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¿Por cuáles ediles votar en las Localidades de Bogotá?

6:30:00 a.m. Add Comment


Este es un listado de candidatos a edil sugeridos por Felipe Pineda Ruiz de cara a las elecciones regionales que tendrán lugar el próximo domingo 27 de octubre.

Por: Felipe Pineda Ruiz / Democracia en la Red

Las candidaturas ciudadanas (CCS), en estas elecciones, han ampliado el mapa y el territorio de lo que tradicionalmente propone el sistema representativo formal. Mientras las maquinarias compran las curules, e intentan elegirse fraudulentamente, las CCS emplazan al ciudadano de a pie mediante la movilización social, académica y digital. Este es un listado de las mejores CCS, representadas por l@s candidat@s a edil en las Localidades de Bogotá, para las Juntas Administradoras Locales (JAL).

USAQUEN

Jorge Maldonado: # 88 de la lista del Polo, este abogado orbita su propuesta alrededor de la lucha en contra de las abusivas tarifas en el cobro de valorización.

CHAPINERO

Jonathan Silva: Este candidato, de la lista de Colombia Justa Libres, ha llevado su programa, denominado #ChapineroFeliz, por las calles de la localidad segunda, defendiendo los valores y la familia como eje central de la transformación social.

Edmundo López: # 81 de la lista del Polo, su programa se centra en la defensa de No Transmilenio por la Séptima.

Marcela Clavijo: # 81 de la lista Verde, esta edilesa busca repetir por tercera ocasión. Su plataforma se centra en la defensa del circuito cultural chapineruno y el medio ambiente.

SAN CRISTOBAL

Francelias Lancheros: # 83 de la lista de Colombia Humana, el actual presidente de la JAC de Santa Cecilia defenderá el medio ambiente como ningún otro candidato de su localidad. Lancheros lidera a nivel distrital la oposición a la construcción del sendero de las mariposas.

BOSA

Henry Manrique: # 87 de la lista verde, Manrique es el representante de discapacidad ante el CTP y presidente del CPL de la localidad.

KENNEDY

Milton Peña: # 81 de los verdes, Peña presenta un programa en donde sobresale la defensa del medio ambiente y los animales.

FONTIBÓN

Edwin Marulanda: Marulanda es el # 81 de la Colombia Humana. Su propuesta defiende la participación ciudadana, los derechos humanos y la lucha anticorrupción.

BARRIOS UNIDOS

Julbia Herrera: # 82 de los verdes, Julbia defenderá el espacio público y el medio ambiente así como denunciará cualquier tipo de corrupción que se presente en la Administración Local venidera.

Diana Cañón: # 83 de la lista verde, Diana defenderá los derechos de las mujeres, jóvenes y adultos mayores. Tiene una propuesta interesante alrededor de la defensa del trabajo decente en la localidad.

TEUSAQUILLO

Alejandra Correa: # 83 de la lista del Polo, Alejandra Correa propone defender el patrimonio cultural y urbanístico de la localidad así como combatir la pobreza oculta.

Camila Manzanares: # 81 de la lista Verde, Camila Manzanares es actualmente edilesa de Teusaquillo. Su gestión giró alrededor de la defensa del medio ambiente, los animales, las mujeres y la reactivación cultural de la localidad.

Liliana Castañeda: # 81 del Polo, Liliana es la mayor opositora del POT de Peñalosa en la Localidad. Por medio de @asoteusaq ha logrado unir a los vecinos del sector que defienden el uso residencial de los barrios de la localidad.

LOS MÁRTIRES

Johanna López: # 82 de la lista verde, Johanna defiende los derechos de las mujeres, los discapacitados y los adultos mayores. En su programa resaltan la seguridad y el emprendimiento.

PUENTE ARANDA

Carla Fernández Abril: # 82 de los verdes, Carla defiende el medio ambiente, la participación ciudadana y la lucha anticorrución.

Santiago Pamplona: # 89 de los verdes, Pamplona defiende el medio ambiente y los animales.

CIUDAD BOLIVAR

Jhoan Manuel Rodríguez: # 90 de la lista Verde, Jhoan defiende la ampliación de las políticas sociales en la localidad y el pleno empleo.  



¿Vamos a seguir excluyendo a las personas LGBTI?

