regreso urgente a la normalidad —es decir, sus grandes negocios— cueste lo que cueste. Pero no, de acá no volveremos a la normalidad; o mejor dicho, la nueva normalidad no se parecerá en nada a la normalidad del pasado.

Hay muchas tensiones en movimiento. La ayuda que China, Rusia y Cuba están brindando a muchos países dejará huellas. La catástrofe social en Estados Unidos, también. El deseo racional pide un plan amplio de redistribución de la riqueza, pero el raciocinio probable ve los monstruos que nos acechan. Lo que en Europa es la posibilidad de revivir la estafa de 2008 (cuando el neoliberalismo redobló su avanzada para destruir los Estados de bienestar), el temor de una doctrina del shock (que aproveche la ocasión para aumentar los recortes del gasto público, la privatización de empresas, los regalos a la industria financiera) o el fantasma de una deriva autoritaria asociada al big data, en América Latina —y en particular en Colombia— parece un paso más hacia el abismo. El neoliberalismo y el autoritarismo avanzan cuando huelen sangre.

Desconfío en quien ve oportunidades en las crisis. No creo en la tesis de que cuanto peor, mejor. Las condiciones siempre son susceptibles de empeorar. Y, sin embargo, no es menos cierto que después de determinados traumas colectivos la humanidad ha logrado grandes conquistas. Hay un ejemplo icónico: la Declaración Universal de los Derechos Humanos sobre las cenizas de la Segunda Guerra Mundial.

Los desafíos se multiplican. Y lo señalan por todos lados porque es evidente; esta pandemia (cuya inminencia también había sido advertida) es un reflejo súbito, elocuente e implacable de todo lo que amenaza la vida en el planeta y el futuro de nuestra especie: el capitalismo —con su coda de financierización neoliberal—, el riesgo bélico y nuclear —ese apocalipsis al alcance de los dedos— y la emergencia climática.

Elogio de la Política

A veces lo dicen por descuido, para evitar entrar en discusiones; la mayoría de las veces, como expresión consciente o inconsciente de una ideología antidemocrática. Pero lo cierto es que en muy pocos lugares es posible decir impunemente la tontería de que este, el gran hecho político de nuestra época, no tiene “nada que ver con política”.

Un bicho diminuto, invisible, —casi fantástico, casi metafísico— nos expone a las virtudes y fragilidades de lo colectivo, al carácter y desarrollo de nuestras construcciones sociales y a nuestra capacidad de acción. Este virus nos interpela y revela que la política está ahí, en el primerísimo primer plano de nuestra especie. Es el SARS-CoV-2 versus el zoon politikon. Y nos obliga a decir: ¿A quién defendemos? ¿Cómo nos organizamos? ¿Dónde enfocamos nuestro esfuerzo? Y sobre todo: ¿De qué lado estamos? En el tejido de contradicciones que es toda sociedad, esta última es siempre la pregunta fundamental.

Y comprendemos: el Estado es el andamiaje que hace posible la acción colectiva y materializa, en un verdadero proyecto democrático, la soberanía popular. Y sin un Estado fuerte, con capacidad de protección y de acción, la sociedad está siempre al borde de una distopía cruel: la ley del más fuerte —del más rico—aplastando vidas.

Y comprendemos también que los servicios públicos y sociales son el reflejo práctico de los derechos fundamentales. Y esos servicios, por tanto, no pueden ser un negocio, no pueden estar en manos privadas, no pueden someterse al mercado, porque tal cosa significaría renunciar a hacer efectivos los derechos fundamentales. Y que en una situación de emergencia sólo la integridad de esos servicios puede salvarnos.

Así como Eric Hobsbawm hablaba de un siglo XX corto (entre el inicio de la Primera Guerra Mundial y la caída de la Unión Soviética), ya no suena excesivo ni apresurado plantear que la pandemia del coronavirus —con su sincronía planetaria y sus inmensas consecuencias económicas, geopolíticas y culturales— puede ser el momento fundacional del siglo XXI. Quizás sólo ahora, en estos meses difíciles, la humanidad contemporánea empiece a estar de cara al futuro.

Quiero creer que si esta pandemia muestra el predominio de la política en la suerte y destino de nuestra especie, acaso salgamos de ella incluso con más fuerza y determinación para fortalecer lo público, tanto en la gran escala institucional —el Estado y los organismos multilaterales— como en la pequeña y cotidiana: las redes de solidaridad y la acción comunitaria. Y que sentiremos y reivindicaremos la Política, con mayúscula, en la mejor definición que he leído, la del helenista Pedro Olalla:

“La voluntad de todos organizada para combatir el egoísmo”.

