El futuro tras el desarme preocupa a los exguerrilleros de las Farc

En un campamento erigido sobre un prado verde como muchos de los que fueron sede del alargado conflicto colombiano, los integrantes del mayor grupo guerrillero del país y el más antiguo de Latinoamérica dejaron oficialmente sus armas el martes.

Por: Nicholas Casey y Joe Parkin Daniels / New York Times 

“Adiós a las armas, adiós a la guerra, bienvenida la paz”, declaró Rodrigo Londoño, alias Timochenko, el líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), ante los vitoreos de la multitud en el campamento de desmovilización. A unos pasos, los inspectores de misión de las Naciones Unidas cerraron la tapa de uno de los contenedores llenos de rifles que serán derretidos para construir monumentos.

Los exguerrilleros ya abandonaron también sus campamentos de batalla para quedarse en los de desmovilización, compuestos de tiendas de campaña y de páneles de yeso. En total, el último conteo fue de 7132 de estas.

Hasta el 1 de agosto seguirá habiendo algunos rifles en los campamentos por motivos de seguridad, dijo la ONU, y todavía están siendo examinados algunos acervos de armamento en el país. Aunque el desarme está, en su mayoría, completo.

Las Farc ahora tienen planes para convertirse en un partido político, como otros que han surgido en la región; entre ellos el FMLN de El Salvador, actualmente en el gobierno.

Por su parte, el gobierno colombiano debe enfrentar una serie de retos que emanan del acuerdo de paz con la guerrilla. Deben establecerse los tribunales especiales, por ejemplo, y reforzar el programa de subsidios a agricultores para la sustitución de cultivos ilícitos.

En el campamento de desmovilización, en el departamento de Putumayo al sur de Colombia, unos 500 exguerrilleros se quedaron contemplando su futuro después de la ceremonia oficial. Estaban atentos a las pantallas de sus teléfonos celulares, hablando con familiares por Facebook y WhatsApp, aplicaciones y redes sociales que muchos desconocían hace unos años.

Muchos rebeldes lamentaron que fuera tan tardado conseguir los materiales para el campamento; parece casi un sitio todavía en construcción en el que algunos rebeldes duermen en hamacas al exterior, como lo hacían en la jungla durante el conflicto. Si el proceso de construcción tardó tanto y aun así quedó relativamente incompleto, cuestionaron, ¿cómo será la implementación del resto de los acuerdos?

“La meta de terminar la guerra se ha cumplido, esencialmente”, dijo Cynthia Arnson, directora del programa para América Latina del Centro Woodrow Wilson. “La implementación del documento de más de 300 páginas, que tiene 100 diferentes programas y estrategias, es lo que será difícil”.

El desarme también les costó trabajo a los integrantes de las Farc, al menos emocionalmente.

Naida López, de 32 años, estuvo dos décadas en la guerrilla después de huir de su hogar cuando sus padres murieron en una operación militar. Dijo que entregar su arma y dejar su vida como guerrillera le costó mucho trabajo, porque eran sus mecanismos de autoprotección.

“Para cada guerrillero, su arma siempre ha sido el amigo más leal, el que siempre lo acompaña”, dijo. “Algunos hasta le ponen nombre al rifle”.

Naida tiene aprehensiones sobre qué sucederá ahora que los exguerrilleros deben depender del Estado para su protección. Hizo mención de la última vez que las Farc incursionaron en la política, con el partido Unión Patriótica; muchos de los integrantes fueron asesinados por grupos paramilitares a los que el gobierno no detuvo.

“Nos podrían matar uno por uno”, dijo Naida sobre los paramilitares que todavía existen.

Aunque las visitas de familiares y allegados les han dado algo de consuelo. Omaira Solarte, de 32 años, pudo ver a sus padres a finales de mayo por primera vez en 18 años, cuando se sumó a las filas de las Farc.

“Antes era difícil hablar con la familia, porque le delatabas tu posición al enemigo”, dijo.

Omaira planea sumarse al futuro partido político como una activista en las zonas rurales, quizá como promotora de la salud. Aunque le preocupan las condiciones del campamento de desmovilización; acusa que el gobierno no ha provisto a los excombatientes con los tratamientos médicos adecuados.

“Si nos enfermamos, nos dejan solos”, dijo. “Si así son las cosas ahora, ¿cómo será cuando ya no tengamos las armas?”.

Mientras que Gaitan Duke, exguerrillero de 33 años, dijo que sí ansía conocer el resto del país sin tener un rifle sobre el hombro, así como visitar a su familia y a comunidades indígenas.

Recalcó un mantra de varios integrantes de las Farc: la dejación de armas es solo un paso hacia una nueva lucha por la democracia colombiana.

“Estamos dejando las armas, pero seguiremos existiendo como un movimiento de carácter abierto y legal”, dijo.

El presidente Juan Manuel Santos recibió el Premio Nobel de la Paz por los acuerdos con las Farc, pero sigue siendo muy controvertido en Colombia. Los votantes rechazaron un primer pacto en un referendo; muchos están en contra del que un buen número de combatientes vaya a recibir amnistía.

El acuerdo revisado fue aprobado por el congreso sin el aval de la población en otra consulta y Santos, cuyo mandato termina el próximo año, ha sido criticado por la oposición política; en particular por quienes aseguran que las Farc no han entregado todas las armas y el dinero que tienen escondidos en la jungla. Algunos analistas concurren.

Sin embargo, la ceremonia del martes le permitió a Santos recordar a todos los colombianos lo esperada que ha sido la paz.

“Hoy Colombia tiene la mejor noticia en 50 años: las Farc dejan sus armas y la palabra será su única forma de expresión”, dijo Santos. “Sin armas, no somos más un pueblo enfrentado entre sí. Somos un pueblo avanzando dentro del cauce de la democracia”.