5:52:00 a.m. Add Comment

El concepto de familia, según el artículo 42 de la Constitución, ha sido interpretado por la Corte Constitucional para abarcar a todas las configuraciones familiares que se encuentran en la Colombia moderna. Ese debate ya se dio y fue solucionado por las vías institucionales.


Fue extraño el comunicado conjunto emitido el pasado fin de semana por las Farc, la senadora Viviane Morales y el líder cristiano Carlos Alonso Lucio, en el que se anuncia un acuerdo entre la guerrilla y estos representantes de las comunidades religiosas sobre el enfoque de género en el acuerdo de paz. Aunque el contenido de lo publicado es intencionalmente vago y crea espacio para especulaciones, no son en vano las preocupaciones expresadas por sectores de las personas LGBT. La necesaria renegociación de los acuerdos no puede ser un espacio para evitar el reconocimiento de las víctimas del conflicto que lo sufrieron de manera particular por su identidad de género y orientación sexual, ni mucho menos para echar para atrás desarrollos constitucionales que les incomodan a Morales y sus simpatizantes. El nuevo pacto, cualquiera que sea, no puede sustituir la Constitución ni introducir micos que impongan una agenda política discriminatoria.

Según se supo, el 23 y el 24 de octubre, de manera secreta, Morales, Lucio y representantes de las Farc se reunieron para dialogar sobre las incomodidades que ciertos sectores religiosos han expresado sobre el acuerdo de paz, especialmente en lo que concierne al reconocimiento de las víctimas cristianas y al uso del enfoque de género. ¿No es excluyente que un tema que afecta a tantos grupos diversos sólo cuente con la participación de un sector con una intención muy particular? Ahora se supo que mañana miércoles las Farc se reunirán con grupos de mujeres y de personas LGBT, pero si estamos hablando de diálogo, ¿no deberían todos compartir la misma mesa, de tal manera que los compromisos, las posiciones y los prejuicios se expongan con transparencia?

Esa preocupación cobra importancia cuando se leen los puntos pactados entre Morales y las Farc. De acuerdo con el comunicado difundido por la senadora en su Facebook, se acordó: (1) ajustar la definición de enfoque de género para aclarar que sólo prioriza a las mujeres (algo que ya era claro en el acuerdo original, pero que la senadora y otros líderes políticos han utilizado como caballito de batalla para obtener réditos políticos en toda esta discusión), (2) sentar “los elementos suficientes que permitan, a posteriori, por instancias públicas o privadas, interpretaciones inequívocas respecto al concepto de la familia redactado con claridad en el artículo 42 de la Constitución Política”, y otros tres puntos de reconocimiento de las víctimas perseguidas con ocasión de su religión. Sobre lo último no hay objeción, lo primero se entiende como una concesión política, pero la redacción de ese segundo punto no deja de ser problemática.

Aunque Morales ha dicho que su interés por la familia es la de verla representada en los acuerdos, no deja de causar suspicacia la pregunta sobre el motivo detrás de ese fin, especialmente entendiéndolo en el contexto del referendo que ella promueve y que busca desconocer sentencias de la Corte Constitucional. Al respecto, tiene razón Marcela Sánchez, directora de Colombia Diversa, quien le dijo a El Espectador que “no es conveniente imponer criterios interpretativos. El acuerdo no puede estar por encima de la Constitución ni puede ser contrario a esta. Los principios de discriminación son tanto para cristianos como para LGBTI y deben ser respetados (...) El problema es que ellos interpreten género como diversidad sexual y ahí es donde uno se da cuenta de que no son expertos en el tema”.

El concepto de familia, según el artículo 42 de la Constitución, ha sido interpretado por la Corte Constitucional para abarcar a todas las configuraciones familiares que se encuentran en la Colombia moderna. Ese debate ya se dio y, salvo por el errado referendo que cursa en el Congreso, fue solucionado por las vías institucionales definidas por la misma Carta Política. ¿Qué pretenden la senadora y las Farc (quienes en el pasado han sido victimarios de las personas LGBT) al hablar de un concepto inequívoco de familia? ¿Quieren mediante un pacto que nada tiene que ver con el tema borrar la jurisprudencia de la Corte? ¿Y qué hará el Gobierno, seguirles el juego sólo por tener un acuerdo antes de diciembre?

Entendemos que en la renegociación deben incluirse todos los sectores y hay afán para encontrar puntos en común, pero la paz no puede construirse sobre la discriminación. De nada servirá hacer historia si en el acuerdo seguimos marginando colombianos sólo por calmar los miedos fundados en prejuicios.

