El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha participado en el cierre de campaña del candidato por La Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, para darle su apoyo a tres días de la celebración de las presidenciales francesas.
”Europa necesita un presidente como Mélenchon que haga frente a Angela Merkel, es necesario un presidente de la República no solamente para los franceses sino para todos los europeos que recuerde el significado de la palabra soberanía”, ha dicho en su intervención.
Iglesias ha añadido: “lo que nos ha enseñado la Revolución Francesas es que la democracia es cuando un pueblo le dice a los poderosos: convertiremos vuestros privilegios en derechos”. “Por Francia, por Europa, sí se puede”, ha concluido el líder de la formación morada
El documental ‘Dulce hogar’ narra las circunstancias en las que se encuentra una familia en el centro histórico de Bogotá, Colombia, en proceso de expropiación por un proyecto de renovación urbana.
El hogar del matrimonio entre Oswaldo y Rosa, su nieto Esteban y su abuela Isabel, se encuentra en el barrio Centro Administrativo, localidad de la Candelaria. Lograron adquirir su vivienda hace más de 20 años a partir del trabajo que realizaban como vendedores informales de dulces, muchos años de ahorro y un crédito bancario.
El Proyecto Ministerios, una alianza público privada, está interviniendo varias manzanas de ese barrio para suplantar todo lo que allí se encuentra, incluido el hogar en cuestión, por instituciones gubernamentales y prestación de servicios afines. El drama inicia cuando el dinero que la corporación ofrece por el inmueble desconoce el valor comercial y catastral, obligando a la familia a negarse a su venta. Esta circunstancia detonó una lucha legal y psicológica de varios años que encuentra su punto de máxima tensión a finales del año 2016: cuando se efectúa la demolición de toda la manzana en la que se encuentra la vivienda y se desmantela el edificio mismo con la familia aun habitándolo. El hogar de Oswaldo, Rosa, Esteban e Isabel, ha decidido resistir.
El Centro no se vende es un colectivo de ciudadanos afectados directamente por la gentrificación del centro de Bogotá. Aquí algunos de ellos relatando experiencias en la muestra Habitar, ser y sentir las fronteras, curada por Ana Karina Moreno
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Créditos documental
Familia: Oswaldo González Bautista, Ana Rosa Cardozo Durán, Esteban Javier Suárez González e Isabel Durán
Ya se definió la fecha para la consulta popular minera en Ibagué, de acuerdo con el decreto emitido por el Alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo, la población de esa ciudad podrá definir si aprueba o no la realización de proyectos mineros el próximo el 2 de octubre.
La definición de esta fecha, implicó todo un trabajo por parte del Comité Ambiental del Tolima, que siempre estuvo acompañado de una fuerte movilización social en rechazo a estas actividades por parte de la multinacional Anglo Gold Ashanti, que pretende realizar minería a cielo abierto para la extracción de oro.
Tras la elección de Jaramillo como alcalde de Ibagué, el trámite de la consulta popular se materializó y el concejo de la ciudad la aprobó con 10 votos a favor, pese a las amenazas de sanciones por parte del Procuraduría hacia los concejales, y en medio de los ataques por parte del gobierno. Posterior a esa aprobación, y luego de cuatro meses de estudio, el Tribunal Administrativo del Tolima, le dio su visto bueno de constitucionalidad.
Después de emitirse el decreto de parte de la Alcaldía para que se realice la consulta, queda esperar que la Registraduría se pronuncie y proceda a tramitar los cerca de 600 millones de pesos que costaría el llevar a cabo este mecanismo de participación popular, que deberá cumplir con un umbral de 130 mil votos, es decir, que para que gane el NO a los proyectos mineros en esa región, se necesitará la mitad más uno.
De acuerdo con Alfonso Jaramillo y grupos ambientales, el proyecto de Anglo Gold Ashanti con el que esperan extraer 29 millones de onzas de oro desde 2020, afectaría la cuenca del río Coello, una de las principales fuentes hídricas de la ciudad y de otros municipios. Además, el alcalde afirma que la multinacional miente todo el tiempo, pues aunque en meses atrás se había dicho que la empresa había detenido sus actividades, lo cierto es que todavía tiene más de 42 títulos mineros y además ha participado en las demandas que buscan impedir la consulta popular.