Farc: Ocho desafíos de la implementación

Pese a los avances incontrovertibles, con muchos efectos positivos, como el fin de los enfrentamientos con la Fuerza Pública y su impacto en la caída del número de homicidios, de la dejación de armas por parte de las FARC, de la clara decisión de dejar el uso de la violencia por esta organización y de transformarse en un movimiento político -objetivo básico de la terminación de un conflicto armado-,entre otros resultados evidentes, existen una serie de desafíos para el buen desarrollo del proceso de implementación de los Acuerdos.

 

Por: Alejo Vargas Velásquez / Alainet

Uno, los desafíos políticos, que se manifiestan en la polarización nacional existente sobre este tema, que es un obstáculo para construir los adecuados consensos que faciliten este proceso, incluidos los trámites legislativos y una gran dificultad para los necesarios y deseables procesos de reconciliación.

 

Dos, lo anterior, a su vez afecta la legitimidad social del proceso, que es indispensable para la implementación y para poder sortear las normales dificultades que conlleva.

 

Tres, los retos presupuestales, asociados a las dificultades en las finanzas públicas por las que atraviesa el país (caída de ingresos provenientes de las rentas minero-energéticas), todo lo cual incide en las asignaciones presupuestales para los distintos componentes de la implementación.

 

Cuatro, tiene que ver con la seguridad en los territorios y de las personas en los mismos. Normalmente se ha planteado que copar los territorios abandonados por las FARC –una vez se desplazaron a las zonas veredales transitorias- era una prioridad para la Fuerza Pública; pero, las múltiples voces que hablan de presencia de nuevos actores ilegales en esos territorios, nos estarían planteando que el copamiento de los mismos por la Fuerza Pública puede haber sido deficitario. En esencia se trata de construir Estado en esos territorios, que implique la presencia permanente del Estado en los mismos, que no es solamente la Fuerza Pública, es decir la faceta militar, sino además la ‘cara’ civil del Estado –educación, salud, justicia, solución de conflictos, etc.-. Dar repuesta pronta a este reto es fundamental para garantizar que la implementación de los acuerdos pueda tener un desarrollo adecuado y que no se van a generar o expandir otras modalidades delincuenciales.

 

Cinco, es un reto fundamental el indispensable incremento de la confianza mutua entre Estado e Insurgencia en proceso de reincorporación; es claro que vienen de ser los contradictores en la confrontación armada y que construir niveles de confianza es algo progresivo, pero igualmente básico no solo para que se puedan ir tramitando las dificultades y problemas que inevitablemente van surgiendo, sino para que puedan ser una especie de ‘aliados’ en la defensa del proceso mismo y de los beneficios para el conjunto de la sociedad.

 

Seis, una de las grandes preocupaciones, que se convierten en desafío, es la capacidad de gestión del Estado en su nivel nacional. La experiencia histórica muestra a un Estado eficaz en la formulación de propuestas –planes, programas, políticas-, pero muy débil para ejecutarlas y esto es estratégico para la implementación de los Acuerdos.

 

Siete, algo similar, pero por otras razones –debilidad presupuestal y de capacidades técnicas, clientelismo- se puede señalar de la capacidad de gestión, administrativa y técnica, a nivel territorial.

 

Ocho, por ello, la formulación y ejecución de buenas propuestas técnicas, especialmente en aspectos de desarrollo agrario y de desarrollo territorial, son sin duda retos importantes.

Día D+181 en la Zona Veredal Antonio Nariño

Los hombres y mujeres de las FARC viven en medio de la incertidumbre de los incumplimientos y las precarias condiciones de vida. Después de 6 meses, la Zona Veredal Antonio Nariño todavía no ha podido ser habitada.

Por: Alexandra X Gómez / Colombia Plural

Han trascurrido seis meses en la Zona Veredal Transitoria de Normalización (ZVTN) Antonio Nariño (Icononzo, Tolima), la más cercana a Bogotá. La zona de campamentos no ha sido terminada por lo que aún cerca de 300 guerrilleros y guerrilleras del Bloque Jorge Briceño de las FARC-EP se concentran aún en el punto de preagrupamiento. Ya se ha sobrepasado un día el cronograma inicial de dejación de armas y los combatientes señalan la precaria presencia institucional mientras desarrollan actividades proyectando la fase de reincorporación a la vida civil.

Construcciones precarias, alimentos escasos, atención médica insuficiente y falta de programas para la reincorporación han marcado estos seis meses en los que la implementación ha caminado con dificultad. Según lo acordado, en la Implementación del Acuerdo de Paz el día D+180 las FARC-EP culminaría la etapa de dejación de armas y marcaría la finalización de las 26 zonas veredales de normalización (ZVTN). Este cronograma fue modificado el 29 de mayo por 20 días para la entrega de armas y la permanencia de las FARC hasta el 1 de agosto en la ZVTN que, luego se transformarán en Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación.

Las condiciones

La construcción de infraestructura de la ZVTN Antonio Nariño estaba adelantada sólo en el 27% hasta el 7 de mayo, según el sexto informe del Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MM&V). “Hace menos dos meses larguitos se comenzó la construcción en serio. Se han construido algunas bodegas y 30 casas aproximadamente y aún no están adecuadas para ser habitadas. De parte de nosotros hemos reforzado los equipos que van a colaborar en la construcción, allí están trabajando cerca de 50 guerrilleros de lunes a sábado”, explica ‘Gregory’, integrante de la ZVTN Antonio Nariño.

Las casas tienen una planta de 6 x 4 (24 metros cuadrados) y están hechas en láminas de superboard, material que se utiliza para todos los espacios contemplados (bodegas y zonas comunes). El 2 de junio ya había encharcamientos en algunas de las edificaciones ya construidas, los desagües eran artesanales y el cableado eléctrico estaba expuesto. Las placas suberboard son materiales de una corta durabilidad y fueron contempladas inicialmente para los 180 días que tardaría la etapa de dejación de armas. Pero nadie se va a ir de acá, al menos de momento. “Nosotros nos vamos a quedar en la zona, ¿para dónde nos vamos a ir? no tenemos propiedades, no tenemos tierra, estas zonas son las que van a servir de ejemplo de una nueva manera de relacionarse. Que sí es posible generar entre las personas principios de fraternidad y de solidaridad”, añade Gregory.