Sistema General de Regalías: los grandes retos en las regiones.

5:26:00 a.m. Add Comment

Los Gobernadores y Alcaldes que inician su mandato en el 2016, se enfrentan a tres grandes retos relacionados con el Sistema General de Regalías (SGR): i) conocer y apropiarse de la amplia y compleja normatividad, así como de los procedimientos definidos entre el cuatrienio anterior; ii) ajustar las proyecciones de recursos en sus Planes de Desarrollo a la nueva realidad del recaudo, afectado por la caída de los precios del petróleo; y iii) heredar cerca de 5.500 proyectos, aprobados unos, contratados otros, garantizar su ejecución y de contera concluirlos con éxito y transparencia.

Por: Amylkar Acosta / Semanario Caja de Herramientas

Frente al primer reto, los mandatarios salientes dejaron un gran legado en la medida en que ayudaron a implementar el SGR desde su inicio, a definir los procedimientos y ajustarlos sobre la marcha a medida que se identificaban cuellos de botella. La curva de aprendizaje les tocó a ellos. Algunos de los escollos más importantes y en los que aún pueden y deben incorporarse mejoras son fundamentalmente: los conceptos de viabilidad técnica sectorial a cargo de los ministerios, en los que hubo demoras de más de seis meses que retrasaron la aprobación de los proyectos y en el giro de los recursos.

También es importante destacar que persisten retos de carácter estructural que dificultan la instalación de capacidades para la formulación y ejecución de los proyectos en los departamentos. Lo anterior, debido a que el SGR no asigna recursos para el fortalecimiento de las secretarías de planeación departamentales, situación que debe discutirse en el marco de la Comisión Rectora y revisarse en la ley de presupuesto 2017 – 2018. Ello, no cabe la menor duda, contribuiría a fortalecer el rol del nivel intermedio para brindar acompañamiento y asistencia técnica a los municipios, generando unos mecanismos robustos de control preventivo y aprendizaje institucional que tienen incidencia directa en la calidad de los proyectos presentados.

Frente al segundo reto, los nuevos mandatarios se enfrentan a un contexto internacional en el que los precios del barril de petróleo pasaron de un promedio anual de USD 92,35 en el 2014 a USD 48,93 en el 2015 y la caída persiste, rondando en este momento la cotización de US $30 el barril. Ello fue lo que provocó el aplazamiento de $4,9 billones de pesos en el 2015, correspondiente al 30% del presupuesto aprobado para el bienio 2015 – 2016. Y es de prever que ocurra con el Presupuesto del SGR lo mismo que pasó con el Presupuesto General de la Nación, que lo anunciado como “aplazamiento” termine en recorte del mismo. Ello obligará a gobernadores y alcaldes a ser más rigurosos, estrictos y selectivos, además de asertivos a la hora de seleccionar y priorizar los proyectos a ejecutar con los recursos provenientes del SGR.

Como ha señalado la Contraloría, en este contexto los departamentos más afectados son Meta, Antioquia, Córdoba, Bolívar, Nariño, Cesar y Boyacá por tener reducciones en más de 140 mil millones en promedio; sin embargo, todos los departamentos deben revisar en detalle los recursos recaudados y las proyecciones actualizadas de ingresos con base en la información que entregarán los Ministerios de Hacienda y Minas y energía en los próximos días, y con base en estos, definir sus apuestas estratégicas para mitigar el riesgo de desfinanciación de las mismas.

El tercer reto, corresponde a la terminación de cerca de 5.500 proyectos que fueron aprobados en el cuatrienio anterior y que en algunos casos aún están pendientes de contratación o de finalizar su ejecución. En este frente, los pronunciamientos de la Contraloría General de la República no se han hecho esperar. Como producto de las auditorías realizadas en el segundo semestre de 2015, se señala puntualmente que fueron encontrados 134 hallazgos con presunta incidencia fiscal por $112.073 millones de pesos.

Estos hallazgos por sector, coinciden con aquellos en los que se han dado las mayores aprobaciones: transporte con 6,7 billones aprobados presenta 39 hallazgos por $10.099 millones; educación con 2,5 billones tiene 17 hallazgos por $14.331 millones; vivienda con 1,5 billones tiene 18 hallazgos por $32.281 millones; agua potable y saneamiento con 1, 5 billones tiene 13 hallazgos por $26.742 millones y cultura, recreación y deporte con 1,2 billones tiene 10 hallazgos por $958 millones.