Observatorio de Género del Nororiente Colombiano - OGNOC

8:09:00 p.m. Add Comment

El OGNO nace del proyecto Nuevas Masculinidades: Una mirada a los discursos y prácticas de los colectivos y líderes Estudiantiles de la Universidad de Pamplona, mediante el lenguaje como herramienta de investigación-acción. 

Por: John A.  Rojas Cabrera.

Es un mecanismo de seguimiento desde la perspectiva de género al cumplimiento de normas regionales, nacionales e internacionales vigentes relacionadas con la equidad de la mujer, la equidad de género, y las políticas públicas, planes y programas en la Universidad de Pamplona y el departamento de Norte de Santander. 

Tiene como visión conocer el impacto diferenciado que tienen sobre hombres y mujeres, con el objeto de hacer recomendaciones que contribuyan a eliminar las discriminaciones y a superar las inequidades de género que aún se presentan en este territorio. 

Su principal arma es la pedagógica, con está busca generar estrategias efectivas para prevenir la violencia, así como lograr un panorama general de acciones, territoriales de grupos feministas, de jóvenes, de nuevas masculinidades y organizaciones sociales en su lucha por despatriarcalizar la sociedad.


Objetivos

Investigar, documentar, sistematizar, analizar, promover, evidenciar y generar información sobre las distintas discriminaciones que se dan por razón de sexo, identidad de género u orientación sexual al interior de la Universidad de Pamplona, su localidad y departamento. De acuerdo a los ejes temáticos escogidos, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: Formativos, Estadístico, normativo, jurisprudencial, divulgativos y administrativo (políticas, planes y programas).

Ejes de acción

Divulgar a nivel local, regional y nacional la información recogida y generada por el OGNOC, contribuirá al fortalecimiento institucional de la equidad de género en la Universidad y el departamento de Norte de Santander. También permitirá formular recomendaciones en materia de políticas, planes, programas y normas, que contribuyan a cerrar las brechas de equidad de género en la región. 

Una de las funciones importante del observatorio es el seguimiento a las políticas públicas y sociales del Gobierno y asegurar de que se garantice la equidad social. Velar por el cumplimiento adquirido en el Acuerdo Nacional por la Equidad de las Mujeres, los procesos de género y la eliminación de la violencia contra la mujer y los hombres.

El Observatorio de Asuntos de Género, tendrá como plus diferenciados a otros los el fortalecimiento que le puede brindar la académica, está servirá como herramienta para educar e impartir y erradicar los estereotipos sociales construidos desde nuestra cultura y por el sistema patriarcal. Otro propósito es que el Observatorio haga seguimiento jurisprudencial y examine los procesos en asuntos de género; ejerza un control de las políticas, planes y programas públicos, y revise la parte económica, para conocer los presupuestos que se ejecutan en los programas estatales.

Además de hacer visibles las inequidades que se dan en las relaciones sociales entre mujeres y hombres, el Observatorio presentará estadísticas e indicadores sobre el tema, publicará un boletín periódicamente y hará recomendaciones a Instituciones privadas y publicas del departamento. 

Espero que las dependencias encargadas del tema de la Universidad de Pamplona, las Instituciones municipales y departamentales y los procesos de género a nivel nacional, comprendan las necesidades  e importancia de institucionalizar y  contar con un observatorio de género en el departamento de Norte de Santander que trabaje y contribuya al desarrollo del territorio y aporte a la igualdad a nivel nacional. 

#OGNOC #NuevasMasculinidades #Pamplona


¿Por qué los Estudiantes salimos a marcha el 10 de octubre?

11:17:00 a.m. Add Comment

La educación pública en nuestro país atraviesa un período crítico. El arma de nosotros los jóvenes de bajos recursos económicos para lograr nuestros sueños de ser profesionales son las capacidades intelectuales y la universidad pública.  

Por: John A. Rojas / Democracia en la Red

Debemos recordar que según la (OCDE, 2016) para que un país se desarrolle necesita al menos dos elementos: Educación Superior y Empleo y en esto, estamos reprobando.

Es que nuestra lucha no es por perder el tiempo o porque no queremos estudiar como dicen algunos por ahí.  El déficit de las universidades públicas crece a pasos agigantados. Hoy, el déficit histórico es de $3,2 billones en funcionamiento y $15 billones en inversión (construcción, mantenimiento y recuperación de infraestructura).