En el punto intermedio del PTN, donde siguen habitando los guerrilleros, está ‘Jerónimo’ quien llegó a la ZVTN el 19 de enero. Tiene una niña de 10 meses que ya corre por el lugar donde su padre germina cilantro y donde hace dos meses sembró unos girasoles cuya altura ya rompe con los múltiples verdes del paisaje. “Estamos alistando el jardín para cuando nos entreguen la casita en el campamento”.

El Punto de Preagrupamiento está divido en tres espacios de concentración de ‘cambuches’, todos construidos con insumos propios de las FARC, quienes de manera provisional y artesanal han extendido la red eléctrica; el agua para el consumo se recolecta de la lluvia y se capta de un arroyuelo para luego distribuirla con mangueras a diferentes puntos. “Hay momentos que el agua no alcanza para que estemos bañándonos todos los días”, menciona una guerrillera. La carencia de agua potable ha generado casos de gastroenteritis. Hay una planta de tratamiento de agua que aún no ha sido instalada.

En el mes de abril, líderes de la vereda bloquearon por algunas horas el acceso a la ZVTN tras la inconformidad del estado de las vías porque, “cuando llueve, esto es un lodazal y con el paso de tanto carro hacia la Zona Veredal la carretera se ha deteriorado, el alcalde se comprometió arreglar pero con las lluvias el compromiso esta pospuesto”, expresa un conductor que transporta pasajeros hacia la ZVTN.

En estas condiciones, durante seis meses, han convivido los guerrilleros en el precario punto de preagrupamiento. En este tiempo han nacido nueve bebés y 14 mujeres están embarazadas. “A estos niños los hemos llamado la generación de la paz pero ni siquiera han tenido la posibilidad de crecer en unas condiciones dignas”, sostiene Gregory.

Un médico y una enfermera para 300 personas

El sexto informe del (MM&V) asegura que “actualmente todas las ZVTN/PTN cuentan con médico y enfermero”. El informe del 9 de mayo de seguimiento de veeduría del conjunto de organizaciones que conformaron el Diálogo Intereclesial por la Paz -DIPAZ a este PTN describe “que con medios propios las Farc-Ep han atendido 120 casos, de los cuales 87 requieren atención médica especializada, solamente tres han logrado salir de la zona por ser situaciones de urgencia. Se realizaron los trámites con la EPS Sumapaz, pero no se cuenta con una red de atención de tercer nivel. Varias de las solicitudes de atención no han sido respondidas. En la actualidad, las mujeres embarazadas tienen los controles de rutina, algunas requieren exámenes especializados que no han logrado realizarse y 40 personas en situación de discapacidad física a consecuencia de la guerra necesitan prótesis”.

La precaria provisión de alimentos

Fondopaz, a través de su operador, abastece mensualmente al PTN de granos secos y alimentos no perecederos y cada ocho días llegan las frutas y verduras, a esto se suma recientemente la entrega de alimentación infantil que no se tenía contemplada. El MM&V asegura que “se ha cumplido al cronograma de abastecimiento de acuerdo a lo programado y cuando se produce una variación o inconsistencia se reponen los productos a la brevedad”. Gregory da otra versión. Cuenta que “cada rato están cambiando las empresas de abastecimiento, la primera empresa que pusieron llegaba con una cantidad menor de la que se necesitaba, nunca nos dieron refrigero. En la segunda etapa, llegó otra empresa mejorando las condiciones y ahora lo que nos dicen es que ya se acabó el contrato y hace dos días [31 de mayo] que se venció el plazo de la llegada de los alimentos, es decir, en este momento estamos sin abastecimiento esperando que Fondopaz vuelva hacer una nueva adjudicación”.

DIPAZ señala en el informe “180 días hacia la vida civil” que “no existe hasta el momento una rendición de cuentas clara sobre la inversión de Fondopaz”.

Entre los integrantes de la ZVTN el tema de la dejación de armas se maneja con absoluto hermetismo -“los únicos autorizados para hablar de este tema son las personas del Secretariado”-. El informe de DIPAZ en terreno de seguimiento al Acuerdo de cese al fuego y dejación de armas señala que “hasta la fecha de la visita de verificación [9 de mayo] se había cumplido con el cronograma para la entrega de armamento”. Es decir se ha llevado a cabo la fase de registro de armas y por las condiciones actuales de infraestructura de la zona de campamento se infiere que aún no están los contenedores.

La reincorporación

El decreto ley 899 del 29 de mayo de 2017 por el cual se establecen medidas para la reincorporación de los integrantes de las Farc estipula las garantías para el acceso a la educación formal de los excombatientes. Estamos “preparándonos para la validación, homologación de saberes y de conocimientos porque se tiene que reconocer que no vamos a partir de cero, estamos en un proceso de diagnóstico y alfabetización entre nosotros mismos porque hay quienes quieren estudiar en la universidad y otros ingresar a las artes y oficios En las capacitaciones manejamos distintos horarios para quienes son mamás también puedan estar”, explica Valentina, coordinadora del programa de educación de la ZVTN.

Aunque la ZVTN Antonio Nariño no es beneficiaria del Plan de Bibliotecas Móviles que llegaron a las ZVTN, gracias a la iniciativa de la organización social COMPAZ y de algunos estudiantes, el PTN tiene una biblioteca de mil ejemplares con una bibliotecaria fariana que administra el uso y préstamo de los libros. “Durante la etapa de confrontación siempre llevábamos cinco libros entre literatura y política que cuidábamos como un tesoro y los íbamos rotando, ahora ya tenemos mil”, relata Valentina.