En dicho informe, los hallazgos asociados a las Gobernaciones corresponden al 17% del total y en algunos de estos casos, se derivan de proyectos aprobados en el sistema anterior a la vigencia del Acto legislativo 05 de 2011. Tienen el reto las nuevas administraciones de tamizar las cifras, establecer el estado y el estadio de cada uno de los proyectos que están bajo la lupa del órgano de control, con el objeto de poner en marcha un plan de mejoramiento y en algunos casos de salvamento de los proyectos, antes de que estos resulten fallidos y se materialice el presunto detrimento patrimonial. Para ello resulta de mucha utilidad la herramienta del Mapa de regalías de la cual se dispone, como obligado referente a la hora de establecer la suerte corrida por los recursos asignados a los distintos proyectos financiados con recursos del SGR.

A este propósito, vale la pena señalar que las denuncias asociadas a los casos de corrupción han pasado de 8.000 en el sistema anterior, a 224 en el nuevo sistema. Es de ponderar el hecho de que hoy se dispone de mucha más y mejor información que antes y en consecuencia es más fácil de detectar aquellas prácticas contrarias a la integridad y a la probidad en el manejo de los proyectos y los recursos invertidos. El reconocimiento a la eficiencia y transparencia de la gestión de los departamentos en el manejo de las regalías en diferentes oportunidades es muy importante y así se ha venido dando. Es una buena manera de visibilizar los casos exitosos.

Se abrió un concurso entre los departamentos con el objetivo de premiar aquellos que invirtieron bien sus regalías, el cual contó con un jurado de alto nivel (Cepal, Banco Mundial, Consejo Privado de Competitividad, Asociación Colombiana de Petróleo y Fundación Cerrejón), saliendo favorecidos los gobernadores de Nariño, Cundinamarca, Antioquia y Bolívar. Por su parte, el DNP creó el Índice de Gestión de Proyectos de Regalías con el objetivo de medir y valorar trimestralmente la gestión de las entidades ejecutoras de los proyectos financiados con recursos del SGR a partir de la información reportada, a partir de los siguientes criterios: i) Transparencia, ii) Eficacia, iii) Eficiencia y iv) Medidas de Control. En el ranking departamental de este índice, se destacaron tres gobernaciones como sobresalientes: Antioquia, Guaviare y Caldas.

No obstante estos esfuerzos, desde luego bien intencionados, tanto el más reciente Informe de Transparencia por Colombia como el estudio realizado y revelado por la Cámara Colombiana de Infraestructura cuestionan la falta de transparencia de la contratación en las entidades territoriales, la cual se constituye en una fuente de corrupción. A ello hay que ponerle correctivos y ello se constituye en el gran desafío para las administraciones tanto departamentales como municipales que apenas inician. De hecho el pasado 16 de febrero 9 gobernadores y 33 alcaldes en ejercicio firmaron con la Ministra de Transporte Natalia Abello y la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República un Pacto por la Transparencia. Este contiene siete cláusulas encaminadas todas ellas a “implementar medidas orientadas a mejorar la transparencia en la contratación pública y una adecuada gestión contractual”. Este es un paso importante en la dirección correcta. Una medida similar debe propiciarse a través de la Comisión Rectora del SGR.

Finalmente, en este frente el mayor reto es fortalecer las capacidades de los niveles de gobierno departamental y municipal, así como la oferta de asistencia técnica del gobierno nacional, que haga posible dar continuidad a la iniciativas aprobadas en el periodo de gobierno anterior y formular proyectos de impacto regional, que contribuyan al cumplimiento de las metas de gobierno de las nuevas administraciones.

Springer y CIA.

4:58:00 a.m. Add Comment

El hecho de que Natalia Springer tenga relaciones con la inteligencia norteamericana no sería algo sorprendente. 

Por: David Escobar / Rebelión.

