Con poca información y menos preparación, el gobierno ya firmó 13 contratos para explotar petróleo con esta controvertida tecnología. Le explicamos por qué el remedio del fracking puede resultar peor que la enfermedad de la escasez petrolera.
El petróleo se está acabando en Colombia. El combustible que mueve la economía y abastece gran parte de las arcas del Estado está en vía de extinción. Según la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), las reservas actuales de crudo alcanzarán para cinco años más y, a partir de entonces, el país pasará de ser productor a importador. Ese hecho tiene al gobierno en una búsqueda desesperada por estirar esa cifra, incluso cuando los bajos precios han hecho caer la exploración y la producción.
Este panorama no es nuevo. De hecho, desde hace cuatro años Colombia le abrió la puerta al fracking, una controvertida técnica para extraer hidrocarburos de yacimientos no convencionales. Fracking, en lenguaje petrolero, significa fracturar capas de la tierra mediante agua a presión. Pero aquí la cuestión no es esta tecnología en sí misma, pues ya se ha utilizado en Colombia para mejorar el rendimiento de algunos pozos, sobre todo en los Llanos Orientales.
Lo nuevo es sacar petróleo de donde nunca antes se había logrado. A diferencia de los yacimientos convencionales, mucho más sencillos de explotar, con el fracking se trata de romper la roca madre de la tierra, a kilómetros de profundidad. Para lograrlo, las empresas inyectan a gran presión millones de litros de agua mezclada con químicos, para así extraer el petróleo o el gas atrapados en ella.
El fracking es producción de hidrocarburos a otra escala y magnitud. Según el Government Accountability Office (GAO), la oficina estadounidense que provee información científica al Congreso de ese país, la cantidad de agua usada en un pozo varía con la geología del yacimiento, pero en los no convencionales suele estar entre los 19 y los 46 millones de litros por pozo (una piscina olímpica tiene aproximadamente 2,5 millones).
Esta tecnología es objeto de un fuerte debate en todo el mundo, pues a ese uso intensivo de agua se suman el riesgo de contaminar acuíferos superficiales y subterráneos con materiales radioactivos y gas metano y el aumento de la sismicidad en los lugares donde se aplica. El martes 21 de junio, después de cuatro años de discusión, la coalición gobernante de Alemania acordó prohibir el fracking indefinidamente, aunque se permitirán perforaciones de prueba previo permiso de las autoridades locales.
Si el parlamento aprueba la ley, Alemania se sumaría a Francia en la prohibición de esta práctica. Incluso en Estados Unidos, país que logró su soberanía energética gracias al fracking y que ha servido de ejemplo para Colombia en esta materia, estados como Nueva York declararon una moratoria frente al tema y en las regiones que sí lo admiten se están multiplicando las evidencias de sus impactos negativos. (Vea también: Los ríos en llamas que traería el fracking a Colombia)
Un reciente artículo publicado en la revista Science afirma que en Oklahoma, uno de los estados que permite el fracking, los sismos entre 2008 y 2013 han aumentado 40 veces con respecto al periodo 1976-2007. Otro estudio, realizado por investigadores de la Universidad de Duke, reúne evidencias de contaminación de aguas subterráneas y superficiales por cuenta de fallas en los pozos y de la inadecuada disposición de las aguas residuales del fracking.
A pesar de estos precedentes, en Colombia hoy existen 13 contratos de exploración y producción para hacer fracking en yacimientos no convencionales ubicados en Norte de Santander, Santander, Cesar, Antioquia, Boyacá, Cundinamarca y Tolima. De ese total, seis bloques hacen parte de los Proyectos de Interés Estratégico para la Nación (Pines), lo cual quiere decir que están entre las prioridades económicas del Estado. Por eso reciben tratamiento especial para que sus procesos de licenciamiento, consulta previa y compra de predios sean más expeditos.
Según la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla), no hay solicitudes en curso para exploraciones de fracking. Esto se debe en gran parte a que el proyecto más avanzado, ubicado en San Martín y a cargo de la multinacional Conoco Phillips, lleva varios meses paralizado porque miles de habitantes de ese municipio del Cesar han impedido terminar el proceso de socialización requerido antes de solicitar la licencia ambiental.
Carlos Santiago, líder de la Corporación para la Defensa del Agua, el Territorio y los Ecosistemas, que agrupa a los opositores del fracking en San Martín, afirma que “en Cesar hemos sufrido el desabastecimiento de agua y no queremos que la que queda se utilice para el ‘fracking’. Esa tecnología es muy peligrosa porque le echa un montón de químicos al agua y además puede llegar a contaminar las fuentes hídricas subterráneas”.