DIPAZ en su informe de veeduría comenta que “se observa con preocupación el limitado avance de las capacitaciones articuladas al proceso de reincorporación, y la baja presencia de instituciones del Estado: En la ZVTN no se ha podido iniciar el proceso formativo por falta de infraestructura básica”.

Mafias, conspiraciones y la "Coin"

Pablo Beltrán, jefe de la delegación de diálogo del ELN, pone en el centro del debate el siguiente interrogante: Si llegáramos a acordar un cese al fuego bilateral en la Mesa de conversaciones de Quito, ¿quién detendría las operaciones paramilitares?

Por: Pablo Beltrán / Rebelión

Es de conocimiento público que a las zonas de donde salieron las FARC están llegando paramilitares y al tiempo arrecian sus ataques contra territorios en donde está el Ejército de Liberación Nacional. Todos saben que estos escuadrones son el soporte de las mafias del narcotráfico y que el régimen les deja hacer su negocio a cambio de que hagan contrainsurgencia, en una réplica al modo de guerra usado por los Estados Unidos en Afganistán.

No es coincidencia que el comandante de la Brigada 17 del ejército estatal destacada en Urabá haya dicho en enero que sus tropas allá “ya no son la punta de lanza” y que enseguida se haya desatado la inundación de paramilitarismo en esa región y en el Chocó. La existencia de un plan único entre militares y paramilitares en esa región lo demuestra el que no tienen para mostrar un sólo combate entre ellos. Mientras esto ocurre la Fiscalía mira para otro lado, pese a las decenas de denuncias que las comunidades presentan sobre la generalización del paramilitarismo.

Producto de esta arremetida de operaciones paramilitares es que este año han asesinado más de medio centenar de líderes comunitarios, todos ellos vinculados a la protesta social y a la movilización de la gente a favor de la paz.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos -el principal aliado del Gobierno colombiano- afirma que existe “colaboración militar con grupos armados ilegales” en su Informe Anual sobre derechos humanos, dado a conocer en marzo de este año.

En estos primeros días de junio el general Naranjo, el Vicepresidente de Colombia, declaró que el Gobierno ya “no iba a proseguir diálogos” con la mafia más grande de Colombia, conocida ahora como el Clan del golfo. Las conversaciones que interrumpen estaban dirigidas a que estos paramilitares se acogieran a la justicia.

Mafias y contrainsurgencia

Es muy vieja la Triple Alianza entre los Gobiernos de EEUU, Colombia y las mafias para hacer contrainsurgencia. A ésta, en la jerga de los manuales militares estadounidenses, la llaman Coin.

La Coin inició de lleno como doctrina de guerra de la mano de J. F. Kennedy en 1962 y nos la envió a Colombia con el general Yarborough, quien visitó al país ese año para enseñar a los militares a “hacer acciones terroristas contra los comunistas” de manera encubierta y por medio de paramilitares organizados legalmente con tal fin.

Pablo Escobar entró en la Triple Alianza, en la década de los 80, lo que le permitió convertirse en el gran capo que fue. Su monopolio del narcotráfico democratizó el consumo de cocaína, porque en 1973 un kilo se vendía en los EEUU a 250.000 dólares. En 1980 el kilo había caído a 75.000 dólares y en 1990 costaba entre 25.000 y 32.000 dólares [1].

Al mismo tiempo el capo sirvió a las clases dominantes para ejecutar un genocidio de la izquierda colombiana, que exterminó a movimientos como la Unión Patriótica, el Frente Popular y A Luchar.

Cuando los paramilitares se desbordaron con la matanza de jueces en La Rochela, el 18 enero de 1989, el Gobierno se vio obligado a derogar las leyes que ordenaban la construcción de estos grupos.

El monstruo creado por la Triple Alianza también mató a candidatos presidenciales como Luis Carlos Galán, Pardo Leal, Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo. Por lo que el régimen creó otra Triple Alianza, esta vez con el cártel de la cocaína de Cali, para asesinar a Escobar, objetivo que logró en 1993.

Enseguida en 1994 inventaron otra ley para dar cobertura a la creación de los grupos paramilitares, bautizados por ella como Convivir. Los que sirvieron de base para que en Antioquia, siendo Álvaro Uribe el Gobernador del Departamento, surgieran como estructura nacional con la etiqueta de Autodefensa Unidas de Colombia (AUC).

La nueva Triple Alianza liderada por el clan mafioso de los Castaño Gil se ensañó de nuevo con las zonas y sectores de la oposición de izquierda, cometiendo un genocidio mayor y más atroz que el perpetrado en los 80.

Coincidió la declaración a finales de 2001 de las AUC como organización terrorista con el inicio del Plan Colombia, que buscó la reingeniería de las fuerzas militares estatales. Esta vez la Coin, tuvo el disfraz de “lucha antidrogas”, mediante la cual las ofensivas militares atacaban las base de la insurgencia mientras dejaba intacto y prosperando el noroccidente de Colombia, la zona de asentamiento de los paramilitares de extrema derecha y sus plantaciones de coca.

Cuando Álvaro Uribe ejerció la presidencia (2002-2010), el régimen se dio a la tarea de premiar a sus paramilitares, para lo cual creó en 2005 una justicia transicional que llamó “Ley de Justicia y Paz”. Uribe clasificó como sediciosos a estos grupos y les concedió un amplio indulto, del que quedaron 15.000 expedientes por sus crímenes de los cuales dos terceras partes inculpan a determinadores civiles -empresarios, terratenientes y banqueros- de estas bandas y sólo un tercio incrimina a militares y policías.

Se rompió esta Triple Alianza, cuando Uribe extraditó a  los EEUU, el 13 de mayo de 2008, a los 13 capos principales de las AUC. Uno de los extraditados gritó antes de subir al avión de la DEA: “HP nos traicionaron”.

Paz y nuevo genocidio

En la presidencia de Santos (2010-2018), éste buscó limpiar los estragos de la Triple Alianza, comenzando por desarticular la agencia estatal de espionaje (DAS), tomada por los paramilitares de extrema derecha y mafias, responsable de miles de asesinatos de opositores al régimen.