“Lo que queremos es que cualquier tipo de explotación deba pasar por una revisión exhaustiva del municipio, pues somos nosotros los que decidimos sobre el uso del suelo y nosotros no estamos interesados en ese factor de desarrollo, no lo queremos, no lo necesitamos, no hemos vivido de eso”, expresa el alcalde de Ibagué, quien explica que la ciudad nunca ha recibido algún tipo de regalías por parte de estas explotaciones, pues la vocación de esa zona es netamente agrícola, por lo que es la principal despensa del departamento del Tolima.
Si bien hay una euforia de paz que se traduce en eslóganes o en frases de cliché que se repiten por todas partes, cuando se profundiza un poco en lo que hay detrás de esos eslóganes o en los aspectos que esas frases superficiales eluden, aparecen muchas preocupaciones.
Por: Javier Giraldo / Rebelión
Colombia ha vivido en los últimos 4 años una búsqueda de acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC, luego de 60 años de conflicto armado que ha dejado muchos millones de víctimas y ha llevado a la degradación progresiva de la guerra en muchos aspectos. Este proceso ha ido revelando progresivamente los laberintos, a veces sin salida, en que es necesario internarse para buscar acuerdos de paz. El país ha vivido ya 33 años de procesos de paz fracasados durante el último ciclo de violencia, sin contar las negociaciones, acuerdos y eliminaciones de ex combatientes de ciclos anteriores que se identifican con las mismas causas. Una larga tradición demuestra que los acuerdos no se cumplen y que los combatientes rebeldes son eliminados tras el desarme, pero no sólo ellos sino las fuerzas sociales y políticas que les son cercanas.
Hace pocos días se firmó en La Habana un documento que define el penúltimo de los 6 puntos de la agenda acordada al comienzo de los diálogos, incluyendo ya el compromiso de un cese de fuego bilateral y supuestamente definitivo. Sin embargo el país se encuentra profundamente polarizado por el crecimiento y poder creciente de posiciones políticas de extrema derecha. Parece que reviven las posiciones de la Guerra Fría, potenciadas por el monstruoso poderío económico de un empresariado multinacional que defiende rabiosamente sus intereses excluyentes con medios muy poderosos.
Si bien hay una euforia de paz que se traduce en eslóganes o en frases de cliché que se repiten por todas partes, cuando se profundiza un poco en lo que hay detrás de esos eslóganes o en los aspectos que esas frases superficiales eluden, aparecen muchas preocupaciones. Algunos analistas más críticos llaman la atención sobre ciertas contradicciones como las siguientes:
1) Se percibe un doble lenguaje: en uno de ellos se afirma que el proceso no se ha enfocado como una rendición de rebeldes delincuentes sino como un reconocimiento de una guerra que tenía raíces sociales y en la cual los dos polos cometieron crímenes; el otro lenguaje, usado por el gobierno fuera de la mesa de diálogos, tiene todo el enfoque de la rendición, la derrota y el sometimiento a una legalidad y una estructura de poder supuestamente democrática. El gobierno y la clase dominante repiten que el proceso es fruto de un triunfo militar del Estado que ha doblegado a la guerrilla y la ha obligado a sentarse a la mesa de negociación.
2) Aunque en los formalismos de la mesa de negociaciones se aceptó discutir las raíces del conflicto, sobre todo en los temas de tierra y democracia, predominó la negativa rotunda del gobierno a tocar en lo más mínimo el modelo económico y el modelo político, quedando todas las propuestas relativas a esas raíces del conflicto como “salvedades” o “constancias” de lo que fue imposible discutir. El gobierno repite que no negocia el modelo vigente y que sólo invita a la guerrilla a que, una vez dejadas las armas, se presente a los debates electorales para solicitarle a la sociedad que apoye sus propuestas de reformas. Esto sería normal si hubiera democracia, pero el gobierno sabe que mientras no reforme el sistema electoral, uno de los más corruptos del mundo, y el sistema de propiedad de los medios masivos de información, ni la guerrilla ni ningún movimiento de oposición podrá conquistar triunfos democráticos.