Si analizamos las causas, nos remontaríamos a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992. Allí se determina que los presupuestos de las universidades nacionales, departamentales y municipales estarán constituidos por aportes de los entes territoriales, recursos y rentas propias de cada institución y aportes del presupuesto nacional para funcionamiento e inversión. La suma de todos esos recursos no debe ser menor al IPC anual.

A esto sumémosle que la universidad crecería a un ritmo más acelerado de lo que crece el IPC. Cuando se creó la Ley, había unos 150 mil estudiantes en universidades públicas, hoy existen más de 600 mil. Esto se traduce en que se multiplicó por cuatro el número de estudiantes mientras que los recursos se disminuyeron a la mitad.

Aunque las fuentes de recursos públicos para la educación superior son varias (el Ministerio de Educación Nacional, los departamentos, los municipios, el SENA, el Icetex y el Sistema General de Regalías), solo se logra cubrir una mínima parte de la demanda existente.

En ese orden de ideas, salimos a marchar porque urge una reforma a estos artículos de la ley 30 de 1992, por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior.  También luchamos por el aumento a 4,5 billones el presupuesto para la universidad pública, la reliquidación de todas las deudas de ICETEX a 0% interés, así como la condonación de los estudiantes de Ser Pilo Paga aún si han desertado del programa, congelar el aumento de matrículas de las IES de carácter privado, aumento de asignación del 100% para Colciencias y la  derogatoria de la ley 1740 (inspección y vigilancia) y del Decreto 1280 en tanto normativas que cercenan la autonomía universitaria,  entre otras luchas.

La carrera es dura, y quizás deberíamos preguntarnos, ¿Cómo podemos fortalecer la universidad pública? algunos rectores y nosotros los estudiantes proponemos modelos para poder financiar la universidad pública y fortalecerla, estas acciones se pueden implementar desde ya y serían alternativas muy aterrizadas para enfrentar lo que hoy se vive al interior de ellas.

1. Una reforma estructural a la ley 30 de 1992. Se necesita entonces una reforma a la ley 30 que proporcione mayores recursos, más fuentes de financiación, teniendo en cuenta el crecimiento actual de cobertura y una mayor proyección a futuro para garantizar educación de calidad que permita a la universidad pública fortalecerse.

2. Incentivar la calidad y la investigación.  En la actualidad se está hablando de las industrias basadas en la innovación y creatividad, es importante por lo tanto fortalecer la investigación y tecnología, pero además de necesitar inversión.

Según expertos señalan que se necesitan acciones concretas como:
·       Crear políticas de Estado a largo plazo que fortalezcan la ciencia y tecnología.
·       Incrementar la inversión en ciencia, tecnología e innovación, por lo menos alcanzar el uno por ciento del PIB en el corto plazo y llegar al dos por ciento en el mediano y largo plazo.
·       Fortalecer la institucionalidad. Necesitamos un órgano independiente que sea rector de este tema, Colciencias ha sido fundamental, pero se le debe dar mayor autonomía.
·       Coordinación entre los diferentes entes que generan investigación.
·       Articular con la empresa privada la financiación de proyectos de investigación.

3. Eficiencia en el manejo de los recursos.  Si bien a las universidades públicas les falta presupuesto, el asignado debe tener una distribución corresponsable, eficiencia en la administración y adecuado manejo del gasto, para la sostenibilidad del sistema.

Las marchas y reclamos que hemos venido haciendo no fueron y serán solamente las del 10 de octubre. Seguiremos exigiendo “Educación Superior para todos, universidad gratis y pública que nos permita construir con nuestros proyectos de vida y soñar con mejores posibilidades para nuestras comunidades y familias”.


No hay quien continúe la peatonalización de la carrera séptima

5:42:00 a.m. Add Comment

Ningún socio estratégico del consorcio Peatones Go logró la cesión del contrato. Comercio cayó 34 %.

Por: Hugo Parra Gómez / El Tiempo


La II fase de la peatonalización de la carrera 7.ª de la avenida Jiménez a la calle 26 se volvió una papa caliente para el Distrito. 

Hasta el momento no se ha podido conseguir una firma constructora que cumpla con todas las exigencias legales para la cesión del contrato tras el fracaso del consorcio Peatones Go, que se declaró con líos financieros para terminar el proyecto.