Pese a que Santos adelanta el proceso de paz con las FARC (2012-2017), la Marcha Patriótica, el movimiento político creado para apoyar este proceso, ha sufrido una persecución política idéntica a la de décadas anteriores que deja en estos 5 años el asesinato de 133 de sus militantes.

El régimen colombiano agrede con una tenaza a las fuerzas políticas alternativas que se le oponen y retan su monopolio del poder. Con el brazo legal las judicializa y criminaliza mientras el brazo ilegal, paramilitar, las extermina y amenaza con un nuevo genocidio.

Moraleja: cría cuervos...

J. F. Kennedy estaría cumpliendo 100 años de edad de no haberse echado de enemigas a las agencias de espionaje -la CIA, FBI y otras- y a sus socios, las mafias de su país, quienes adelantaron una conspiración que acabó con su vida en un atentado perpetrado en Dallas, Texas, el 23 de diciembre de 1963 en el que participaron 8 francotiradores a quienes pagaron sus servicios con heroína y que para encubrir el crimen debieron matar a más de 50 testigos [2].

Kennedy, el inspirador de la Coin, podría decirse que “fue víctima de su propio invento”. Perversidad que llevada a su máxima expresión mantiene a países como Afganistán y Colombia en el tope de producción de narcóticos y en el fondo de la crisis a sus sociedades. El Washington Post, a principios de los años 90, así entendía a la Coin y su Triple Alianza, como arma degradada de la Guerra Fría:

“La política de narcóticos estaba subordinada a la guerra contra la influencia soviética” [3].

La Triple Alianza también deja funestos resultados y valiosas enseñanzas en Italia, donde estudiosos, como Salvatore Lupo, profesor de la Universidad de Palermo, califican a “la mafia como una patología de la democracia” [4].

Volviendo a territorio colombiano hay que preguntar por el estado actual de la Triple Alianza y las elecciones aprendidas sobre esta arma de guerra para poder saber si algún día sus promotores van cesar en las operaciones paramilitares que de ella se desprenden... y si ya compararon las enseñanzas que extrajeron con el refrán popular que dice “cría cuervos y te sacaran los ojos”.

Notas

[1] Sergio Uribe Ramírez, investigador de la Universidad del Rosario, Bogotá.

[2] Teoría de la conspiración. Desconstruyendo un magnicidio: Dallas 22/11/63, libro de Javier García Sánchez publicado por la editorial Navona. Reseñado en "A Kennedy lo mató la mafia bajo la supervisión de la CIA y el FBI lo sabía semanas antes". RT, 31-05-2017.

[3] "De cómo una flor rosada ha derrotado a la única superpotencia mundial: La guerra del opio de EEUU en Afganistán". Alfred W. McCoy. TomDispatch.com. Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández, 27-02-2016.

[4] "Cómo está la Cosa Nostra 25 años después de los atentados que sacudieron a Italia y transformaron la mafia para siempre". Pablo Esparza. BBC Mundo. 2-06-2017.

Seis meses del Acuerdo Final: entre la estabilidad y la improvisación

No ha sido fácil desarrollar el Acuerdo de paz. Hay retrasos inexcusables y peligros al acecho. Pero también hay avances importantes y motivos para mantener el optimismo, en especial si se corrigen algunos errores.

Por: Katherine Aguirre Tobón / Razón Pública.

No alcanzaron seis meses

Se cumplieron seis meses de la firma del Acuerdo de paz con las FARC. La fecha del Día D +180 (mayo 31) marcaba un hito fundamental del avance del proceso. Sin embargo, el día pasó casi desapercibido.

Pero más allá de las críticas de la oposición y de las discusiones sobre la seguridad jurídica del proceso o sobre los incumplimientos de las partes, hay un hecho indiscutible: el cese al fuego se ha mantenido. Según el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC) no se han registrado ataques ni combates entre las FARC y la Fuerza Pública, de manera que no ha habido nuevas bajas y se han evitado cerca de 3 mil muertes con ocasión del conflicto.

Según el texto del Acuerdo de Paz, el Día D+180 debía marcar el fin de las zonas transitorias de normalización, así como la total dejación de las armas. Esto estaría acompañado con el fin del cese del fuego y el cierre definitivo de las confrontaciones entre el Estado y el grupo insurgente. Ante la imposibilidad de cumplir estas metas en el plazo definido, la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI), ha decidido posponer las fechas del D+180. Esto vino acompañado de una cascada de decretos presidenciales para “meterle el acelerador” a la implementación.

Junio 20 es la nueva fecha para concluir el proceso de dejación de armas, y el 1 de agosto se dará fin a la concentración de los miembros de las FARC para su posterior reintegración. El plazo para el desmantelamiento final de los campamentos ha quedado en tres meses. Este es el nuevo cronograma.

Semanas antes del “Día D +180” sorprendía la excesiva confianza del Estado y de la ONU en que los tiempos se podrían cumplir. Por eso esta declaración, aunque tardía, brinda cierta claridad sobre los pasos a seguir, aunque demuestra el alto nivel de improvisación de todo el proceso. Casos como el ingreso de infantes de marina a una zona en Guaviare, así como la captura de Yimmi Ríos en Bogotá demuestra como procesos básicos aun no están refinados, poniendo día a día en fuerte riesgo la delicada paz en Colombia.

La importancia del cese del fuego

 

Pasar este período significa que se ha superado el momento más crítico del post-acuerdo. La experiencia internacional ha mostrado que el riesgo de recaer en el conflicto es muy alto. Según algunos estudios existe un 50 por ciento de posibilidades que el conflicto se reactive durante la década siguiente. Este hecho se explica por las débiles condiciones de la paz debido a los asuntos de la agenda que aún  no hayan tenido pleno cumplimiento.