Sin embargo, el gobierno está empeñado en convencer a los sanmartinenses, y de paso a todo el país, de que en Colombia se pueden aprovechar los beneficios del fracking sin sufrir sus probables consecuencias negativas. Argumenta que los recursos petroleros son necesarios para financiar la inversión social y el posconflicto, mientras que los riesgos se pueden manejar con una reglamentación rigurosa y un control estricto.
Reglamentación sin información
Desde 2012, cuando empezó a entregar en concesión los primeros bloques para fracking en yacimientos no convencionales, el gobierno empezó a construir una normatividad específica para esta actividad. Al efecto la ANH realizó cuatro talleres en los que participaron 24 conferencistas internacionales y 235 funcionarios de entidades nacionales y locales y algunos académicos. Y realizó tres visitas a campos en producción, una en Canadá y otras dos en Estados Unidos.
Así mismo, la ANH contrató al experto estadounidense David Neslin para que proporcionara las bases para la reglamentación técnica, los términos de referencia para los estudios de impacto ambiental y los requerimientos para los planes de manejo ambiental. Para el gobierno, como resultado de esa estrategia, Colombia cuenta hoy con una regulación soportada en el mejor conocimiento disponible acerca de las mejores prácticas internacionales en lo que a fracking se refiere. (Vea también: “Ante el fracking precaución”, dice la Asamblea Euro-Latinoamericana)
Sin negar la importancia de la experiencia de otros países, varios expertos y hasta la Contraloría General de la República coinciden en que la reglamentación colombiana se desarrolló con base en una precaria información sobre las condiciones geológicas e hidrológicas propias del país.
Por ejemplo, la Resolución 90341 de 2014 del Ministerio de Minas, que contiene los lineamientos técnicos para el fracking, cuenta con expresiones genéricas como “se estima que los yacimientos no convencionales se encuentran entre los 1.500 y los 2.400 metros de profundidad en Colombia, a más de 1.000 metros de donde se encuentran más comúnmente los acuíferos aprovechables para consumo humano”.
El geólogo Julio Fierro explica que a diferencia de Estados Unidos, donde las aguas subterráneas tratables tienen una profundidad máxima de 400 metros, en Colombia municipios como Tenjo se surten de aguas ubicadas a 1.500 metros y en la Orinoquia existen datos de aguas de muy baja salinidad a 2.000. “Aquí no existe un inventario completo de acuíferos, el Ingeominas tiene un Atlas de Aguas Subterráneas de Colombia pero está a escala 1:500.000 y solo cubre el 30% del territorio nacional”, afirma Fierro.
Algo parecido ocurre con la información sismológica del país, pues la cartografía geológica cubre apenas el 52% del territorio. Esta carencia se torna más delicada si se tiene en cuenta que en Estados Unidos, donde hay información detallada al respecto, no se ha podido establecer el grado de relación entre la inyección de los fluidos del fracking en el subsuelo y la ocurrencia de sismos.
Por esa razón, en 2012, la Contraloría emitió una Función de Advertencia y el año pasado, en un seguimiento a dicha medida, aseguró que la regulación sobre fracking “requiere mayores adelantos en materia de generación y aplicación de conocimiento técnico y ambiental local para evitar efectos negativos sobre los recursos naturales, el agua y la salud pública”.
En enero de 2014, la ANH firmó un convenio con el Servicio Geológico Colombiano para levantar la información de sismicidad y de geología estructural que permita generar el mapa sísmico del Valle Medio del Magdalena (en donde está San Martín). Así mismo, está en negociaciones con Colciencias para conseguir la información hidrogeológica en las regiones donde se encuentran los bloques asignados para fracking.
Mientras terminan esos estudios, la regulación para esta técnica en Colombia establece que las empresas interesadas en explorar yacimientos no convencionales deben proveer las líneas bases de acuíferos y de fallas geológicas en sus bloques. “El grado de desconocimiento es tan alto que primero se debió investigar y después sí hacer la reglamentación. Aquí se alteró el orden de esos factores y las consecuencias podrían ser irreversibles”, advierte Fierro.
¿Quién hace cumplir las normas?