Por lo menos cuatro firmas habrían presentado documentación técnica, legal y financiera, pero a última hora ninguna ha podido cumplir. Ni siquiera pudieron entrar los socios estratégicos que anunció Peatones Go para inyectarle capital a su empresa.
El tiempo va pasando, y, si no hay quien asuma la cesión de ese contrato –que hoy va en 47.000 millones de pesos, incluida la interventoría–, el camino que le quedaría al IDU es declarar la caducidad y volver a sacar la licitación. Si esto llega a pasar, antes de mitad del 2019 no estaría terminada.

La II fase de la peatonalización es un relicario de problemas. Según la directora del IDU, Yaneth Mantilla Barón, la obra se contrató en el 2015, “y cuando llegamos le faltaban nueve estudios para su construcción y fue necesario suspender este proceso”.

El plazo inicial en ese entonces fue de 24 meses, pero la obra en realidad arrancó el abril del 2017 con un nuevo plazo: 39 meses.
Después de adiciones y prórrogas, la realidad de hoy es que no hay ni un solo obrero en la vía. El estado actual es que la 7.ª tiene un atraso superior al 24 por ciento, el avance no es mayor del 61 por ciento y está por salir la sanción a Peatones Go por incumplir con el cronograma de obras y la entrega de informes.

Para este viernes está programada la audiencia de notificación de la multa a ese consorcio. Se estima que estaría entre los 2.000 y los 3.000 millones de pesos.

“Estamos trabajando incansablemente con la compañía aseguradora para encontrarle una solución a este problema.
 Entiendo perfectamente la indignación de todos los comerciantes y residentes, pero seguiremos trabajando y buscando la solución para que se siga construyendo la fase II de la peatonalización de la 7.ª”, dijo la funcionaria.

Entre tanto, la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco Bogotá) realizó un sondeo en los establecimientos y encontró que para el 84 por ciento de los comerciantes, las ventas en esa zona de la Jiménez a la 24 han disminuido en un 34 por ciento en promedio. 
“Los sectores más afectados son restaurantes, almacenes de vestuario, textiles o confecciones y accesorios; los días más críticos son viernes, sábados y domingos. El 71 por ciento de los encuestados perciben que el nivel de afluencia de personas en la zona ha disminuido”, señala el gremio.

Los comerciantes temen que llegue la temporada de fin de año y siga invadida, en obra gris y sin clientes.
A esto se suma la denuncia de los trabajadores de la obra, en especial de nivel técnico y profesional, por el no pago de sus salarios durante los últimos dos meses de trabajo, la liquidación y las indemnizaciones. Varios de ellos hablaron con este diario e informaron que fueron citados por Peatones Go a las 10 de la mañana de hoy para pagarles.

Por si fuera poco, la I fase de la peatonalización que se hizo en la pasada administración, desde la avenida Jiménez hasta la plaza de Bolívar, también tuvo problemas similares con el contratista PV Ingeniería. Y ya han pasado tres años de esta administración, y aún no se ha podido recibir por presunto incumplimiento.

Fiscal General de Colombia oculta bienes y fondos en España con una empresa fachada panameña de su propiedad

4:50:00 p.m. 2 Comments

Para esta investigación, durante tres meses fue entrevistada una veintena de personas en Madrid y Bogotá, quienes pidieron provisionalmente el anonimato. El artículo, de la fuente original, fue bloqueado inexplicablemente.

Por: Gonzalo Guillén / La Nueva Prensa

MADRID (España). El Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, oculta bienes y fondos en España al amparo de una empresa panameña de la que es dueño con su núcleo familiar. Se llama Amanda Advisors S.A., posee el cien por ciento de las acciones, todas al portador, por lo que su nombre no figura en ellas ni las ha declarado ante las autoridades tributarias colombianas.

Los bienes hasta ahora detectados en España son un lujoso apartamento en Madrid, valorado en cerca de tres millones de euros, así como fondos bancarios en el Banco de Santander, recibidos, mediante transferencias provenientes presuntamente de paraísos fiscales, indicaron fuentes judiciales españolas.

Martínez Neira adquirió en Panamá la empresa de fachada Amanda Advisors S.A., creada en octubre de 2007 por la firma de abogados de Ciudad de Panamá Rosas & Rosas, cuya actividad es similar a la de Mossack Fonseca, famosa desde cuando su gigantesco banco de datos y actividades fue hecho público mediante filtraciones que recibieron la Red de Periodismo de Investigación Estructurado y Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, con lo cual más de cien medios de comunicación publicaron centenares de historias apoyadas en varios millones de documentos sobre el funcionamiento del bufete entre los años 1970 y 2015. Esto desató el escándalo mundial –todavía en efervescencia– conocido como “Panamá Papers”.
Amanda Advisors S.A. no ha sido inscrita en el Registro Único Empresarial y Social de las Cámaras de Comercio de Colombia.