En el corto plazo son especialmente preocupantes las disidencias que aún conservan sus armas y su presencia territorial, así como las rupturas del cese del fuego más o menos intencionales por cualquiera de las partes.

Pero a pesar de algunas disidencias, durante los seis meses críticos que han transcurrido desde la firma del Acuerdo se ha mantenido el cese al fuego. Casi la totalidad de los combatientes y frentes de las FARC abandonaron el territorio para concentrarse en la zonas veredales. Este es el resultado más importante de este largo proceso: menos muertes, menos victimas de minas antipersonal, y menos heridos en las salas de los hospitales militares.

Aun con la importancia del cese a fuego, la declaración de la CSIVI no incluyó una mención concreta sobre la extensión del respectivo plazo. El cese no importa solo para garantizar la seguridad física de los miembros de las FARC en las zonas transitorias, sino para la estabilidad de todo el proceso en un momento tan crítico.

Solo el pasado 31 de mayo se registró un incidente cuando integrantes del cuerpo de  Infantería de la Marina ingresaron a una zona de normalización y un capitán del Ejército resultó herido. Este no es un incidente trivial que implica un simple error técnico, sino que pone en evidencia la tensión entre las partes y la fragilidad de la situación de seguridad en el terreno. Las FARC denunciaron que este incidente se dio después de constantes violaciones.

En el mismo sentido, el domingo 4 de Junio capturaron a Yimmi Rios, miembro de las FARC que se encontraba en Bogotá en diligencias relacionadas con la implementación del acuerdo. Esta situación evidencia la necesidad de aclarar la situación jurídica de los miembros de las FARC. Más allá de los elementos técnicos, se requiere un compromiso total de todas las entidades del Estado incluyendo la rama judicial. Este caso ha sido de tal gravedad que por primera vez, alias Timochenko amenazó aplazar la dejación de armas por este hecho. Cuatro horas después, Ríos fue dejado en libertad, con un anuncio formal del presidente indicando que la captura se dio por un problema en su identificación.

Las zonas dejaron de ser transitorias

Este aplazamiento se da en medio de impresionantes retrasos en la construcción de las zonas. Ahora se espera que este nuevo plazo por fin permita la adecuación de estos espacios, considerando que van quedarse por largo rato.

Días antes del  D +180, tanto el gobierno como la Misión de la ONU aseguraron que la fecha para la dejación de armas se iba  mantener. Estas declaraciones se dieron pese a la certeza de que los tiempos no iban a cumplirse. La nueva fecha es el 20 de junio, y nuevamente se declara que esta fecha es inamovible y que en ese momento se realizará el retiro de los contenedores con el armamento de las zonas.

También se dan tres meses más para completar el desmantelamiento de las más de 900 caletas declaradas por las FARC. Este proceso ha sido tan dispendioso que además de la extensión de los tiempos se ha visto la necesidad de la cooperación de la Policía y las Fuerzas Militares para su ubicación y destrucción del armamento.

Haciendo tiempo para la paz

Es importante que haya claridad sobre las verdaderas razones por las cuales se ha extendido la dejación de armas. Se ha dicho que la prórroga para entregar las armas se debe a la demora en el desplazamiento de los miembros de las FARC a las zonas de concentración, pero después se adujeron limitaciones logísticas. Sin embargo, dada la ausencia de información, es posible pensar que hay razones políticas y estratégicas que puedan explicar esta tardanza.

Es posible que las FARC no hayan avanzado de manera satisfactoria en el proceso de dejación de armas dada la inseguridad jurídica existente. Por ejemplo, el gobierno no ha logrado suspender las órdenes de captura y las amnistías para los miembros que están acreditados para continuar el proceso de reintegración. Y es difícil que los miembros del grupo dejen las armas cuando la contraparte no ha logrado garantizar los mínimos jurídicos y de infraestructura para la implementación del Acuerdo.

La prórroga del plazo para la dejación de armas vino acompañada de una carrera maratónica donde se produjeron 34 decretos presidenciales que buscan agilizar la implementación. Esto se puede ver como una respuesta del gobierno nacional a la necesidad de brindar seguridad jurídica, económica y física en el tránsito a la legalidad. También es una repuesta a la necesidad de acelerar el desarrollo de los acuerdos, teniendo en cuenta el reciente fallo de la Corte Constitucional con relación al fast track.

Sin embargo hay grandes dudas sobre la posibilidad de implementar todas las estrategias y programas que plante el Acuerdo de paz (más de 100). Existen tensiones y resistencias en el Congreso, así como en los territorios, los cuales tienen complejos poderes locales.

La llegada de esta fecha crítica en el proceso de ejecución de los acuerdos también dio un empujón a procesos sobre los cuales no se tenía ninguna claridad. Se ha brindado información sobre los proyectos relacionados con la reintegración social y económica de los miembros de las FARC, incluyendo proyectos productivos y apoyos para la reincorporación.

Por ejemplo, en los decretos que expidió el presidente la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas (ACR) se transformó en la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN). Esto aclara el diseño institucional para la reincorporación.

En este momento es fundamental hacer un balance entre declaraciones optimistas y la realidad. Los requerimientos y complicaciones para la entrega de cerca de 7.000 armas no deben desestimarse. Ahora se han dado 20 días más, con la esperanza de que en este tiempo pueda lograrse la entrega y retiro de todo el armamento. El proceso debe hacerse con el mayor cuidado posible para evitar casos que pongan en riesgo el cese a fuego y el mantenimiento de todos los protocolos.

Este aplazamiento fue corto para garantizar la legitimidad del proceso ante la opinión pública y los legisladores. Pero el respaldo público al proceso solo puede lograrse con información completa, clara y precisa, que permita dar cuenta del estado real de los avances y faltantes. Esto es fundamental para disipar las dudas y hacer funcionar este proceso y garantizar su estabilidad a largo plazo, con la vista en las elecciones de 2018.