3) Muchas polémicas interminables llevaron finalmente a los rebeldes a aceptar la simetría de trato a los combatientes de ambos lados, desconociendo la gravedad enormemente mayor de los crímenes de Estado y las características del delito político y del derecho a la rebelión. También tuvieron que aceptar la inmunidad de los ex presidentes frente a la justicia y la ruptura de las responsabilidades de mando, ambos principios consagrados en el Estatuto de Roma cuyo desconocimiento refuerza y amplía la impunidad rutinaria.
4) El desarrollo de los diálogos ha producido perplejidad en las capas más conscientes de la sociedad, al comprobar que el Estado ha recurrido simplemente a la negación de los obstáculos más grandes para la paz, considerándolos como inexistentes o realidades del pasado ya superadas: el paramilitarismo, la doctrina militar del enemigo interno y de la seguridad nacional y la criminalización de la protesta social. Nadie puede entender tampoco que las negociaciones no hayan llevado a un acuerdo sobre la reducción de la fuerza armada del Estado sino más bien a anunciar que esa fuerza se va a aumentar y a reforzar. Todo el mundo se pregunta: ¿si es verdad que se acaba la guerra, por qué el monstruoso gasto militar no se va a acabar sino a aumentar?
5) El recurso a la justicia transicional, que ha sido el punto de llegada en el tema de las víctimas del conflicto, uno de los aspectos más polémicos y que más tiempo han consumido en las negociaciones, no deja tranquilos a numerosos analistas de ambos lados. Se pactó una Jurisdicción Especial para la Paz, diseñada por un grupo de juristas de alto nivel, dentro de los criterios básicos de la justicia transicional. Supuestamente el derecho nacional no operará allí sino sólo los tratados internacionales; habrá magistrados también extranjeros; los que confiesen crímenes internacionales, sean guerrilleros, militares, empresarios u otros, tendrán penas alternativas y no de prisión, y los que no confiesen serán condenados a prisión. La fórmula ha sido elogiada por muchos aunque se critica la violación flagrante de algunos artículos del Estatuto de Roma para favorecer a los gobernantes. Sin embargo dicha fórmula alberga dos principios que pueden dar al traste con las escasas expectativas de justicia: los principios de priorización y de enfoque hacia los máximos responsables. Ya hay aplicaciones en curso de esos principios por parte de la justicia colombiana, frente a modalidades concretas de genocidio, que anuncian la utilización corrupta de esos dos principios, como mecanismos privilegiados de impunidad. Esto hace mirar el acuerdo de justicia con reservas.
6) En general, las motivaciones de disuasión que han sido utilizadas para promover los acuerdos de paz, descansan en gran parte en la imposibilidad práctica de lograr cambios sociales por medio de la lucha armada, dado el poder monstruoso y apabullante de las armas estatales respaldadas por el poderío imperial de mayor alcance destructivo en la historia reciente de la humanidad: los Estados Unidos. Brilla por su ausencia, sin embargo, toda consideración ética de los clamores y sufrimientos que llevaron a levantarse en armas a los combatientes contra el Estado. El discurso político predominante es pragmático y egoísta y muestra indiferencia arrogante por posibilidades reales de justicia. Los discursos del Presidente Santos en el exterior han insistido, ante todo, en una paz que beneficiará a los empresarios e inversionistas transnacionales, quienes podrán intensificar su extracción de recursos naturales, pero entre tanto su gobierno reprime con una violencia cruel las protestas sociales de las comunidades afectadas por la destrucción ecológica y social que han causado y siguen causando esas empresas multinacionales.
Desde la extrema derecha se condena el proceso porque favorece la impunidad de los rebeldes, seguramente responsables de no pocos crímenes de guerra, pero desde el movimiento popular se teme más a la impunidad de los poderosos y de los agentes del Estado y del paramilitarismo, cuyos crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidios superan enormemente en cantidad y en crueldad los crímenes de la insurgencia y su impunidad se traduce en la continuidad de un poder represivo que seguirá afectando a los sectores más desprotegidos de la sociedad y bloqueará con violencia las reformas sociales que se reclaman con urgencia.
A pesar de los esfuerzos formales por construir un Estado de Derecho, sobre todo desde la Constitución de 1991, el poder real lo sigue ejerciendo una minoría poderosa articulada a intereses transnacionales, llegando a configurar un Estado esquizofrénico en el cual lo formal se apoya en lo legal y lo real se apoya en las mil redes clandestinas de violencia paraestatal cuya relación con el Estado es negada rotundamente por los funcionarios del régimen y los medios masivos de información.