Rosas & Rosas ha sido judicialmente señalada de blanquear fondos negros de la constructora Odebrecht con el objeto de pagar sobornos alrededor del mundo, como lo revelaré en un reportaje que verá la luz después de este.
Amanda Advisors S.A., la empresa del Fiscal colombiano, fue registrada en la Notaría Décima del Circuito de Ciudad de Panamá por Eliseo de León y Elisa Edghill. Sus directores son tres compañías de islas vírgenes británicas, a saber: Fairfax Invest Corp., Pointview Financial Limited y Ultra Mega Development S.A. (estas tres últimas tienen una misma dirección en las Islas Vírgenes Británicas).

La mencionada Ultra Mega Development S.A. fue reemplazada en la directiva de la firma del fiscal Martínez Neira por HBM B.V.I LTDA, representada por Rosas & Rosas Abogados.
Eliseo de León, Elisa Edghill y las tres firmas de las Islas Vírgenes Británicas también figuran en los documentos notariales de fundación y existencia de la firma Winter Blue S.A. (creada por Rosas & Rosas). Respecto de esta, una investigación del diario de Argentina Clarín descubrió que su dueño es el ex jefe de Aduanas de Buenos Aires Eduardo Bernardi y la utilizó para esconder de las autoridades tributarias al menos medio millón de dólares. (ver). Bernardi fue juzgado y condenado por la justicia argentina bajo el cargo penal de blanqueo de dinero.

Aparte de los registros notariales correspondientes, la similitud de la ficha directiva simple de Winter Blue S.A., del argentino Bernardi, y Amanda Advisors S.A., del Fiscal Néstor Humberto Martínez, saltan a la vista:
Amanda Advisors S.A. fue creada –repito– por Rosas & Rosas e inscrita en 2007 con el número de asiento 187053.
Elisa Edghill, quien figura en las empresas del argentino y en la del Fiscal General colombiano, aparece en la misma posición en otras 5.308 sociedades panameñas y 4.845 directorios de firmas fundadas en Panamá. Algo parecido ocurre con Eliseo de León.

Rosas & Rosas y sus tres firmas radicadas en Islas Vírgenes Británicas (inscritas como directores de la empresa del Fiscal Martínez Neira) figuran en un escándalo de lavado de activos y evasión que se desató en Gran Bretaña, cuya cabeza principal es el empresario Derek James Tiney, quien recibía, al parecer, fondos negros de Odebrechet.
En cuanto a la firma offshore del Fiscal General colombiano, Amanda Advisors S.A., fue inscrita en Ciudad de Panamá con un capital social autorizado de US$ 10 mil, dividido en 10 mil acciones comunes al portador, todas con iguales derechos y privilegios. Cada una vale un dólar. Con esta estructura el dueño de los bienes de la empresa es quien posee sus acciones al portador (en este caso Martínez Neira y su familia nuclear), con lo cual consigue evitar que figuren a nombre propio.
Expertos explicaron que Martínez Neira y su núcleo familiar encuadran en el concepto jurídico de “beneficiario real”, desarrollado por la organización no gubernamental alemana Transparencia Internacional, consagrada a la promoción de medidas contra crímenes corporativos y corrupción política en el ámbito internacional. Se fundó en 1993 y publica anualmente el índice de Percepción de Corrupción, una lista corporativa de corrupción a nivel mundial.

Lo mismo que en España, el precepto de “beneficiario real” lo acogió por primera vez en Colombia la Superintendencia Financiera y luego se hizo reglamentario.

Offshore es el término usado en el mundo de las finanzas y el derecho para describir los paraísos fiscales o guaridas fiscales (en inglés tax haven, “refugio fiscal”)​. Son utilizados para eludir el pago de impuestos, así como gozar de secreto bancario para evadir y eludir impuestos y blanquear y ocultar capitales.

Llama la atención que el capital autorizado de Amanda Advisors S.A. –la firma offshore del Fiscal Martínez Neira– sea de US$ 10 mil y al mismo tiempo esa firma posea en España un bien valorado en cerca de tres millones de euros, más fondos por una cantidad no especificada.

La información referente a la constitución, existencia y tradición de Amanda Advisors S.A. fue adquirida legalmente en Panamá por este periodista a través del servicio Dato Capital.

El apartamento de Néstor Humberto Martínez Neira y su núcleo familiar en Madrid, España, (puesto a nombre de Amanda Advisors S.A.), está situado en Calle José Ortega y Gasset, número 17, piso cuatro B, puerta izquierda.