Las Vicisitudes Del Proceso De Paz En Colombia

Lejos de la tranquilidad que muchos esperaron con el acuerdo firmado el 24 de noviembre en el Teatro Colón de Bogotá entre el presidente de la República, Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño, Timochenko, en representación de las FARC-EP el proceso ha estado lleno de problemas que comenzó justamente después de firmado inicialmente en la ciudad de Cartagena el 26 de septiembre del año 2016. 

Por: Pedro Santana Rodriguez / Revista Sur

El primer gran obstáculo sobrevino por el resultado negativo del plebiscito en que el Gobierno de Santos se empeñó en realizar para refrendar los Acuerdos que recordemos fue ganado estrechamente por el NO con una diferencia de 0.46 por ciento en contra del SI. Inmediatamente se inició un proceso de renegociación de los Acuerdos en que la oposición liderada por Álvaro Uribe Vélez presentó unas 60 enmiendas de las cuales fueron aceptadas unas 57 que en muchos aspectos desmejoraron el Acuerdo inicialmente pactado. Aún con todas esas concesiones Uribe se negó a respaldar el nuevo acuerdo y tildó las concesiones como menores.

Tres puntos no fueron aceptados pues constituyen el eje central del Acuerdo Final. El primero el establecimiento de un Sistema Integral de Justicia para la Paz y dentro de él un Tribunal Judicial nombrado por representantes de cinco instituciones tres internacionales y dos nacionales; el establecimiento de  penas restrictivas de la libertad sin cárcel para los actores armados que confiesen toda la verdad y concurran a la reparación de las víctimas. Este punto no fue aceptado por Uribe y sus aliados que exigían cárcel para los jefes guerrilleros y eliminación del Tribunal  de Justicia Transicional y en cambio Uribe propuso que concurrieran a los organismos judiciales ordinarios con penas privativas de la libertad de entre cinco y ocho años en establecimientos carcelarios.  Un segundo punto no aceptado por el Gobierno y las FARC-EP consistió en otorgar elegibilidad política sin restricción a los dirigentes guerrilleros. Uribe proponía que mientras cumplieran sus penas no podrían ser elegidos. Y finalmente Uribe proponía que en ningún caso el delito de narcotráfico fuera considerado como conexo al delito de rebelión. Estos puntos apuntaban a hacer inviable el Acuerdo. Así lo constato el Gobierno y una vez rehecho el Acuerdo se volvió a firmar como ya dijimos el 24 de noviembre y se sometió a consideración del Congreso que lo aprobó entrando en vigencia el 1 de diciembre de 2016. Con posterioridad la Corte Constitucional en fallo del 13 de diciembre encontró legítimo que el Gobierno hubiese acudido al Congreso para su aprobación.

Aprobado y legitimado el Acuerdo como hemos señalado se inició su implementación. De acuerdo con el Observatorio de Seguimiento e implementación del Acuerdo de paz¸ organismo autónomo de la sociedad civil que hace seguimiento a la implementación de los Acuerdos presentó  en Bogotá este miércoles 3 de mayo un informe sobre lo que va de su implementación. El informe sostiene que tan sólo 18 de 242 actividades analizadas en el marco de la implementación han sido ejecutadas, 62 están en ejecución, 49 por iniciar y 113 atrasadas. Los datos generales señalan, además, que el total de avance es tan sólo del 12,7%.

El informe de cuenta que en casos como el de la Reforma Rural Integral, el estado de avance es del 3,3%, en el desmonte del paramilitarismo es del 4% y en el de comercialización de cultivos es del 0%. En el frente legislativo se ha avanzado lentamente. A la fecha se han aprobado dos actos legislativos (el del Sistema Integral de Justicia para la Paz y el que otorga curules y estable medidas de favorabilidad política para las FARC); dos leyes que son a su vez La ley que otorga amnistía a los combatientes rasos no incursos en delitos de lesa humanidad y la que establece el Estatuto de la Oposición; cuatro decretos ley y ocho decretos ordinarios.

En términos generales el informe advierte sobre la necesidad de acelerar el paso para la implementación de los Acuerdos toda vez que los tiempos electorales pueden aún significar un terreno con mayores obstáculos para la implementación de acuerdos toda vez que en el mes de marzo se realizarán elecciones al Congreso de la República y en el mes de mayo del próximo año habrá elecciones presidenciales.  La aprobación de las leyes aún con el mecanismo del Fast Track o vía rápida enfrenta cada vez mayores dificultades, toda vez que los partidos tratan de sacar ventaja y cuotas burocráticas de un gobierno al que solo le faltan unos 420 días para terminar su período.  Pero además agrega el informe que el hecho que se apruebe la norma no quiere decir que se va a poner en marcha y eso se puede ejemplificar con la Ley de Amnistía e Indulto. A la fecha han salido por  amnistía de iure 196 guerrilleros de las cárceles, se ha otorgado libertad condicional a 29 personas de las Farc y 72 más han sido trasladadas a zonas veredales por fallo judicial. “De una lista de 2.736 nombres entregados por las Farc a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, se han certificado hasta ahora 1.777”. Jesús Santrich del Secretariado de las Farc, quien participó en el evento de entrega del informe señaló al diario El Espectador: “La ley de amnistía está ahí desde diciembre, pero no ha sido posible que el universo de personas que se deben beneficiar estén ya en libertad. Y en esto también tiene que ver el Gobierno. No se lo podemos dejar sólo al aparato judicial, porque parece que no hubiera un compromiso del Estado sino uno de Gobierno y por partes. Promediando estamos sacando 1,2 guerrilleros por día. Aquí nos vamos a llevar una eternidad. Imagínese cuando se trate de amnistiar a los más de 7.000 combatientes que están en las zonas veredales; eso va a ser otro lío enorme”.