La primera experiencia reciente de justicia transicional la realizó un gobierno de extrema derecha –el del Presidente Álvaro Uribe- en 2005, mediante la ley 975 llamada paradójicamente “Ley de Justicia y Paz”. Hubo entonces una negociación con los paramilitares, quienes a todas luces apoyaron su candidatura a la presidencia. Luego de negociaciones con los líderes paramilitares más connotados, obtuvo su sometimiento a una justicia indulgente en que la pena máxima fluctuaba entre 5 y 8 años aunque los crímenes atroces en cada caso sumaran muchos millares. Supuestamente se desmovilizaron 32.000 paramilitares autores de 42.000 crímenes atroces pero sólo fueron condenados a las penas mínimas 22 de ellos y casi todos están en libertad desde 2015.
A esa estrategia de negociación con grupos que no podían identificarse como delincuentes políticos puesto que eran agentes clandestinos del mismo Estado, el ex Presidente Uribe añadió otras estrategias para que el paramilitarismo continuara activo: la configuración de un paramilitarismo legalizado, vinculando a varios millones de personas a tareas de guerra mediante redes de informantes y cooperantes y remodelando los estatutos de las compañías privadas de seguridad para vincularlas a tareas bélicas como auxiliares de la fuerza armada oficial. El paramilitarismo ilegal, en grandes franjas, retornó muy pronto a sus acciones criminales con sus mismos objetivos, a saber: persecución a todo movimiento social o de protesta mediante escritos de clara inspiración contrainsurgente, anticomunista y fascista; respaldo incondicional al gobierno y a sus fuerzas armadas; apoyo a las empresas transnacionales cuya destrucción ecológica denominan “progreso”, y sustento financiero en las redes más poderosas del narcotráfico. El gobierno ha acuñado para ellos nuevas siglas que los inscriben en la delincuencia común ajena a toda relación con el Estado. Hoy se articulan y coordinan con calculada astucia las franjas legales y las ilegales del paramilitarismo, cobijadas por un lenguaje que las cubre con la negación rotunda de su existencia.
Desde el comienzo de las negociaciones actuales, las FARC habían afirmado que jamás se someterían a la justicia colombiana, dada su extrema corrupción, su responsabilidad en la impunidad monstruosa de los crímenes más atroces del Estado y del paramilitarismo y su desvergonzada parcialidad y dependencia del régimen, conceptos que comparten grandes franjas de población que consideran la justicia como éticamente colapsada. Muchas fórmulas se propusieron para buscar imparcialidad, incluyendo la creación de una corte penal regional apoyada por regímenes progresistas de América Latina. Y mientras la insurgencia buscaba estructuras judiciales más independientes, los agentes del Estado eran atormentados por la evaluación de lo ocurrido en otros países que emitieron leyes audaces de impunidad para militares y funcionarios, leyes que fueron posteriormente invalidadas por tribunales internacionales.
El ex Presidente César Gaviria lanzó una carta pública pidiendo que se blindaran de manera definitiva las medidas de impunidad, para protegerlas de un eventual desconocimiento posterior por tribunales internacionales o por las mismas cortes nacionales, por ello el Acuerdo incluye también unos mecanismos de blindaje hacia el futuro, no sea que tribunales internacionales o nacionales puedan desconocer lo acordado. Esos blindajes no dejan de ser frágiles y en su análisis se descubre con mayor contundencia la dependencia del derecho respecto a la política y a los vaivenes de los poderes de turno.
En el momento en que escribo aún no se ha firmado el Acuerdo definitivo, pero ya se piensa que el proceso es irreversible y que en pocas semanas se convocará a la ceremonia solemne de la firma. Se ha concertado ya un calendario de entrega de las armas a las Naciones Unidas y de concentración provisional de los guerrilleros en 23 zonas rurales mientras comienzan a implementarse los diversos puntos de los acuerdos. Como lo reconoce el cerebro de las negociaciones de parte del gobierno, lo que se firmará no es propiamente la paz sino un cese de fuego. La paz habrá que comenzar a construirla, principalmente en las zonas en que la guerra ha sido más intensa.