Natalia Springer es una contratista de la Fiscalía, quien está encargada de la imputación de cargos contra la insurgencia colombiana. Springer también ha tenido experiencia profesional en la OTAN, en temas de “cooperación Cívico-militar”, según se puede observar en su Hoja de Vida, en la sección de que ella autodenomina “Experiencia Profesional (relevante)”:
NRDC- IT: NATO Rapid Deployable Corps Joint Military Commissions Operations, Crisis Response OPS. Assessing new procedures in DDR operations. Working problems and cases for CIMIC (Civil Military Cooperation) branco. Consultora”i.
La cooperación cívico-militar en Colombia está relacionada históricamente al surgimiento de las Convivir, después llamadas Paramilitares, AUC, Águilas Negras, etc. En cuanto a la cooperación Cívico-Militar vale la pena recordar que Wesley Clark, quien fuera Comandante Supremo de la OTAN, afirmó ante la cadena CNN que sus “amigos y aliados fundaron el Estado Islámico”ii
Al introducir el email de Natalia Springer (nataliaspringer@gmail.com) en el campo de búsqueda de Wikileaks, inmediatamente se obtienen 83 resultadosiii. Dichos resultados contienen listas de los Archivos de Inteligencia Global, que son los correos electrónicos de la empresa estadounidense de inteligencia privada y espionaje Stratfor (que se autodefine como “la CIA en la sombra”iv), correos que fueron filtrados por Wikileaks, donde los empleados de Stratfor expresan relaciónes con otros actores de la industria privada de inteligencia.
En uno de los archivos filtrados de Wikileaks aparece el correo electrónico de Springer (nataliaspringer@gmail.com) en la casilla 4.138 de una lista de pago (“paid”) fechada en 2007, de la empresa estadounidense de inteligencia privada y espionaje Stratfor (ver lista https://wikileaks.org/gifiles/attach/146/146181_paid1006.csv).

La página de Wikileaks donde se encuentra alojada la lista anteriorv, dice que dicha lista fue interceptada en un email proveniente de mooney@stratfor.com cuyo destinatario erait@stratfor.com es decir que era un mensaje de correo interno de dicha agencia de inteligencia norteamericana.

Además, en la misma página anterior hay un párrafo que dice (en inglés) que estos emails de la empresa Stratfor “revelan el funcionamiento interno de una empresa que se presenta como un editor de inteligencia, pero proporciona servicios de inteligencia confidenciales a grandes corporaciones, como Bhopal, Dow Chemical Co., Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon y agencias gubernamentales, incluyendo el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. , La Marina de Estados Unidos y la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos. Los correos electrónicos muestran la red de informantes de Stratfor, la estructura de pagos, las técnicas de lavado de pago…”.

Sería desafortunado que los contratos multimillonarios entre Springer y la Fiscalía tuvieran que ver con el “lavado de pagos” al que hace mención Wikileaks, en lo que respecta a Stratfor, o que la relación contractual entre Springer y los servicios de Inteligencia Norteamericana tengan algo que ver con el hecho de que Springer se gane 17 millones de pesos diarios con sus contratos con la Fiscalía, según muestra El Espectador.vi

En otro de esos mensajes filtrados (email id 4515), que es un archivo de Excel que contiene varias hojas, aparece la información personal de Natalia Springer, en la hoja “ALL DATA”, fila 8363: email: nataliaspringer@gmail.com
En la casilla “método de pago” (Billing Method) aparece su Número de Tarjeta de Crédito: '4548181727036013 cuyo código de seguridad era '604, vencida en 2007.

Sub_amount (cantidad) =$99
Dirección de residencia en España (Calle Sil 14, Madrid) y Teléfono ('34619579336).
En la Columna P, que corresponde al trabajo de Springer dice “Strategic Planning” (planeación estratégica).
Se sabe que esta cuenta no fue producto de un uso indebido de sus datos personales por un tercero, debido a que hay otro mensaje interceptado que proviene denataliaspringer@gmail.com para service@stratfor.com en el que Natalia Springer le dice a Stratfor que ha perdido su password y solicita que le envíen dicho password a su correo electrónicovii.

El email nataliaspringer@gmail.com corresponde a la contratista de la Fiscalía colombiana, como se puede verificar un texto escrito por ella y publicado en un documento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), fechado en 2005viii. En ese mismo documento dice que ella es "Experta en justicia transicional y analista política".

Para comprender quien es la agencia norteamericana de inteligencia y espionaje Stratfor, de la cual Natalia Springer era (¿era?) cliente, hay que analizar el lenguaje tosco con el que se comunican. Ahora bien, es claro que el lenguaje usado por Stratfor en sus comunicaciones de inteligencia tiene en última instancia, causas políticas y económicas: no se debe simplemente a la mala influencia de uno de sus agentes.