Otro de los negociadores en La Habana, Arturo Alape señaló “ni siquiera existen territorios para implementar los primeros proyectos productivos. “La gran preocupación es que llegamos al día D+180 y para dónde nos vamos a ir. Hay amenazas, hay ofertas grandes, alrededor de millones de pesos para el que quiera irse a trabajar con estructuras criminales”. El Gobierno por supuesto que tiene una visión más optimista aunque no necesariamente esa visión más optimista sea verdad.[i]

Pero dentro del conjunto de problemas que afronta la implementación de los Acuerdos el tema principal como hemos insistido en estas mismas páginas, tiene que ver con el asesinato de líderes y lideresas sociales, defensores de derechos humanos y ahora por desgracia dos integrantes de las Farc-Ep y 7 familiares de guerrilleros en proceso de desarme. A la fecha y de acuerdo con informaciones de Indepaz  con corte al 3 de mayo de 2017 43 líderes y/o defensores de Derechos Humanos han sido asesinados durante 2017.[ii]

En las regiones en dónde más homicidios se han presentado es en los departamentos del Cauca, Antioquia y Chocó. Un problema que hemos destacado para argumentar el carácter sistemático de estos ataques y amenazas es que una buena parte de las mismas se presenta en las zonas donde hasta hace pocos meses tenían presencia militar las Farc-Ep y en esas regiones las amenazas contra miembros de organizaciones sociales es permanente. Y ello ocurre porque la Fuerza Pública no tomó el control militar y policial de estas zonas pese a las advertencias que múltiples analistas y organizaciones sociales habían señalado. Estas zonas al tener un dominio militar de las Farc-Ep, también tenían una presencia destacada de cultivos de uso ilícito, minería ilegal, y ahora han llegado hasta allí grupos neoparamilitares y sectores del Ejército de Liberación Nacional, ELN, en busca de controlar estas actividades para lo cual han procedido de manera violenta contra los campesinos e indígenas que tradicionalmente viven en estos territorios. Es obvio que no solo se requería y requiere de una presencia de la Fuerza Pública sino que dichos territorios deben tener una presencia del Estado en su conjunto con los programas de sustitución de cultivos, redes de comercialización de sus productos, vías terciarias, centros de salud y educación, en fin, una real presencia del Estado y esto es lo que no viene ocurriendo.

Pero además lo que urge -como lo manifestamos diversos organismos e investigadores sobre el fenómeno del paramilitarismo hace ya más de un mes en reunión con la Comisión Nacional de Garantías surgida del Acuerdo de La Habana-  es poner en marcha el Acuerdo de La Habana que en su punto tres (3) establece los mecanismos para el desmonte de las estructuras sucesoras del paramilitarismo si se quiere evitar un genocidio contra los miembros de las Farc-Ep.  Allí además de crear la Comisión Nacional de Garantías se establece la creación de una Unidad Especial de desmonte e investigación sobre estas organizaciones criminales en la Fiscalía General de la Nación con autonomía administrativa y presupuestal dotada de recursos para la investigación así como la conformación de un Cuerpo Elite en la Policía Nacional y una Instancia de Alto Nivel que hará el seguimiento a estas políticas y organismos. El problema es que todas estas instancias y organismos aún no existen. La Comisión de Electores tendrá que elaborar una terna para que el Fiscal General de la Nación elija de esa terna al director/a de esa Unidad y apenas en el día de ayer el presidente de la República anunció la presentación de un Proyecto de Ley “para perseguir y sancionar a aquellos que pretendan poner en riesgo la seguridad de los líderes sociales y de derechos humanos y representantes de las víctimas”.  De acuerdo con las afirmaciones del presidente el Proyecto creará nuevos tipos penales, como el asesoramiento a organizaciones criminales y el enriquecimiento por minería ilegal, y contemplará el incremento de las penas relacionadas con estos delitos.  Anunció también que expedirá un decreto para crear el Sistema Integral de Garantías de Seguridad para el Ejercicio de la Política y anunció que se iniciarán dos planes piloto en Tumaco y Buenaventura para luchar contra organizaciones criminales y se creó la subcomisión para hacer seguimiento a estos planes, que estará presidida por el Vicepresidente Oscar Naranjo.

Ahora bien hay que insistir que si algo de valioso tiene el Acuerdo Final y pese a las desmejoras que el punto sufrió en el proceso de la renegociación es que propone que la política para el desmonte de las estructuras neoparamilitares debe ser responsabilidad de la Comisión Nacional de Garantías que debe descansar en un Pacto Nacional que debe comenzar en los territorios más afectados por el conflicto, que se debe crear una Unidad de Investigación en la Fiscalía pero sin dependencia del Fiscal General sino con Autonomía y que de ella dependerá el Cuerpo Elite de la Policía y que habrá un Comité de Seguimiento y evaluación de dicha política. Hay que señalar además que dentro de la orientación de esa Unidad ella debe privilegiar el análisis de contexto y que un tema primordial en las regiones más duramente azotadas durante los últimos cinco años se debe proceder a una depuración  de las Fuerzas Armadas y de Policía pues es inaudito que en las regiones más militarizadas del país, con un gran pie de fuerza, estos grupos puedan moverse a sus anchas, patrullar con uniformes y amenazar a las comunidades como ocurre en Uraba, en Tumaco, en parte del Meta, Norte de Santander, Cauca y Nariño. Pero hay que insistir que la política pública para el desmonte de estas estructuras debe construirse públicamente en el proceso de construcción del Pacto Nacional que debe comenzar por los municipios continuar en los departamentos hasta alcanzar el gran pacto nacional como plantea el Acuerdo Final. Este es a mi juicio el mayor riesgo que afronta ahora el proceso de paz.

NOTAS           

[i] El Espectador, Colombia 2020. La implementación legal del Acuerdo de paz solo ha avanzado en un 12.7%. Miércoles  3 de mayo de 2017.

[ii] Informe de Líderes, Defensores de DDHH, miembros de las FARC y sus familiares asesinados durante 2017. Indepaz. Consultado en www.indepaz.org.co mayo 4 de 2017.