A pesar de estos vacíos en la información, el gobierno afirma que Colombia tiene una de las regulaciones más estrictas del mundo para el fracking. Aun suponiendo que esto fuera cierto, está el interrogante sobre si el Estado es capaz de vigilar su cumplimiento. Y en este aspecto no parece haber razones para el optimismo, ni siquiera entre los que apoyan esta actividad. Según Édgar Aguirre, director de la Comisión Interinstitucional de Hidrocarburos, “los riesgos del ‘fracking’ se podrían reducir con un estricto seguimiento de las autoridades ambientales, pero desafortunadamente estas no tienen la capacidad de dar esas garantías”.
Para Carlos Vargas, profesor del Departamento de Geociencias de la Universidad Nacional, “el gobierno tiene en sus manos la posibilidad de equilibrar la necesidad de acceder a los recursos petroleros mediante el ‘fracking’ con una pertinente gestión ambiental. Pero con sus instituciones desarticuladas y concentrando sus acciones de forma asincrónica en tiempo y espacio, no podrá lograrlo en los tiempos que requiere la Nación”.
En la respuesta a un derecho de petición interpuesto por Dejusticia y WWF, el Ministerio de Ambiente afirma que el fortalecimiento institucional de la Anla es una de sus prioridades. Sin embargo, los recientes escándalos que protagonizó la entidad por el otorgamiento de licencias en lugares protegidos, sumado al incomprensible reversazo en el nombramiento de Rodrigo Suárez en la dirección, muestran que Anla todavía está lejos de merecer la confianza de la ciudadanía.
La complicada licencia social
En San Martín, Cesar, miles de habitantes se han manifestado en contra del proyecto de la empresa Conoco para explotar petróleo mediante el fracking.
Algo ha cambiado en la conciencia ambiental de los colombianos. Como nunca antes la sociedad, sobre todo urbana, parece más receptiva ante la importancia de cuidar el medioambiente. Las movilizaciones a través de redes sociales y en las calles de algunas ciudades cuando se conoció la licencia de exploración cerca de Caño Cristales o la intención de explotar oro en el Valle del Cocora muestran que hay una menor disposición a asumir los costos ambientales de un modelo de desarrollo basado en extraer los recursos naturales.
La actual crisis petrolera no se explica solo por la caída de los precios. Al país lo recorre una ola antiextractivista que se expresa en huelgas, paros, demandas, intentos de consultas populares, entre otras manifestaciones públicas. Las comunidades quieren tener mayor capacidad para decidir sobre sus territorios, y sentencias como la emitida por la Corte Constitucional en favor de la autonomía local han potenciado ese deseo.
Un claro ejemplo es San Martín, donde gran parte de la población se ha manifestado contra el fracking mediante el bloqueo de las áreas de trabajo de la compañía Conoco, con lo que se ha retrasado el avance del proyecto de exploración. A pesar de que allí han hecho presencia funcionarios de la ANH y de los Ministerios del Interior y de Ambiente, Carlos Santiago, el líder de los opositores al fracking en San Martín, afirma que está por comenzar un proceso de recolección de firmas para convocar a una consulta popular sobre el tema.
En Puerto Wilches y en Barrancabermeja, dos de los municipios de Santander donde también existen contratos de exploración para fracking, ya se registran las primeras manifestaciones de inquietud. En ambos casos, la incertidumbre frente a una actividad riesgosa se combina con la falta de confianza en las autoridades para manejarla.
Con este panorama queda claro que, por ahora, el camino que trazó el gobierno para expandir las menguantes reservas petroleras del país mediante el fracking está lleno de riesgos y conflictos. Todos los expertos consultados para este artículo coinciden en que incluso si se diera el escenario ideal de que todos los proyectos avanzaran sin inconvenientes y que el precio del petróleo hiciera rentable la explotación, el primer barril de crudo obtenido mediante fracking no saldría sino dentro de cinco años.
Esto significa que la discusión va más allá de la actual coyuntura, pues las determinaciones que se tomen ahora van a tener efectos a largo plazo. Por eso, la decisión de permitir o prohibir el fracking no debería depender de la voluntad de un gobierno, sino de un consenso de país. Nadie puede negar la importancia del petróleo en la vida cotidiana y creer que es posible superar esa dependencia de un momento a otro carece de sentido.
Colombia seguirá necesitando hidrocarburos, pero la pregunta es si el fracking es la mejor manera de conseguirlos. Los comprobados impactos negativos de esta técnica, sumados al poco conocimiento del territorio, la debilidad institucional y una opinión pública desfavorable, no permiten pensar en aplicarla sin causar graves daños ambientales y aumentar los conflictos sociales. Por esas razones, el remedio del fracking puede resultar peor que la enfermedad de la escasez petrolera.