Uno de los mensajes filtrados por Wikileaks es lo que Stratfor denomina su “glosario de términos de inteligencia desconcertantes útiles y extrañosix.
En dicho documento la agencia de inteligencia dice que “Cada profesión e industria tienen su propio vocabulario. Usar términos de béisbol para explicar un partido de fútbol es difícil. Estos son algunos de los términos que utilizamos”:

Página 4:

BYM (Bright Young Man): Hombre Joven Brillante. No sabe ni mierda. No sabe que no sabe. Podría quemarte por primera vez. Trata de que lo maten tan pronto como sea posible”.

Página 7:

Customer (cliente): el usuario real de la inteligencia. Un tomador de decisiones que usa la inteligencia para tomar decisiones reales. También es quien decide culpar a la inteligencia cuando sus estúpidos planes explotan en su cara. Debe mentenérsele feliz hasta que sea ejecutado. Evitando ser ejecutado con él como parte clave del oficio.”

Página 20:

War Wagon (Carro de Guerra): carro de seguimiento con detalles de protección que transporta armas de hombro y equipo Contra Asalto o CAT. Si se necesita el carro de guerra la inteligencia ha fallado"

En otro de los mensajes de inteligencia de Stratfor filtrados por Wikileaks, curiosamente aparece el email de Natalia Springer en la misma lista de un archivo de excel en la que también aparece Alexander Springer, quien fuera su esposox:

Natalia Springer aparece en la Hoja “Standard”, Casilla 338, del archivo
Y también:

Alexander Springer (alexander.springer@bmaa.gv.at) aparece en la hoja “weeklyintel” (inteligencia semanal), Casilla 1090.
El (¿ex?) esposo de Natalia Springer, según la información encontrada en Wikileaks es o fue Secretario de la Embajada de Austria en Madridxi:

En dicho Cable de la inteligencia norteamericana filtrado, Stratfor le dice a Alexander Springer, en su email institucional de la embajada que: "una previsión (“forecasting”) estratégica, nos esforzamos para mejorar continuamente su experiencia en la recepción de la inteligencia estratégica más actualizada, perspicaz y exacta"

Volviendo al glosario, la palabra subrayada en el párrafo anterior “forecast” es definida así por Stratfor en la página 9 del glosario citado anteriormente:
"Forecast (pronóstico o previsión): el corazón del oficio analítico. También llamado adivinación. La predicción de lo que ocurrirá en el área de interés es la parte más difícil del oficio. El área de interés podría ser el futuro del mundo, o alguien negociando la posición en la reunión de mañana. El oficio enseña que da lo mismo".

El Fiscal Eduardo Montealegre ha confirmado que el objetivo de los contratos con Springer es realizar juicios a las FARC, medida que se toma en el contexto de los diálogos de paz, unilateralmente por parte del gobierno, y sin que se haya creado la comisión de la Verdad del Conflicto, según da cuenta en entrevista al Fiscal Montealegre publicada por el diario “el espectador”:

"¿Cuándo se harán públicas las investigaciones de la firma Springer, teniendo en cuenta sobre todo que la Fiscalía hizo un contrato para ese fin específico?
Los juicios por crímenes internacionales contra los cabecillas de las Farc serán el escenario natural para descubrir los hallazgos de la Fiscalía, sustentados en parte en esos productos contractuales"xii

Springer a su vez ha defendido sus contratos en los siguientes términos:
"El trabajo de investigación que desarrollamos directamente para el despacho del señor fiscal cumple con el fin de: 1) apoyar desde el trabajo que se surte en la Dirección de Análisis, que en días pasados ha iniciado el proceso de imputación por crímenes de guerra (a las Farc)” (...)

esa información es considerada de ‘seguridad nacional’ por cuanto se trata de material de investigación que ayuda a soportar las investigaciones de la Fiscalía contra las Farc por crímenes de guerra, de lesa humanidad y graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario”xiii.

Y si es que realmente son asuntos de seguridad nacional, ¿cuándo se decidió la Fiscalía a entregarlos al manejo privado de la firma de Springer?