La inscripción en el municipio de Madrid corresponde a finca raíz y tiene el “número 14492 Indufir: 28088000019716”. El apartamento fue adquirido en 2014 por medio de compraventa y pagado con un cheque contra una cuenta bancaria española.
La descripción oficial del apartamento respecto a su ubicación y tamaño, es esta:

Por medio de dineros de Amanda Advisors S.A. situados en España, el Fiscal Martínez Neira y su núcleo familiar cubren los gastos de propiedad y uso del apartamento de la exclusiva calle Ortega y Gasset.

Este periodista conoce el nombre –pero no lo revela, por ahora– de la intermediaria (esposa de un destacado diplomático) que buscó esa propiedad raíz por petición expresa de Martínez Neira. Luego, cuando el Fiscal colombiano encontró que era de su agrado y la eligió, ella se la vendió.

El propietario anterior era Isabel Rúa Figueroa-Ortiz, viuda del periodista Salvador López de la Torre, quien falleció el 2 de febrero de 2011. El apartamento no tiene empadronamiento debido a que, según se explicó en el ayuntamiento de Madrid, “pertenece a extranjeros”.

En la conserjería del edificio número 17 de la calle Ortega y Gasset, en cuyo primer piso se encuentra una tienda de la perfumera y joyera italiana Bulgari, se informó que, en efecto, el piso 4, sector B, puerta izquierda, es del colombiano Néstor Humberto Martínez Neira, quien, por cierto, la semana pasada lo visitó durante el viaje oficial que lo llevó con su esposa a Madrid y Londres.

Para esta investigación, durante tres meses fue entrevistada una veintena de personas en Madrid y Bogotá, quienes pidieron provisionalmente el anonimato. Dijeron saber con certeza que el apartamento en cuestión es de Martínez Neira. Varias de ellas indicaron que han estado como invitados en esa propiedad, así como en otras dos –dijeron algunos–, situadas en París y Nueva York.

El Fiscal General Martínez Neira fue invitado a dar su versión de los hechos por medio de un correo electrónico enviado a la jefatura de prensa de la Fiscalía General de la Nación. No respondió.

Consulta anticorrupción y reforma política

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La invitación es a ver la Consulta y el paquete legislativo adelantado por el gobierno como medidas complementarias. Aquellas propuestas en la Consulta acercan la política y los políticos al ciudadano común y permitiría hacerles un mayor seguimiento a los dineros del presupuesto de inversión.

Por: Jorge Andrés Varela / Semanario Caja de Herramientas

La reciente ambigüedad del Centro Democrático [CD] respecto a su apoyo a la Consulta Anticorrupción ha generado confusión entre sus votantes, fundamentales para que la consulta alcance los dos tercios del censo electoral necesarios para la consideración de los votos alcanzados por cada una de las preguntas. Por un lado, el recién posesionado presidente por el CD, Iván Duque, ha declarado públicamente que apoya la Consulta. 

La bancada del CD, en contraste, ha enviado mensajes profundamente negativos sobre ésta. El presidente del Congreso y miembro del CD, Ernesto Macías, ha declarado públicamente que “la consulta anticorrupción no es lo que el país necesita”, para luego aseverar que saldrá a votarla2. En los videos filtrados de la reunión posterior al evento principal de la posesión del presidente Duque, el expresidente Álvaro Uribe celebraba que durante su discurso Duque no hubiese mencionado la consulta. 

Entre los argumentos más utilizados por los miembros del CD para deslegitimar la consulta destaca aquél que sugiere la inutilidad de ésta debido a la agenda legislativa recientemente presentada por el nuevo gobierno. El paquete anticorrupción presentado por la ministra del Interior está compuesto por tres actos legislativos y dos proyectos de ley. El ciudadano común y, de manera particular el votante fiel del CD, arguye la inutilidad de gastarse alrededor de 300 mil millones de pesos en una consulta que a su parecer ya está contenida en el paquete legislativo del actual gobierno. Vale la pena entonces entrar en el detalle de las coincidencias y distancias entre ambos.

Las coincidencias

Los puntos de la consulta que contiene el paquete inicial de reforma liderada por el gobierno son tres: utilización de pliegos tipo para todo proceso de licitación pública, correspondiente a la pregunta número tres de la consulta; la limitación a tres del número de períodos que una persona puede desempeñarse por elección popular en el mismo cuerpo colegiado, correspondiente al punto siete de la consulta; y, finalmente, el carácter público de la declaración de renta de los funcionarios públicos, correspondiente al punto seis. 