La polarización es muy grande en este momento y muchos opinamos que, mientras no se solucionen las raíces más profundas del conflicto, como son la extrema desigualdad, la concentración de la propiedad de la tierra, la falta de democracia y la criminalidad estatal tendiente a reprimir toda protesta social y a destruir todo movimiento de base que busca modelos alternativos y justos de sociedad, el conflicto se puede reactivar sin que sean previsibles sus consecuencias.
Es necesario anotar, que el Acuerdo no se va a firmar, por el momento sino con la guerrilla de las FARC. La otra guerrilla que tiene importancia numérica e histórica: el Ejército de Liberación Nacional, no ha logrado aún llegar a acuerdos mínimos de agenda para iniciar el diálogo con el gobierno, aunque ha dado pasos significativos.
Imelda Daza es una mujer que respira transparencia y dignidad. Dos veces sobreviviente de la UP, hace 30 años cuando tuvo que irse al exilio y otra hace pocos días cuando en Cartagena en una reunión, sufrió un atentado.
Por: La Plena Caribe.
Una mujer luchadora que regresó para quedarse y seguir luchando junto a su pueblo.
Me la encontré en la sede del Semanario Voz, al lado de su inseparable esposo, compartiendo mesa con Aída Avella presidenta Nacional de la UP, otra de las lideresas imprescindibles que tiene la izquierda colombiana.
Nos habló Imelda de cómo el pueblo quiere y siente la paz, de sus correrías por la costa y el centro del país, de sus sueños y convicciones y de la necesidad de seguir luchando por la paz y la unidad del pueblo.
Este documental recrea los procesos de mujeres de pueblos originarios, campesinas, afrodescendientes y pobladoras urbanas que resisten frente al despojo y la privatización de la vida, denunciando la forma particular en que el extractivismo violenta sus vidas, sus cuerpos y su entorno, y haciendo visible el papel de las mujeres en la historia y sus propuestas de transformación.
Las mujeres colombianas van tejiendo día a día en cada territorio fuertes lazos de solidaridad en sus luchas, y estas tienen resonancias con otros procesos en América Latina.
Durante más de cuatro años, CENSAT registró en material audiovisual la dinámica organizativa y formativa de las mujeres en la Escuela de la Sustentabilidad y sus encuentros, transitamos las regiones para acompañarlas y registrar sus luchas, sus movilizaciones, sus protestas.
El documental “Mujeres Defendiendo Territorios” (1) permite de esta manera hacer evidentes las dificultades que las mujeres sufren, lo que Berta Cáceres caracteriza como el “sistema capitalista, racial y patriarcal”, que se sustenta en una “dictadura transnacional”, que funciona a través del despojo de territorio a las comunidades y que violenta de manera particular las vidas de las mujeres. La minería, en palabras de Lorena Cabnal ejerce violencia sobre los cuerpos y la naturaleza.
Las defensoras de la vida y los territorios se enfrentan permanentemente a contextos locales de represión y agresión. Son frecuentes los hostigamientos, las amenazas, la persecución a las mujeres defensoras, por parte de los estados, los actores armados, las empresas privadas e incluso por parte de compañeros de sus organizaciones que se oponen a la participación y liderazgo de las mujeres. La impunidad frente a estas agresiones reina. Por ello, las mujeres, junto a sus organizaciones han debido generar estrategias para enfrentar la persecución, amenazas de muerte y criminalización de la que son objeto.
Pero las mujeres no solo denuncian, el documental permite ver, cómo también se constituyen en semillas de movilización y resistencia. Las mujeres hacen marchas, organizan consultas autónomas y populares para que las comunidades y la ciudadanía puedan expresar su rechazo a la minería en su territorio, fortalecen sus argumentos, construyen propuestas económicas, e impulsan estrategias de cuidado de la vida y del territorio.
El documental deja ver además la diversidad de las luchas de estas mujeres indígenas, campesinas, afrocolombianas y urbanas que tejen solidaridad, fuerzas, propuestas, saberes y memoria para seguir movilizándose y construyendo activamente en sus comunidades locales y aunando lazos de solidaridad en sus luchas con otros procesos en América Latina.