El diario El Espectador conoció y publicó en internet el documento elaborado por la empresa de Natalia Springer, titulado “El secuestro en Colombia. Análisis cualitativo y cuantitativo sobre la amplitud y la sistematicidad de la práctica criminal de responsabilidad de las Farc-EP en Colombia”xiv. Ese diario les pidió a varios de los más reputados investigadores del conflicto colombiano que evaluaran el informe de Springer.

Dos de ellos aceptaron ser citados y publicar sus anotaciones sobre el reporte Springer: Francisco Gutiérrez Sanín y Daniel Mejía Londoño (ver análisis de Gutiérrez Sanín y de Mejía Londoño). Dos más prefirieron no aparecer públicamente, pero sí le enviaron a El Espectador sus conceptos. Los cuatro coincidieron con el interventor Carlos Useda y la fiscal Mónica Suárez: el informe preliminar sobre el secuestro en las Farc era problemático, desconocía la literatura académica sobre el conflicto colombiano, arribaba a conclusiones ligeras y hasta ingenuas, adolecía de rigurosidad, tenía múltiples deficiencias metodológicas y sus algoritmos no resultaban “sofisticados”.

Por ejemplo, Gutiérrez Sanín, doctor en ciencias políticas con estudios en matemática aplicada y miembro de la Comisión para el Esclarecimiento del Conflicto, sostuvo, siguiendo a Borges, que “el trabajo bajo evaluación es original y sensato, pero donde es sensato no es original, y donde es original no es sensato”. En su criterio, “el modelo que presentan los autores está groseramente subespecificado”, es decir, no incluye variables esenciales para explicar sus conclusiones. Y remató: “Ni para escribir ni para entender este trabajo se requiere algún conocimiento especializado más allá de la estadística descriptiva”. “También desconocen al parecer trabajos claves producidos por la academia colombiana, como los estudios sobre las FARC realizados por Aguilera y Medina Gallego, entre otros”, “Aquí me parece que al estadístico le faltó alguien con conocimiento sustantivo de nuestro conflicto que lo orientara”xv.

Otra reconocida académica señaló: “No es cierto que solamente ella (Natalia Springer) podía hacer ese trabajo. La ‘evaluación de impacto’ –método con que trabajó la firma– se usa ampliamente en economía y para estimar los modelos econométricos ya existen paquetes estadísticos; para esto no se requiere un algoritmo patentadoxvi.

Jairo Estrada, profesor de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia, miembro de la Comisión Histórica del Conflicto Armado y sus víctimas, realizó esta crítica al modelo utilizado por Springer:

Las pretendidas imputaciones suscitan una preocupación mayor, cuando se informa que ellas se sustentan, por una parte, en el nuevo modelo de investigación de la Fiscalía. Y por la otra, en aplicaciones de la “ciencia de los datos”, o de la “ciencia de las bases de datos”, presentada por la firma Springer von Schwarzenberg y por el propio Fiscal como una innovación revolucionaria en la investigación penal.

La reflexión sobre la pertinencia y los límites de la adaptación acrítica en nuestro país del modelo de investigación criminal elaborado por teóricos importantes del derecho penal alemán como Claus Roxin e implementado en la Fiscalía con la asesoría de Kai Ambos y el concurso de un pequeño grupo de doctorados nacionales bajo el influjo de esa escuela, queda para el debate académico y político, lamentablemente muy pobre en este aspecto hasta el momento.

Sin desconocer los aportes del modelo de Roxin, aún están pendientes tanto la apropiación de visiones críticas de tal enfoque provenientes del propio medio académico alemánxvii, como el examen de oportunidad de implantación y adecuación de un modelo concebido para perseguir industrias criminales, incluidas las de alcance transnacional, especialmente en al ámbito de la criminalidad económica, a la investigación contra la rebelión armada en un contexto en el que se procura una solución política”xviii

La crítica más contundente a los contratos Fiscalía-Springer y al trabajo desarrollado por ella provienen del abogado Alejandro Ramelli , quien era un hombre tan cercano al fiscal, que el propio Eduardo Montealegre lo llevó a la Fiscalía en 2012 para crear la Unidad de Análisis y Contextos (Unac), su proyecto bandera. Ramelli es magistrado auxiliar de la Corte Constitucional. Él acredita una maestría en Francia, un doctorado en España y más de 30 publicaciones en revistas académicas. En entrevista realizada por el diario El Espectador Ramelli se expresó en estos términos sobre la labor desarrollada por Springer:

No hay conexión entre la información que ella suministra y las hipótesis investigativas de la Unidad, no estaban debidamente acreditados los análisis cualitativos y cuantitativos, los patrones macrocriminales no estaban debidamente construidos, no estaba clara la línea del tiempo, tenía muchos problemas con las fuentes de información, por lo cual esa información recogida (para reconstruir los crímenes de las Farc) no podía sustentarse ante un juez”.
-¿Usted le presentó al fiscal general sus consideraciones sobre el trabajo de Natalia Springer? Sí, él sabía. Le presenté un informe muy detallado con todas las observaciones”xix

En otras palabras lo que denunció Ramelli es que la fiscalía estaría cocinando un Falso positivo Judicial para imputar cargos a la guerrilla. Y Ramelli sabe lo que son los Falsos positivos, según la misma entrevista:

los procesos de los falsos positivos se movieron cuando yo estuve en esa unidad. Esos procesos no iban para ninguna parte en relación con la presunta responsabilidad de los aforados o generales. Eso le consta a todo el mundo. Y yo los moví, a costa de mi seguridad y de mi familia.

-Usted dejó constancia de que por haber movido esos procesos temía por su vida. ¿Por qué exactamente? A ese tema le metí todo el hombro. Mire, ese tema está bajo reserva, pero esos procesos de los falsos positivos sólo avanzaron cuando yo estuve en esa unidad.

-¿Antes nadie le había parado bolas a las investigaciones contra generales por casos de falsos positivos?

Tal cual”

Después de haber salido de la Fiscalía debido a lo que denunció, Ramelli empezó a recibir amenazas contra su vida:

-“Usted denunció amenazas en su contra. ¿Cuándo empezaron esas amenazas y a qué se las atribuye?

Creo que es una persecución que me tienen desde hace tiempo. Quieren acabar con mi prestigio profesional, con mi carrera, han enviado anónimos diciendo que ya me hicieron echar de otros cargos y que me van a hacer echar del que tengo (como magistrado auxiliar de la Corte Constitucional). Todo esto empezó desde que salí de la Fiscalía. Puede que exista una relación de causalidad.

-¿Teme por su vida?

Sí.
-¿Le pediría al fiscal que lo proteja?

¿Usted cree que me va a cuidar? Pensaría que no.

-¿Cree que esos anónimos amenazantes provienen de la Fiscalía?

Estoy seguro.

-¿Qué le quiere decir al fiscal general?

Que diga la verdad. Le pido que diga las cosas como son. Le resumo lo que pienso con una frase de Unamuno: ‘Podéis vencer pero no convencer’”

El hecho de que Springer tenga relaciones con la inteligencia norteamericana no sería algo sorprendente. Según el informe de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, “los Estados Unidos tienen responsabilidad directa en el conflicto por su permanente participación en el diseño e implementación de políticas de contrainsurgencia: por la exportación hacia el país y la financiación de sus guerras de intervención <>, <> y <>; por la instalación de bases militares; por la asistencia tecnológica y el suministro de material bélico. Todo ello ha contribuido a prolongar y agudizar la confrontación armada. En el mismo sentido se debe valorar la responsabilidad de los servicios de inteligencia (…) la responsabilidad empresarial se extiende a las empresas transnacionales que hacen presencia en el país, también comprometidas de manera diferenciada con la dinámica asumida por el conflicto”xx

De acuerdo a lo anterior, la información contenida en este documento podría ser un nuevo capítulo de “la dimensión internacional del conflicto social y armado en Colombia: injerencia de los Estados Unidos, Contrainsurgencia y Terrorismo de Estado”, título prestado del documento presentado por el profesor Renán Vega como aporte a la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, surgida en el contexto de los Diálogos de Paz de La Habana, Cubaxxi.

NOTAS
viii  Documento disponible en http://www.pnud.org.co/hechosdepaz/echos/pdf/4.pdf (página 15, pie de página número 1).
xvii  Estrada refiere aquí a Amelung, Knut, “Zur Kritik des kriminalpolitischen Strafrechtssystems von Roxin”, en JuristenZeitung, 37. Jahrg., Nr. 18 (17. September 1982), pp. 617-622. Desconozco el documento.
xviii   Ver artículo de Jairo Estrada http://www.rebelion.org/noticia.php?id=202433 
xxi  Ibíd. Pág. 697.