Este último, sin embargo, fue retirado por el gobierno debido a que la redacción del proyecto de acto legislativo se prestaba para ser interpretada como un impedimento para que desmovilizados tanto de la guerrilla como de las antiguas autodefensas pudiesen ser contratados por el Estado, poniendo en jaque la reintegración de los mismos en la vida civil. Adicional a estos tres puntos de coincidencia, el gobierno presentó un proyecto de acto legislativo que pretende la imprescriptibilidad de los crímenes en contra de la administración pública e impulsa el cierre de listas para corporaciones públicas en su reforma política.

Los argumentos presentados tanto por el gobierno como por los promotores de la consulta coinciden en que la limitación del número de períodos por corporación apunta a la consolidación de nuevos liderazgos y a la apertura política. En el caso de la exposición de motivos presentada por el gobierno, además, insiste en que esta medida puede ayudar al fortalecimiento de los partidos políticos y a la despersonalización de la política, aspecto que coincide con la agenda de fortalecimiento parlamentarista por la cual ha optado el sistema político colombiano desde, por lo menos, la reforma de 2003 y que se verá reforzada por la adopción del Estatuto de la Oposición, aspecto que desarrollaremos posteriormente. 

Por lo pronto, la experiencia histórica nos ha demostrado que una medida de este calibre adoptada de manera aislada es insuficiente para resquebrajar las microempresas electorales en que se han convertido muchas campañas y grupos políticos. El ejemplo claro es por supuesto la parapolítica, que nos ha demostrado que a través de la salida de la arena electoral de quienes encabezan dichas microempresas electorales no implica realmente su muerte política, pues logran mantener sus redes clientelares a través de interpuesta persona, y muchos menos implica la democratización de la política a nivel territorial. Esto no quiere decir, evidentemente, que no se trate de una medida importante. Como argumentaremos más adelante, dicha medida, en caso de ser aprobada, debe entenderse en interacción compleja con el Estatuto de Oposición y la eventual aprobación de las listas cerradas.

Respecto al punto sobre los pliegos tipo, la propuesta tanto de la consulta como del gobierno busca estandarizar las condiciones de licitación pública a todos los niveles territoriales debido a que, como se señala desde la campaña de la consulta, más del 80% de los contratos son adjudicados de manera directa o en licitaciones de un solo proponente3. De esta manera se busca que no haya manipulaciones para favorecer particulares en los procesos de licitación pública. La medida se torna fundamental a nivel territorial pues permitiría una mayor posibilidad de fiscalización de la contratación por parte de la opinión pública y de la ciudadanía, y permite hacer más expeditas las intervenciones preventivas o interventoras de los órganos de inspección y vigilancia4.

Las distancias

A pesar de estas coincidencias importantes, la Consulta plantea una serie de temas adicionales que se escapan al paquete legislativo del gobierno. Estos temas no son menores y hablan de un cambio en la cultura política colombiana. El más polémico es sin duda la reducción de salario de los congresistas y aquellos altos funcionarios mencionados en el Artículo 197 de la Constitución Política. Los promotores de la consulta han sugerido que dicha medida es más bien una medida de equidad debido a que en términos proporcionales los salarios de los congresistas son alrededor de 40 veces el salario mínimo. La pregunta no ha estado exenta de críticas pues se arguye que, dada la mención del Artículo 197 de la Constitución, esta pregunta cambiaría el régimen de salarios, por ejemplo, de la Rama Judicial y de altos funcionarios de los organismos de control, generando un incentivo negativo para los profesionales mejor preparados. Además, la reducción de salarios no tendría mayor impacto en la reducción de la corrupción. Tampoco ha ayudado a su clarificación el hecho de que en ciertos escenarios los promotores hayan defendido la pregunta señalando que durante la reglamentación en el Congreso se dejaría claro que únicamente la reducción afectaría a los congresistas. Es de destacar, empero, que la pregunta abre el debate sobre la necesidad de establecer reglas claras y proporcionales en la asignación de altos funcionarios del Estado, pues la brecha entre los representantes y los representados tenderá a aumentar.

Por otro lado, la Consulta es mucho más poderosa en términos de los mecanismos de rendición de cuentas, fiscalización ciudadana y acercamiento entre congresistas y electores. El punto cinco de la Consulta obliga a estos a rendir cuentas anuales sobre su desempeño. Esta medida desfavorece poderosamente a aquellos congresistas que no participan en los debates y que no cumplen con sus funciones legislativas y de control político debido a que tienen maquinarias lo suficientemente aceitadas como para asegurar su reelección sin necesidad de obtener votos de opinión o de mostrar un cumplimiento sobresaliente de su labor. Además, se sostiene el punto que obliga a hacer públicas las declaraciones de renta e inhabilidades de los congresistas. Todo esto permite que el ciudadano de a pie entienda con mayor detalle las tareas adelantadas dentro del Congreso y que pueda exigirle resultados a quien le representa.

El punto cuatro de la Consulta continúa con esta lógica de mayor rendición de cuentas y fiscalización ciudadana. Éste nos plantea la obligatoriedad de audiencias públicas para la priorización y el desglose del presupuesto de inversión a nivel nacional y territorial y obliga a la rendición de cuentas sobre la ejecución del mismo. Este aspecto es fundamental pues los dineros del presupuesto de inversión muchas veces terminan en manos de contratistas que a su vez financian campañas políticas, en algunas ocasiones sin que la comunidad vea la efectividad de la inversión pública. Bien aplicada esta norma, de manera indirecta pondría ciertas limitaciones a la entrada de grandes cantidades de dinero a las campañas políticas, fomentando así la competencia y reduciendo sus costos. En términos más evidentes, le permitiría a la ciudadanía hacer seguimiento a la ejecución de obras que favorecen a su comunidad.

Finalmente, hay un paquete de medidas punitivas dentro de la Consulta que buscan evitar que quienes sean encontrados culpables de corrupción no puedan recibir reclusiones especiales ni contratar de nuevo con el Estado. La herramienta fundamental que la pregunta dos le daría al Estado sería la posibilidad de finalizar contratos unilateralmente y sin indemnización a quienes sean condenados por corrupción.

Un cambio de prácticas políticas, a modo de conclusión

Hay un aspecto que poco se ha mencionado de la consulta y del paquete legislativo que vale la pena mencionar. Cuando se mira de manera global las propuestas de ambos y se ve en ellas su complementariedad, se puede entrever un importante cambio en la forma de hacer política la cual nos llevaría la aprobación de ambos. No se trata, como sugieren algunos artículos, de una cuestión de “populismo punitivo”5 inútil. Más que del aumento de penas, se trata de un asunto de prácticas políticas que llevarían a una mayor transparencia. Esto enmarcado dentro de la entrada en funcionamiento del Estatuto de Oposición.

Tanto para combatir la corrupción como para continuar con el proceso de implementación del proceso de paz, es necesario crear mecanismos que promuevan la democracia a nivel territorial, pues usualmente las élites locales y regionales logran atornillarse y reproducirse en el poder a través de prácticas como el clientelismo y el control de la contratación estatal. Con el Estatuto de Oposición en juego, a través del cual los grupos opositores recibirán espacios e incentivos económicos para entrar en el juego político, el fortalecimiento de los partidos políticos que se pretende a través del cierre de las listas, la renovación política pretendida a través del límite de número de períodos por corporación y los mecanismos de rendición de cuentas, fiscalización y participación ciudadana promovidos por la Consulta, sobre todo en cuanto al presupuesto de inversión referido en la pregunta cuatro, hay un potencial de transformación gigante en la forma de hacer política local, regional y nacionalmente. En conjunto, estamos al frente de una eventual reforma de gran calado, que permitiría el mayor interés de la ciudadanía, el fortalecimiento de los mecanismos de participación y una mayor cercanía entre representantes y representados.

De tal manera pues que no se trata de optar por uno o por el otro. La invitación es a ver la Consulta y el paquete legislativo adelantado por el gobierno como medidas complementarias. Aquellas propuestas en la Consulta acercan la política y los políticos al ciudadano común y permitiría hacerles un mayor seguimiento a los dineros del presupuesto de inversión. Sin este aporte fundamental, las propuestas del gobierno tenderán a ser insuficientes. Hay que aprovechar la oportunidad que nos abre la coyuntura histórica para tomar decisiones acertadas.

1 Catedrático de la Universidad EAFIT. Coordinador de Antioquia Visible. Opiniones personales.
2 Ernesto Macías, “La consulta anticorrupción no es lo que el país necesita”, en: El Espectador, 9 de agosto de 2018.
4 Nancy Patricia Gutiérrez, Proyecto de Ley no. 082 de 2018, Senado de la República de Colombia, p. 4
5 Farid Samir Benavides, “La Consulta Anticorrupción: más populismo punitivo”, en: Razón Pública, 13 de agosto de 2018.